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explotación y trabajo infantil(http://www.proyectodiez.mx)

El tema de la explotación infantil es un problema grave que aqueja a la población mexicana y es un indicador alarmante en materia social y económica. De acuerdo con cifras del Módulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2007), en México, 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad se encuentran desempeñando alguna actividad económica.

Estas cifran representan aproximadamente el 12.5% de la población infantil de ese rango de edad; de esta cifra, 1.1 millones son menores de 14 años, es decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar establecida por la Ley Federal del Trabajo. En el mismo tenor, aproximadamente 7 de cada 10 niños que trabajan entre los 5 y 17 años de edad viven en zonas rurales de México, mientras que 3 de cada 10 lo hacen en las ciudades. Estos porcentajes equivalen al alarmante número de 1,114,991 niños y niñas.

Los números brindan evidencia cuantitativa de una problemática social y económica que tiene muchas líneas de lectura. La más relevante es la causal, que implica la razón de por qué trabajan y las condiciones familiares en las que se encuentran. Si se trata de hijos en familias con alto índice de marginación se habla de la falta de una política social que permita que, sin importar la condición social o lugar de nacimiento, el Estado tenga la capacidad de brindar educación gratuita y garantizar que permanezcan en la escuela con todo lo que esto implica. Otra lectura del problema tiene que ver con la burocracia y la efectividad con que el asunto es atendido a través de políticas públicas que permitan, dependiendo el caso en que se trate, establecer y seguir una ruta de acción efectiva a través de las instituciones de Desarrollo Social o del Desarrollo Integral de la Familia para encauzar nuevamente a los infantes y reintegrarlos a las actividades propias de su edad, y que están establecidas en la ley.

Los niños que trabajan lo hacen por múltiples factores y no todos se encuentran en el mismo grado de vulnerabilidad. Sin embargo, en todos los casos se viola el principio legal de que éstos no deben trabajar hasta cumplida cierta edad, en la cual se asume que han concluido los estudios básicos que les permitan por lo menos los conocimientos básicos necesarios para insertarse en una vida productiva formal.

Otro de los problemas fundamentales que derivan de la explotación infantil es que se compromete la capacidad de los niños para convertirse en ciudadanos en toda la extensión del concepto y contribuir a la sociedad de la que forman parte. En este sentido, el Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, usando su facultad para emitir iniciativas de ley, presentó el 1 de septiembre una inciativa que pretende abordar esta problemática.

Ésta se presentó en el evento “México sin trabajo”, donde ante representantes de organismos internacionales y titulares de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, el Ejecutivo Federal puntualizó su compromiso para la entrega de dicha iniciativa en su carácter de preferente, la cual exhorta al Senado de la República a ratificar el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo para elevar la edad mínima de empleo en el país.

La iniciativa enviada por el presidente Peña busca tipificar con claridad las diferentes clases de trabajos que existen y las condiciones generales en las cuales el problema se tipifica y conceptualiza para la correcta ejecución de problemas. Se ratifican los derechos de los niños y los jóvenes, establece responsabilidades y crea instituciones y reglamentos enmarcados en tratados internacionales y convenciones en materia de protección infantil para temas de importancia como el bullying.

Estas reformas avanzan bien, en un momento en el cual era necesario dar orden y claridad conceptual al problema de cara a su tratamiento por parte de las instituciones encargadas. Sin embargo, es necesario ser enfáticos en que, aunque es un avance significativo, el problema de fondo no es la ambigüedad del concepto o de la ley, sino las condiciones sociales y económicas que propician la explotación de menores, y de buena parte de la población mexicana también.

Anuncio de mega obras y proyectos, ¿estrategia para buscar legitimidad y resarcir los bajos niveles de aprobación del gobierno?

ANUNCIA AEROPUERTOEn el marco de la presentación del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República resalta la readopción de fórmulas previas a la alternancia del 2000 para la presentación de proyectos e informes de gobierno; y por otro lado, la capacidad política operativa para ejecutar proyectos de gran calado en una coyuntura donde la aprobación ciudadana del Ejecutivo Federal se encuentra a la baja, según encuestadores como Mitofsky.

El proyecto de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México se ha convertido en tema de muchos análisis, particularmente en función de lo ocurrido en 2002 con el plan fallido que presentó el entonces presidente Vicente Fox. El tema central en la cancelación del proyecto de aquel entonces fue la tenencia de la tierra y las protestas de los pobladores, asunto ante el que el gobierno federal parece haber hecho bien su trabajo en esta ocasión, ya que anunció que no se molestarán a los municipios vecinos porque los terrenos que se utilizarán son propiedad del gobierno federal.

El proyecto de 2002 propició que los dueños de las tierras de San Salvador Atenco, lugar donde se llevaría a cabo la construcción del aeropuerto, se agruparan en grupos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, incorporado al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, lo que derivó en enfrentamientos entre la fuerza pública y los pobladores.

En aquel entonces Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Llama la atención cómo en esta ocasión la estrategia del proyecto del aeropuerto ha tratado de evitar la confrontación, a diferencia de lo ocurrido en 2002, donde las demostraciones de uso excesivo de la fuerza fue un tema que acompañó al actual presidente durante los años posteriores a los enfrentamientos.

Una vida democrática obliga a hacer uso de las instituciones legales para evitar abusos de poder, y sobre todo para lograr consensos y velar siempre por el interés general. El escenario de esta nueva inversión no parecía muy distinto al ocurrido en 2002, sin embargo son notorios los resultados tan disímiles que obtuvieron uno y otro. El del presidente Peña, aunque aún temprano para sentenciar su éxito, sí evidencia que ha habido una estrategia de planeación y consenso que el gobierno panista no tuvo en su momento. Esta capacidad de llevar a cabo proyectos es uno de los elementos que distinguió al regimen priista durante sus gobiernos previos a la alternancia del 2000.

Llama también la atención que con el bombo y platillo con los que se anunció este proyecto de aeropuerto también se hayan anunciado proyectos de expansión de 4 líneas del metro en el Distrito Federal, entre otros. Estos proyectos vienen enmarcados en un momento en el que el Presidente ha tenido una tendencia a la baja en la aprobación de su mandato, a partir de los prácticamente nulos avances en materia económica a pesar de las reformas aprobadas.

Sin duda estos proyectos derivarán en mejoras para la competitividad del país y la movilidad de los mexicanos, sin embargo, no está de más resaltar el momento político que parece obligar al Presidente a buscar obras de gran contenido mediático ante la falta de resultados económicos que se reflejen en el bolsillo de los ciudadanos. Aún es temprano en el sexenio para tener una postura definitiva, pero vale la pena apuntar las diferencias entre regímenes, y sobre el aprovechamiento del anuncio de mega obras o proyectos como estrategia para buscar legimitidad y recuperar la tendencia negativa en los niveles de aprobación. No hay que dejar de lado tampoco que en el pasado este tipo de acciones terminaba por generar una espiral de endeudamiento y desestabilidad económica. Si bien el 2014 no se parece a lo ocurrido en la década de los 70 y 80, no está de más tenerlo en el mapa a manera de contexto y, sobre todo, como memoria histórica.

(imagen: http://www.sinembargo.mx)

Gendarmería NacionalLos problemas de delincuencia en México son una constante que ha derivado en cambios institucionales de importancia. La estrategia de seguridad y ataque al crimen organizado que implementó Felipe Calderón se basó en la guerra y confrontación directa con el narcotráfico y los delitos derivados de esta actividad ilícita.

Esta estrategia trajo consigo, además de las detenciones y abatimiento de algunas cabecillas del crimen organizado, un saldo oficial de sesenta mil defunciones (incluyendo civiles), sin contar la gran cantidad de desaparecidos de los que sigue sin tenerse noticia.

La administración del actual presidente Enrique Peña Nieto ha optado por una estrategia enfocada mayormente en la prevención; como resultado de esto emitió un decreto donde se crea un órgano dependiente a la Policía Federal llamada “La Gendarmería Nacional”. Esta corporación policial surge por la necesidad de incrementar la presencia gubernamental al momento de garantizar la seguridad. En términos legales la corporación busca salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes, en las instalaciones, eventos, comunidades, regiones, zonas, rutas o puntos estratégicos que determine, para proteger las fuentes de empleo derivadas de los ciclos económicos y productivos, que estén relacionados, entre otros, con el turismo, la agricultura, la industria, la ganadería, la minería, la pesca y la generación de infraestructura para coadyuvar al desarrollo económico y social de México.

La nueva Gendarmería Nacional estará compuesta de jóvenes que anteriormente participaron en las Fuerzas Armadas, con el fin de evitar los problemas de corrupción y para darle un fondo más social. Uno de los objetivos que se pretende con esta visión es la incorporación de jóvenes con la intención de revalorar los juicios que se entienden por la profesión de policía.

 Esta incorporación juvenil va de la mano con los delitos en los cuales se van a centrar estos nuevos miembros de la policía, pues su tarea está enfocada en los delitos de alto impacto como violaciones, homicidio doloso, robo a casa habitación, extorsión, robo con violencia y secuestro, delitos que impactan directamente en la actividad económica.

En conclusión, esta nueva división de las corporaciones policiales no es más que una respuesta a un problema que ha resultado ser más complejo que la simple lucha frontal con un marco institucional no diseñado para hacer frente a él. En este sentido la Gendarmería Nacional busca ser una adecuación institucional a las corporaciones de seguridad para dar respuesta y sobre todo resultados, después de al menos un lustro de no observar resultados tangibles y en territorios en los que el Estado no tiene control ni gobierno. Aunque la intención está basada en una necesidad real, aún habrá que esperar los resultados de esta nueva institución, que se inserta en una dinámica cultural arraigada en la corrupción y de la cual depende en gran medida el éxito de las actividades de seguridad.

(imagen: http://noticias.prodigy.msn.com)

El hambre: una limitante para la democracia.

Cruzada Nacional Contra el Hambre(imagen: http://fotos.libertadguerrero.net)

La necesidad y el hambre son de las principales limitantes para el desarrollo ciudadano, y por ende democrático. En la República Mexicana se estima que 28 millones de personas padecen hambre, esta problemática motivó a que el presidente Enrique Peña Nieto propusiera el 21 de enero del 2013 la “Cruzada contra el hambre“, un programa para combatirla a través de la suma de esfuerzos administrativos.

Esta medida tiene como objetivo focalizar esfuerzos en combatir la pobreza extrema, que es la que más lastima al país en cuanto a las limitantes que una mala alimentación marca en poblaciones determinadas. Es importante señalar que la pobreza es multidimensional y no se limita a indicadores como el ingreso o el gasto, es una condición en la que intervienen múltiples factores como acceso a la salud, educación,  servicios, vivienda y, desde luego, alimentación.

La Cruzada Nacional Contra el Hambre parte de la premisa de la alimentación y una correcta nutrición como punto de partida  para el mejoramiento del resto de las dimensiones; a través del fortalecimiento del capital físico y humano de la población, y con el apoyo de otros programas sociales, puede darse una salida productiva a la pobreza.

En resumen, esta propuesta tiene cuatro puntos importantes que le dan forma a la estructura y a lo que pretende solucionar:

1-Esfuerzos focalizados en los 400 municipios más pobres del país.

2-Corresponsabilidad en todas las dependencias gubernamentales.

3-Estrategias sociales enfocadas a las capacidades productivas.

4-Los beneficiarios estarán incluidos en la transformación.

Estos cuatro puntos parten de la riqueza que México tiene como país y de la existencia de recursos suficientes para combatir los problemas de hambre. Como parte de los esfuerzos existen varias fundaciones como “La fundación cero hambre”, “La asociación Mexicana de bancos de comida” y, “Un kilo de ayuda”, entre otras. Estas organizaciones no gubernamentales tienen como propósito el uso de cooperativas agrícolas que permitan el sustento de quienes producen, pero también que dichas cooperativas puedan vender sus productos para generar recursos, siendo un programa que busca generar un círculo virtuoso, no sólo para erradicar la pobreza multidimensional extrema, sino para promover proyectos y actividades productivas.

Cabe resaltar que la estructura jurídica está presidida por la Secretaría de Desarrollo Social, pero al ser multisectorial incluye la participación de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Turismo. Que junto con sus aparatos descentralizados suman esfuerzos en la búsqueda de cumplir con los objetivos.

El hambre es un problema que tiene manifestaciones en todas las esferas sociales y por obvias razones, en la naturaleza biológica humana. En un país como México es un problema que no ha logrado erradicarse a pesar de los programas sociales de los últimos sexenios, y es de suma importancia porque es indicador de una pobre política distributiva. Sin embargo, el mayor problema del hambre es que hace a las millones de personas que la padecen incapaces no sólo de tener una vida digna, sino de participar en la vida pública. Este hecho es trascendental porque no puede existir democracia en un lugar donde no se tienen satisfechas las necesidades más elementales, y donde todo esfuerzo humano está orientado a la supervivencia más elemental. El hambre no es sólo un programa que afecta a quien la padece, sino a todo el país donde los millones que la sufren amenazan la legitimidad y el funcionamiento del sistema en su conjunto.

¿Cómo afecta la Ley de Telecomunicaciones a la democracia en México?

Ley de TelecomunicacionesLa semana pasada se aprobó la Ley Federal de Comunicaciones con claroscuros que ponen en entredicho los verdaderos intereses que la impulsaron. Entre los avances positivos que la reforma contiene están aquellos que benefician directamente el bolsillo de los usuarios de telefonía móvil, que, aunque importantes, es difícil entender por qué cosas como consultar el saldo o crédito del teléfono tenía un costo en algunas empresas. Entre los cambios que entrarán en vigor en 2015 están la obligación de no cobrar por preguntar dicho saldo, no cobrar tarifas de larga distancia ni de roaming y la vigencia del saldo en celular (al pasar de 2 meses a 12), notificación a los usuarios cuando cambien las condiciones de sus contratos y la posibilidad de cancelarlos cuando esto ocurra.

Sin embargo, con los beneficios también llegan las dudas y amenazas sobre los riesgos potenciales que las reformas aprobadas pueden traer consigo, y curiosamente la parte negativa no impacta en los bolsillos pero sí en las reglas del juego democrático. Entre las principales están: la requisa de los medios de comunicación en vías generales de comunicación cuando la seguridad nacional o interna estén amenazadas, la legalización del espionaje para apoyar a la justicia y la censura de contenidos audiovisuales a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Sobre la requisa de los medios de comunicación cuando el Estado tenga por obligación salvaguardar el orden y la seguridad pareciera ser algo lógico y natural a fin de retomar el control y el orden. Sin embargo, no deja de ser preocupante en un país donde las protestas y manifestaciones sociales tienen lugar en las vías generales de comunicación, no por gusto o necesidad, sino porque históricamente México no ha logrado construir la institucionalidad que permita dar solución a muchos de los problemas que no tienen otro camino que no sea la protesta pública y la visibilidad que otorgan las manifestaciones de esta naturaleza. La aprobación de la ley en los términos en los que está es prácticamente la legalización de un “estado de sitio” electrónico, con todos los riesgos que esto implica en materia de generación de información y visibilidad de los problemas y en el tratamiento de éstos por parte del Estado.

Otro de los problemas no menos alarmantes es la posibilidad de intervenir cualquier comunicación privada con aprobación judicial bajo petición de los cuerpos de seguridad. Igualmente, la producción de contenidos audiovisuales estarán a cargo de la SEGOB y no del instituto autónomo creado para esos fines. Asociar la aprobación de contenidos audiovisuales al poder político no es sano ni democrático en aras de garantizar la libertad de expresión. Hoy en día la Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de decir qué se aprueba y que no, qué es válido y qué no lo es.

Las dudas y alarmas que despierta la reforma no son gratuitas; el régimen actual es heredero del sistema de partido hegemónico que gobernó México durante buena parte del siglo XX, y, a pesar del discurso, no parece ser que haya cambiado sustancialmente el ADN que lo caracterizó a lo largo de los sexenios. En el fondo tampoco puede atribuirse a que sea un problema de partido, sino a la constitución y forma de ser de la práctica política mexicana y el ejercicio del poder. Es en esta naturaleza donde la ley de telecomunicaciones tiene sus riesgos, ¿cómo no ser suspicaces al respecto si en el pasado se han cometido grandes atropellos aún con la leyes “buenas”?

Aunque si bien se puede alegar sobre los beneficios de la reforma y de los candados que posee para que no ocurran atropellos, tampoco hay que olvidar que México no ha logrado consolidar la democracia y estas condiciones ponen en riesgo el proceso de hacerlo al no tener elementos sólidos de rendición de cuentas, evidenciados en una alta tasa de impunidad entre la clase política.

(imagen: http://revistainsighters.com.mx)

¿Por qué está estancada la economía en México?

economía México 2014

(imagen: http://1.bp.blogspot.com)

Entre los empresarios y directivos de empresas, durante muchos meses se comentaba sólo en corto, en confianza, porque nadie quería criticar abiertamente al actual gobierno. Sin embargo, la situación ya rebasó la tolerancia de muchos y uno de los grandes temas de las conversaciones en todos los sectores es el desempeño de la economía. Es una realidad que, a poco más de 18 meses del inicio del gobierno de Peña Nieto, no se ha visto el crecimiento ni la inversión que se prometió ni se comprometió en campaña como resultado de la aprobación de las reformas estructurales, o la aceleración en el gasto público.

El tema fundamental para entender el por qué de la estancada economía, pese a que se aprobaron las reformas, tiene que ver con la aplicación de las políticas económicas y fiscales, que lejos de apoyar el crecimiento del país, han terminado en empantanar la inversión y el gasto público. Todos parecen señalar a un responsable de esto: el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hombre de toda la confianza del Presidente Peña, que según varios expertos ha cometido errores que explican dicha situación.

El principal error ha sido modificar la política económica que tan buenos resultados macroeconómicos ha dado en los últimos 25 años, principalmente al jugar con el déficit público que se manejó prácticamente invariable en los últimos sexenios. Tampoco ha manejado una deuda sana de gobierno y no ha liberado adecuadamente el gasto público desde 2013, hecho que tiene a muchas empresas y a la economía general estancada ante la incertidumbre y la imposibilidad de prever qué ocurriría para invertir y generar empleos.

Ante esto, las empresas mantienen un pronóstico moderado que no les permite avanzar ni generar capital que se traduzca en crecimiento económico y en mayor ingreso para los mexicanos. Aunque el Secretario de Hacienda afirma que el resultado de las reformas se traducirá en crecimiento económico en 2016, esta fecha resulta lejana, sobre todo en el mantenimiento del capital político y el apoyo empresarial, donde varios empresarios se han quejado abiertamente del mal manejo económico, e incluso, comentan, le han solicitado al Presidente su intervención directa.

El 2016 luce lejano en un momento en donde aún faltan reformas secundarias por discutir, pero sobre todo, donde empresarios y clases medias han empezado a resentir los efectos de una política hacendaria que no amplía la base gravable y le carga la mano a las clases medias y a los emprendedores. Las grandes empresas también han tenido que ajustar sus previsiones de crecimiento de la nueva situación fiscal derivada de la reforma y no están de acuerdo en que se les cobre más impuestos.

En suma, da la impresión de que el capital político del Ejecutivo Federal, y en particular del Secretario de Hacienda, se está agotando; así lo demuestran los bajos niveles de aceptación que se han publicado recientemente. El año que viene será crucial para ver si hay un cambio en la expectativa de crecimiento y en la manera de ejercer el gasto. El mejor termómetro serán las elecciones intermedias de 2015, en las que veremos qué tanto respaldo le da la ciudadanía a cada una de las fuerzas políticas.

Falta de claridad y resultados cuestionan el gobierno actual

EPNLa legitimidad de un gobierno puede alcanzarse por la vía de las instituciones y/o a través de las acciones de gobierno. Para ponerlo en perspectiva, en las democracias consolidadas los titulares del gobierno, sin importar que ganen por un sólo voto, adquieren   legitimidad suficiente ya ésta proviene de la aceptación general que tienen las instituciones mediante las cuales son electos. Países con menos desarrollo democrático sufren en ocasiones para dotar a sus gobernantes con la legitimidad de origen necesaria para gobernar y aplicar su plan de gobierno.

En México nos hemos visto varias veces en la problemática de un escaso margen de legitimidad. Un caso fue el cambio de gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, donde el resultado electoral levantó una desconfianza generalizada que obligó al presidente entrante a buscar en la detención del líder petrolero “La Quina” y en otras acciones, un margen mayor de legitimidad. En el sexenio anterior, Felipe Calderón se vio en esta misma situación al ser proclamado presidente después de un proceso electoral muy cuestionado que derivó en un triunfo por margen mínimo. Como consecuencia, tuvo que entablar una estrategia mediática de seguridad de la cual al día de hoy no se ven resultados claros.

En este sexenio, si bien el resultado de las elecciones no deja mucho lugar a especular sobre irregularidades que pudieran haber influido en el resultado final, sí existe un importante descontento ciudadano por las reformas antisociales del presidente Peña que le han valido los niveles de aceptación popular más bajos de los últimos sexenios. A este clima de insatisfacción ciudadana se suma la eterna promesa de que el país no ha crecido a los ritmos que debe por falta de reformas que den certidumbre al ejercicio económico para explotar la productividad y competitividad del país.

A un año y medio de distancia de la toma de posesión y después de que muchas de las reformas señaladas como necesarias han sido aprobadas, el día de hoy no hay una tasa de crecimiento promisoria; por el contrario, en días anteriores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó la tasa de crecimiento de 3.9% a 2.7% para el resto del año. Este tema tiene al sector económico en mayor descontento ante un panorama que cada vez luce más incierto para un gobierno que no ha logrado materializar en resultados sus promesas de campaña. Este sentimiento se suma a una ciudadanía insatisfecha, que lo expresa abiertamente en todas sus clases y sectores, y a un clima de violencia que termina por menguar al régimen.

Esta situación mina la legitimidad de un Presidente que se esfuerza en resaltar los beneficios de las reformas que ha logrado aprobar, pero sin reflejo en mejoras en el número de empleos, gasto público, certidumbre jurídica, seguridad, etc. Si bien la cercanía de su aprobación permite apostar a la posibilidad de revertir esta situación, parece que al país no le sobra mucha paciencia; entre unos que perciben cómo se desmantela el carácter social del estado y el interés colectivo; otros que, a pesar de las reformas, no ven las condiciones para generar los empleos y la productividad prometida; y otros tantos que viven con la existencia amenazada ante un Estado incapaz de garantizarles seguridad. La situación es delicada y este año será crucial en el futuro político del Presidente donde tendrá que apostar a acciones mediáticas contundentes que reviertan la coyuntura negativa en la que se encuentra.

(imagen: http://radiotrece.com.mx)

El involucramiento en asuntos públicos es un ejercicio de la ciudadanía

 

Los habitantes de la democracia son los ciudadanos, y de ellos la obligación y el derecho de participar en los asuntos públicos del país. Recientemente Alfonso Cuarón, cineasta y ganador del Oscar por la película “Gravity”, lanzó 10 cuestionamientos al presidente Enrique Peña Nieto referentes a los beneficios de la Reforma Energética.

10 preguntas de Alfonso CuarónEntre las diferentes posturas que un tema de tanta trascendencia genera por la complejidad del mismo, pueden ubicarse dos principalmente: la primera es de todos aquellos quienes comulgan con los cuestionamientos lanzados en el documento “Diez Preguntas”, quienes celebraron que un mexicano “exitoso” se involucrara en los asuntos de interés nacional, sobre todo en uno como el tema energético, viéndolo como un aliado en un momento en que la información sobre el tema no ha permitido conocer los alcances de las reformas y que, en efecto, las legislaciones propuestas generan más dudas que respuestas. En segundo lugar, están  quienes de inicio demeritaron la legitimidad del director, incluido el mismo Presidente, por hablar de un tema tan específico del cual no tiene “recursos técnicos” para opinar, y que a sus juicios, es irresponsable por tratarse de una figura pública que genera una gran respuesta mediática con los inconvenientes propios de difundir información o críticas a partir del desconocimiento o la “malinformación”.

Es fundamental mencionar que, independientemente de la postura que genere el tema energético, el asunto central que introduce el cineasta es el del ejercicio de la ciudadanía para involucrarse en una cuestión de crucial interés. En este sentido se pueden lanzar argumentos a favor y en contra de las propuestas de política, sin embargo, cuando nos referimos al ejercicio de los derechos políticos y civiles, el tema es completamente diferente.

En primer lugar, nuestra Constitución establece en su artículo 7º la inviolable libertad de los ciudadanos para difundir opiniones, información e ideas bajo el principio de la igualdad ciudadana. Es decir, para que exista la libertad de opinión, se debe comenzar por el reconocimiento mutuo entre ciudadanos a partir de la igualdad como sujetos políticos interesados en involucrarse en los intereses públicos que son de su incumbencia. 

En segundo lugar, desviar el eje de la discusión energética a temas de forma, como plantear que el documento tiene faltas de ortografía o que el ganador del Oscar no vive en México, sólo sitúa el debate en temas que no tienen sustento alguno ya que el derecho a participar no está condicionado a la capacidad ortográfica ni a la localización geográfica; en este sentido la ley es clara: podrán participar de los asuntos públicos del país los ciudadanos de la República; y Alfonso Cuarón, estemos o no de acuerdo con sus cuestionamientos, es un ciudadano de la República Mexicana.

Finalmente no hay que olvidar que los valores de la República se cimientan en acción y discusión sobre los asuntos públicos por parte de los ciudadanos, cuando éstos se reúnen (por el medio que sea) para dialogar en un espacio de libertad e igualdad sobre aquellos asuntos que atañen a su comunidad política. De ahí que manifestaciones ciudadanas de cuestionamiento democrático al poder sean tan deseables en nuestra actual coyuntura democrática, sobre todo en un momento en el que muchas de las reformas están siendo aprobadas en un clima de hermetismo y celeridad, impidiendo la generación de información necesaria y el debate para que los ciudadanos estén debidamente informados y puedan actuar en consecuencia de acuerdo a su deber ciudadano.

En suma, desviar la atención en discusiones bizantinas sobre si Cuarón es un “ciudadano legítimo” o no para dar su opinión es caer en un círculo sin salida, que nos llevaría a categorizar a los ciudadanos entre aquellos cuya opinión es válida y aquellos cuya opinión no lo es; situaciones que no abogan al fomento de la igualdad entre mexicanos y, por ende, de la democracia a la que aspiramos.

(imagen: https://pbs.twimg.com)

Precisión y eficacia contra el crimen: Gobierno Federal

Peña Nieto-Gordillo

El Gobierno Federal, al mando del Presidente Enrique Peña Nieto ha demostrado a lo largo de estos meses que puede asestar golpes estratégicos en contra de los criminales – líderes de los grupos de la delincuencia organizada – y poner tras las rejas a personajes inefables de la esfera pública: Elba Esther Gordillo o Andrés Granier. En ese sentido, el Gobierno ha sabido leer bien la situación política de la procuración de justicia y el desorden que dejó la administración del Presidente Felipe Calderón.

Simplemente en esta materia, la entonces Procuradora Marisela Morales se dedicó a encarcelar y arraigar a cuanto personaje fue acusado por testigos protegidos que, a la postre, resultaron testimonios falsos, y dejó en libertad a los personajes que realmente y a todas luces, ameritaban ser detenidos. En ese sentido, la nueva administración supo dirigir sus esfuerzos en contra de quienes representaban peligro real, o fueron símbolo de la corrupción pública rampante.

Adicionalmente, la última noticia – el abatimiento de Nazario Moreno “El Chayo” (líder de los Caballeros Templarios) – pone en total entredicho el anuncio hecho en el año 2010 por el entonces vocero del Presidente Calderón, Alejandro Poiré, en el cual se detalló cómo la Policía Federal mató al supuesto “Chayo” y cómo sus correligionarios huyeron con el cadáver. Lo anterior entonces, suena a un cuento fantástico inventado por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien gustaba de los videomontajes al estilo Florence Cassez. El golpe es duro también contra la procuración y administración de justicia en los sexenios panistas, pues en el primero se escapó el “Chapo” y en el segundo se abaten capos que luego resultan no ser quienes dicen (al menos, así se leen las cosas desde una óptica fría y objetiva, a la luz de los hechos).

El Gobierno del Presidente Peña ha sabido revertir la imagen creada con la liberación de Rafael Caro Quintero y ha demostrado que la justicia puede ser eficaz y expedita, y que a través de golpes estratégicos se consigue crear e imprimir esta imagen en la opinión pública. Por supuesto, como todo, el reto será que la realidad vaya de la mano con esta percepción, y que el Gobierno pueda sostener dicha narrativa basada en acciones concretas lo que resta del sexenio.

(imagen: www.latam.com)

Las cosas en México no van tan mal…

captura del Chapo Guzmán
captura del Chapo Guzmán

Hasta hace muy pocos días, México estaba enfrentando un complejo escenario en materia de seguridad y su imagen dentro y fuera de las fronteras nacionales se empezaba a pulverizar poco a poco. Se ha comentado ya que la situación de violencia en Michoacán y el surgimiento de grupos paramilitares – conocidos como “autodefensas” – daban señales de un estado que, si bien todavía no se consideraba fallido totalmente, mostraba evidentes signos que había sido superado en varios aspectos por la violencia y la inseguridad, y cuya situación amenazaba con salirse de control rápidamente y esparcirse a otras entidades de la República. No obstante lo anterior, y en medio de una crisis de imagen pública ante la opinión internacional, la revista Time dedicó su portada al Presidente de México Enrique Peña Nieto con el título “Salvando a México”, misma que fue duramente criticada al interior del país, pues la realidad no cuadraba con la historia que se pretendía contar en la prensa internacional.

Sin embargo la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán a manos de las autoridades federales en estrecha colaboración internacional e interinstitucional, permitió un repunte de la popularidad del Gobierno de la República y fue leído mundialmente como un signo de que las cosas en México no van tan mal, y que el gobierno está haciendo todo lo posible por revertir la espiral de violencia en que se encuentra el país. La reaprehensión del capo de la droga – considerado por muchos como el más grande narcotraficante actualmente – mismo que se había fugado hace 13 años de un penal de máxima seguridad, le viene como bocanada de oxígeno a la administración federal, en tiempos en que la duda sobre si México se convertiría en Estado Fallido estaba presente.

La captura del “Chapo” Guzmán, para efectos prácticos, se dio bajo el mandato de Enrique Peña (después que el primero se fugara en el sexenio de Fox y luego que el entonces Presidente Calderón jamás pudiera encontrarlo). Es un refuerzo mediático y de imagen pública del gobierno, que viene a consolidar la portada de la revista Time y disminuye la duda sobre si el Presidente habría de pactar con la delincuencia, especialmente con el grupo del Guzmán. En ese sentido, el golpe contra el “Chapo” es el golpe del momento, aunque existe escepticismo entre ciertos sectores de la ciudadanía sobre si esto contribuirá a apaciguar la violencia.  Una vez más el Gobierno demuestra su profundo pragmatismo y eficacia, si bien la captura del capo de la droga no resuelve el resto de los problemas de criminalidad en el país y el gobierno no debe olvidarlo.

(imagen: www.24-horas.mx)