¿Cómo afecta la Ley de Telecomunicaciones a la democracia en México?
La semana pasada se aprobó la Ley Federal de Comunicaciones con claroscuros que ponen en entredicho los verdaderos intereses que la impulsaron. Entre los avances positivos que la reforma contiene están aquellos que benefician directamente el bolsillo de los usuarios de telefonía móvil, que, aunque importantes, es difícil entender por qué cosas como consultar el saldo o crédito del teléfono tenía un costo en algunas empresas. Entre los cambios que entrarán en vigor en 2015 están la obligación de no cobrar por preguntar dicho saldo, no cobrar tarifas de larga distancia ni de roaming y la vigencia del saldo en celular (al pasar de 2 meses a 12), notificación a los usuarios cuando cambien las condiciones de sus contratos y la posibilidad de cancelarlos cuando esto ocurra.
Sin embargo, con los beneficios también llegan las dudas y amenazas sobre los riesgos potenciales que las reformas aprobadas pueden traer consigo, y curiosamente la parte negativa no impacta en los bolsillos pero sí en las reglas del juego democrático. Entre las principales están: la requisa de los medios de comunicación en vías generales de comunicación cuando la seguridad nacional o interna estén amenazadas, la legalización del espionaje para apoyar a la justicia y la censura de contenidos audiovisuales a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Sobre la requisa de los medios de comunicación cuando el Estado tenga por obligación salvaguardar el orden y la seguridad pareciera ser algo lógico y natural a fin de retomar el control y el orden. Sin embargo, no deja de ser preocupante en un país donde las protestas y manifestaciones sociales tienen lugar en las vías generales de comunicación, no por gusto o necesidad, sino porque históricamente México no ha logrado construir la institucionalidad que permita dar solución a muchos de los problemas que no tienen otro camino que no sea la protesta pública y la visibilidad que otorgan las manifestaciones de esta naturaleza. La aprobación de la ley en los términos en los que está es prácticamente la legalización de un “estado de sitio” electrónico, con todos los riesgos que esto implica en materia de generación de información y visibilidad de los problemas y en el tratamiento de éstos por parte del Estado.
Otro de los problemas no menos alarmantes es la posibilidad de intervenir cualquier comunicación privada con aprobación judicial bajo petición de los cuerpos de seguridad. Igualmente, la producción de contenidos audiovisuales estarán a cargo de la SEGOB y no del instituto autónomo creado para esos fines. Asociar la aprobación de contenidos audiovisuales al poder político no es sano ni democrático en aras de garantizar la libertad de expresión. Hoy en día la Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de decir qué se aprueba y que no, qué es válido y qué no lo es.
Las dudas y alarmas que despierta la reforma no son gratuitas; el régimen actual es heredero del sistema de partido hegemónico que gobernó México durante buena parte del siglo XX, y, a pesar del discurso, no parece ser que haya cambiado sustancialmente el ADN que lo caracterizó a lo largo de los sexenios. En el fondo tampoco puede atribuirse a que sea un problema de partido, sino a la constitución y forma de ser de la práctica política mexicana y el ejercicio del poder. Es en esta naturaleza donde la ley de telecomunicaciones tiene sus riesgos, ¿cómo no ser suspicaces al respecto si en el pasado se han cometido grandes atropellos aún con la leyes “buenas”?
Aunque si bien se puede alegar sobre los beneficios de la reforma y de los candados que posee para que no ocurran atropellos, tampoco hay que olvidar que México no ha logrado consolidar la democracia y estas condiciones ponen en riesgo el proceso de hacerlo al no tener elementos sólidos de rendición de cuentas, evidenciados en una alta tasa de impunidad entre la clase política.
(imagen: //revistainsighters.com.mx)