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Anuncio de mega obras y proyectos, ¿estrategia para buscar legitimidad y resarcir los bajos niveles de aprobación del gobierno?

ANUNCIA AEROPUERTOEn el marco de la presentación del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República resalta la readopción de fórmulas previas a la alternancia del 2000 para la presentación de proyectos e informes de gobierno; y por otro lado, la capacidad política operativa para ejecutar proyectos de gran calado en una coyuntura donde la aprobación ciudadana del Ejecutivo Federal se encuentra a la baja, según encuestadores como Mitofsky.

El proyecto de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México se ha convertido en tema de muchos análisis, particularmente en función de lo ocurrido en 2002 con el plan fallido que presentó el entonces presidente Vicente Fox. El tema central en la cancelación del proyecto de aquel entonces fue la tenencia de la tierra y las protestas de los pobladores, asunto ante el que el gobierno federal parece haber hecho bien su trabajo en esta ocasión, ya que anunció que no se molestarán a los municipios vecinos porque los terrenos que se utilizarán son propiedad del gobierno federal.

El proyecto de 2002 propició que los dueños de las tierras de San Salvador Atenco, lugar donde se llevaría a cabo la construcción del aeropuerto, se agruparan en grupos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, incorporado al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, lo que derivó en enfrentamientos entre la fuerza pública y los pobladores.

En aquel entonces Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Llama la atención cómo en esta ocasión la estrategia del proyecto del aeropuerto ha tratado de evitar la confrontación, a diferencia de lo ocurrido en 2002, donde las demostraciones de uso excesivo de la fuerza fue un tema que acompañó al actual presidente durante los años posteriores a los enfrentamientos.

Una vida democrática obliga a hacer uso de las instituciones legales para evitar abusos de poder, y sobre todo para lograr consensos y velar siempre por el interés general. El escenario de esta nueva inversión no parecía muy distinto al ocurrido en 2002, sin embargo son notorios los resultados tan disímiles que obtuvieron uno y otro. El del presidente Peña, aunque aún temprano para sentenciar su éxito, sí evidencia que ha habido una estrategia de planeación y consenso que el gobierno panista no tuvo en su momento. Esta capacidad de llevar a cabo proyectos es uno de los elementos que distinguió al regimen priista durante sus gobiernos previos a la alternancia del 2000.

Llama también la atención que con el bombo y platillo con los que se anunció este proyecto de aeropuerto también se hayan anunciado proyectos de expansión de 4 líneas del metro en el Distrito Federal, entre otros. Estos proyectos vienen enmarcados en un momento en el que el Presidente ha tenido una tendencia a la baja en la aprobación de su mandato, a partir de los prácticamente nulos avances en materia económica a pesar de las reformas aprobadas.

Sin duda estos proyectos derivarán en mejoras para la competitividad del país y la movilidad de los mexicanos, sin embargo, no está de más resaltar el momento político que parece obligar al Presidente a buscar obras de gran contenido mediático ante la falta de resultados económicos que se reflejen en el bolsillo de los ciudadanos. Aún es temprano en el sexenio para tener una postura definitiva, pero vale la pena apuntar las diferencias entre regímenes, y sobre el aprovechamiento del anuncio de mega obras o proyectos como estrategia para buscar legimitidad y recuperar la tendencia negativa en los niveles de aprobación. No hay que dejar de lado tampoco que en el pasado este tipo de acciones terminaba por generar una espiral de endeudamiento y desestabilidad económica. Si bien el 2014 no se parece a lo ocurrido en la década de los 70 y 80, no está de más tenerlo en el mapa a manera de contexto y, sobre todo, como memoria histórica.

(imagen: //www.sinembargo.mx)

Un requisito para la participación ciudadana en las democracias modernas

alfabetización mediática

La alfabetización mediática es la educación para el desarrollo de competencias que ayuden a los sujetos a acceder, comprender y evaluar de manera integral los medios de comunicación; así como la formación de sujetos críticos ante los estímulos de información e intercambio recibidos a través de la los mismos. La Comisión Europea incluye en su definición la capacidad de establecer formas de comunicación en diversos contextos.

Desde hace una década la Unión Europea considera la alfabetización mediática como una prioridad y ha realizado una serie de programas para impulsarla a través de su Comisión. Ejemplo de éstos es Europa Creativa, programa de financiamiento que cuenta con un presupuesto de 1,460 millones de euros para apoyar el acceso y desarrollo de iniciativas relacionadas con cultura, artes y medios (digitales y tradicionales). De estos programas se han derivado distintos estudios acerca del uso de las tecnologías de información, redes sociales y videojuegos online por parte de jóvenes de 15 a 30 años, que si no nacieron con dichas tecnologías, éstas forman parte central de su vida cotidiana, y han transformado los canales y formas de comunicación, interacción y relación de las nuevas generaciones. Es por ello que la Comisión Europea considera necesaria la alfabetización de la población en estos medios, para fomentar una ciudadanía más activa, crítica y participativa en una sociedad con sobre flujo de información. También es considerada como un “eje clave en las democracias modernas”, como lo señala el Dr. José Ignacio Aguaded-Gómez, editor de la revista Comunicar.

Los jóvenes de hoy crecieron en un mundo saturado de información, tecnologías relacionales y comunicaciones digitales, especialmente en los países industrializados. La mayoría de ellos las usa de forma indiscriminada, es decir, sin haber recibido ningún tipo de filtro u orientación acerca de temas sumamente importantes, como la seguridad de su información, los términos y condiciones de los sitios a los que accesan, la veracidad de la información, entre otros. De ahí la necesidad de alfabetizar.

La Dra. Pilar Colás Bravo y la Dra. Teresa González Ramírez, catedráticas del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, resumen la historia de las redes sociales en tres periodos: El primer periodo (de 1997 hasta el 2001) se caracteriza por la creación de comunidades virtuales donde los usuarios de distinguen de acuerdo a sus perfiles. En el segundo periodo las redes sociales se integran al escenario económico, convirtiéndose en una herramienta global para el intercambio entre profesionales en el ámbito de los negocios. Y en la actualidad (tercer periodo), se crean disciplinas y campos de trabajo por el enorme potencial que las redes tienen al haber permeado en muchos escenarios de la vida cotidiana y en una cantidad inimaginable de usuarios alrededor del mundo. La firma analista sobre actividades y rendimiento de internet, Royal Pingdom, registró 2400 millones de usuarios en todo el mundo en un estudio realizado en 2012. Del total global, 44% corresponde al continente asiático, 21,6% al europeo y 11,4% a Norteamérica.

En América Latina había 231 millones de usuarios de Internet al 1 de enero de 2012. De esta cifra, 30% eran brasileños, el 16% mexicanos, el 11% argentinos y el 10% colombianos. Lo cual representa un porcentaje muy alto si tomamos en cuenta las difíciles condiciones de acceso, brecha digital, pobreza y falta de infraestructura de los países latinoamericanos. Sin embargo los dispositivos móviles han contribuido en gran parte a facilitar el acceso a internet y redes sociales.

Como mencioné antes, las tecnologías de información, el internet y las redes sociales tienen un rol central en la vida de los jóvenes. También tienen un rol central en sus experiencias en lo que se refiere a la socialización, la globalización, los espacios online y offline y la percepción de participación y de relacionamiento con sus semejantes. Esas son sus primeras experiencias con la ciudadanía, en espacios públicos y privados online.

Los internautas son cada vez más jóvenes, sus primeras experiencias con las computadoras e internet son fuera del espacio formal educativo y el 90%(i) de ellos no cuentan con alguna orientación acerca del uso de éstas. La pregunta hoy en día ya no es si los niños deben ser alfabetizados mediaticamente; la cuestión es cómo. El hecho de que no exista un filtro u orientación nos muestra que existe, no sólo una brecha digital, si no también una generacional, que tiene que ser atendida a través de la alfabetización mediática para aprovechar el uso actual de los medios y canalizarlo hacia el ejercicio ciudadano. 

Las redes sociales abren un espacio virtual donde los usuarios experimientan relaciones de igual a igual en el intercambio de información, experiencias y opiniones, creando un nuevo paradigma de comunicación; por ende, se ha ido abriendo un espacio de denuncia ciudadana y de catársis colectiva nunca antes visto. Los ciudadanos toman estos medios para denunciar todo aquello que no tiene cabida en las agendas políticas y comienzan a llevar a cabo acciones bajo sus propias agendas. Estos son pasos importantes para ejercer la ciudadanía y contribuir a una democracia más participativa.

Las competencias mediáticas a desarrollar implican poder interactuar de manera crítica con los mensajes producidos por los demás, internalizarlos, comprenderlos y responder produciendo mensajes propios. En este sentido, una sociedad alfabetizada mediáticamente contribuye también a una sociedad alfabetizada políticamente, influyendo en la autonomía personal de los receptores de la información. Esto aporta directamente a lograr sociedades más justas. Por eso, la intervención del Estado es necesaria para la regulación de los nuevos medios, pero también para garantizar el acceso a internet y el financiamiento de programas de alfabetización mediática a la población en general, especialmente a las generaciones futuras. Sólo así, la siembra de dichas capacidades rendirá frutos en la participación ciudadana online y offline.

Julia Romero,

Comunicóloga y Maestra en Educación Intercultural

@Sashantia1

 

(i) Según un estudio sobre el uso de internet por jóvenes andaluces publicado en Comunicar Journal: “Jóvenes interactivos: nueva ciudadanía entre redes sociales y escenarios escolares”, editado por el Dr. J. Ignacio Aguaded-Gómez.

Bibliografía:

Comunicar Journal: Jóvenes interactivos: “Nueva ciudadanía entre redes sociales y escenarios escolares”. Editado por el Dr. J. Ignacio Aguaded-Gómez.

Neyla Graciela Pardo, Razón Pública.com: “Redes sociales y construcción de ciudadanía en Colombia”.

//ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

//europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/am0004_es.htm

//latinamericahoy.es/2012/03/29/america-latina-internet-redes-sociales/

 

(Imagen: //www.finanzzas.com)

México se encuentra en el último lugar en el listado de los países que integran la OCDE

Salario mínimo en México

(imagen: //www.radiomonitortv.net)

Los salarios en el mundo son indicativos del valor que se le otorga al trabajo realizado, pero sobre todo sirven como indicador en la expectativa de calidad de vida. En México, al igual que en muchos países, el salario mínimo se establece de manera legal  y se ajusta año con año de acuerdo a la inflación y otros factores.

El objetivo de establecer un salario mínimo obedece a la necesidad de garantizar que los trabajadores obtengan un pago por su trabajo que permita cubrir las necesidades básicas como alimento, habitación, vestido y entretenimiento. Sin embargo, actualmente, la cifra que está vigente hoy para la zona A del país (donde se encuentra la Ciudad de México y es el más alto de las 3 zonas existentes) asciende a 64.76 pesos por 8 horas laborales, cifra que resulta insuficiente para garantizar el derecho constitucional a una vida digna y que se encuentra en el último lugar en el listado de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Aunque en el país los derechos sociales alivianan en varios estratos la carga económica a través de servicios públicos que cubren educación y salud, la realidad es que la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a estos servicios, o bien, no de la calidad que les permita superar su condición social de nacimiento, limitando así la movilidad social.

Igualmente, la cifra que México aporta como referencial de salario mínimo hoy en día está cuestionada por los incrementos desproporcionados que han sufrido servicios como el transporte y los procesos productivos o estacionales en los que se involucra la producción de artículos que integran la canasta básica. Esta situación ha generado un área de oportunidad para actores sociales y legisladores de sugerir y gestionar los cambios necesarios para revertir el deteriorio del salario que año con año se ve descompensado frente a la inflación y el alza de precios. Los principales actores de estas iniciativas son el Partido Acción Nacional, quien busca solucionarlo a través de una consulta ciudadana, y el Partido de la Revolución Democrática, que propone otorgar un aumento salarial de $80.00. El actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, propone un incremento a $82.00, alza propuesta a un corto plazo pues la meta es plantear el salario mínimo en  $171.00 diarios.

Las cifras planteadas como meta son muy alentadoras para la economía popular de México, pero ¿qué consecuencias podría generar este repentino cambio?. En el tema económico, un incremento repentino y tan grande podría generar inflación, pues los empleadores, al tener que incrementar el salario de sus trabajadores, supondrían que tendrían que trasladar dicho incremento a los productos o servicios que produzcan, subiendo el precio de estos y creando una espiral inflacionaria. Igualmente México podría perder competitividad frente a otros países como China y perder la ventaja geográfica para la producción de bienes a precios competitivos que se traduciría en menores inversiones. Sin embargo, un incremento en el salario supone también un aumento en el poder adquisitivo y por tanto en el consumo y la activación del ciclo económico.

En conclusión, estos cambios pondrían a prueba la capacidad de los tomadores de decisión para crear soluciones pensadas e instrumentadas con el objetivo de que el eventual aumento no creara una espiral que trajera más repercusiones negativas que beneficios. Al final, cualquier medida que se adopte debe ser pensada y ejecutada con la planeación debida, y no sólo orientada a lo electoral o sin un sustento que le de viabilidad; en el equilibrio de esta visión está la posibilidad de generar el andamiaje que permita mejorar la calidad de vida para las personas, por un lado, y acrecentar el tamaño de la economía mexicana en beneficio de todos, por el otro.

Gendarmería NacionalLos problemas de delincuencia en México son una constante que ha derivado en cambios institucionales de importancia. La estrategia de seguridad y ataque al crimen organizado que implementó Felipe Calderón se basó en la guerra y confrontación directa con el narcotráfico y los delitos derivados de esta actividad ilícita.

Esta estrategia trajo consigo, además de las detenciones y abatimiento de algunas cabecillas del crimen organizado, un saldo oficial de sesenta mil defunciones (incluyendo civiles), sin contar la gran cantidad de desaparecidos de los que sigue sin tenerse noticia.

La administración del actual presidente Enrique Peña Nieto ha optado por una estrategia enfocada mayormente en la prevención; como resultado de esto emitió un decreto donde se crea un órgano dependiente a la Policía Federal llamada “La Gendarmería Nacional”. Esta corporación policial surge por la necesidad de incrementar la presencia gubernamental al momento de garantizar la seguridad. En términos legales la corporación busca salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes, en las instalaciones, eventos, comunidades, regiones, zonas, rutas o puntos estratégicos que determine, para proteger las fuentes de empleo derivadas de los ciclos económicos y productivos, que estén relacionados, entre otros, con el turismo, la agricultura, la industria, la ganadería, la minería, la pesca y la generación de infraestructura para coadyuvar al desarrollo económico y social de México.

La nueva Gendarmería Nacional estará compuesta de jóvenes que anteriormente participaron en las Fuerzas Armadas, con el fin de evitar los problemas de corrupción y para darle un fondo más social. Uno de los objetivos que se pretende con esta visión es la incorporación de jóvenes con la intención de revalorar los juicios que se entienden por la profesión de policía.

 Esta incorporación juvenil va de la mano con los delitos en los cuales se van a centrar estos nuevos miembros de la policía, pues su tarea está enfocada en los delitos de alto impacto como violaciones, homicidio doloso, robo a casa habitación, extorsión, robo con violencia y secuestro, delitos que impactan directamente en la actividad económica.

En conclusión, esta nueva división de las corporaciones policiales no es más que una respuesta a un problema que ha resultado ser más complejo que la simple lucha frontal con un marco institucional no diseñado para hacer frente a él. En este sentido la Gendarmería Nacional busca ser una adecuación institucional a las corporaciones de seguridad para dar respuesta y sobre todo resultados, después de al menos un lustro de no observar resultados tangibles y en territorios en los que el Estado no tiene control ni gobierno. Aunque la intención está basada en una necesidad real, aún habrá que esperar los resultados de esta nueva institución, que se inserta en una dinámica cultural arraigada en la corrupción y de la cual depende en gran medida el éxito de las actividades de seguridad.

(imagen: //noticias.prodigy.msn.com)

La reforma energética cambia drásticamente las condiciones para la competencia

Pemex en el libre mercadoLas reformas energéticas aprobadas parecen hechas como dictan los cánones del libre mercado: para favorecer la competencia, la calidad y el precio de los productos ofrecidos. Para llegar a esto, en las reformas aprobadas existen plazos y pasos a seguir para la apertura energética de México. La relevancia de estos plazos o “rondas” es porque en ellos están contenidos los tiempos y campos de acción que definen el futuro de Pemex, y de los cuales depende el marco de la competencia en el sector para hacerla una empresa más funcional.

Las consideraciones y lineamientos para la inversión pública y privada están a cargo de la Secretaria de Energía y en algunos casos favorecen a Pemex, pues incluyen los pozos petroleros más importantes para el país como el de Cantarell en Campeche (que hoy en día sigue ocupando el segundo lugar de producción mundial.)

El pasado miércoles 13 de agosto de 2014 se informó por conducto del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, los resultados de “La ronda cero.” De acuerdo con la información provista por el Secretario, Pemex operará el 83% de la explotación de hidrocarburos, lo que traducido a números significa que seguiría teniendo hegemonía económica frente a sus competidores que requieren costos eficientes para generar ganancias. Con esta regulación Pemex estaría en posición de explotar mil seiscientos millones de barriles de petróleo, generando una producción de 2.5 millones de barriles al día durante 20 años. A diferencia de las empresas privadas, Pemex usaría estos recursos para invertir en tecnología que le permita desarrollar los procesos de producción y refinación.

Sin embargo, la nueva política de licitaciones pone a Pemex en incapacidad para competir con las grandes empresas privadas extranjeras, pues llega en condiciones de desigualdad tecnológica y técnica para explotar pozos profundos. Esta desigualdad ubicaría de facto los 156 bloques que se ofrecerán en licitación prácticamente en su totalidad a una eventual inversión puramente privada debido a las carencias de la paraestatal mexicana.

Reformas como la energética cambian drásticamente las condiciones de competencia y, sobre todo, modifican de manera sustantiva el futuro de la vida económica del país. Con la promulgación de las leyes energéticas termina una era para México donde sus recursos naturales energéticos fueron considerados estratégicos y parte esencial del desarrollo público en manos del Estado mexicano. Si bien es cierto que en algunas áreas México se podrá beneficiar de una mayor inversión privada que generen empleos e incentiven el crecimiento económico, también hay que decir que el tema energético es sumamente conflictivo a nivel mundial y los intereses de las grandes corporaciones tienden a ser ajenos a los intereses de las poblaciones donde operan.

Con las reformas, Pemex debería aprovechar la oportunidad para pasar de ser una empresa pesada e ineficiente en todos sus niveles, a ser una empresa eficaz que pueda ofrecer dividendos a la economía de México; lo que implicaría reestructurase internamente y abordar con toda seriedad sus pasivos y temas como el del sindicato petrolero, que se ha convertido en un punto de corrupción sistémico que golpea su viabilidad como empresa. Con los cambios recientes, México pone a competir en el libre mercado a su empresa pública más importante con la consigna de ganar algo de un pastel que estará disputado por grandes especialistas; hecho que recuerda la finalización del modelo de sustitución de importaciones a principio de los 80 y que derivó en una fuerte crisis para la industria mexicana, producto de décadas de proteccionismo.

(imagen: //www.jornada.unam.mx)

Modelo noruego inspira la reforma energética

Reforma energética A pesar de que las reformas secundarias en materia energética ya han sido aprobadas, aún quedan muchas dudas sobre la manera en que serán utilizados los recursos que éstas generen para el beneficio de los mexicanos.

A pesar de la oposición, principalmente de los partidos de izquierda, el Senado aprobó el pasado miércoles 5 de agosto del 2014 las reformas con 78 votos a favor y 26 en contra. Las nuevas reformas permiten que empresas privadas exploten los recursos naturales del país y que participen en la producción de gas, áreas consideradas estratégicas y que eran prerrogativa exclusiva del Estado.

Entre las principales interrogantes o preocupaciones que generaba la reforma, y que no sucedieron, estuvieron la eventual desaparición de las empresas paraestatales Pemex y CFE. Si bien éstas seguirán operando bajo la tutela del Estado, quedan dudas sobre si el nuevo esquema, donde competirán con empresas altamente especializadas para ganar licitaciones o contratos, permitirá generar la misma cantidad de ingresos que en el marco regulatorio anterior.

Aunque es indudable que los cambios estructurales de esta actividad estratégica traerán modificaciones significativas, aún es pronto para anticipar los resultados finales a partir de su aplicación normativa a la realidad fáctica inmediata del país.

La reforma energética está inspirada en el modelo noruego y en “Statoil”, la cual es una empresa cuyo 67% es propiedad del estado noruego. En este modelo existe un fideicomiso que permite que las ganancias derivadas de los hidrocarburos sean transferidas de manera directa a los ciudadanos al momento de requerir pensión. Además, de los ingresos que se generan, sólo el 4% es integrado al gasto público o gasto corriente, contrario a lo que ocurre en México donde la mayor parte de los ingresos petroleros se utilizan para este rubro.

Uno de los ejes centrales retomados del modelo noruego es que Pemex no se privatice, si no que, como dice la propuesta presidencial, éste se transforme en “una empresa de servicios bien administrados, rentables y de real beneficio para los mexicanos”. Sin embargo, bajo el nuevo marco regulatorio se permite la intervención de empresas privadas para colaborar y/o ejercer totalmente actividades en la explotación, exploración y transformación de recursos naturales, y se permite la transferencia en la propiedad de los recursos energéticos para quienes lo extraigan, hecho que de facto es una privatización.

Se han discutido en muchos sentidos los efectos y repercusiones de la reforma en todos sus ámbitos de impacto. Aún habrá que esperar al menos 2 años para ver los resultados económicos de las nuevas regulaciones.

A diferencia de la situación noruega, en donde existen regulaciones claras y una población sustancialmente más pequeña (5 millones contra 118 en el caso de México), es necesario considerar los grandes problemas de corrupción que han caracterizado el manejo de las empresas públicas, y que aún con la reforma no se prevé que cambie sustantivamente. Una vez más, otra reforma de gran calado (como ocurrió con la de telecomunicaciones y la laboral) se caracteriza por no ser transparente, porque el secreto bancario protege los movimientos del fideicomiso creado para el aprovechamiento de las ganancias energéticas, abriendo la posibilidad que no se sepa cuánto se gana y a qué se destinan los recursos. Es un tema delicado pues se está ante una reforma que cambia estructuralmente la forma en la que México explota sus recursos energéticos pero no la forma en que México administra las empresas públicas y los recursos que generan, en teoría, para el beneficio público, dejando abierta la puerta a una tradición de corrupción altamente arraigada, y poco castigada y combatida.

(imagen: //mexico.cnn.com)

Cada mexicano “debe” al nacer $109,555 pesos.

Deuda pública de PemexPara México, los ingresos petroleros representan uno de los puntos más importantes dentro de la economía, ya que éste sector aporta el 10% del Producto Interno Bruto.

Con 331 votos a favor y 129 en contra, la semana pasada se aprobó el tercer dictamen de las leyes secundarias en el tema de la reforma energética. Entre los múltiples cambios que se esperan en la conformación de nuevas reglas del juego, se aprobó una en particular que ha llamado la atención y que no estaba prevista en las discusiones generales de las reformas. Esta novedad está relacionada con los pasivos de Petróleos Mexicanos y la aprobación para ser transformados en deuda pública, o lo que es lo mismo, una deuda que será pagada por todos los mexicanos sin que la gran mayoría haya votado o participado en su engradencimiento por malos manejos y corrupción. Para ponerlo en perspectiva, con esta nueva deuda acumulada a las ya existentes, cada mexicano “debe” al nacer $109, 555 pesos.

Al igual que Pemex, y dentro del contexto de los cambios en materia energética, también CFE será parte de estas modificaciones estructurales que, para efectos de la deuda pública, están enfocados  en dos sectores: contratos colectivos y jubilaciones.

Los contratos colectivos están íntimamente ligados con las jubilaciones, y una de las condiciones para que el gobierno federal pueda absorber los pasivos de Pemex como deuda pública es modificar el sistema de contratos colectivos, ya que éstos son manejados por individuos y no como un colectivo.

Históricamente, parte de esta deuda es resultado de una mala administración del gobierno federal, el cual se ha endeudado en diferentes momentos para tratar de sortear malas políticas económicas y fiscales. Algunos de los acontecimientos históricos más trascendentes en la línea de endeudamiento sucedieron durante los mandatos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Tampoco se puede omitir el caso del Fobaproa durante el sexenio de Ernesto Zedillo, quien rescató a los bancos pasando sus pasivos a deuda pública, gastando el 20% del PIB en dicha tarea. En contextos de crisis económica y en la búsqueda de reestructurar la deuda externa del país, gran parte de ésta fue convertida en pública.

Si bien para México no es tema nuevo que grandes pasivos sean transformados en deuda común, lo que sí es de resaltar es que, a pesar del avance democrático del país, no se tengan acciones legales contra los responsables del crecimiento de los pasivos. A pesar de la necesidad de que algunos de estos sean absorbidos como deuda pública ante el mal que representan y el daño que podrían ocasionar en caso de no atenderse, esto no tendría que ser un impedimento para que aquellos irresponsables o beneficiarios de estas políticas de endeudamiento queden impunes o en el anonimato.

En el caso de Pemex es un secreto a voces la opulencia en que se desenvuelven el líder petrolero y hoy senador Carlos Romero Deshcamps y su familia, sin embargo, no hay ningún proceso en su contra ni se está discutiendo a fondo el dinero que el sindicato recibe y que debiera ser fiscalizado como todo dinero público. En este sentido, otro cabo suelto más dentro de la reforma que pretende dar certidumbre a la política energética pero no a los ciudadanos sobre el manejo de las finanzas de las empresas estatales y las organizaciones que reciben dinero de todos los mexicanos y no rinden ningún tipo de cuentas.

(imagen: www.hilodirecto.com.mx)

Yo prefiero mucho más todo lo referente al trabajo con personas, proyectos, actividades e iniciativas dinámicas que tengan un potencial auto sostenible. A este dinamismo le llamo “la cuarta dimensión.” R. Patterson

empresa socialEn nuestra entrada titulada La RSE y la incidencia: oportunidades para el cuarto sector mencionamos la necesidad de que las OSC`s sean sostenibles. Cada vez son más las organizaciones dedicadas a buscar fondos en los sectores privado y público, y, a pesar de que la RSE se ha convertido en uno de los mejores aliados de las OSC´s, se va haciendo más evidente la necesidad de que el sector social tome algunos de los elementos intrínsecos del sector privado, con el fin de facilitar la autosostenibilidad y tener la capacidad de seguir realizando proyectos sociales sin temor a la quiebra.

Laura Calleros, Titular del Centro para Emprendedores de la Universidad Anáhuac México Sur, afirma que las OSC´s necesitan explorar cómo generar recursos propios: “Cada vez hay menos recursos, pues los grandes fondos como los de Rockefeller ó Gates prefieren invertir en (empresas) y los recursos de la filantropía se dirigen cada vez más hacia África.”

Y es que en cuestiones de marco jurídico, la acción de las OSC´s también está limitada, y muchas veces conlleva procesos largos y poco flexibles que obstaculizan el crecimiento y la continuidad de un proyecto.

A medida que transcurre el tiempo, las OSC´s han ido notando que, al tratar los problemas desde una perspectiva de negocio, es posible trabajar en el sector social para brindar soluciones a los problemas de las comunidades, y también ser sostenibles financieramente, sin depender exclusivamente de las donaciones.

Un ejemplo de este tipo de empresas sociales del cuarto sector es EarthBox México, que promueve la innovación a través de la sustentabilidad para generar productividad en la siembra orgánica. ¿Cuál es su negocio? como parte de un proyecto de la ONU/FAO llamado “The Growing Connection”, que llegó a México a través de la Fundación Selva Negra para apoyar a comunidades Huicholas, EarthBox México se dedica a promover el cuidado del medio ambiente y la nutrición balanceada incentivando la siembra orgánica mediante su producto: cajas de siembra fabricadas con materiales reciclados en México.

Este producto, además de generar ahorro, impacta socialmente al garantizar el abastecimiento alimenticio en las comunidades donde ha sido implementado. También cuenta con un componente de inclusión, ya que una caja puede ser usada tanto por un corporativo urbano como por una comunidad rural, es decir, facilita el cultivo hasta en lugares que no tienen condiciones aptas para ello y promueve un trabajo solidario. La capacitación, asesoría y talleres permiten que la empresa de un seguimiento al uso del producto, siendo co-partícipe de los proyectos que se desarrollan a partir de lo que ellos distribuyen. Así mismo, se incentiva la investigación y el desarrollo local-regional para que, al adaptarse a necesidades específicas, el producto realmente cubra los requerimientos de las zonas (evitando elevar costos).

#cabildeociudadano entrevistó a Robert Patterson, quien además de ser el fundador de EarthBox México, trabajó en la FAO/ONU como Senior Liaison Officer durante casi 30 años consecutivos. Compartimos con nuestros lectores la experiencia de trabajo de una empresa social que hasta el momento sigue dando buenos frutos.

 

– cabildeociudadano: ¿Por qué y cuándo decidió iniciar su propio proyecto en México?

– Robert Patterson: FAO, como muchas otras grandes organizaciones, ha perdido paulatinamente el interés en actividades operacionales, profundizando más en las charlas y los reportes, lo que yo llamo “la primera y la segunda dimensión”. Yo prefiero mucho más todo lo referente al trabajo con personas, proyectos, actividades e iniciativas dinámicas que tengan un potencial auto sostenible. A este dinamismo le llamo “la cuarta dimensión.”

CC: ¿Por qué decidió emprender un negocio con metas sociales en lugar de fundar una OSC?

– RP: Nosotros elaboramos lo que se conoce como “producto universal”, que provee un valor tangible para diferentes usuarios (ricos, pobres, gente del área urbana, del área rural); ahí existe un valor agregado para cada uno de los usuarios y para cada EarthBox. En mi definición, “productos universales” son aquellos fáciles de usar y que implican muy pocos costos operativos. Imagine una bicicleta en comparación con un automóvil.

En nuestra experiencia de empresa social, operamos un negocio el cual es manejado por “actual value” más que por valores financieros, donde la clave es la autosostenibilidad, sin que esto quiera decir que se tenga una riqueza desmesurada.

Para operar un negocio con capital propio (scarce) ponemos todo en una linea de riesgo, en lugar de hacerlo como una OSC que funciona con bases más seguras, pero por fuera del valor actual del mercado. Para nosotros fue importante tomar esta decisión donde era “hacer o morir en el intento”, no como una subsididada Potemkin Village.

CC: ¿Cuáles son las ventajas de ser una empresa y no una OSC?

RP: Nuestras decisiones son completamente propias, no tenemos que responderle a una junta o a los políticos. Si nos va bien o fallamos no hay razón para sentirnos culpables con nadie.

– CC: ¿Cuáles son las desventajas?

– RP: Capital limitado, especialmente para la promoción, así que tenemos que ser muy acertados y creativos en nuestras actividades.

 

Algunos representantes de empresas sociales también resaltan entre las ventajas de emprender un negocio con fines sociales, la credibilidad. Lamentablemente, las OSC´s no son tomadas tan en serio como las empresas, pero sí como un negocio; la propuesta es atractiva para los inversionistas, hay más fuentes de recursos que para una OSC y al mismo tiempo es posible acceder a donativos.

Un miembro de la consultora Cirklo menciona la importancia de prepararse ante los nuevos esquemas que están surgiendo: “Si las OSC´s no se capacitan, asesoran o integran a un experto en negocios, su probabilidad de fracasar es muy alta.”

Las empresas con objetivos sociales deben tener claras y bien definidas sus metas, ser responsables y no olvidar su razón de ser, aprovechando las ventajas del mundo de la filantropía más la ventaja del mundo de los negocios.

Para finalizar, compartimos algunas cifras de OSC´s que se han transformado logrando independizarse de los donativos.

De OSC's a empresas(fuente: //www.cnnexpansion.com/expansion/2013/02/08/de-ong-a-empresa)

 

¿Qué otros ejemplos de empresas sociales conocen? Nos gustaría escuchar sus historias y experiencias al respecto.

 

(imagen: www.luismaram.com)

 

Valery Rojas,

Politóloga y Blogger

@chanteler

El hambre: una limitante para la democracia.

Cruzada Nacional Contra el Hambre(imagen: //fotos.libertadguerrero.net)

La necesidad y el hambre son de las principales limitantes para el desarrollo ciudadano, y por ende democrático. En la República Mexicana se estima que 28 millones de personas padecen hambre, esta problemática motivó a que el presidente Enrique Peña Nieto propusiera el 21 de enero del 2013 la “Cruzada contra el hambre“, un programa para combatirla a través de la suma de esfuerzos administrativos.

Esta medida tiene como objetivo focalizar esfuerzos en combatir la pobreza extrema, que es la que más lastima al país en cuanto a las limitantes que una mala alimentación marca en poblaciones determinadas. Es importante señalar que la pobreza es multidimensional y no se limita a indicadores como el ingreso o el gasto, es una condición en la que intervienen múltiples factores como acceso a la salud, educación,  servicios, vivienda y, desde luego, alimentación.

La Cruzada Nacional Contra el Hambre parte de la premisa de la alimentación y una correcta nutrición como punto de partida  para el mejoramiento del resto de las dimensiones; a través del fortalecimiento del capital físico y humano de la población, y con el apoyo de otros programas sociales, puede darse una salida productiva a la pobreza.

En resumen, esta propuesta tiene cuatro puntos importantes que le dan forma a la estructura y a lo que pretende solucionar:

1-Esfuerzos focalizados en los 400 municipios más pobres del país.

2-Corresponsabilidad en todas las dependencias gubernamentales.

3-Estrategias sociales enfocadas a las capacidades productivas.

4-Los beneficiarios estarán incluidos en la transformación.

Estos cuatro puntos parten de la riqueza que México tiene como país y de la existencia de recursos suficientes para combatir los problemas de hambre. Como parte de los esfuerzos existen varias fundaciones como “La fundación cero hambre”, “La asociación Mexicana de bancos de comida” y, “Un kilo de ayuda”, entre otras. Estas organizaciones no gubernamentales tienen como propósito el uso de cooperativas agrícolas que permitan el sustento de quienes producen, pero también que dichas cooperativas puedan vender sus productos para generar recursos, siendo un programa que busca generar un círculo virtuoso, no sólo para erradicar la pobreza multidimensional extrema, sino para promover proyectos y actividades productivas.

Cabe resaltar que la estructura jurídica está presidida por la Secretaría de Desarrollo Social, pero al ser multisectorial incluye la participación de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Turismo. Que junto con sus aparatos descentralizados suman esfuerzos en la búsqueda de cumplir con los objetivos.

El hambre es un problema que tiene manifestaciones en todas las esferas sociales y por obvias razones, en la naturaleza biológica humana. En un país como México es un problema que no ha logrado erradicarse a pesar de los programas sociales de los últimos sexenios, y es de suma importancia porque es indicador de una pobre política distributiva. Sin embargo, el mayor problema del hambre es que hace a las millones de personas que la padecen incapaces no sólo de tener una vida digna, sino de participar en la vida pública. Este hecho es trascendental porque no puede existir democracia en un lugar donde no se tienen satisfechas las necesidades más elementales, y donde todo esfuerzo humano está orientado a la supervivencia más elemental. El hambre no es sólo un programa que afecta a quien la padece, sino a todo el país donde los millones que la sufren amenazan la legitimidad y el funcionamiento del sistema en su conjunto.

Mama RosaLa fragilidad del Estado de Derecho es la principal fuente de la desconfianza entre ciudadanos y principal enemiga de la democracia. La semana pasada fueron “rescatados” por un comando armado 458 menores de edad del albergue “La Gran Familia” ubicado en Zamora, Michoacán. La encargada del albergue, Rosa Verduzco, conocida como “Mama Rosa”, fue detenida en medio de un vistoso operativo que incluyó medios de comunicación y la exhibición de la Sra. Verduzco como una criminal ante el público sin haber pasado por el debido proceso y el respeto de sus garantías más elementales.

La casa hogar, que en su página web menciona contar con subsidios oficiales y convenios con organismos públicos de todos los niveles y de atender a personas de escasos recursos, no se daba abasto para atender a los jóvenes que lo habitaban. Lo que llama la atención es el tipo de delitos que se le imputan a Rosa Verduzco, a quienes muchos intelectuales y personalidades del país como Krauze, Poniatowska, Lázaro Cárdenas Batel, Vicente Fox, e incluso el nobel francés de literatura Le Clezio califican como una luchadora social.

Los delitos que se le imputan a Mama Rosa son:

  • Adopciones ilegales (Tratado Internacional de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas)
  • Explotación sexual (art. 201 del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos)
  • Explotación laboral (art. 5 de la Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos)
  • Tráfico de órganos (art. 156 bis del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos

Estos delitos hablan principalmente de dos cosas; como se puede observar, la naturaleza de los crímenes que se le imputan a la responsable del lugar distan de tener un impacto menor, pero no deja de llamar la atención las irregularidades con que la autoridad actuó. ¿Por qué lo hizo hasta este momento?. Si realmente existieron dichas violaciones y acusaciones, por qué no presentarlas en primer lugar ante la autoridad judicial competente antes de hacer un linchamiento mediático que ha despertado la reprobación con razón de un grupo significativo de ciudadanos quienes piden se respete la figura de Rosa Verduzco.

El tema no es menor en un momento donde Michoacán vive una degradación de las funciones estatales a manos de grupos criminales y donde acciones policiales bajo la sobreexplotación mediática desproporcionada parecen buscar la legitimidad perdida en la lucha contra el crimen. Ante este escenario, Rosa Verduzco luce como chivo expiatorio de una política estatal que no ha dado resultados en materia de seguridad, y donde ciudadanos como José Manuel Mireles, líder de las autodefensas michoacanas, se encuentra preso, mientras que “La Tuta”, líder de Los Templarios, continúa en libertad. El caso de “La Gran Familia” parece seguir la misma ruta de un gobierno que busca restaurar la confianza a partir del encarcelamiento de líderes sociales surgidos de la necesidad de resarcir el daño ocasionado por las omisiones desde el poder.

(imagen: //media.proceso.com.mx)