Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2014 de este blog. Agradecemos a nuestros lectores y redacción por haber formado parte de nuestra comunidad este año y les deseamos un 2015 muy próspero en letras y experiencias.
Aquí hay un extracto:
Un teleférico de San Francisco puede contener 60 personas. Este blog fue visto por 3.400 veces en 2014. Si el blog fue un teleférico, se necesitarían alrededor de 57 viajes para llevar tantas personas.
Nadie puede quedar impune: ni las empresas, ni los gobernantes, ni los ciudadanos.
Retomando el tema de la Filantropía Corporativa quiero hablar de los contrapesos que existen para los proyectos sociales haciendo referencia a un artículo que se publicó en Santacruz International Communications titulado De la Filantropía Corporativa a la Empresa Social, que describe la evolución de las actividades sociales en las empresas, así como la fusión de estructuras de organizaciones civiles con las del sector privado para formar el denominado cuarto sector o empresas sociales. Este documento se puede consultar aquí
Ante un panorama tan difícil y nublado como por el que está pasando México hoy me parece importante recalcar las diferencias entre las diversas formas que existen de participar socialmente desde distintos ángulos, con conocimiento de los contrapesos que hay dentro del desarrollo social, y de cuáles perspectivas aporta cada actor. Es preciso clarificar cuáles son las dinámicas de cambio y desarrollo social y el rol que juega cada uno de sus actores, lo cual considero de ayuda ante el descontento general que existe frente a la relación entre las empresas y sus intereses económicos dentro del marco del desarrollo social (como lo es, por ejemplo, el caso del Teletón).
Actualmente la relación entre empresas y organizaciones se percibe en México casi exclusivamente en el marco de donante-donataria. Esto ha sido un gran reto para el sector de las OSCs pues, en general, el perfil conservador de la mayoría de los donantes se inclina mayoritariamente a apoyar proyectos asistenciales y no de incidencia social, pues los primeros son más fáciles de comercializar. Siempre es más fácil hacer una campaña donde la empresa muestre cómo se repartieron cobijas a niños con frío y sin hogar. Sin embargo, tratar directamente las causas y transformar las políticas que hacen que esos niños no tengan un hogar tiene mucho mayor impacto social (Santacruz International Communications).
Dicha relación no es negativa per se. Al contrario, mucho se pueden beneficiar ambos sectores de la experiencia de cada uno, pues los dos tienen la capacidad de permanecer en el tiempo más allá de la alternancia de gobiernos. Muchas veces es incluso por esa razón por la que las iniciativas de proyectos sociales permanecen, gracias al contrapeso económico que una empresa puede aportar para la continuidad del mismo, en colaboración con organizaciones civiles focalizadas en grupos vulnerables.
El Teletón es un caso, como muchos otros, dónde la relación se desvió de su propósito; el barco se desvió de su curso, y para solucionarlo no es necesario quemarlo, si no detectar por qué, cuándo y cómo sucedió dicha desviación para poder redireccionarlo. Hoy el Teletón es el caso más visible pero eso mismo puede suceder con cualquier otro proyecto. Si nos vamos a las causas y no a los síntomas podremos incidir en aquello que hace que dichos proyectos desvíen su propósito, se utilicen de pantalla para evadir impuestos, o que se dé prioridad a proyectos no por su impacto social, si no por su relación comercial con el gobierno (en el caso del Teletón por ser un proyecto meramente asistencialista y no de incidencia). Para esto se requiere de un cambio también en las mentes de quienes apoyan estos proyectos y, entre ellos, los ciudadanos. Hay que formarnos como ciudadanos y generar la capacidad de apoyar la incidencia en políticas públicas.
Planear a largo plazo. Salir del cortoplacismo que tiene al país siempre “resolviendo” crisis en el momento sin capacidad de prever, sólo de reaccionar. En ese sentido, la sociedad civil puede y debe fungir como un contrapeso social ante los intereses meramente económicos monitoreando, regulando y evaluando constantemente dichas iniciativas. Cada actor es importante. En una entrada anterior mencionamos cómo dar seguimiento a las iniciativas a través de una herramienta fundamental que es el monitoreo. Dar seguimiento a las iniciativas con objetivos claros, y una vez cumplidos esos objetivos, avanzar hacia los siguientes objetivos del mismo tema.
En las democracias más avanzadas la sociedad civil funge como un contrapeso a los intereses económicos; esto no sólo es responsabilidad del gobierno, aunque a éste le corresponde regular gran parte de dichas actividades. Para ello se requiere que la población esté bien informada de cómo funciona su sociedad, esté consciente de sus derechos, esté en capacidad de reclamarlos, conozca los procesos y procedimientos para llevarlos a cabo, y que se aplique la ley. Pero no sólo por los ministerios de justicia, si no por los mismos ciudadanos. Y nadie puede quedar impune: ni las empresas, ni los gobernantes, ni los ciudadanos.
Fuente:
De la Filantropía Corporativa a la Empresa Social, Santacruz International Communications //santacruz-ic.com/es/issue/ow12/
[Imagen: //www.actualidadendesa.com]
Julia Romero,
Comunicóloga y Maestra en Educación Intercultural
@Sashantia1
El objetivo de la educación pública es formar ciudadanos y profesionistas que construyan el ideal de país plasmado en la Constitución. El Instituto Politécnico Nacional fue fundado en el año de 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas del Rio, y es una institución pública que brinda educación en los niveles medio superior, superior y posgrado.
Esta institución, como todas las que emanan de la Constitución, busca el progreso de los mexicanos, tal como se señala en el articulo tercero. La problemática en la que el Politécnico se ha visto envuelto en las últimas semanas tiene como origen la expedición de un nuevo reglamento interno bajo la cabeza de la directora general del instituto, Dra. Yoloxóchitl Bustamente, el cual pone en entredicho la misión educativa de esta institución en el contexto de formar ciudadanos y profesionales que hagan viable el desarrollo del país.
Como resultado de esta decisión no consensuada, los estudiantes han salido a las calles argumentando que el nuevo reglamento coarta su libertad laboral al cambiar tres grandes rubros educativos importantes: el fin a los seguros médicos educativos, el cambio de materias teóricas por prácticas y el esquema de titulación.
La titulación en el Politécnico podía llevarse a cabo bajo dos títulos curriculares y escolares: técnico e ingeniero. En el nuevo reglamento propuesto, los grados académicos pueden ser dados como una “alternativa” a la de ingeniero, optando por una carrera de menos duración y menos teoría bajo el grado de “técnico”, buscando así el fortalecer el sector técnico-obrero mexicano.
La reorientación de los títulos y sobre todo de la curricula de los planes de estudio trae como resultado la creación de técnicos, es decir, de ejecutores, en vez de generadores o críticos. En perspectiva, los primeros sirven para el desarrollo de funciones claramente preestablecidas como la maquilla, y los segundos tienen un grado de calificación mayor que les permite no sólo tomar decisiones, sino contar con los conocimientos necesarios para ser críticos y para generar nuevo conocimiento. Los países desarrollados invierten grandes cantidades de dinero en la generación y el aprovechamiento del conocimiento en las universidades y centros de conocimiento.
En el modelo económico actual, el Estado mexicano está recortando sus funciones sociales y dejando al mercado la regulación y prestación de servicios de carácter social como la educación o la salud, además del acceso a través de elementos económicos; es decir que, quien tenga mayor capacidad económica puede acceder a un mejor nivel educativo. Ser profesionista se vuelve un privilegio y no un derecho.
Si bien México necesita técnicos para satisfacer la demanda de servicios importantes en el mercado laboral, no se puede sacrificar una institución de la relevancia del Instituto Politécnico Nacional para que cumpla dicha función, siendo que se trata de una de las ofertas públicas de mayor calidad del país. De ahí la importancia de que la educación pública sea autónoma, como sucede con la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin de que los programas de estudios puedan ser autodeterminados sin intereses políticos o coyunturas económicas de por medio, y verdaderamente sirvan al interés público.
Sólo una educación pública autónoma puede ser crítica incluso del gobierno en turno, capaz de generar el conocimiento que permita superar los problemas contextuales, y preparar mexicanos capaces de afrontar los retos y desafíos que el país atraviesa en todas sus esferas. Su valor radica en que a través de ella, los ciudadanos emanados de sus filas estén en condiciones de llevar a cabo los ideales plasmados en la Constitución al mismo tiempo que realizan su proyecto de vida.
[imagen: //elpunto.com.mx]
Partidos políticos, funcionarios públicos y sociedad civil bajo un esquema de transparencia y libre expresión
Uno de los escándalos más sonados en los últimos meses es el relacionado con la construcción de la presa “El Titanic” a cargo del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. El gobernador mandó construir esta obra hidráulica de 120 metros de longitud y 80 de altura en 2011. El tema en disputa sobre la presa es que ésta colapsó recientemente producto del huracán “Odile”, afectando a pobladores y sacando a la luz que dicha obra estaba construida en un terreno perteneciente al gobernador, la cual almacenaba el agua y provocaba escasez en la zona a pesar de ser hecha con dinero público.
El origen de la corrupción en el país es tema de amplio debate entre sociólogos y politólogos. México es una república que organiza su democracia a partir de un sistema de partidos que dan forma y orden a la representatividad política y social. En este sentido, es responsabilidad de los partidos brindar una oferta ideológica y política a los ciudadanos para que se organicen y puedan participar en las contiendas electorales de las que salen los representantes que ocupan puestos de representación popular. Sin embargo, los problemas de representatividad que enfrenta la política mexicana son auspiciados en gran parte por los acuerdos partidarios existentes, los cuales perpetúan leyes y reglamentos que ligan su desempeño y carrera política con los intereses de su partido y no con los de la ciudadanía que en teoría representan.
En este esquema tampoco existen procesos de rendición de cuentas detallados al interior de dichos organismos políticos, hecho que favorece la opacidad y encubre casos de corrupción sin que haya de por medio juicios o procesos penales en contra de aquellos que violen la ley o se encuentren en posiciones comprometidas, como el gobernador Guillermo Padrés o como el caso del que fuera líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc de la Torre. Esta falta de compromiso con la legalidad ha propiciado que los partidos en muchas ocasiones terminen siendo cajas negras que ejercen recursos públicos sin rendir cuenta total de sus gastos y las actividades ciudadanas que desempeñan.
Los partidos como organismos políticos encargados de formar líderes sociales también han visto mermada su legitimidad, arropando militantes que no se apegan a la legalidad y encubriendo actos ilegales.
En este contexto, existe una propuesta emanada del “Tercer Congreso Nacional Ciudadano” organizado por Gilberto Lozano, el cual expresa una nueva interpretación sobre qué son los partidos políticos y cómo deben ser abordados los problemas surgidos de la cesión de la soberanía democrática.
Estos nuevos términos ciñen el desempeño partidista a la lógica laboral, argumentando que los funcionarios son trabajadores al servicio de los ciudadanos y que la sociedad civil, al pagar sus contribuciones tributarias, es dueña del destino laboral de todos los representantes elegidos o desempeñando algún cargo público. En resumen, bajo esta interpretación los partidos políticos son fiscalías de reclutación laboral donde quienes mandan son quienes pagan los impuestos.
Más allá de la conveniente o de lo políticamente correcto en términos conceptuales, es importante señalar que dicha solución tiene como origen los problemas de corrupción y el riesgo de permitir que personas de reputación comprometida o cuyo respeto al estado de derecho no sea una constante puedan afectar al sistema político y a las decisiones del país. El problema no es sencillo porque deben intervenir partidos políticos, funcionarios públicos y, desde luego, la sociedad civil bajo un esquema de transparencia y libre expresión, manifestado en medios de comunicación de calidad; de ahí la importancia de que temas como el del gobernador Padrés salgan a la luz pública y se discutan. Si bien no hay sistema político perfecto, sí deben existir los suficientes mecanismos legales y sociales para evitar que actos de corrupción tan flagrantes permanezcan impunes y sin consecuencia alguna.
(imagen: //mexicanadecomunicacion.com.mx)
¿Dónde iremos a buscar modelos?
La América Española es original, originales han de ser
sus instituciones y su gobierno y originales los medios de fundar uno y otro.
O Inventamos o Erramos.
Simón Rodriguez
Revisando algunas publicaciones acerca del impacto que hasta ahora ha tenido la #LeyTelecom, me encontré con el artículo de @majosiscar sobre el amparo que interpusieron hace 3 semanas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco radios comunitarias que afirman que, aunque la reforma de Telecomunicaciones reconoció por primera vez la figura de “radios comunitarias”, “atenta al derecho de los pueblos a la información”, según la Asociación de Radios Comunitarias (AMARC).
Gisela Martínez, coordinadora del área jurídica de AMARC México, resume el impacto de estas leyes secundarias en tres puntos: “Se violenta el acceso a las frecuencias, vuelve insostenibles económicamente a las radios que ya operan legalmente y es intrusiva en sus contenidos”. Ya no es posible que los pequeños negocios pauten en este espacio comunitario, no pueden recibir donaciones si la entidad no está acreditada como donataria autorizada, no es permitido conseguir financiamiento privado ya que son emisoras “sin ánimo de lucro” y por si fuera poco, los requisitos para obtener el permiso de transmitir son una traba para el fortalecimiento de este medio social. Algunos de dichos requisitos son:
¿Que tipo de relación social está impulsando esta clase de reformas?
Dejando de lado un poco las cuestiones legales, es válido ir más allá y ver que esta legislación atenta contra una forma de democratización de la comunicación que la sociedad civil ha tomado en sus manos. México es un país sumamente diverso, con 68 pueblos indígenas y más de 85 idiomas distintos según el INEGI. Tiene un espacio importante en las radios comunitarias que han logrado atender a los intereses propios de estos grupos específicos y abrir escenarios para la inclusión basados en relaciones horizontales. Han surgido como respuesta al acceso restringido a los medios tradicionales en algunos territorios, y a la falta de identificación de la población con los contenidos de los medios privados y monopolios de la comunicación.
El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman[1], en su libro “Modernidad Líquida”, habla acerca de las características de la sociedad capitalista. Entre ellas resalta el individualismo que marca las relaciones actuales y las torna precarias, transitorias y volátiles, subrayando cómo la esfera comercial termina por impregnarlo todo, y cómo las relaciones en las sociedades se miden en términos de costo-beneficio en el estricto sentido financiero, resultando en lazos solidarios frágiles que terminan dependiendo únicamente de los beneficios que generan.
[1] BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, Editorial Fondo de Cultura Económica, México DF, 2004
El ejercicio que suponen las emisoras comunitarias precisamente es un movimiento en contraposición a este individualismo del que nos habla Bauman, que además de no tener fines de lucro, logra una transición de una existencia individual aislada a la existencia social comunitaria: activando a la población para que realicen actividades colaborativas que buscan el interés general, fomentando un espacio para el ejercicio ciudadano a través de la auto organización, y compartiendo conocimientos, opiniones y percepciones en cuanto a temas nacionales que sin lugar a duda transforman las relaciones sociales y fortalecen la identidad de los pueblos. A través de éstas difunden su propia cultura, perpetúan las tradiciones y fortalecen el uso de lenguas tradicionales.
Además de todo esto, la relación permanente con los escuchas de las radios comunitarias hace que el proceso comunicativo sea totalmente distinto al de los medios de difusión de los grupos hegemónicos. Los receptores se convierten también en interlocutores que emiten, hay posibilidad de diálogo y los mensajes están al servicio de la sociedad (desde lo más sencillo, como los clasificados de objetos perdidos, hasta servicios sociales como la pérdida de personas o animales). En este sentido, el intercambio de experiencias y la socialización de conocimientos promueven la participación activa y crítica, actuando en pro de la sociedad.
¿Que clase de comunicación queremos para nuestra sociedad?
El Argentino Mario Kaplún, comunicador y educador, es reconocido por su gran aporte fijando una relación entre comunicación y educación. Para este autor, los mal llamados medios de comunicación no son más que medios de “difusión” o “información”, ya que van en contra de la raíz latina misma communis, que quiere decir poner en común algo con otros, implicando diálogo, intercambio y reciprocidad que no son evidentes en los grandes monopolios de medios actuales.
Si bien es cierto que con el boom de las redes sociales se ha democratizado más de cierta forma el acceso a la información, no podemos desatender las necesidades de sectores que sencillamente no tienen posibilidades del uso de estos medios. Para los que gozamos de este beneficio también es válido realizar una concientización acerca de la forma en que estamos consumiendo la información, ¿nos seguimos dejando llevar por una forma de comunicación unidireccional? ¿bajo qué criterio compartimos la información? ¿cuál es nuestro objetivo al entrar en la red? ¿indagamos más al respecto de un tema o simplemente nos dejamos llevar por la inmediatez? ¿qué les estamos exigiendo a los medios de los cuales obtenemos la información?
Es necesario replantearnos sobre cuáles conceptos estamos construyendo ciudadanía. ¿Comunicabilidad o comunicación? Entendiendo a la primera como el simple proceso donde percibimos la información sin llegar a hacer ningún filtro, es decir, donde los sujetos son analfabetas mediáticos, o donde le damos lugar al derecho que tenemos de informarnos, utilizando nuestra capacidad de tomar posiciones claras con respecto a los mensajes que transmiten los medios. Recordemos que una sociedad alfabetizada mediáticamente[2] contribuye también a una sociedad alfabetizada políticamente.
[2] La alfabetización mediática es la educación para el desarrollo de competencias que ayuden a los sujetos a acceder, comprender y evaluar de manera integral los medios de comunicación; así como la formación de sujetos críticos ante los estímulos de información e intercambio recibidos a través de la los mismos.
En el siguiente cuadro se clarifica la relación entre los tipos de comunicación y los tipos de educación según Mario Kaplún en su libro “Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular)” sobre el que me permito hacer un aporte personal.
Ya bien lo dice Kaplún, “Definir qué entendemos por comunicación, equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir”. El caso de las radios comunitarias es algo palpable que no podemos permitir que continúe de esa manera. Las radios comerciales y privadas tienen por objetivo el lucro sin importar los contenidos del programa, el rating es el que manda, y suelen implantar hábitos de consumo que refuerzan la ideología dominante. Por su parte, la radio comunitaria está inmersa en la lógica de la defensa de los derechos humanos; una lógica que tiene su base en las redes que se han tejido a partir de las relaciones cotidianas con el entorno compartido, creando identificación y solidaridad con los asuntos que afectan a los conciudadanos (paisanos).
Es una forma de construcción de la comunicación local que en muchos casos es la única manera de difusión asequible, un instrumento para interrelacionar un hecho con otro, pensar y sacar conclusiones, construyendo explicaciones globales y cosmovisiones propias.
Es importante voltear la mirada a los cambios que se están generando en América Latina misma, ya que hemos estado aceptando modelos hegemónicos que no tienen que ver con nuestras realidades, nuestra diversidad, nuestros orígenes y nuestras situaciones a resolver. De nosotros depende salir del “mundo sin alma”, como lo bautiza Galeano, donde “no hay pueblos sino mercados, no hay ciudadanos sino consumidores, no hay naciones sino empresas, no hay ciudades sino aglomeraciones y no hay relaciones humanas sino competencias mercantiles”[3].
[3] GALEANO EDUARDO. La comunicación desigual. Política y Cultura 1997. Disponible en: <//www.redalyc.org/articulo.oa?id=26700807>
Ya se están generando transformaciones en materia de legislación con efectos positivos en las poblaciones vulnerables. En Argentina, la comunicación está establecida como derecho humano. La ley de Medios, junto con la ley de Radiodifusión comunitaria de Uruguay, “son consideradas por el Comité Mundial para la Libertad de Expresión de la Unesco como las dos legislaciones más importantes del mundo. Uruguay en el plano de la radiodifusión comunitaria y la ley de Medios de Argentina como un marco regulatorio avanzado, democrático, rompe con la cadena de sumisión del campo de la comunicación a los intereses privados, que son por definición intereses particulares y, por lo tanto, excluyentes.” Esto lo dijo el comunicólogo brasileño Dênis de Moraes en la entrevista que realizó Fernando Arellano Ortiz.
¿Que tal si empezamos a nutrirnos con los ejemplos que nos dan otros países latinoamericanos que tienen más en común con nosotros que otros modelos tradicionales que hemos adaptado hasta el momento? ¿Que tal si logramos ver la comunicación de una manera orgánica donde los individuos sean sujetos que comprenden críticamente su realidad aprovechando los instrumentos que tienen para transformarla?
Somos responsables de construir la sociedad que queremos, empecemos por escoger, exigir y ejercer el tipo de comunicación que consumimos.
Links de interés:
Emisoras comunitarias en el país – Denominación, antecedentes y evolución //sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/sabrera_o_s/cap3.htm
La radio comunitaria frente a los grupos de poder //www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n59/vramos.html
(Imagen: //ciudadania-express.com)
Valery Rojas,
Politóloga y Blogger
@chanteler
(//www.proyectodiez.mx)
El tema de la explotación infantil es un problema grave que aqueja a la población mexicana y es un indicador alarmante en materia social y económica. De acuerdo con cifras del Módulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2007), en México, 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad se encuentran desempeñando alguna actividad económica.
Estas cifran representan aproximadamente el 12.5% de la población infantil de ese rango de edad; de esta cifra, 1.1 millones son menores de 14 años, es decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar establecida por la Ley Federal del Trabajo. En el mismo tenor, aproximadamente 7 de cada 10 niños que trabajan entre los 5 y 17 años de edad viven en zonas rurales de México, mientras que 3 de cada 10 lo hacen en las ciudades. Estos porcentajes equivalen al alarmante número de 1,114,991 niños y niñas.
Los números brindan evidencia cuantitativa de una problemática social y económica que tiene muchas líneas de lectura. La más relevante es la causal, que implica la razón de por qué trabajan y las condiciones familiares en las que se encuentran. Si se trata de hijos en familias con alto índice de marginación se habla de la falta de una política social que permita que, sin importar la condición social o lugar de nacimiento, el Estado tenga la capacidad de brindar educación gratuita y garantizar que permanezcan en la escuela con todo lo que esto implica. Otra lectura del problema tiene que ver con la burocracia y la efectividad con que el asunto es atendido a través de políticas públicas que permitan, dependiendo el caso en que se trate, establecer y seguir una ruta de acción efectiva a través de las instituciones de Desarrollo Social o del Desarrollo Integral de la Familia para encauzar nuevamente a los infantes y reintegrarlos a las actividades propias de su edad, y que están establecidas en la ley.
Los niños que trabajan lo hacen por múltiples factores y no todos se encuentran en el mismo grado de vulnerabilidad. Sin embargo, en todos los casos se viola el principio legal de que éstos no deben trabajar hasta cumplida cierta edad, en la cual se asume que han concluido los estudios básicos que les permitan por lo menos los conocimientos básicos necesarios para insertarse en una vida productiva formal.
Otro de los problemas fundamentales que derivan de la explotación infantil es que se compromete la capacidad de los niños para convertirse en ciudadanos en toda la extensión del concepto y contribuir a la sociedad de la que forman parte. En este sentido, el Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, usando su facultad para emitir iniciativas de ley, presentó el 1 de septiembre una inciativa que pretende abordar esta problemática.
Ésta se presentó en el evento “México sin trabajo”, donde ante representantes de organismos internacionales y titulares de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, el Ejecutivo Federal puntualizó su compromiso para la entrega de dicha iniciativa en su carácter de preferente, la cual exhorta al Senado de la República a ratificar el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo para elevar la edad mínima de empleo en el país.
La iniciativa enviada por el presidente Peña busca tipificar con claridad las diferentes clases de trabajos que existen y las condiciones generales en las cuales el problema se tipifica y conceptualiza para la correcta ejecución de problemas. Se ratifican los derechos de los niños y los jóvenes, establece responsabilidades y crea instituciones y reglamentos enmarcados en tratados internacionales y convenciones en materia de protección infantil para temas de importancia como el bullying.
Estas reformas avanzan bien, en un momento en el cual era necesario dar orden y claridad conceptual al problema de cara a su tratamiento por parte de las instituciones encargadas. Sin embargo, es necesario ser enfáticos en que, aunque es un avance significativo, el problema de fondo no es la ambigüedad del concepto o de la ley, sino las condiciones sociales y económicas que propician la explotación de menores, y de buena parte de la población mexicana también.
57.8% es la cifra que representa al negocio informal en el país.
(//www.caracteres.mx)
Uno de los grandes problemas de México es la incapacidad de su economía para incluir a la mayoría de la población económicamente activa. Este es un problema no reciente que evidencia problemas históricos en la capacidad del Estado para generar empleos que puedan satisfacer todas las necesidades básicas de los habitantes, y para insertarlos en una dinámica que les permita tener acceso a seguridad social, pago de impuestos y otras ventajas de cara a mejorar su calidad de vida.
En esta línea, una de las reformas que la actual administración ha planteado es la iniciativa “Crezcamos Juntos”. El programa busca erradicar el negocio informal, que representa en México un 57.8%, cifra alarmante por la cual se pueden explicar fenómenos migratorios, actividades económicas ilícitas y, en general, una deficiencia para incluir el talento y capacidades de las personas encamindas al desarrollo y progreso social y económico.
El plan del Ejecutivo Federal propone siete incentivos a cambio de la regularización fiscal de este sector informal: 1.- acceso a los servicios médicos y sociales del IMSS; 2.- derecho a pensión de retiro; 3.- derecho a crédito hipotecario; 4.- descuentos del pago del impuestos sobre la renta; 5.- apoyos a pequeños empresarios; 6.- créditos para los negocios y sus empleados; 7.- acceso a programas de capacitaciones.
Dentro de estos beneficios encontramos tres principios que son punta de lanza de la recaudación fiscal en México. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos artículo 31, fracción cuarta se estipula que “son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residen de manera proporcional y equitativa en lo que dispongan las leyes.” Este mandato constitucional da fuerza jurídica a la recaudación fiscal, pero también otorga derechos públicos subjetivos a quienes aporten equitativamente al gasto público. El primer derecho reconocido en la formalidad fiscal es el de los servicios médicos y sociales del IMSS, el cual jurídicamente está regulado en una figura llamada “Seguro mutuo, es decir, de asegurar un beneficio colectivo a partir de la contribución individual.”
Sin embargo, en México el sistema de seguridad social enfrenta graves problemas de administración debido a la mala planeación y ejecución de políticas tardías en el manejo de su gasto corriente, lo que deriva en que gran parte del dinero se vaya al pago de pensiones y otros gastos que no tienen que ver con la construcción de infraestructura médica que permita el otorgamiento de un servicio en tiempo y forma.
Este problema, junto con otros como el tema de seguro para el retiro, pone en entredicho la posibilidad real de llevarlo a cabo y de ser una fuente de bienestar apreciada así por todos aquellos que realizan actividades informales. Es importante resaltar que una de las principales causas de la informalidad es la falta de incentivos para pasar a formar parte de la formalidad, donde el exceso de burocracia, la corrupción y el costo que representa estar alineado a las reglas formales terminan por empujar a muchos a la informalidad, en la que no se requieren mayores trámites. Los beneficios de la formalidad son casi imperceptibles.
El problema del trabajo en el país no está sólo en la falta de incentivos que “Crezcamos Juntos” busca erradicar, sino en la posibilidad de que la población económicamente activa encuentre en la formalidad las vías para desarrollarse dignamente. En la dotación de posibildades reales está el aprovechamiento y beneficio de los recursos laborales e intelectuales del país, es decir, de su gente.
Anuncio de mega obras y proyectos, ¿estrategia para buscar legitimidad y resarcir los bajos niveles de aprobación del gobierno?
En el marco de la presentación del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República resalta la readopción de fórmulas previas a la alternancia del 2000 para la presentación de proyectos e informes de gobierno; y por otro lado, la capacidad política operativa para ejecutar proyectos de gran calado en una coyuntura donde la aprobación ciudadana del Ejecutivo Federal se encuentra a la baja, según encuestadores como Mitofsky.
El proyecto de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México se ha convertido en tema de muchos análisis, particularmente en función de lo ocurrido en 2002 con el plan fallido que presentó el entonces presidente Vicente Fox. El tema central en la cancelación del proyecto de aquel entonces fue la tenencia de la tierra y las protestas de los pobladores, asunto ante el que el gobierno federal parece haber hecho bien su trabajo en esta ocasión, ya que anunció que no se molestarán a los municipios vecinos porque los terrenos que se utilizarán son propiedad del gobierno federal.
El proyecto de 2002 propició que los dueños de las tierras de San Salvador Atenco, lugar donde se llevaría a cabo la construcción del aeropuerto, se agruparan en grupos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, incorporado al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, lo que derivó en enfrentamientos entre la fuerza pública y los pobladores.
En aquel entonces Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Llama la atención cómo en esta ocasión la estrategia del proyecto del aeropuerto ha tratado de evitar la confrontación, a diferencia de lo ocurrido en 2002, donde las demostraciones de uso excesivo de la fuerza fue un tema que acompañó al actual presidente durante los años posteriores a los enfrentamientos.
Una vida democrática obliga a hacer uso de las instituciones legales para evitar abusos de poder, y sobre todo para lograr consensos y velar siempre por el interés general. El escenario de esta nueva inversión no parecía muy distinto al ocurrido en 2002, sin embargo son notorios los resultados tan disímiles que obtuvieron uno y otro. El del presidente Peña, aunque aún temprano para sentenciar su éxito, sí evidencia que ha habido una estrategia de planeación y consenso que el gobierno panista no tuvo en su momento. Esta capacidad de llevar a cabo proyectos es uno de los elementos que distinguió al regimen priista durante sus gobiernos previos a la alternancia del 2000.
Llama también la atención que con el bombo y platillo con los que se anunció este proyecto de aeropuerto también se hayan anunciado proyectos de expansión de 4 líneas del metro en el Distrito Federal, entre otros. Estos proyectos vienen enmarcados en un momento en el que el Presidente ha tenido una tendencia a la baja en la aprobación de su mandato, a partir de los prácticamente nulos avances en materia económica a pesar de las reformas aprobadas.
Sin duda estos proyectos derivarán en mejoras para la competitividad del país y la movilidad de los mexicanos, sin embargo, no está de más resaltar el momento político que parece obligar al Presidente a buscar obras de gran contenido mediático ante la falta de resultados económicos que se reflejen en el bolsillo de los ciudadanos. Aún es temprano en el sexenio para tener una postura definitiva, pero vale la pena apuntar las diferencias entre regímenes, y sobre el aprovechamiento del anuncio de mega obras o proyectos como estrategia para buscar legimitidad y recuperar la tendencia negativa en los niveles de aprobación. No hay que dejar de lado tampoco que en el pasado este tipo de acciones terminaba por generar una espiral de endeudamiento y desestabilidad económica. Si bien el 2014 no se parece a lo ocurrido en la década de los 70 y 80, no está de más tenerlo en el mapa a manera de contexto y, sobre todo, como memoria histórica.
(imagen: //www.sinembargo.mx)
Un requisito para la participación ciudadana en las democracias modernas
La alfabetización mediática es la educación para el desarrollo de competencias que ayuden a los sujetos a acceder, comprender y evaluar de manera integral los medios de comunicación; así como la formación de sujetos críticos ante los estímulos de información e intercambio recibidos a través de la los mismos. La Comisión Europea incluye en su definición la capacidad de establecer formas de comunicación en diversos contextos.
Desde hace una década la Unión Europea considera la alfabetización mediática como una prioridad y ha realizado una serie de programas para impulsarla a través de su Comisión. Ejemplo de éstos es Europa Creativa, programa de financiamiento que cuenta con un presupuesto de 1,460 millones de euros para apoyar el acceso y desarrollo de iniciativas relacionadas con cultura, artes y medios (digitales y tradicionales). De estos programas se han derivado distintos estudios acerca del uso de las tecnologías de información, redes sociales y videojuegos online por parte de jóvenes de 15 a 30 años, que si no nacieron con dichas tecnologías, éstas forman parte central de su vida cotidiana, y han transformado los canales y formas de comunicación, interacción y relación de las nuevas generaciones. Es por ello que la Comisión Europea considera necesaria la alfabetización de la población en estos medios, para fomentar una ciudadanía más activa, crítica y participativa en una sociedad con sobre flujo de información. También es considerada como un “eje clave en las democracias modernas”, como lo señala el Dr. José Ignacio Aguaded-Gómez, editor de la revista Comunicar.
Los jóvenes de hoy crecieron en un mundo saturado de información, tecnologías relacionales y comunicaciones digitales, especialmente en los países industrializados. La mayoría de ellos las usa de forma indiscriminada, es decir, sin haber recibido ningún tipo de filtro u orientación acerca de temas sumamente importantes, como la seguridad de su información, los términos y condiciones de los sitios a los que accesan, la veracidad de la información, entre otros. De ahí la necesidad de alfabetizar.
La Dra. Pilar Colás Bravo y la Dra. Teresa González Ramírez, catedráticas del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, resumen la historia de las redes sociales en tres periodos: El primer periodo (de 1997 hasta el 2001) se caracteriza por la creación de comunidades virtuales donde los usuarios de distinguen de acuerdo a sus perfiles. En el segundo periodo las redes sociales se integran al escenario económico, convirtiéndose en una herramienta global para el intercambio entre profesionales en el ámbito de los negocios. Y en la actualidad (tercer periodo), se crean disciplinas y campos de trabajo por el enorme potencial que las redes tienen al haber permeado en muchos escenarios de la vida cotidiana y en una cantidad inimaginable de usuarios alrededor del mundo. La firma analista sobre actividades y rendimiento de internet, Royal Pingdom, registró 2400 millones de usuarios en todo el mundo en un estudio realizado en 2012. Del total global, 44% corresponde al continente asiático, 21,6% al europeo y 11,4% a Norteamérica.
En América Latina había 231 millones de usuarios de Internet al 1 de enero de 2012. De esta cifra, 30% eran brasileños, el 16% mexicanos, el 11% argentinos y el 10% colombianos. Lo cual representa un porcentaje muy alto si tomamos en cuenta las difíciles condiciones de acceso, brecha digital, pobreza y falta de infraestructura de los países latinoamericanos. Sin embargo los dispositivos móviles han contribuido en gran parte a facilitar el acceso a internet y redes sociales.
Como mencioné antes, las tecnologías de información, el internet y las redes sociales tienen un rol central en la vida de los jóvenes. También tienen un rol central en sus experiencias en lo que se refiere a la socialización, la globalización, los espacios online y offline y la percepción de participación y de relacionamiento con sus semejantes. Esas son sus primeras experiencias con la ciudadanía, en espacios públicos y privados online.
Los internautas son cada vez más jóvenes, sus primeras experiencias con las computadoras e internet son fuera del espacio formal educativo y el 90%(i) de ellos no cuentan con alguna orientación acerca del uso de éstas. La pregunta hoy en día ya no es si los niños deben ser alfabetizados mediaticamente; la cuestión es cómo. El hecho de que no exista un filtro u orientación nos muestra que existe, no sólo una brecha digital, si no también una generacional, que tiene que ser atendida a través de la alfabetización mediática para aprovechar el uso actual de los medios y canalizarlo hacia el ejercicio ciudadano.
Las redes sociales abren un espacio virtual donde los usuarios experimientan relaciones de igual a igual en el intercambio de información, experiencias y opiniones, creando un nuevo paradigma de comunicación; por ende, se ha ido abriendo un espacio de denuncia ciudadana y de catársis colectiva nunca antes visto. Los ciudadanos toman estos medios para denunciar todo aquello que no tiene cabida en las agendas políticas y comienzan a llevar a cabo acciones bajo sus propias agendas. Estos son pasos importantes para ejercer la ciudadanía y contribuir a una democracia más participativa.
Las competencias mediáticas a desarrollar implican poder interactuar de manera crítica con los mensajes producidos por los demás, internalizarlos, comprenderlos y responder produciendo mensajes propios. En este sentido, una sociedad alfabetizada mediáticamente contribuye también a una sociedad alfabetizada políticamente, influyendo en la autonomía personal de los receptores de la información. Esto aporta directamente a lograr sociedades más justas. Por eso, la intervención del Estado es necesaria para la regulación de los nuevos medios, pero también para garantizar el acceso a internet y el financiamiento de programas de alfabetización mediática a la población en general, especialmente a las generaciones futuras. Sólo así, la siembra de dichas capacidades rendirá frutos en la participación ciudadana online y offline.
Julia Romero,
Comunicóloga y Maestra en Educación Intercultural
@Sashantia1
(i) Según un estudio sobre el uso de internet por jóvenes andaluces publicado en Comunicar Journal: “Jóvenes interactivos: nueva ciudadanía entre redes sociales y escenarios escolares”, editado por el Dr. J. Ignacio Aguaded-Gómez.
Bibliografía:
Comunicar Journal: Jóvenes interactivos: “Nueva ciudadanía entre redes sociales y escenarios escolares”. Editado por el Dr. J. Ignacio Aguaded-Gómez.
Neyla Graciela Pardo, Razón Pública.com: “Redes sociales y construcción de ciudadanía en Colombia”.
//ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
//europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/am0004_es.htm
//latinamericahoy.es/2012/03/29/america-latina-internet-redes-sociales/
(Imagen: //www.finanzzas.com)
México se encuentra en el último lugar en el listado de los países que integran la OCDE
(imagen: //www.radiomonitortv.net)
Los salarios en el mundo son indicativos del valor que se le otorga al trabajo realizado, pero sobre todo sirven como indicador en la expectativa de calidad de vida. En México, al igual que en muchos países, el salario mínimo se establece de manera legal y se ajusta año con año de acuerdo a la inflación y otros factores.
El objetivo de establecer un salario mínimo obedece a la necesidad de garantizar que los trabajadores obtengan un pago por su trabajo que permita cubrir las necesidades básicas como alimento, habitación, vestido y entretenimiento. Sin embargo, actualmente, la cifra que está vigente hoy para la zona A del país (donde se encuentra la Ciudad de México y es el más alto de las 3 zonas existentes) asciende a 64.76 pesos por 8 horas laborales, cifra que resulta insuficiente para garantizar el derecho constitucional a una vida digna y que se encuentra en el último lugar en el listado de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Aunque en el país los derechos sociales alivianan en varios estratos la carga económica a través de servicios públicos que cubren educación y salud, la realidad es que la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a estos servicios, o bien, no de la calidad que les permita superar su condición social de nacimiento, limitando así la movilidad social.
Igualmente, la cifra que México aporta como referencial de salario mínimo hoy en día está cuestionada por los incrementos desproporcionados que han sufrido servicios como el transporte y los procesos productivos o estacionales en los que se involucra la producción de artículos que integran la canasta básica. Esta situación ha generado un área de oportunidad para actores sociales y legisladores de sugerir y gestionar los cambios necesarios para revertir el deteriorio del salario que año con año se ve descompensado frente a la inflación y el alza de precios. Los principales actores de estas iniciativas son el Partido Acción Nacional, quien busca solucionarlo a través de una consulta ciudadana, y el Partido de la Revolución Democrática, que propone otorgar un aumento salarial de $80.00. El actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, propone un incremento a $82.00, alza propuesta a un corto plazo pues la meta es plantear el salario mínimo en $171.00 diarios.
Las cifras planteadas como meta son muy alentadoras para la economía popular de México, pero ¿qué consecuencias podría generar este repentino cambio?. En el tema económico, un incremento repentino y tan grande podría generar inflación, pues los empleadores, al tener que incrementar el salario de sus trabajadores, supondrían que tendrían que trasladar dicho incremento a los productos o servicios que produzcan, subiendo el precio de estos y creando una espiral inflacionaria. Igualmente México podría perder competitividad frente a otros países como China y perder la ventaja geográfica para la producción de bienes a precios competitivos que se traduciría en menores inversiones. Sin embargo, un incremento en el salario supone también un aumento en el poder adquisitivo y por tanto en el consumo y la activación del ciclo económico.
En conclusión, estos cambios pondrían a prueba la capacidad de los tomadores de decisión para crear soluciones pensadas e instrumentadas con el objetivo de que el eventual aumento no creara una espiral que trajera más repercusiones negativas que beneficios. Al final, cualquier medida que se adopte debe ser pensada y ejecutada con la planeación debida, y no sólo orientada a lo electoral o sin un sustento que le de viabilidad; en el equilibrio de esta visión está la posibilidad de generar el andamiaje que permita mejorar la calidad de vida para las personas, por un lado, y acrecentar el tamaño de la economía mexicana en beneficio de todos, por el otro.