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Olga González Martínez

En #cabildeociudadano entrevistamos a Olga González Martínez, Consejera Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, para platicar sobre las implicaciones de la democracia más allá del voto, la participación ciudadana y las acciones que el IEDF está realizando para fomentar una ciudadanía consciente, activa, participativa y propositiva, con herramientas que posibiliten una incidencia real.

A continuación les compartimos la entrevista.

OGM: Creo que este es un momento ideal en el que podemos hablar de participación ciudadana por dos razones: la primera es que el Consejo actual del IEDF acaba de ser conformado el 1o de octubre del año pasado, merced de una reforma electoral que dota al INE de la facultad de nombrar a los consejeros en los organismos públicos locales electorales. Por otro lado, también la reforma electoral del año pasado amplía la participación ciudadana, el derecho de los ciudadanos de participar en la política. Lo hace de tres maneras: la primera a través de las candidaturas independientes, la segunda a través de la consulta popular y la tercera a través de las iniciativas ciudadanas. En este sentido se permite a la ciudadanía intervenir en la vida pública de una manera más amplia de la que se había tenido.

Específicamente en el Distrito Federal tenemos una Ley de Participación Ciudadana. El IEDF no solamente organiza las elecciones y hace el recuento de los votos, también tiene una participación muy activa en estos ejercicios democráticos. Por ejemplo, en noviembre del año pasado se llevó a cabo un ejercicio de participación ciudadana, de presupuesto participativo. ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos van a poder decidir en qué se va a ejercer el presupuesto del 2% de cada una de las delegaciones; lamentablemente la difusión no ha sido tan amplia en este sentido. Por supuesto que el porcentaje que se le otorga al presupuesto para la decisión ciudadana es bajo, sin embargo tenemos ya experiencias de varios años en este sentido. Son mecanismos de participación donde los ciudadanos del DF determinamos qué es lo más importante para nuestra comunidad, lo que se hace con este dinero, y podemos tomar decisiones en temas de seguridad, parques públicos y luminarias.

#CC: Una pregunta para aclarar y hablar un poco más del proceso de participación. Tu nos estás diciendo que hay muchas maneras o hay muchos temas en los que la ciudadanía puede determinar ciertos usos del presupuesto, como en el caso de parques públicos. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre el protocolo? ¿En qué sentido está dictaminado, hasta qué punto y sobre qué temas puede decidir la ciudadanía? Y ¿hasta qué punto ya no le corresponde a la ciudadanía?

OGM: En cada delegación se conforman comités y consejos por cada una de las colonias, barrios o pueblos (demarcaciones geográficas). De estos comités que son electos por votación popular se eligen cinco proyectos que tengan viabilidad. ¿Qué significa esto? 1) que el dinero que se les va a otorgar va al 100% para finaciar el proyecto y para asegurar que no se quede a la mitad. 2) que cada delegación cuente con la infraestructura humana y de recursos materiales para poder dar vida a este proyecto. 3) que sea una necesidad imperante en la comunidad. De estas se eligen entre una y cinco alternativas en cada una de las colonias, barrios o pueblos que existen en el Distrito Federal y se hace una elección directa, en voto libre y secreto, de los habitantes ciudadanos mayores de dieciocho años, en cada una de las colonias.

El IEDF organiza este ejercicio de participación ciudadana, hace el recuento de las opiniones, cuenta quién tuvo la mayoría de opiniones favorables y cuál fue el proyecto más votado, y entregamos a las delegaciones los resultados. Las delegaciones tienen forzosamente que ocupar este presupuesto en el proyecto que se haya votado.

#CC: ¿Cómo es el proceso para informar a los ciudadanos sobre estas decisiones? ¿A través de qué canales se hacen? Porque son procesos muy importantes, y existen muchas personas que no los conocen.

OGM: Los ciudadanos pueden registrar su proyecto (en fechas específicas) y con éste registro empieza la delegación a hacer un análisis de viabilidad. El IEDF por varios medios como spots en radio y TV, visitas en barrios y en colonias, actuaciones en calle, en redes sociales…invitamos a la ciudadanía a participar para que emitan su opinión. También es cierto que la ciudadanía del DF es muy amplia y es difícil llegar a todos los sectores, sobre todo con el presupuesto que tiene el IEDF para difundir estos ejercicios, aunque cada vez lo vamos a hacer mejor. Los spots en radio y televisión realmente son mínimos, los consejeros personalmente estuvimos en zonas de alto aforo como mercados y carreras deportivas, etc. para invitar a la ciudadanía a que participara. Esto se hace cada año. También quiero comentar, que tenemos la modalidad del voto, no nada más a través de forma directa presencial, si no que también, tenemos el voto electrónico. Podemos votar a través de nuestro teléfono celular, una PC, una tablet. Si entramos a la página web del IEDF nos redirecciona al micrositio donde tenemos el sistema de votación.

#CC: Es por eso que nos interesa difundir éste tipo de información en #cabildeociudadano, para dotar con herramientas a los ciudadanos para que puedan participar.

A parte de las visitas a las delegaciones y a ciertos eventos para acercarse a la gente, y tomando en cuenta que somos pocos quienes contamos con acceso a internet, ¿contempla el IEDF, en el caso de tomar alguna decisión sobre un parque público, por ejemplo, poner un stand de información para explicar los detalles sobre el proyecto? ¿Cómo son esos acercamientos del IEDF con la población para informar sobre esto?

OGM: Te voy a hablar de dos cosas. La primera es la feria de promoción para que la gente participe. Voy a poner otro ejemplo. El sistema de transporte colectivo Metro nos hizo favor de sacar un boleto conmemorativo en octubre. Sacó un tiraje de diez millones de boletos, y en éstos venía justamente la promoción de la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo, las fechas y cómo participar en el proceso. Por otro lado también tenemos spots de radio y televisión e inserciones en medios escritos. Hacemos perifoneo, hacemos asambleas vecinales y participación en ferias y en eventos públicos. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando se elige un proyecto y se le dan a la delegación los resultados y el presupuesto que tiene que ejercer? En ése sentido el IEDF está muy interesado en rendición de cuentas, en transparencia, en verificar efectivamente que el proyecto que ganó sea acreedor del presupuesto y que se ejecute. La legislación no nos permite en este momento meternos en la rendición de cuentas de las delegaciones, sin embargo hemos pensado abrir un micrositio en la página del IEDF en el cual podamos dar cuenta del avance de las obras y los proyectos ganadores.

#CC: De cara a las próximas elecciones de junio nos gustaría abordar el tema del voto. En México estamos viviendo en un sistema democrático en el que el voto es símbolo casi máximo de participación. Bien es cierto que el voto es el puente o primer paso para la elección de los representantes políticos y un medio para la participación ciudadana. Sin embargo, se han estado manifestado distintas posturas al respecto, como lo es la postura concreta de no votar. A partir de lo que el politólogo Mauricio Merino dice, “nuestros representantes son nuestros gobernantes y sólo pueden ser nuestros gobernantes si nos representan”, ¿cuáles son las posibilidades de participación para quienes sienten que votar es avalar un sistema con el cual no están de acuerdo?

OGM: En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el voto se ve como un derecho y como una obligación. Es decir, no solamente tengo el derecho de elegir a mis gobernantes si no también la obligación de hacerlo. Sabemos que es una ley imperfecta porque no tiene castigo, sin embargo es necesario e invito a la ciudadanía a ejercer ese derecho y a cumplir con esa obligación. Coincido en que debe haber un voto razonado; que la desilusión de muchos mexicanos por muchos casos de corrupción, de mala administración en la política, pueden llevar al descontento de muchos ciudadanos y orillarlos a tomar la decisión de no participar por no avalar un sistema politico con el cual no están de acuerdo. Sin embargo, es importante la participación para el cambio de éste sistema. Creo que es imprescindible que caminemos hacia un sistema de rendición de cuentas. Considero que la reforma electoral ahora comprende una figura que pudiera traducirse en rendición de cuentas que es la re-elección. Es decir, si yo veo que un diputado, que un senador, que un presidente municipal trabajó muy bien, pues entonces le doy mi voto para re-elegirlo. Y si considero que tuvo una mala administración, que no me siento representada por ese servidor(a) público(a), pues entonces le otorgo mi voto al de enfrente. Lo castigo con mi voto. Eso posibilita a los ciudadanos a tener un mayor control sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Ya los veremos en el 2018 de esta re-elección que va a ser efectiva podremos nosotros, los ciudadanos, castigar o premiar a los y las que hayan hecho una buena actuación. Específicamente en el IEDF ¿qué estamos haciendo para poder contar con un voto razonado? Estamos construyendo una página de internet para conocer el perfil de los candidatos. Va a tener el perfil curricular de experiencia en el servicio público, el control de confianza y la declaración patrimonial. Con esta herramienta los ciudadanos podrán tener un voto más razonado y no sentirán que van a votar por el señor del pendón de la esquina.

#CC: Más allá de quiénes se presenten como candidatos dentro de este contexto, hasta ahora hemos hablado de ejercer el voto para participar. El voto es solo una de las herramientas de participación ciudadana. ¿Qué esta haciendo el IEDF para promover otras herramientas de participación que no están solamente relacionadas con el voto? ¿Para la ciudadanía no hay posibilidades de participación sin el voto? ¿O cuáles son las oportunidades de participación para la ciudadanía más allá del voto?

OGM: Bueno estamos hablando del voto activo y del voto pasivo ¿no? El voto activo es el que damos todos los ciudadanos, manifestamos nuestra voluntad sobre tal o cual candidato para participar. En cuanto al voto pasivo, es decir, los candidatos independientes a los que queremos llegar, quisiera comentar que en esta reforma que acabamos de vivir y que estamos comenzando a ejercer en este año, se contempla la figura de candidaturas independientes. Claro que se contempla, dejame decirlo así, y desde mi perspectiva, es una manera de transición hacia una forma de participación más amplia. Un poquito de historia, no es la primera vez que tenemos candidaturas independientes en México. En la ley de 1911 contemplaba esta figura, tuvo consecuencias muy importantes en la configuración del congreso. Te pongo un ejemplo importante: en 1918, de 199 diputados federales sólo 22 fueron candidatos de partidos, el resto eran candidatos independientes. Esto cambió con la reforma de 1946; en esa reforma se restableció el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos. Y desde 1946 es hasta 2012 cuando se vuelve a poner las candidaturas ciudadanas en el panorama politico de México.

Al parecer existe un consenso en los países de todo el globo que permiten a las candidaturas independientes exigir para su registro una determinada cantidad de firmas de apoyo del candidato, claro el elemento importante es cuántas ¿no? Si ponemos un número muy alto se puede desvirtuar la figura de la candidatura independiente e impedir a los ciudadanos participar en la elección. En la mayoría de las legislaciones existentes el apoyo es entre el 0.1 y el 5% de los electores de un determinado distrito o municipio, o de un área geográfica. Algunos países también ponen requisitos adicionales, por ejemplo: no ser miembro de un partido politico en el momento de la postulación, o bien, pagar una fianza como es el caso de Irlanda. En los estados de la República se ha legislado en el caso de las candidaturas independientes. En algunos se han pedido requisitos excesivos para su registro. Por ejemplo en Zacatecas se requería el 5% de firmas para postularse al cargo de gobernador y 15% de firmas para ser diputado local. En este sentido es paradógico que sea más sencillo registrar un partido politico, donde se pide el 2% de firmas, que a un candidato independiente. Con esto se limita prácticamente el acceso ciudadano. Otro ejemplo Quintana Roo. En Quintana Roo se permite postular sólo un candidato independiente para cada uno de los cargos. En ese sentido los ciudadanos interesados tienen que entrar a una contienda interna, a una pre-campaña o movilizar a la ciudadanía para que voten por ellos, es decir, solamente puede haber un candidato por cada cargo. Claro, esto nos puede candidaturas más fuertes y más posibilidades de ganar, sin embargo también limita la participación ciudadana. En 2012 la iniciativa de reformas del COFIPE propuso establecer como requisitos de registro el 0.13% de las firmas y restringía la participación a dos candidatos independientes por cada cargo.

Ahora la pregunta es ¿cómo garantizo la participación de los ciudadanos como candidatos en las elecciones y que tengan posibilidades reales de ganar? Yo considero que hay un reto pendiente de los legisladores de cómo equilibrar la competencia electoral entre los candidatos independientes y los que cuentan con el apoyo de algún partido politico. Es decir, existe la necesidad de crear un modelo de competencia electoral en México a partir de la apertura de los derechos politicos de los ciudadanos. Sin embargo también quería comentar una postura que a mí me parece adecuada. José Woldenberg lo ha dicho en varios foros -que si bien es cierto que el artículo 35 nos da a los ciudadanos los derechos para poder ser votado para todos los cargos de elección popular, también es cierto que el sistema de partidos es indispensable para el desarrollo de la vida democrática del país. Esto viene desde la Antigua Grecia en la representación popular. Finalmente el candidato independiente tiene que agrupar a una serie de ciudadanos para que lo apoyen. Porque, finalmente ¿qué son los partidos políticos? un grupo de ciudadanos apoyando a otro grupo de ciudadanos para que accedan al poder. Y bueno el régimen de partidos está creado en México con entidades de interés público que tienen ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, lo que permite que la sociedad esté organizada en el quéhacer político.

#CC: Claro, en la teoría es un grupo de ciudadanos apoyando a otros para adquirir poder. En la práctica vemos que en las democracias más avanzadas se están moviendo hacia una democracia más participativa que hacia una democracia representativa. Y una democracia participativa permite que los ciudadanos se representen a sí mismos. En ése sentido juegan también los medios de comunicación un rol, de ser un espacio muy importante. Que es el tema que nos lleva a la siguiente pregunta. Los medios de comunicación, según varios sociólogos, entre ellos Manuel Castells, no son un cuarto poder, si no que son el espacio donde se deciden las relaciones de poder, donde se ejerce el poder y donde se crea el poder. Porque el problema con las candidaturas independientes y lo ha sido desde inicios de la historia de México es, que están allí, pero no están realmente en el espacio donde se decide el poder y no tienen, por comparación, la más minima influencia o recursos como para poder tomar un lugar en ese espacio

¿En qué sentido puede apoyar una institución como el IEDF a las candidaturas independientes para tener un espacio en este medio, en el ring donde se decide el poder? ¿Cuáles son las acciones que tu consideras nos van a ir llevando hacia una democracia que permita que realmente las candidaturas independientes entren en ese espacio, pasando de la opción a la posibilidad real de tener un espacio en el gobierno?

OGM: Bueno, hemos llegado a ésta situación porque el lenguaje de la antipolítica ha avanzado mucho entre nosotros. Los instrumentos con los que se construye la aspiración democrática y se consolidan los regímenes democráticos, tienen pésima fama. Los politicos, los partidos, se han convertido en lo peor, que solo ven por sus intereses. No es que los partidos no merezcan ser criticados pero esta retórica contrapone a los ciudadanos contra los partidos politicos. Y en lugar de asumir con seriedad que la reproducción de un sistema democrático necesita auténticos partidos que le den la vuelta al asunto, que estén con la sociedad, que no sean corruptos, entonces se pretende darle la vuelta sacando la candidatura independiente como una alternativa; es decir ¿cómo estos ciudadanos que no están contaminados no van a ser contaminados después? Aquí el problema es la corrupción, que los partidos están muy lejos de la ciudadanía y no velan por sus intereses. Cuando lo que realmente deberíamos de hacer y hacia donde deberíamos de caminar es hacia la transparencia, la rendición de cuentas, hacia decirle a los partidos politicos y hacia los representantes de la sociedad en general que no estamos contentos, que no nos están representando como deben hacerlo, que deben dejar de ver por sus intereses, y acercarse al pueblo. Lo bueno es que por esta vía se le da frescura a la contienda electoral y al mundo de la representación. Lo malo es que se desaprovechó la oportunidad para replantear con seriedad los requisitos para construer nuevos partidos, para facilitar la entrada al universo electoral de corrientes ideológicas que no se sientan representadas.

La reforma electoral permitió que ahora tengamos 10 partidos politicos, es decir, mejoró o facilitó la creación de nuevos espacios con nuevas visiones de representación. Pero, finalmente, la responsabilidad de la transparencia va hacia un partido político; a éste, el Estado le da dinero para promover la vida democrática del país, para la promoción de que jóvenes y mujeres participen cada vez más en política, y nosotros como autoridad electoral y como ciudadanos debemos obligarlos a llegar a esto. Considero que en esto vamos en el camino adecuado para llegar a una legislación que nos permita una mayor rendición de cuentas.

Yo clasificaría la última reforma politico-electoral de México como una reforma de transición. Estamos transitando de dos modelos, uno federal y varios locales, hacia un modelo nacional. Y de la misma manera estamos transitando en la participación ciudadana, de una figura de candidato independiente en la cual se torna difícil accede al poder. Sin embargo, es un paso adelante en el cual tenemos que seguir trabajando, y los legisladores tienen un reto en este sentido. Quisiera poner en la mesa qué pasaría si tuviéramos muy pocos requerimientos para las candidaturas independientes, que tuviéramos 146 candidatos, y que a cada uno habría que darles recursos para su campaña. ¿Qué tal que estos ciudadanos no tuvieran la seriedad que lo amerita? En ése sentido tiene que haber un equilibrio en el cual le demos seriedad y pongamos en la arena a ciudadanos que efectivamente tienen respaldo contra aquellos en los que vamos a erogar dinero y que realmente no van a tomar enserio esto. Debemos llegar a un punto medio.

#CC: ¿Cuáles son las acciones y programas en concreto que se están llevando a cabo para la formación de una ciudadanía que pueda hacer contrapeso a todas las cuestiones de corrupción y falta de transparencia? ¿Qué se contempla como educación cívico-democrática más allá de fomenter el voto? ¿Cómo contribuyen a caminar hacia una democracia de mayor transparencia y rendición de cuentas?

OGM: El IEDF tiene una gran trayectoria en educación cívica. Carlos González Martínez, miembro del Consejo, ha impulsado programas que ya tenía el Instituto tales como talleres en materia de educación cívica. Tenemos una ludoteca cívica en la cual, por medio de cuentos y obras de teatro acercan a los niños a educación cívica. Todos los años hacemos el concurso de cuento infantil y juvenil, tenemos publicaciones, concursos de debate, ayudamos a organizar elecciones en escuelas públicas y privadas; tenemos un programa muy amplio y creativo de educación cívica. Lo que hace falta es la difusion de todos estos programas.

#CC: Olga, muchas gracias por tu tiempo y por la información tan valiosa que compartiste con nosotros sobre lo que está haciendo el IEDF para que los ciudadanos tengamos mayor participación y logremos mayor incidencia.

OGM: En eso estamos, trabajando por la democracia de la Ciudad de México. Les agradezco mucho y me reitero a sus órdenes. Buenas tardes.


Bibliografía:

www.iedf.org.mx

– Maite Azuela, “Independientes de chocolate”, en

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/02/74733.php

– Mauricio Torres, “El nivel de abstencionismo “aceptable” pero crece en los últimos comicios”, en

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/03/26/el-nivel-de-abstencionismo-aceptable-pero-crece-en-los-ultimos-comicios

– Mauricio Merino, La participación ciudadana en la democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, en

http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/la_participacion_ciudadana_en_la.htm

– Salvador Camarena, “Dos mujeres, un distrito y dos desgracias”, en

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dos-mujeres-un-distrito-y-dos-desgracias.html

– Javier Sánchez Galicia, “Voto leal y voto switcher. ¿Quién define una elección?, en

http://www.slideshare.net/sanchezgalicia/voto-leal-y-voto-switcher

– Olga González Martínez: Twitter @ingolgaglez Facebook: Olga González Martínez

(imagen: Facebook/OlgaGonzálezMartínez)

Entrevistadoras: Julia Romero Villa y Sofía González Díaz

En una democracia funcional no existe votar por el “menos peor”

voto nulo

Una de las críticas más fuertes a los partidos políticos dentro del marco democrático es su tendencia a la exclusión. A lo que la Dra. Denise Dresser ha llamado en numerosas ocasiones el régimen de la partidocracia. Vivimos en un país en el que las malas prácticas de un partido se convirtieron en el status quo de la clase política. Es por eso que en la presente entrada planteo la perspectiva del No Voto y la participación ciudadana más allá del voto. Porque el votar como un hecho aislado no es necesariamente lo que nos hace ciudadanos.

Denise Dresser y otros periodistas de talla internacional han hablado en numerosas ocasiones sobre el andamiaje del sistema político mexicano, calificándolo de obsoleto o arcaico al referirse a la estructura del sistema en sí. Para poder ofrecer una perspectiva sobre el abstencionismo (o postura del No Voto) es necesario analizar al sistema político como un sistema disfuncional. Es por eso que decidí ahondar en esta perspectiva tomándola en cuenta como una voz o conjunto de voces, desde el respeto a su libertad de expresión, y desde lo que el mensaje de estas voces significa para el sistema y la participación ciudadana.

Es el sistema el que está corrupto, como menciona el periodista Jorge Zepeda en su artículo publicado en El País “Un país empriantanado”. Zepeda escribe: “El PRI ha convencido a las élites de las ventajas de chapotear en el lodo y de paso ha convertido la vida pública en un pantano infesto en el que todos ellos abrevan.” Pero la democracia no se agota en las elecciones. En otras palabras, la participación es indispensable para integrar la representación de las sociedades democráticas a través de los votos, pero no es la única posibilidad de participación. Una democracia funcional requiere de múltiples mecanismos de participación que garanticen que las voluntades diversas de la sociedad sean escuchadas y sus necesidades sociales sean atendidas.

Porque los candidatos, sean de partidos o independientes, una vez electos dejan de representar a los intereses de sus partidos y es su obligación representar a todos los ciudadanos. Una vez constituidos los órganos de gobierno, la participación se convierte en un campo de acción donde la sociedad civil puede y debe hacerse presente en la toma de decisiones políticas, pues estas decisiones afectan su vida cotidiana. `Participación también contiene “aquellas actividades legales emprendidas por ciudadanos que están directamente encaminadas a influir en la selección de los gobernantes”. A esto llamamos cabildeo ciudadano: ciudadanos comprometidos con una agenda social, que vigilan, accionan y evalúan y corrigen el rumbo de las políticas públicas que afectan el bienestar de todos.

Lester W. Milbrath, autor norteamericano de los años sesenta, sugiere que todos los ciudadanos tienen una forma específica de participación. Él compara la arena política con un arena de circo romano en donde concibe tres tipos de participantes: gladiadores, espectadores y apáticos. Sin espectadores, los gladiadores sencillamente dejarían de existir en la democracia, o peor aún, se convertirían en un espectáculo absurdo.

Entre las conclusiones de la investigación de Milbrath resalta que, aunque es prácticamente imposible que todos los ciudadanos participen de manera directa en la vida pública (pues es una situación utópica pensar que todas las personas pueden estar informados sobre todos los temas relevantes de la agenda política y social), es necesaria una cuota de participación en la que los ciudadanos se encuentren informados y activos en cuestiones públicas. Es imprescindible monitorear y evaluar las acciones de los gobernantes, y en caso de haber tomado un rumbo incierto, equivocado, o ilegal, tener la capacidad de corregir el rumbo.

En vísperas de las próximas elecciones son muchos los ciudadanos que expresan su apatía y legítimo disgusto, así como su voluntad de no votar a través de las redes sociales. Es entendible y hasta aplaudible que los ciudadanos, dentro de este contexto, manifiesten las razones por las cuáles han decidido no votar. Entre ellas se lee el disgusto de no querer participar de un sistema que está corrupto y al que no ven posibilidad de salvar.

Usando el ejemplo de Milbrath, hay muchos ciudadanos que han decidido y están decidiendo no participar de un espectáculo absurdo. El bajo porcentaje general de participación en las elecciones es alarmante. En países como Alemania, llegar a un porcentaje tan bajo de participación como el que en México se conoce como “normal” implicaría la caída del sistema. Eso no sólo significaría que el gobierno está haciendo muy mal su tarea, si no que el sistema de gobierno perdería la credibilidad. Si el voto nulo comunica la inconformidad con los candidatos, el no voto comunica la inconformidad con el sistema.

Es indispensable que el gobierno y la ciudadanía escuchen a las voces que están diciendo “no voy a participar de este sistema” porque los políticos, una vez que han sido elegidos, están en esa posición para representar a todas las voces. En una democracia funcional tiene tanto derecho el que expresa su disconformidad no votando como el que está convencido de un partido. En una democracia funcional no existe el “votar por el menos peor” o peor aún, valga la redundancia, “si no votas te jodes y no tienes derecho a reclamar”. Para entrar en una verdadera democracia tenemos que salir de ahí; tenemos que tener la capacidad de comprender e internalizar nuestros derechos y los derechos de todos.

Ejercer la ciudadanía en El país de uno, como diría Denise Dresser. Apropiarse de las calles, en el buen sentido, significa retomar el poder que “nos han quitado”, y lo pongo entre comillas porque no nos sirve de nada tomar el rol de víctimas. En realidad, para que alguien nos quite algo hace falta que renunciemos a que tenemos algún poder, control o influencia sobre nuestro entorno. Hasta cierto punto y por distintas razones hemos permitido que nos arrebaten de la mano el país y casi sin chistar, incluso enojándonos con los que chistan y reclaman sus derechos “porque nos es inconveniente que marchen y paralicen la ciudad”.

En la crisis actual por la que México está pasando es momento de tocar fondo y retomar las riendas de nuestro poder personal, ejercer el poder de los ciudadanos. Es tiempo de hacer una mirada crítica, y muy crítica, sin paleativos, sin engrandecer ni minimizar ningún hecho y sin depender de que “alguien más” lo haga primero o lo haga por nosotros. Dejar de ponerle adjetivos y pretextos a la democracia. Separar la paja del trigo. Dejar ir aquello que no funciona para abrir los ojos y ver nuevas posibilidades.

Es tiempo de acabar con la impunidad, sumarse a iniciativas, denunciar la corrupción, ejercer presión para que se haga justicia. Apoyar informando, debatiendo, escuchando a las necesidades del pueblo, contribuyendo a crear sociedades más justas. Es momento de salir de la mera indignación para pasar a la acción. Tomar nuestro rol como ciudadanos y contribuir a que otros tomen el suyo también. Hoy más que nunca se requiere de una capacidad de escuchar.

Apelando al llamado de la Dra. Dresser a asumirnos como héroes y retomar la valentía del personaje Frodo en El Señor de los Anillos, podemos decir que es imprescindible analizar y distinguir que lo que está mal es que el sistema no es un sistema democrático. Es un sistema feudal con algunas prácticas democráticas. En sus palabras “Una democracia condenada a la baja calidad, a la representación ficticia, al mal desempeño institucional, a partidos políticos alejados de las necesidades de la gente, aunque logren convocar a la gente al zócalo o a la sede partidista. A empresarios que le exigen al estado que cobre más impuestos, pero no al sector privado. A élites políticas adeptas en tomar decisiones cuestionables, corroídas por divisiones internas, incapaces de resolver problemas perennes de desigualdad y violencia. Todo ello producto de un sistema político y económico que demuestra serias fisuras”.

Es responsabilidad de los ciudadanos hacer esa distinción y saber que ese sistema es obsoleto, y nuestro rol es hacernos presentes para defender la vida, cada uno desde su posición. A este llamado no están excluidos los legisladores. Al contrario, lo primero que tiene que cambiar en nuestras mentes es que podamos comprender lo que significa realmente la democracia, para no conformarnos con algo que parece pero que en realidad no lo es y nunca lo será. Sin perder de vista lo anterior y escuchando a las demandas de la sociedad, desde este blog iniciamos y conducimos el diálogo hacia el ¿cómo sí?, pues tenemos claro lo que ya no queremos. Es tiempo de tener claro como sí queremos vivir, como sí queremos actuar, hacia dónde queremos movernos como sociedad. 

Julia Romero @Sashantia1

Comunicóloga y Maestra en Educación Intercultural

Bibliografía:

  • http://www.alternancia.com.mx/trabajara-iedf-en-programa-de-promocion-del-voto/.
  • Krauze, Enrique (1997): La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996). 1a. ed. Barcelona: Tusquets Editores (3).
  • Maite Azuela (2015): Independientes de chocolate. El Universal.mx. Available online at http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/02/74733.php.
  • Mauricio Merino: La participación ciudadana en la democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. Instituto Federal Electoral http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/la_participacion_ciudadana_en_la.htm#autor.
  •  http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/11/actualidad/1426103816_030550.html

(Imagen: http://lobos-solitarios.blogcindario.com)

Partidos políticos, funcionarios públicos y sociedad civil bajo un esquema de transparencia y libre expresión

transparencia y rendición de cuentas partidos políticos

Uno de los escándalos más sonados en los últimos meses es el relacionado con la construcción de la presa “El Titanic” a cargo del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. El gobernador mandó construir esta obra hidráulica de 120 metros de longitud y 80 de altura en 2011. El tema en disputa sobre la presa es que ésta colapsó recientemente producto del huracán “Odile”, afectando a pobladores y sacando a la luz que dicha obra estaba construida en un terreno perteneciente al gobernador, la cual almacenaba el agua y provocaba escasez en la zona a pesar de ser hecha con dinero público.

El origen de la corrupción en el país es tema de amplio debate entre sociólogos y politólogos. México es una república que organiza su democracia a partir de un sistema de partidos que dan forma y orden a la representatividad política y social. En este sentido, es responsabilidad de los partidos brindar una oferta ideológica y política a los ciudadanos para que se organicen y puedan participar en las contiendas electorales de las que salen los representantes que ocupan puestos de representación popular. Sin embargo, los problemas de representatividad que enfrenta la política mexicana son auspiciados en gran parte por los acuerdos partidarios existentes, los cuales perpetúan leyes y reglamentos que ligan su desempeño y carrera política con los intereses de su partido y no con los de la ciudadanía que en teoría representan.

En este esquema tampoco existen procesos de rendición de cuentas detallados al interior de dichos organismos políticos, hecho que favorece la opacidad y encubre casos de corrupción sin que haya de por medio juicios o procesos penales en contra de aquellos que violen la ley o se encuentren en posiciones comprometidas, como el gobernador Guillermo Padrés o como el caso del que fuera líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc de la Torre. Esta falta de compromiso con la legalidad ha propiciado que los partidos en muchas ocasiones terminen siendo cajas negras que ejercen recursos públicos sin rendir cuenta total de sus gastos y las actividades ciudadanas que desempeñan.

Los partidos como organismos políticos encargados de formar líderes sociales también han visto mermada su legitimidad, arropando militantes que no se apegan a la legalidad y encubriendo actos ilegales.

En este contexto, existe una propuesta emanada del “Tercer Congreso Nacional Ciudadano” organizado por Gilberto Lozano, el cual expresa una nueva interpretación sobre qué son los partidos políticos y cómo deben ser abordados los problemas surgidos de la cesión de la soberanía democrática.

Estos nuevos términos ciñen el desempeño partidista a la lógica laboral, argumentando que los funcionarios son trabajadores al servicio de los ciudadanos y que la sociedad civil, al pagar sus contribuciones tributarias, es dueña del destino laboral de todos los representantes elegidos o desempeñando algún cargo público. En resumen, bajo esta interpretación los partidos políticos son fiscalías de reclutación laboral donde quienes mandan son quienes pagan los impuestos.

Más allá de la conveniente o de lo políticamente correcto en términos conceptuales, es importante señalar que dicha solución tiene como origen los problemas de corrupción y el riesgo de permitir que personas de reputación comprometida o cuyo respeto al estado de derecho no sea una constante puedan afectar al sistema político y a las decisiones del país. El problema no es sencillo porque deben intervenir partidos políticos, funcionarios públicos y, desde luego, la sociedad civil bajo un esquema de transparencia y libre expresión, manifestado en medios de comunicación de calidad; de ahí la importancia de que temas como el del gobernador Padrés salgan a la luz pública y se discutan. Si bien no hay sistema político perfecto, sí deben existir los suficientes mecanismos legales y sociales para evitar que actos de corrupción tan flagrantes permanezcan impunes y sin consecuencia alguna.

(imagen: http://mexicanadecomunicacion.com.mx)

Anuncio de mega obras y proyectos, ¿estrategia para buscar legitimidad y resarcir los bajos niveles de aprobación del gobierno?

ANUNCIA AEROPUERTOEn el marco de la presentación del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República resalta la readopción de fórmulas previas a la alternancia del 2000 para la presentación de proyectos e informes de gobierno; y por otro lado, la capacidad política operativa para ejecutar proyectos de gran calado en una coyuntura donde la aprobación ciudadana del Ejecutivo Federal se encuentra a la baja, según encuestadores como Mitofsky.

El proyecto de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México se ha convertido en tema de muchos análisis, particularmente en función de lo ocurrido en 2002 con el plan fallido que presentó el entonces presidente Vicente Fox. El tema central en la cancelación del proyecto de aquel entonces fue la tenencia de la tierra y las protestas de los pobladores, asunto ante el que el gobierno federal parece haber hecho bien su trabajo en esta ocasión, ya que anunció que no se molestarán a los municipios vecinos porque los terrenos que se utilizarán son propiedad del gobierno federal.

El proyecto de 2002 propició que los dueños de las tierras de San Salvador Atenco, lugar donde se llevaría a cabo la construcción del aeropuerto, se agruparan en grupos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, incorporado al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, lo que derivó en enfrentamientos entre la fuerza pública y los pobladores.

En aquel entonces Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Llama la atención cómo en esta ocasión la estrategia del proyecto del aeropuerto ha tratado de evitar la confrontación, a diferencia de lo ocurrido en 2002, donde las demostraciones de uso excesivo de la fuerza fue un tema que acompañó al actual presidente durante los años posteriores a los enfrentamientos.

Una vida democrática obliga a hacer uso de las instituciones legales para evitar abusos de poder, y sobre todo para lograr consensos y velar siempre por el interés general. El escenario de esta nueva inversión no parecía muy distinto al ocurrido en 2002, sin embargo son notorios los resultados tan disímiles que obtuvieron uno y otro. El del presidente Peña, aunque aún temprano para sentenciar su éxito, sí evidencia que ha habido una estrategia de planeación y consenso que el gobierno panista no tuvo en su momento. Esta capacidad de llevar a cabo proyectos es uno de los elementos que distinguió al regimen priista durante sus gobiernos previos a la alternancia del 2000.

Llama también la atención que con el bombo y platillo con los que se anunció este proyecto de aeropuerto también se hayan anunciado proyectos de expansión de 4 líneas del metro en el Distrito Federal, entre otros. Estos proyectos vienen enmarcados en un momento en el que el Presidente ha tenido una tendencia a la baja en la aprobación de su mandato, a partir de los prácticamente nulos avances en materia económica a pesar de las reformas aprobadas.

Sin duda estos proyectos derivarán en mejoras para la competitividad del país y la movilidad de los mexicanos, sin embargo, no está de más resaltar el momento político que parece obligar al Presidente a buscar obras de gran contenido mediático ante la falta de resultados económicos que se reflejen en el bolsillo de los ciudadanos. Aún es temprano en el sexenio para tener una postura definitiva, pero vale la pena apuntar las diferencias entre regímenes, y sobre el aprovechamiento del anuncio de mega obras o proyectos como estrategia para buscar legimitidad y recuperar la tendencia negativa en los niveles de aprobación. No hay que dejar de lado tampoco que en el pasado este tipo de acciones terminaba por generar una espiral de endeudamiento y desestabilidad económica. Si bien el 2014 no se parece a lo ocurrido en la década de los 70 y 80, no está de más tenerlo en el mapa a manera de contexto y, sobre todo, como memoria histórica.

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México se encuentra en el último lugar en el listado de los países que integran la OCDE

Salario mínimo en México

(imagen: http://www.radiomonitortv.net)

Los salarios en el mundo son indicativos del valor que se le otorga al trabajo realizado, pero sobre todo sirven como indicador en la expectativa de calidad de vida. En México, al igual que en muchos países, el salario mínimo se establece de manera legal  y se ajusta año con año de acuerdo a la inflación y otros factores.

El objetivo de establecer un salario mínimo obedece a la necesidad de garantizar que los trabajadores obtengan un pago por su trabajo que permita cubrir las necesidades básicas como alimento, habitación, vestido y entretenimiento. Sin embargo, actualmente, la cifra que está vigente hoy para la zona A del país (donde se encuentra la Ciudad de México y es el más alto de las 3 zonas existentes) asciende a 64.76 pesos por 8 horas laborales, cifra que resulta insuficiente para garantizar el derecho constitucional a una vida digna y que se encuentra en el último lugar en el listado de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Aunque en el país los derechos sociales alivianan en varios estratos la carga económica a través de servicios públicos que cubren educación y salud, la realidad es que la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a estos servicios, o bien, no de la calidad que les permita superar su condición social de nacimiento, limitando así la movilidad social.

Igualmente, la cifra que México aporta como referencial de salario mínimo hoy en día está cuestionada por los incrementos desproporcionados que han sufrido servicios como el transporte y los procesos productivos o estacionales en los que se involucra la producción de artículos que integran la canasta básica. Esta situación ha generado un área de oportunidad para actores sociales y legisladores de sugerir y gestionar los cambios necesarios para revertir el deteriorio del salario que año con año se ve descompensado frente a la inflación y el alza de precios. Los principales actores de estas iniciativas son el Partido Acción Nacional, quien busca solucionarlo a través de una consulta ciudadana, y el Partido de la Revolución Democrática, que propone otorgar un aumento salarial de $80.00. El actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, propone un incremento a $82.00, alza propuesta a un corto plazo pues la meta es plantear el salario mínimo en  $171.00 diarios.

Las cifras planteadas como meta son muy alentadoras para la economía popular de México, pero ¿qué consecuencias podría generar este repentino cambio?. En el tema económico, un incremento repentino y tan grande podría generar inflación, pues los empleadores, al tener que incrementar el salario de sus trabajadores, supondrían que tendrían que trasladar dicho incremento a los productos o servicios que produzcan, subiendo el precio de estos y creando una espiral inflacionaria. Igualmente México podría perder competitividad frente a otros países como China y perder la ventaja geográfica para la producción de bienes a precios competitivos que se traduciría en menores inversiones. Sin embargo, un incremento en el salario supone también un aumento en el poder adquisitivo y por tanto en el consumo y la activación del ciclo económico.

En conclusión, estos cambios pondrían a prueba la capacidad de los tomadores de decisión para crear soluciones pensadas e instrumentadas con el objetivo de que el eventual aumento no creara una espiral que trajera más repercusiones negativas que beneficios. Al final, cualquier medida que se adopte debe ser pensada y ejecutada con la planeación debida, y no sólo orientada a lo electoral o sin un sustento que le de viabilidad; en el equilibrio de esta visión está la posibilidad de generar el andamiaje que permita mejorar la calidad de vida para las personas, por un lado, y acrecentar el tamaño de la economía mexicana en beneficio de todos, por el otro.

¿Cómo afecta la Ley de Telecomunicaciones a la democracia en México?

Ley de TelecomunicacionesLa semana pasada se aprobó la Ley Federal de Comunicaciones con claroscuros que ponen en entredicho los verdaderos intereses que la impulsaron. Entre los avances positivos que la reforma contiene están aquellos que benefician directamente el bolsillo de los usuarios de telefonía móvil, que, aunque importantes, es difícil entender por qué cosas como consultar el saldo o crédito del teléfono tenía un costo en algunas empresas. Entre los cambios que entrarán en vigor en 2015 están la obligación de no cobrar por preguntar dicho saldo, no cobrar tarifas de larga distancia ni de roaming y la vigencia del saldo en celular (al pasar de 2 meses a 12), notificación a los usuarios cuando cambien las condiciones de sus contratos y la posibilidad de cancelarlos cuando esto ocurra.

Sin embargo, con los beneficios también llegan las dudas y amenazas sobre los riesgos potenciales que las reformas aprobadas pueden traer consigo, y curiosamente la parte negativa no impacta en los bolsillos pero sí en las reglas del juego democrático. Entre las principales están: la requisa de los medios de comunicación en vías generales de comunicación cuando la seguridad nacional o interna estén amenazadas, la legalización del espionaje para apoyar a la justicia y la censura de contenidos audiovisuales a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Sobre la requisa de los medios de comunicación cuando el Estado tenga por obligación salvaguardar el orden y la seguridad pareciera ser algo lógico y natural a fin de retomar el control y el orden. Sin embargo, no deja de ser preocupante en un país donde las protestas y manifestaciones sociales tienen lugar en las vías generales de comunicación, no por gusto o necesidad, sino porque históricamente México no ha logrado construir la institucionalidad que permita dar solución a muchos de los problemas que no tienen otro camino que no sea la protesta pública y la visibilidad que otorgan las manifestaciones de esta naturaleza. La aprobación de la ley en los términos en los que está es prácticamente la legalización de un “estado de sitio” electrónico, con todos los riesgos que esto implica en materia de generación de información y visibilidad de los problemas y en el tratamiento de éstos por parte del Estado.

Otro de los problemas no menos alarmantes es la posibilidad de intervenir cualquier comunicación privada con aprobación judicial bajo petición de los cuerpos de seguridad. Igualmente, la producción de contenidos audiovisuales estarán a cargo de la SEGOB y no del instituto autónomo creado para esos fines. Asociar la aprobación de contenidos audiovisuales al poder político no es sano ni democrático en aras de garantizar la libertad de expresión. Hoy en día la Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de decir qué se aprueba y que no, qué es válido y qué no lo es.

Las dudas y alarmas que despierta la reforma no son gratuitas; el régimen actual es heredero del sistema de partido hegemónico que gobernó México durante buena parte del siglo XX, y, a pesar del discurso, no parece ser que haya cambiado sustancialmente el ADN que lo caracterizó a lo largo de los sexenios. En el fondo tampoco puede atribuirse a que sea un problema de partido, sino a la constitución y forma de ser de la práctica política mexicana y el ejercicio del poder. Es en esta naturaleza donde la ley de telecomunicaciones tiene sus riesgos, ¿cómo no ser suspicaces al respecto si en el pasado se han cometido grandes atropellos aún con la leyes “buenas”?

Aunque si bien se puede alegar sobre los beneficios de la reforma y de los candados que posee para que no ocurran atropellos, tampoco hay que olvidar que México no ha logrado consolidar la democracia y estas condiciones ponen en riesgo el proceso de hacerlo al no tener elementos sólidos de rendición de cuentas, evidenciados en una alta tasa de impunidad entre la clase política.

(imagen: http://revistainsighters.com.mx)

Internet: un medio de libertad de expresión y acceso a la información para la articulación ciudadana

Ley de telecomunicacionesRecientemente se aprobó en lo general la ley federal de comunicaciones, y esta semana se discutirá en sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores. La ley secundaria en materia de telecomunicaciones que se ha trabajado y discutido desde la aprobación de la reforma constitucional ha estado plagada de debates acerca de cómo abordarla en función del poder que ejercen los agentes económicos del sector en los asuntos públicos.

No es un misterio la concentración de los medios que existe en México; de hecho son 5 familias las que controlan más del 80% de la cobertura mediática en el país. La importancia de este hecho es que se convierte en un filtro para las expresiones, y por lo tanto para el debate público. Si no se tiene acceso a los medios difícilmente pueden expresarse las demandas en la esfera pública.

Es aquí donde el internet ha jugado un papel preponderante los últimos años. Si bien el país tiene una tasa de penetración de internet de poco más de 50 millones de usuarios, la red de redes ha sido el canal para poner en la discusión general temas que no han tenido cobertura en los medios tradicionales, muchas veces incluso llegando a posicionarlos. Esta condición ha sido posible porque no hay un línea editorial, un gerente o un contralor que filtre la información. En internet se puede encontrar la información tal cual ocurre y, en principio, sin filtros.

La proliferación de información plural en internet tiene que ver con su condición de neutralidad, es decir, la capacidad que tiene todos los individuos al acceso de contenidos y a participar en las comunidades digitales. El problema del dictamen que se discutirá esta semana es que la neutralidad de internet se compromete con los controles que el Estado pretende establecer.

Entre estos problemas está el control de información que se propone a los proveedores de servicios para que guarden la información de los usuarios hasta por dos años. Esta situación es una clara afrenta a la privacidad de los usuarios y, desde luego, una insinuación a la práctica de espionaje de cualquier persona que tenga un celular. Situación muy similar a lo que hoy sucede en Estados Unidos y que ha sido ampliamente denunciada en medios internacionales.

Otro de los temas preocupantes es la legalidad de bloquear las señales de telecomunicaciones de lugares geográficos concretos en momentos determinados. En otras palabras, el gobierno estaría en facultad de restringir el acceso al internet y todo lo que representa, por ejemplo en marchas o en eventos masivos.

Estos elementos sin duda vienen a ejercer controles excesivos, prácticamente Orwelianos, en momentos en donde la cultura digital es una realidad y ha servido como válvula de escape a un gobierno que ya no puede controlar todo lo que se dice. El mayor contrapeso de las acciones gubernamentales es la transparencia con que se tiene acceso a la información, tanto de programas de gobierno como de acciones concretas de los cuerpos estatales.

Internet no se trata sólo de música o videos, es la red que ha permitido la articulación ciudadana y hasta ahora ha sido territorio neutral. Internet es también una red que homologa las diferencias y desigualdades que se dan en las plataformas tradicionales. La reforma de telecomunicaciones pone el dedo en la llaga de un tema central en la joven democracia mexicana: la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin duda la discusión está abierta, y no sólo en el tema de internet, también en la concentración de los medios, que se traduce en acceso a nuevos competidores y por ende de nuevas voces y más oferta informativa, elementos cruciales en cualquier nación que busque ser desarrollada.

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¿Cómo se está llevando a cabo la discusión de las reformas?

La democracia es el gobierno de los consensos. Esta idea, aunque similar a la idea generalizada de la democracia como el “gobierno de la mayoría”, tiene una diferencia sustantiva: la inclusión de las minorías y otros grupos dentro del pacto social, pero no sólo una inclusión a partir de la ley, sino una inclusión a partir del ejercicio de construcción de políticas públicas. Entender bien esta idea ayuda a comprender lo crucial que resulta la construcción de acuerdos donde las fuerzas políticas estén integradas, de lo contrario se corre el riesgo de caer en lo que el sociólogo inglés, Alexis de Tocqueville, nombraba la “tiranía de la mayoría sobre la minoría”. Este tema es relevante porque define el grado de legitimidad de un gobierno específico, así como los mecanismos que pueden utilizar las fuerzas opositoras para canalizar sus demandas.

Si bien, desde el Tribuni Plebis de Roma hubo ejemplos muy claros de quiénes utilizaron la oposición y el populismo para llevar al Estado a situaciones límite, como Saturnino y Sulpicio, también es cierto que, cuando el Estado no cuenta con los mecanismos adecuados para recabar las demandas legítimas e incorporarlas a su gobierno, la oposición se radicaliza y se pone en grave riesgo la legitimidad y gobernabilidad. Un ejemplo claro de la misma época fueron las luchas por la ciudadanía romana, que al principio sólo estaba reservada para los patricios, pero que fue extendida a través de mucha sangre hacia los plebeyos y finalmente a los habitantes de colonias, ciudades y regiones aliadas, después de numerosas oposiciones del Senado.

El tema viene a colación porque en la discusión de las reformas que se está dando en nuestra República, parecería que la prioridad es sacarlas a toda costa, pero queda la duda de qué tanta discusión e inclusión se está generando para que las opiniones legítimas en contra de éstas se puedan expresar y puedan ser incluidas en la elaboración de las leyes. Si bien la mayoría de los legisladores desconoce el contenido de las iniciativas, existen académicos, consultores y organizaciones que tienen planteamientos respecto a cada una de ellas. La pregunta central que habría que responderse es: ¿se están discutiendo, abierta, inclusiva y transparentemente las reformas, en un ambiente propicio dada la importancia del tema?

Es claro que las reformas pueden ser aprobadas por mayoría, sin tomar en cuenta de manera alguna a la oposición, pero no son claros los beneficios que esto tendrá para la gobernabilidad, e incluso para la propia viabilidad de las reformas. Aquí es donde más importancia cobra el oficio político y la posibilidad de generar consensos con base en el entendimiento mutuo.

Construir ambientes democráticos no es sencillo. Sin embargo, es importante ser inclusivos siempre y privilegiar más allá de las posturas de partido; de esa manera, no sólo la discusión será beneficiada de la riqueza y pluralidad de posturas que pueden encontrarse en el Congreso y todos los órganos representativos, sino que el futuro político del país será más promisorio en cuanto a la generación de acuerdos y la estabilidad política.

Discusión reformas en el Senado Mexicano

(imagen: www.educacioncontracorriente.org)

Falta de claridad y resultados cuestionan el gobierno actual

EPNLa legitimidad de un gobierno puede alcanzarse por la vía de las instituciones y/o a través de las acciones de gobierno. Para ponerlo en perspectiva, en las democracias consolidadas los titulares del gobierno, sin importar que ganen por un sólo voto, adquieren   legitimidad suficiente ya ésta proviene de la aceptación general que tienen las instituciones mediante las cuales son electos. Países con menos desarrollo democrático sufren en ocasiones para dotar a sus gobernantes con la legitimidad de origen necesaria para gobernar y aplicar su plan de gobierno.

En México nos hemos visto varias veces en la problemática de un escaso margen de legitimidad. Un caso fue el cambio de gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, donde el resultado electoral levantó una desconfianza generalizada que obligó al presidente entrante a buscar en la detención del líder petrolero “La Quina” y en otras acciones, un margen mayor de legitimidad. En el sexenio anterior, Felipe Calderón se vio en esta misma situación al ser proclamado presidente después de un proceso electoral muy cuestionado que derivó en un triunfo por margen mínimo. Como consecuencia, tuvo que entablar una estrategia mediática de seguridad de la cual al día de hoy no se ven resultados claros.

En este sexenio, si bien el resultado de las elecciones no deja mucho lugar a especular sobre irregularidades que pudieran haber influido en el resultado final, sí existe un importante descontento ciudadano por las reformas antisociales del presidente Peña que le han valido los niveles de aceptación popular más bajos de los últimos sexenios. A este clima de insatisfacción ciudadana se suma la eterna promesa de que el país no ha crecido a los ritmos que debe por falta de reformas que den certidumbre al ejercicio económico para explotar la productividad y competitividad del país.

A un año y medio de distancia de la toma de posesión y después de que muchas de las reformas señaladas como necesarias han sido aprobadas, el día de hoy no hay una tasa de crecimiento promisoria; por el contrario, en días anteriores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó la tasa de crecimiento de 3.9% a 2.7% para el resto del año. Este tema tiene al sector económico en mayor descontento ante un panorama que cada vez luce más incierto para un gobierno que no ha logrado materializar en resultados sus promesas de campaña. Este sentimiento se suma a una ciudadanía insatisfecha, que lo expresa abiertamente en todas sus clases y sectores, y a un clima de violencia que termina por menguar al régimen.

Esta situación mina la legitimidad de un Presidente que se esfuerza en resaltar los beneficios de las reformas que ha logrado aprobar, pero sin reflejo en mejoras en el número de empleos, gasto público, certidumbre jurídica, seguridad, etc. Si bien la cercanía de su aprobación permite apostar a la posibilidad de revertir esta situación, parece que al país no le sobra mucha paciencia; entre unos que perciben cómo se desmantela el carácter social del estado y el interés colectivo; otros que, a pesar de las reformas, no ven las condiciones para generar los empleos y la productividad prometida; y otros tantos que viven con la existencia amenazada ante un Estado incapaz de garantizarles seguridad. La situación es delicada y este año será crucial en el futuro político del Presidente donde tendrá que apostar a acciones mediáticas contundentes que reviertan la coyuntura negativa en la que se encuentra.

(imagen: http://radiotrece.com.mx)

Escenario político mexicano actual: ¿ausencia de ideologías claras y representantes de éstas?

Subcomandante MarcosEl fin de semana el subcomandante “Marcos” reapareció en la escena pública tras 5 años de ausencia para comunicar que dejaría la vocería del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para ceder su cargo al “Subcomandante Insurgente Galeano”, personaje ficticio creado en referencia a un zapatista asesinado recientemente. Esta decisión obedece en palabras de “Marcos” a que su “personaje”  ya no tiene vigencia en la estrategia actual de resistencia del EZLN.

El argumento de una acción tan trascendente como cambiar la cara más visible de un movimiento siempre es válido y entendible en un contexto que exija dinamismo, o como respuesta a un cambio de coyuntura o de estructura. En el caso particular del hoy “extinto” Marcos no queda claro a qué obedece esta modificación, sobre todo porque no se vislumbra en la agenda un revire o un elemento en la situación que justifique la acción.

El EZLN forma parte de un movimiento que nació como guerrilla pero que viró hacia una fuerza política “de izquierda” y cuya situación hoy parece similar a la que esa ideología atraviesa en México; simplemente se ha diluido. Así lo demuestran también las diferencias que se aprecian al interior del PRD, en la pugna que es cada vez más evidente entre las corrientes agrupadas a los distintos “presidenciables”.

Pero también en el otro polo del espectro político se aprecian las diferencias. El PAN  renovó su dirigencia el fin de semana pasado en medio de un fuerte clima de descalificación y poca discusión respecto de su propuesta frente al gobierno actual, en una batalla en donde finalmente ganó el ala negociadora de las reformas.

Parecería ser que, frente al próximo periodo extraordinario de sesiones, en donde se discutirá legislación secundaria muy relevante para el país, el PRI va bien cobijado, sin oposición ideológica o fuerza política que pueda generarle un contratiempo.

Hay quienes dicen que el PRI ha operado para que esto suceda así, a través del fortalecimiento de las corrientes afines dentro de los partidos de oposición y el aislamiento de los grupos contrarios. Otros piensan que las propias fuerzas políticas tienden a fraccionarse cuando no existe un líder claro que las cohesione. Quizás lo que ha sucedido es una combinación de ambas, un escenario en donde no hay ideologías claras ni representantes de éstas.

(imagen: http://media.roarmag.org)