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La reforma energética cambia drásticamente las condiciones para la competencia

Pemex en el libre mercadoLas reformas energéticas aprobadas parecen hechas como dictan los cánones del libre mercado: para favorecer la competencia, la calidad y el precio de los productos ofrecidos. Para llegar a esto, en las reformas aprobadas existen plazos y pasos a seguir para la apertura energética de México. La relevancia de estos plazos o “rondas” es porque en ellos están contenidos los tiempos y campos de acción que definen el futuro de Pemex, y de los cuales depende el marco de la competencia en el sector para hacerla una empresa más funcional.

Las consideraciones y lineamientos para la inversión pública y privada están a cargo de la Secretaria de Energía y en algunos casos favorecen a Pemex, pues incluyen los pozos petroleros más importantes para el país como el de Cantarell en Campeche (que hoy en día sigue ocupando el segundo lugar de producción mundial.)

El pasado miércoles 13 de agosto de 2014 se informó por conducto del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, los resultados de “La ronda cero.” De acuerdo con la información provista por el Secretario, Pemex operará el 83% de la explotación de hidrocarburos, lo que traducido a números significa que seguiría teniendo hegemonía económica frente a sus competidores que requieren costos eficientes para generar ganancias. Con esta regulación Pemex estaría en posición de explotar mil seiscientos millones de barriles de petróleo, generando una producción de 2.5 millones de barriles al día durante 20 años. A diferencia de las empresas privadas, Pemex usaría estos recursos para invertir en tecnología que le permita desarrollar los procesos de producción y refinación.

Sin embargo, la nueva política de licitaciones pone a Pemex en incapacidad para competir con las grandes empresas privadas extranjeras, pues llega en condiciones de desigualdad tecnológica y técnica para explotar pozos profundos. Esta desigualdad ubicaría de facto los 156 bloques que se ofrecerán en licitación prácticamente en su totalidad a una eventual inversión puramente privada debido a las carencias de la paraestatal mexicana.

Reformas como la energética cambian drásticamente las condiciones de competencia y, sobre todo, modifican de manera sustantiva el futuro de la vida económica del país. Con la promulgación de las leyes energéticas termina una era para México donde sus recursos naturales energéticos fueron considerados estratégicos y parte esencial del desarrollo público en manos del Estado mexicano. Si bien es cierto que en algunas áreas México se podrá beneficiar de una mayor inversión privada que generen empleos e incentiven el crecimiento económico, también hay que decir que el tema energético es sumamente conflictivo a nivel mundial y los intereses de las grandes corporaciones tienden a ser ajenos a los intereses de las poblaciones donde operan.

Con las reformas, Pemex debería aprovechar la oportunidad para pasar de ser una empresa pesada e ineficiente en todos sus niveles, a ser una empresa eficaz que pueda ofrecer dividendos a la economía de México; lo que implicaría reestructurase internamente y abordar con toda seriedad sus pasivos y temas como el del sindicato petrolero, que se ha convertido en un punto de corrupción sistémico que golpea su viabilidad como empresa. Con los cambios recientes, México pone a competir en el libre mercado a su empresa pública más importante con la consigna de ganar algo de un pastel que estará disputado por grandes especialistas; hecho que recuerda la finalización del modelo de sustitución de importaciones a principio de los 80 y que derivó en una fuerte crisis para la industria mexicana, producto de décadas de proteccionismo.

(imagen: http://www.jornada.unam.mx)

¿Cómo afecta la Ley de Telecomunicaciones a la democracia en México?

Ley de TelecomunicacionesLa semana pasada se aprobó la Ley Federal de Comunicaciones con claroscuros que ponen en entredicho los verdaderos intereses que la impulsaron. Entre los avances positivos que la reforma contiene están aquellos que benefician directamente el bolsillo de los usuarios de telefonía móvil, que, aunque importantes, es difícil entender por qué cosas como consultar el saldo o crédito del teléfono tenía un costo en algunas empresas. Entre los cambios que entrarán en vigor en 2015 están la obligación de no cobrar por preguntar dicho saldo, no cobrar tarifas de larga distancia ni de roaming y la vigencia del saldo en celular (al pasar de 2 meses a 12), notificación a los usuarios cuando cambien las condiciones de sus contratos y la posibilidad de cancelarlos cuando esto ocurra.

Sin embargo, con los beneficios también llegan las dudas y amenazas sobre los riesgos potenciales que las reformas aprobadas pueden traer consigo, y curiosamente la parte negativa no impacta en los bolsillos pero sí en las reglas del juego democrático. Entre las principales están: la requisa de los medios de comunicación en vías generales de comunicación cuando la seguridad nacional o interna estén amenazadas, la legalización del espionaje para apoyar a la justicia y la censura de contenidos audiovisuales a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Sobre la requisa de los medios de comunicación cuando el Estado tenga por obligación salvaguardar el orden y la seguridad pareciera ser algo lógico y natural a fin de retomar el control y el orden. Sin embargo, no deja de ser preocupante en un país donde las protestas y manifestaciones sociales tienen lugar en las vías generales de comunicación, no por gusto o necesidad, sino porque históricamente México no ha logrado construir la institucionalidad que permita dar solución a muchos de los problemas que no tienen otro camino que no sea la protesta pública y la visibilidad que otorgan las manifestaciones de esta naturaleza. La aprobación de la ley en los términos en los que está es prácticamente la legalización de un “estado de sitio” electrónico, con todos los riesgos que esto implica en materia de generación de información y visibilidad de los problemas y en el tratamiento de éstos por parte del Estado.

Otro de los problemas no menos alarmantes es la posibilidad de intervenir cualquier comunicación privada con aprobación judicial bajo petición de los cuerpos de seguridad. Igualmente, la producción de contenidos audiovisuales estarán a cargo de la SEGOB y no del instituto autónomo creado para esos fines. Asociar la aprobación de contenidos audiovisuales al poder político no es sano ni democrático en aras de garantizar la libertad de expresión. Hoy en día la Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de decir qué se aprueba y que no, qué es válido y qué no lo es.

Las dudas y alarmas que despierta la reforma no son gratuitas; el régimen actual es heredero del sistema de partido hegemónico que gobernó México durante buena parte del siglo XX, y, a pesar del discurso, no parece ser que haya cambiado sustancialmente el ADN que lo caracterizó a lo largo de los sexenios. En el fondo tampoco puede atribuirse a que sea un problema de partido, sino a la constitución y forma de ser de la práctica política mexicana y el ejercicio del poder. Es en esta naturaleza donde la ley de telecomunicaciones tiene sus riesgos, ¿cómo no ser suspicaces al respecto si en el pasado se han cometido grandes atropellos aún con la leyes “buenas”?

Aunque si bien se puede alegar sobre los beneficios de la reforma y de los candados que posee para que no ocurran atropellos, tampoco hay que olvidar que México no ha logrado consolidar la democracia y estas condiciones ponen en riesgo el proceso de hacerlo al no tener elementos sólidos de rendición de cuentas, evidenciados en una alta tasa de impunidad entre la clase política.

(imagen: http://revistainsighters.com.mx)

¿Por qué está estancada la economía en México?

economía México 2014

(imagen: http://1.bp.blogspot.com)

Entre los empresarios y directivos de empresas, durante muchos meses se comentaba sólo en corto, en confianza, porque nadie quería criticar abiertamente al actual gobierno. Sin embargo, la situación ya rebasó la tolerancia de muchos y uno de los grandes temas de las conversaciones en todos los sectores es el desempeño de la economía. Es una realidad que, a poco más de 18 meses del inicio del gobierno de Peña Nieto, no se ha visto el crecimiento ni la inversión que se prometió ni se comprometió en campaña como resultado de la aprobación de las reformas estructurales, o la aceleración en el gasto público.

El tema fundamental para entender el por qué de la estancada economía, pese a que se aprobaron las reformas, tiene que ver con la aplicación de las políticas económicas y fiscales, que lejos de apoyar el crecimiento del país, han terminado en empantanar la inversión y el gasto público. Todos parecen señalar a un responsable de esto: el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hombre de toda la confianza del Presidente Peña, que según varios expertos ha cometido errores que explican dicha situación.

El principal error ha sido modificar la política económica que tan buenos resultados macroeconómicos ha dado en los últimos 25 años, principalmente al jugar con el déficit público que se manejó prácticamente invariable en los últimos sexenios. Tampoco ha manejado una deuda sana de gobierno y no ha liberado adecuadamente el gasto público desde 2013, hecho que tiene a muchas empresas y a la economía general estancada ante la incertidumbre y la imposibilidad de prever qué ocurriría para invertir y generar empleos.

Ante esto, las empresas mantienen un pronóstico moderado que no les permite avanzar ni generar capital que se traduzca en crecimiento económico y en mayor ingreso para los mexicanos. Aunque el Secretario de Hacienda afirma que el resultado de las reformas se traducirá en crecimiento económico en 2016, esta fecha resulta lejana, sobre todo en el mantenimiento del capital político y el apoyo empresarial, donde varios empresarios se han quejado abiertamente del mal manejo económico, e incluso, comentan, le han solicitado al Presidente su intervención directa.

El 2016 luce lejano en un momento en donde aún faltan reformas secundarias por discutir, pero sobre todo, donde empresarios y clases medias han empezado a resentir los efectos de una política hacendaria que no amplía la base gravable y le carga la mano a las clases medias y a los emprendedores. Las grandes empresas también han tenido que ajustar sus previsiones de crecimiento de la nueva situación fiscal derivada de la reforma y no están de acuerdo en que se les cobre más impuestos.

En suma, da la impresión de que el capital político del Ejecutivo Federal, y en particular del Secretario de Hacienda, se está agotando; así lo demuestran los bajos niveles de aceptación que se han publicado recientemente. El año que viene será crucial para ver si hay un cambio en la expectativa de crecimiento y en la manera de ejercer el gasto. El mejor termómetro serán las elecciones intermedias de 2015, en las que veremos qué tanto respaldo le da la ciudadanía a cada una de las fuerzas políticas.

¿Cómo se está llevando a cabo la discusión de las reformas?

La democracia es el gobierno de los consensos. Esta idea, aunque similar a la idea generalizada de la democracia como el “gobierno de la mayoría”, tiene una diferencia sustantiva: la inclusión de las minorías y otros grupos dentro del pacto social, pero no sólo una inclusión a partir de la ley, sino una inclusión a partir del ejercicio de construcción de políticas públicas. Entender bien esta idea ayuda a comprender lo crucial que resulta la construcción de acuerdos donde las fuerzas políticas estén integradas, de lo contrario se corre el riesgo de caer en lo que el sociólogo inglés, Alexis de Tocqueville, nombraba la “tiranía de la mayoría sobre la minoría”. Este tema es relevante porque define el grado de legitimidad de un gobierno específico, así como los mecanismos que pueden utilizar las fuerzas opositoras para canalizar sus demandas.

Si bien, desde el Tribuni Plebis de Roma hubo ejemplos muy claros de quiénes utilizaron la oposición y el populismo para llevar al Estado a situaciones límite, como Saturnino y Sulpicio, también es cierto que, cuando el Estado no cuenta con los mecanismos adecuados para recabar las demandas legítimas e incorporarlas a su gobierno, la oposición se radicaliza y se pone en grave riesgo la legitimidad y gobernabilidad. Un ejemplo claro de la misma época fueron las luchas por la ciudadanía romana, que al principio sólo estaba reservada para los patricios, pero que fue extendida a través de mucha sangre hacia los plebeyos y finalmente a los habitantes de colonias, ciudades y regiones aliadas, después de numerosas oposiciones del Senado.

El tema viene a colación porque en la discusión de las reformas que se está dando en nuestra República, parecería que la prioridad es sacarlas a toda costa, pero queda la duda de qué tanta discusión e inclusión se está generando para que las opiniones legítimas en contra de éstas se puedan expresar y puedan ser incluidas en la elaboración de las leyes. Si bien la mayoría de los legisladores desconoce el contenido de las iniciativas, existen académicos, consultores y organizaciones que tienen planteamientos respecto a cada una de ellas. La pregunta central que habría que responderse es: ¿se están discutiendo, abierta, inclusiva y transparentemente las reformas, en un ambiente propicio dada la importancia del tema?

Es claro que las reformas pueden ser aprobadas por mayoría, sin tomar en cuenta de manera alguna a la oposición, pero no son claros los beneficios que esto tendrá para la gobernabilidad, e incluso para la propia viabilidad de las reformas. Aquí es donde más importancia cobra el oficio político y la posibilidad de generar consensos con base en el entendimiento mutuo.

Construir ambientes democráticos no es sencillo. Sin embargo, es importante ser inclusivos siempre y privilegiar más allá de las posturas de partido; de esa manera, no sólo la discusión será beneficiada de la riqueza y pluralidad de posturas que pueden encontrarse en el Congreso y todos los órganos representativos, sino que el futuro político del país será más promisorio en cuanto a la generación de acuerdos y la estabilidad política.

Discusión reformas en el Senado Mexicano

(imagen: www.educacioncontracorriente.org)

Falta de claridad y resultados cuestionan el gobierno actual

EPNLa legitimidad de un gobierno puede alcanzarse por la vía de las instituciones y/o a través de las acciones de gobierno. Para ponerlo en perspectiva, en las democracias consolidadas los titulares del gobierno, sin importar que ganen por un sólo voto, adquieren   legitimidad suficiente ya ésta proviene de la aceptación general que tienen las instituciones mediante las cuales son electos. Países con menos desarrollo democrático sufren en ocasiones para dotar a sus gobernantes con la legitimidad de origen necesaria para gobernar y aplicar su plan de gobierno.

En México nos hemos visto varias veces en la problemática de un escaso margen de legitimidad. Un caso fue el cambio de gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, donde el resultado electoral levantó una desconfianza generalizada que obligó al presidente entrante a buscar en la detención del líder petrolero “La Quina” y en otras acciones, un margen mayor de legitimidad. En el sexenio anterior, Felipe Calderón se vio en esta misma situación al ser proclamado presidente después de un proceso electoral muy cuestionado que derivó en un triunfo por margen mínimo. Como consecuencia, tuvo que entablar una estrategia mediática de seguridad de la cual al día de hoy no se ven resultados claros.

En este sexenio, si bien el resultado de las elecciones no deja mucho lugar a especular sobre irregularidades que pudieran haber influido en el resultado final, sí existe un importante descontento ciudadano por las reformas antisociales del presidente Peña que le han valido los niveles de aceptación popular más bajos de los últimos sexenios. A este clima de insatisfacción ciudadana se suma la eterna promesa de que el país no ha crecido a los ritmos que debe por falta de reformas que den certidumbre al ejercicio económico para explotar la productividad y competitividad del país.

A un año y medio de distancia de la toma de posesión y después de que muchas de las reformas señaladas como necesarias han sido aprobadas, el día de hoy no hay una tasa de crecimiento promisoria; por el contrario, en días anteriores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó la tasa de crecimiento de 3.9% a 2.7% para el resto del año. Este tema tiene al sector económico en mayor descontento ante un panorama que cada vez luce más incierto para un gobierno que no ha logrado materializar en resultados sus promesas de campaña. Este sentimiento se suma a una ciudadanía insatisfecha, que lo expresa abiertamente en todas sus clases y sectores, y a un clima de violencia que termina por menguar al régimen.

Esta situación mina la legitimidad de un Presidente que se esfuerza en resaltar los beneficios de las reformas que ha logrado aprobar, pero sin reflejo en mejoras en el número de empleos, gasto público, certidumbre jurídica, seguridad, etc. Si bien la cercanía de su aprobación permite apostar a la posibilidad de revertir esta situación, parece que al país no le sobra mucha paciencia; entre unos que perciben cómo se desmantela el carácter social del estado y el interés colectivo; otros que, a pesar de las reformas, no ven las condiciones para generar los empleos y la productividad prometida; y otros tantos que viven con la existencia amenazada ante un Estado incapaz de garantizarles seguridad. La situación es delicada y este año será crucial en el futuro político del Presidente donde tendrá que apostar a acciones mediáticas contundentes que reviertan la coyuntura negativa en la que se encuentra.

(imagen: http://radiotrece.com.mx)

Mientras miembros de los partidos políticos pugnan entre sí, las reformas esperan…

congreso de la unión

México necesita urgentemente las grandes reformas estructurales que se han planteado desde hace varios años. Cosa de recordar que, al menos durante los años en que el PAN gobernó a México desde la Presidencia de la República, y al frente de la administración federal, no fue capaz de construir con la oposición (el PRI y el PRD en ese tiempo, principalmente) una mayoría que le permitiera transitar dichos cambios constitucionales en el Congreso. Quizá la explicación por la cual los partidos decidieron no cooperar con el Ejecutivo fue el propio sistema presidencialista, y la falta de incentivos para que el partido en el poder pudiera hacerse con ese “triunfo” político. El sistema presidencial ha mostrado que genera más bien incentivos negativos y, en ocasiones, los partidos hacen uso de estas prerrogativas para generar contrapesos directos a quien encabeza al Gobierno Federal.

La explicación de esta parálisis legislativa pudiera llegar a ser entendible, más no justificable. Las grandes reformas deben transitar por el Congreso, aún a pesar del sistema presidencial y el contrapeso parlamentario. Y durante mucho tiempo en México se detuvieron estos grandes cambios por las razones descritas anteriormente.

En el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, con la creación del “Pacto por México”, las reformas constitucionales fueron posibles – un logro histórico – y la mayoría necesaria fue construida de forma eficiente y con un excelente manejo político para algunas de estas reformas estructurales. Ahora faltan las reformas secundarias que darán viabilidad a estos cambios estructurales. Sin embargo, la pugna seguirá ahora en el Congreso de la Unión por ello.

Lo que resulta más curioso es que si las reformas secundarias están detenidas, no se debe a la oposición, sino a los pleitos internos de quienes ahora lo son (PAN y PRD). En el caso de Acción Nacional, la batalla por la presidencia del partido entre calderonistas y maderistas ha llegado a un nivel destructivo y divisorio, que amenaza con dinamitar lo poco que queda de ese partido. Y en el caso del PRD, la lucha actual entre el grupo de “Los Chuchos” contra Marcelo Ebrard por una parte, y contra los radicales por otra, también los tiene envueltos en una dinámica que no les permite avanzar.

Por todo lo anterior, resulta paradójico que las reformas que siguen siendo necesarias estén nuevamente detenidas en el Congreso, pero no por culpa de los contrapesos naturales del sistema presidencial, sino por la división de los partidos de oposición que siguen sin poder resolver su situación interna. Y como si no hubiera cosas urgentes que atender, también el gobierno federal tendrá que delinear una ruta para tratar con ellos y volver a sacar adelante los cambios legislativos que tanto se requieren.

(Imagen: www.eluniversal.com.mx)