Archivos Mensuales

noviembre 2013

La seguridad es uno de los temas que más sigue preocupando a los mexicanos; en las encuestas se puede leer que, junto con el tema económico (específicamente el del empleo) es uno de los asuntos que más posicionado está en la mente de los mexicanos y que más angustia cuando se pregunta la opinión del futuro cercano, tanto en términos familiares como personales. Desde hace algunas entregas se ha establecido el riesgo de que estos dos asuntos puedan complicarse en México, puesto que a la percepción de inseguridad se le puede sumar una posible recesión, dando como resultado una situación desestabilizadora para el país y para su gobierno, haciendo más difícil la gobernabilidad en el mismo. Por tanto, resulta importante detenerse un poco para analizar los posibles escenarios en cuanto a ello. De manera concreta esta entrega se refiere a la necesidad de contar con una nueva narrativa en materia de seguridad, implementada y ejecutada desde el Gobierno Federal.

La estrategia del gobierno entrante del Presidente Peña fue erradicar del discurso político el tema de la “lucha contra el crimen”, “violencia”, “inseguridad” o “narcotráfico” de reuniones oficiales, boletines de prensa o cualquier otro medio, ya fuera desde la Presidencia o en el Gabinete. El foco de los problemas (y el foco también de la estrategia del Gobierno) estuvo en temas internacionales, económicos, culturales, de desarrollo social, etc. No obstante lo anterior, pareciera que el tema de violencia e inseguridad en el país estalló en plena luz del día; para muestra un botón: la necesidad de que la marina y las fuerzas armadas militares se hagan cargo totalmente de la administración y seguridad del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán es prueba de ello.

Luego entonces, una de las conclusiones inmediatas es que la estrategia de negar que México tuviera un problema de inseguridad tampoco funcionó. El Gobierno Federal necesita urgentemente construir una nueva narrativa de este problema que ocupa la mente de muchos mexicanos. ¿Cómo explicar la violencia?, ¿cuáles son sus causas?, pero sobretodo ¿cuál es la estrategia? Esta última pregunta requerirá grandes esfuerzos, puesto que hasta ahora, el ejército y la marina han seguido los pasos y el camino de acciones de su predecesor, Felipe Calderón.

En la medida en que el Presidente Peña Nieto sepa construirse a sí mismo y a su gobierno una narrativa eficaz y eficiente en torno a este tema, entonces podrá delinear las acciones a seguir. Sería grave que se cometa el error de “poner la carreta enfrente de los caballos”, puesto que primero hay que saber el rumbo y luego emprender la marcha. El reto no es menor y cada día se vuelve una necesidad mucho más perentoria para los ciudadanos y para la opinión pública del país.

 

Los gobernadores en México son una figura profundamente interesante. Desde hace algunos años han comenzado a retomar un rol mucho más protagónico en la esfera pública y política de nuestro país, luego de que después de la revolución se convirtieron en meras “piezas de ajedrez” político, cuyos movimientos eran dictados desde la Presidencia de la República. Por supuesto, en ese entonces también la Primera Magistratura de la República fungía como una suerte de “Presidencia Imperial” como le llamó el historiador Enrique Krauze. Sin embargo, desde la presidencia de Carlos Salinas, mediante el proceso de la liberalización política del régimen mexicano, se le fueron concediendo más espacios y posiciones a los partidos políticos de oposición, hasta que en el año 2000, con el triunfo de Vicente Fox, se culminó la posibilidad de la alternancia política.

Los gobernadores de los estados de la República Mexicana – no sólo los priístas, que siempre han sido mayoría – se convirtieron entonces en el contrapeso real – junto con el Congreso de la Unión – del Presidente de la República. Por primera ocasión, los mandatarios locales gozaron de autonomía de gestión, política y comenzaron a recibir jugosas partidas presupuestales, como parte de los equilibrios del pacto federal. Inclusive, algunos politólogos compararon a los gobernadores con los antiguos “señores feudales” que mandaban por completo en su territorio determinado. Los gobernadores comenzaron a controlar a muchos más actores y espacios políticos, y organismos como la “Conferencia Nacional de Gobernadores” (CONAGO) se volvieron un ámbito de interlocución obligada.

Con el regreso del PRI al poder en el año 2012, la correlación de fuerzas con los gobernadores no cambió mucho de aquel arreglo que funcionó durante los últimos 12 años. Los mandatarios locales siguen teniendo importante influencia en algunos de los legisladores cuyo distrito o circunscripción coincide con el territorio que gobiernan; controlan una importante suma de recursos públicos y siguen representado un contrapeso para el Ejecutivo Federal, aunque sean del mismo partido. Entender los mecanismos de acción política moderna en México implica darle un lugar e importancia adecuada a la acción de los gobernadores como parte del espectro político, y se les debe considerar como piezas clave del ajedrez público mexicano. Ellos pueden impulsar o bloquear temas de acuerdo con su interés y desde hace tiempo, se han convertido también en jugadores con capacidad de veto. Para muestra basta un botón: habrá que ver el peso real que los gobernadores tendrán al momento de negociar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, cuya fecha límite es el 15 de noviembre.