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corrupción

Partidos políticos, funcionarios públicos y sociedad civil bajo un esquema de transparencia y libre expresión

transparencia y rendición de cuentas partidos políticos

Uno de los escándalos más sonados en los últimos meses es el relacionado con la construcción de la presa “El Titanic” a cargo del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. El gobernador mandó construir esta obra hidráulica de 120 metros de longitud y 80 de altura en 2011. El tema en disputa sobre la presa es que ésta colapsó recientemente producto del huracán “Odile”, afectando a pobladores y sacando a la luz que dicha obra estaba construida en un terreno perteneciente al gobernador, la cual almacenaba el agua y provocaba escasez en la zona a pesar de ser hecha con dinero público.

El origen de la corrupción en el país es tema de amplio debate entre sociólogos y politólogos. México es una república que organiza su democracia a partir de un sistema de partidos que dan forma y orden a la representatividad política y social. En este sentido, es responsabilidad de los partidos brindar una oferta ideológica y política a los ciudadanos para que se organicen y puedan participar en las contiendas electorales de las que salen los representantes que ocupan puestos de representación popular. Sin embargo, los problemas de representatividad que enfrenta la política mexicana son auspiciados en gran parte por los acuerdos partidarios existentes, los cuales perpetúan leyes y reglamentos que ligan su desempeño y carrera política con los intereses de su partido y no con los de la ciudadanía que en teoría representan.

En este esquema tampoco existen procesos de rendición de cuentas detallados al interior de dichos organismos políticos, hecho que favorece la opacidad y encubre casos de corrupción sin que haya de por medio juicios o procesos penales en contra de aquellos que violen la ley o se encuentren en posiciones comprometidas, como el gobernador Guillermo Padrés o como el caso del que fuera líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc de la Torre. Esta falta de compromiso con la legalidad ha propiciado que los partidos en muchas ocasiones terminen siendo cajas negras que ejercen recursos públicos sin rendir cuenta total de sus gastos y las actividades ciudadanas que desempeñan.

Los partidos como organismos políticos encargados de formar líderes sociales también han visto mermada su legitimidad, arropando militantes que no se apegan a la legalidad y encubriendo actos ilegales.

En este contexto, existe una propuesta emanada del “Tercer Congreso Nacional Ciudadano” organizado por Gilberto Lozano, el cual expresa una nueva interpretación sobre qué son los partidos políticos y cómo deben ser abordados los problemas surgidos de la cesión de la soberanía democrática.

Estos nuevos términos ciñen el desempeño partidista a la lógica laboral, argumentando que los funcionarios son trabajadores al servicio de los ciudadanos y que la sociedad civil, al pagar sus contribuciones tributarias, es dueña del destino laboral de todos los representantes elegidos o desempeñando algún cargo público. En resumen, bajo esta interpretación los partidos políticos son fiscalías de reclutación laboral donde quienes mandan son quienes pagan los impuestos.

Más allá de la conveniente o de lo políticamente correcto en términos conceptuales, es importante señalar que dicha solución tiene como origen los problemas de corrupción y el riesgo de permitir que personas de reputación comprometida o cuyo respeto al estado de derecho no sea una constante puedan afectar al sistema político y a las decisiones del país. El problema no es sencillo porque deben intervenir partidos políticos, funcionarios públicos y, desde luego, la sociedad civil bajo un esquema de transparencia y libre expresión, manifestado en medios de comunicación de calidad; de ahí la importancia de que temas como el del gobernador Padrés salgan a la luz pública y se discutan. Si bien no hay sistema político perfecto, sí deben existir los suficientes mecanismos legales y sociales para evitar que actos de corrupción tan flagrantes permanezcan impunes y sin consecuencia alguna.

(imagen: http://mexicanadecomunicacion.com.mx)

Cada mexicano “debe” al nacer $109,555 pesos.

Deuda pública de PemexPara México, los ingresos petroleros representan uno de los puntos más importantes dentro de la economía, ya que éste sector aporta el 10% del Producto Interno Bruto.

Con 331 votos a favor y 129 en contra, la semana pasada se aprobó el tercer dictamen de las leyes secundarias en el tema de la reforma energética. Entre los múltiples cambios que se esperan en la conformación de nuevas reglas del juego, se aprobó una en particular que ha llamado la atención y que no estaba prevista en las discusiones generales de las reformas. Esta novedad está relacionada con los pasivos de Petróleos Mexicanos y la aprobación para ser transformados en deuda pública, o lo que es lo mismo, una deuda que será pagada por todos los mexicanos sin que la gran mayoría haya votado o participado en su engradencimiento por malos manejos y corrupción. Para ponerlo en perspectiva, con esta nueva deuda acumulada a las ya existentes, cada mexicano “debe” al nacer $109, 555 pesos.

Al igual que Pemex, y dentro del contexto de los cambios en materia energética, también CFE será parte de estas modificaciones estructurales que, para efectos de la deuda pública, están enfocados  en dos sectores: contratos colectivos y jubilaciones.

Los contratos colectivos están íntimamente ligados con las jubilaciones, y una de las condiciones para que el gobierno federal pueda absorber los pasivos de Pemex como deuda pública es modificar el sistema de contratos colectivos, ya que éstos son manejados por individuos y no como un colectivo.

Históricamente, parte de esta deuda es resultado de una mala administración del gobierno federal, el cual se ha endeudado en diferentes momentos para tratar de sortear malas políticas económicas y fiscales. Algunos de los acontecimientos históricos más trascendentes en la línea de endeudamiento sucedieron durante los mandatos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Tampoco se puede omitir el caso del Fobaproa durante el sexenio de Ernesto Zedillo, quien rescató a los bancos pasando sus pasivos a deuda pública, gastando el 20% del PIB en dicha tarea. En contextos de crisis económica y en la búsqueda de reestructurar la deuda externa del país, gran parte de ésta fue convertida en pública.

Si bien para México no es tema nuevo que grandes pasivos sean transformados en deuda común, lo que sí es de resaltar es que, a pesar del avance democrático del país, no se tengan acciones legales contra los responsables del crecimiento de los pasivos. A pesar de la necesidad de que algunos de estos sean absorbidos como deuda pública ante el mal que representan y el daño que podrían ocasionar en caso de no atenderse, esto no tendría que ser un impedimento para que aquellos irresponsables o beneficiarios de estas políticas de endeudamiento queden impunes o en el anonimato.

En el caso de Pemex es un secreto a voces la opulencia en que se desenvuelven el líder petrolero y hoy senador Carlos Romero Deshcamps y su familia, sin embargo, no hay ningún proceso en su contra ni se está discutiendo a fondo el dinero que el sindicato recibe y que debiera ser fiscalizado como todo dinero público. En este sentido, otro cabo suelto más dentro de la reforma que pretende dar certidumbre a la política energética pero no a los ciudadanos sobre el manejo de las finanzas de las empresas estatales y las organizaciones que reciben dinero de todos los mexicanos y no rinden ningún tipo de cuentas.

(imagen: www.hilodirecto.com.mx)

La corrupción: el problema más importante a resolver

Países más corruptos del mundo 2013

Uno de los más grandes problemas del sistema político mexicano es el relacionado a la corrupción. Aunque existen problemas de mayor impacto directo a la población como la violencia entre los carteles de gobierno y los secuestros, la realidad es que la corrupción en todos los niveles es el problema más importante a resolver.

Para poner este problema en perspectiva, la organización Transparencia Internacional en su Índice de percepción de la Corrupción 2013, ubicó a México en el lugar 106 de 177 países, Uruguay y Chile países de la región por ejemplo, ocupan el lugar 19 y 22 respectivamente.

Este asunto resulta particularmente relevante porque apenas la semana pasada el presidente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez, fue expuesto en un reportaje hecho por la cadena MVS por contratar edecanes con recursos públicos, cuya principal función era tener relaciones sexuales con él. Más allá de lo deplorable e ilegal de las acciones llama la atención la facilidad y visibilidad con la que un político puede usar a discreción recursos públicos para fines ilegales, ser expuesto en medios masivos de comunicación y que al día de hoy no existan cargos penales en su contra, ni una sociedad que condene enérgicamente y llame a exigir justicia y claridad sobre un tema ligado a recursos fiscales provenientes principalmente de la población económicamente activa.

Llama también la atención que un personaje de reputación dudosa y con importantes escándalos en su trayectoria política que incluyen violencia física contra otros integrantes de su partido y prostitución, haya sido hasta la semana pasada presidente local de la fuerza política más importante a nivel nacional. Nadie puede ascender tan alto en el escalafón jerárquico de dicha institución política si no es con la permisividad y complacencia de otros dirigentes. Más preocupante aún es que si esto ocurrió en plena ciudad de México donde los avances políticos y democráticos son de los más altos del país, ¿cómo será en aquellas entidades federativas donde existen menos contrapesos y trasparencia que en la capital?

Sin duda que es un tema alarmante en cuanto a la salud y transparencia del sistema de partidos y en general del sistema político, que sólo puede ser combatido con un irrestricto compromiso con prácticas abiertas y una legislación clara y aplicable en materia de transparencia y rendición de cuentas; además, por supuesto, de la colaboración y acción de la sociedad civil organizada y medios de comunicación. La corrupción es el campo de cultivo junto con la impunidad para que al día de hoy México esté en crisis social y a merced de grupos criminales que encuentran en este problema las vías para incrustarse dentro del Estado y cumplir sus fines delictivos en detrimento del país y de la sociedad en general.

(imagen: www.beevoz.com)