La salud sigue representando una carga económica, laboral y financiera para los mexicanos que no debería de ser así
Estar sano es una condición que las personas consideramos como parte fundamental de nuestra vida diaria. Todos hemos sufrido algún tipo de padecimiento, siendo testigos de cómo las afectaciones a la salud no se limitan únicamente al sistema fisiológico, sino que inciden mental, emocional y socialmente, implicando retraernos de las actividades diarias y comunes. Y, desafortunadamente, en la mayoría de los casos conlleva pagar una alta cantidad de dinero para salir bien librado de éstos; el famoso gasto de bolsillo, es decir, pagar por consulta médica, análisis, medicamentos e intervenciones, aún cuando se cuente con algún tipo de seguridad social para cubrirlo.
En México, el gasto de bolsillo en salud es muy alto en comparación con otros países de economías similares donde el Sistema de Salud Público cubre a toda su población, brindando atención para la mayoría de padecimientos, intervenciones quirúrgicas, consultas médicas, estudios, medicamentos y terapias de rehabilitación. Países como Reino Unido, España y Brasil han optado por hacer real el derecho a la salud como un derecho humano que el Estado no sólo procura sino garantiza. Esta garantía se logra a través de fondos, fidecomisos públicos-privados, recaudaciones fiscales de la población económicamente activa y de impuestos generales al consumidor. Así, cualquier persona (sea o no económicamente activa) puede recibir los beneficios de la atención a la salud.
En nuestro país, la distinción del acceso a la salud por clase y por actividad económica es clarísima. Basta saber que el Seguro Popular, creado hace 10 años, es para todas aquellas personas que trabajan en esquemas económicos informales (empleados domésticos, campesinos, prestadores servicios, etc.), o que sus patrones no les otorgan las mínimas prestaciones de ley de seguridad social. También incluye a personas que no tienen ninguna actividad económica o recursos para pagar cuotas de atención en el sector privado, así como a todos los niños, desde recién nacidos hasta los 5 años. El Seguro Popular, al ser un esquema de financiamiento público, funciona de manera similar a un seguro médico privado: sólo se atiende un catálogo de enfermedades, según criterios de género y rangos de edad, con cierto catálogo de medicamentos, y en hospitales del país que estén acreditados para atender dichas enfermedades. En casos donde una persona llegue a atenderse y su enfermedad, cirugía o tratamiento no se encuentre incluido en el catálogo, ésta tiene que pagar el costo total de su atención, lo que muchas veces termina en una desatención de la enfermedad debido a la falta de recursos de las personas. De ahí que el Seguro Popular no represente un sistema de salud de cobertura universal, aunque el discurso público intente convencernos de ello.
Por otro lado, existen muchas personas inscritas en algún esquema de seguridad social (IMSS, ISSSTE, entre los principales), que también han optado por inscribirse en el Seguro Popular, donde primero se atiende a la persona enferma y luego el hospital le cobra al Estado el reembolso del gasto que se hizo en dicha persona. Esta situación ha creado lo que se conoce como “duplicidades en el sistema”, es decir, que una persona aparece registrada en varios sistemas de atención; asimismo, ha generado una severa descoordinación en la gestión de los recursos públicos y deudas entre hospitales y estados.
En su discurso político, el gobierno actual se ha comprometido a eliminar las distinciones de clase, económicas o laborales en el acceso a la salud, buscando reformar el sistema para hacerlo universal, lo que implicaría que la persona pueda elegir el esquema en el cual quiera atenderse. Sin embargo, hay ciertos focos que llaman la atención:
1) La tirada hasta ahora ha sido ensanchar el número de afiliados al Seguro Popular, lo que suena más bien a una paradoja de visión de Estado: más afiliados al Seguro Popular representa mayor informalidad para la economía, ya que promueve la informalidad laboral para pasar del IMSS al Seguro Popular.
2) El tener más afiliados al Seguro Popular significa que el Estado tiene que buscar nuevos esquemas de financiamiento, toda vez que los afiliados en su mayoría no son causantes usuales de impuestos.
3) Garantizarle a cualquier persona que se puede atender en cualquier lugar implicaría abrir sus políticas de atención hacia la eliminación de catálogos y criterios para selección de enfermedades y tratamientos, entre otros.
Estos planteamientos, por mencionar algunos, aún no están presentes en las distintas promesas del gobierno. Hoy que se conmemora el Día Mundial de la Salud, deberíamos reflexionar y concientizar sobre los conceptos de universalidad, calidad en la atención y acceso a la salud. En la prosa suenan como valores ideales a alcanzar, pero actualmente la salud sigue representando una carga económica, laboral y financiera para los mexicanos que no debería de ser así; además de lo que implica para el Estado el no tener claridad en sus responsabilidades para la verdadera procuración del derecho a la salud.
(imagen: pendulo.mx)
Joselyne Rivera,
Politóloga