Archivo

ciudadanía

La participación ciudadana es imprescindible para generar cambios positivos

Mundial Brasil 2014

En nuestras últimas entradas hemos resaltado la importancia y la necesidad del involucramiento de la ciudadanía en los procesos políticos y decisiones gubernamentales.

La coyuntura actual, no sólo a nivel mundial sino también de México, hace que la participación ciudadana sea imprescindible para generar cambios positivos. Y aunque existen acciones como La Responsabilidad Social Empresarial, el Cabildeo e iniciativas de monitoreo por parte de organizaciones de la sociedad civil, también son significativas cada una de las acciones que emprendamos individualmente para transformar la realidad.

¿Por donde empezamos?

En primer lugar, es fundamental informarnos acerca de lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Una vez que hayamos consultado no sólo los medios tradicionales, sino también la información proveniente de fuentes independientes, con seguridad tendremos la determinación y el coraje para emprender acciones. Para ejemplificar mejor retomemos el tema de La Ley de Telecomunicaciones.

Una encuesta realizada por Gii360 con el objetivo de conocer la opinión de los habitantes de la ciudad de México con respecto a dicha ley, evidencia que sólo el 13,33% de los encuestados tienen conocimiento sobre ésta. Casi el 70% no está enterado de las movilizaciones llevadas a cabo. Y a pesar de que el 70% cuenta con servicios de internet, los resultados arrojan que el medio que más se consume es la televisión.

Desafortunadamente, en la mayoría de casos en medios tradicionales, la información se encuentra parcializada u orientada hacia otro tipo de “noticias” que sirven como cortinas de humo para desviar la atención de la población.

Luego de las movilizaciones, tanto en redes sociales como manifestaciones en las calles, se logró el aplazamiento de la discusión de la ley de telecomunicaciones para el mes de junio,  justo cuando la atención ciudadana estará centrada en el mundial de fútbol, y no en el proceso legislativo.

Eventos de esta magnitud fueron creados originalmente para reforzar la unión entre los diferentes pueblos, tanto a nivel religioso como cultural, pero lamentablemente en la historia moderna, bastan un par de ejemplos para que nos demos cuenta que esa esencia se ha perdido. Olimpiadas y Mundiales de Fútbol, por mencionar algunos, han provocado crisis en países sede y han fungido como elementos distractores de distintas problemáticas.

México,1968. Tan solo a 10 días de llevarse acabo las Olimpiadas en México, el 2 de Octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco, fuerzas del ejército dispararon indiscriminadamente a más de 50.000 estudiantes que se habían congregado allí para manifestarse. Murieron casi 400 estudiantes y más de mil resultaron gravemente heridos. Pocos meses antes había sucedido la trágica Primavera de Praga, y la guerra de Vietnam estaba en los peores momentos. La censura del gobierno para evitar la difusión de la noticia fue tal que llegó a la persecución de periodistas nacionales y extranjeros para “evitar una mala imagen internacional”. Días después, para la inauguración de los XIX juegos olímpicos, el presidente Díaz Ordaz abrió el evento llamado “La Olimpiada de la Paz”.

Argentina, 1978. En su afán por perpetuarse, los militares argentinos que ocupaban el poder en esta época realizaron el Mundial de Fútbol del 78. Las noticias de desapariciones y centros de detención contra los detractores del régimen autoritario, movilizaron a organizaciones de derechos humanos en Europa, por lo que la Junta Militar tenía una gran preocupación por la imagen de Argentina ante el mundo. Por este motivo, la ciudad simplemente se “maquilló” de la mano del periodismo cómplice. La polarización de la sociedad generaba incluso señalamientos a las Madres de la Plaza de Mayo, tildándolas de antinacionalistas por hablar en contra del mundial. Fue en esta época donde se llevaron a cabo la mayor parte de las desapariciones comprobadas durante la dictadura.

Brasil, 2014. Faltan solo 6 semanas para que comience el mundial en el país más grande de Latinoamérica y la historia no deja de repetirse. Los organizadores afirman que será el mundial “más seguro” a pesar de las protestas que desde el 2013 se han realizado en el país. Lo que sí se sabe es que los 13.000 millones de dólares que se han invertido en el evento lo convierten en el más caro de la historia. Más del 75% de los brasileros opinan que gastar tanto dinero es innecesario y más del 80% piensa que todos estos recursos deberían utilizarse para inversión en educación y salud. El intento de la toma de control por parte de la policía en las favelas ha prendido las alarmas por la crisis de seguridad, los ciudadanos empiezan a denunciar abusos de la policía, torturas y asesinatos. La necesidad de terminar la construcción de estadios y remodelación de infraestructura, ha desembocado en varias muertes de trabajadores por las fallas en las medidas de la seguridad de las obras. El periodista danés Mikkel Jensen quién estaba allí para cubrir el evento, decidió abandonar el país y publicó una carta donde menciona que, para garantizar “la fiesta televisiva del fútbol”, además del abandono de los proyectos sociales, se realizan “limpiezas de pobres” en las calles, sospechando que el destino de estos infantes es la muerte.

Ahora que tenemos un poco más de información, ¿qué podemos hacer?

No podemos permitir que una vez más nos distraigan de los acontecimientos que nos van a afectar en el largo plazo. La información a la cual podemos acceder libremente y que nos proporciona herramientas para el desarrollo de ser sujetos críticos, está en peligro, en caso de que sea aprobada la Ley Telecom tal como hasta ahora está propuesta.

Tenemos que empoderarnos para realizar seguimientos a las discusiones en torno a esta ley. La participación ciudadana es vital para lograr sociedades civiles con mayor fortaleza y capacidad. Es importante reforzar los encuentros entre expertos y autoridades con la población en espacios públicos donde se definan realmente los intereses sociales, como también tomar nuestro rol en la implementación, evaluación y monitoreo de las políticas públicas. 

Para construir el país que queremos no podemos quedarnos en la asistencia a los procesos políticos de elección popular. Tenemos el derecho y la obligación de exigir a nuestros representantes que lleven a cabo reformas que en efecto logren esa concepción Gramsciana del Estado, como “un organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del GRUPO MISMO”, no de una minoría. Para que un proyecto de nación funcione debemos asumir nuestro papel, cumplir eficazmente nuestras responsabilidades como ciudadanos, informándonos y no permitiendo que se lleven a cabo reformas que benefician directamente a intereses exclusivos de grupos económicos determinados.

Más información:

http://sobrehistoria.com/tlatelolco-matanza-estudiantil-en-mexico-68/

(imagen: http://1.bp.blogspot.com)

Valery Rojas,

Politóloga y Blogger

@chanteler

El involucramiento en asuntos públicos es un ejercicio de la ciudadanía

 

Los habitantes de la democracia son los ciudadanos, y de ellos la obligación y el derecho de participar en los asuntos públicos del país. Recientemente Alfonso Cuarón, cineasta y ganador del Oscar por la película “Gravity”, lanzó 10 cuestionamientos al presidente Enrique Peña Nieto referentes a los beneficios de la Reforma Energética.

10 preguntas de Alfonso CuarónEntre las diferentes posturas que un tema de tanta trascendencia genera por la complejidad del mismo, pueden ubicarse dos principalmente: la primera es de todos aquellos quienes comulgan con los cuestionamientos lanzados en el documento “Diez Preguntas”, quienes celebraron que un mexicano “exitoso” se involucrara en los asuntos de interés nacional, sobre todo en uno como el tema energético, viéndolo como un aliado en un momento en que la información sobre el tema no ha permitido conocer los alcances de las reformas y que, en efecto, las legislaciones propuestas generan más dudas que respuestas. En segundo lugar, están  quienes de inicio demeritaron la legitimidad del director, incluido el mismo Presidente, por hablar de un tema tan específico del cual no tiene “recursos técnicos” para opinar, y que a sus juicios, es irresponsable por tratarse de una figura pública que genera una gran respuesta mediática con los inconvenientes propios de difundir información o críticas a partir del desconocimiento o la “malinformación”.

Es fundamental mencionar que, independientemente de la postura que genere el tema energético, el asunto central que introduce el cineasta es el del ejercicio de la ciudadanía para involucrarse en una cuestión de crucial interés. En este sentido se pueden lanzar argumentos a favor y en contra de las propuestas de política, sin embargo, cuando nos referimos al ejercicio de los derechos políticos y civiles, el tema es completamente diferente.

En primer lugar, nuestra Constitución establece en su artículo 7º la inviolable libertad de los ciudadanos para difundir opiniones, información e ideas bajo el principio de la igualdad ciudadana. Es decir, para que exista la libertad de opinión, se debe comenzar por el reconocimiento mutuo entre ciudadanos a partir de la igualdad como sujetos políticos interesados en involucrarse en los intereses públicos que son de su incumbencia. 

En segundo lugar, desviar el eje de la discusión energética a temas de forma, como plantear que el documento tiene faltas de ortografía o que el ganador del Oscar no vive en México, sólo sitúa el debate en temas que no tienen sustento alguno ya que el derecho a participar no está condicionado a la capacidad ortográfica ni a la localización geográfica; en este sentido la ley es clara: podrán participar de los asuntos públicos del país los ciudadanos de la República; y Alfonso Cuarón, estemos o no de acuerdo con sus cuestionamientos, es un ciudadano de la República Mexicana.

Finalmente no hay que olvidar que los valores de la República se cimientan en acción y discusión sobre los asuntos públicos por parte de los ciudadanos, cuando éstos se reúnen (por el medio que sea) para dialogar en un espacio de libertad e igualdad sobre aquellos asuntos que atañen a su comunidad política. De ahí que manifestaciones ciudadanas de cuestionamiento democrático al poder sean tan deseables en nuestra actual coyuntura democrática, sobre todo en un momento en el que muchas de las reformas están siendo aprobadas en un clima de hermetismo y celeridad, impidiendo la generación de información necesaria y el debate para que los ciudadanos estén debidamente informados y puedan actuar en consecuencia de acuerdo a su deber ciudadano.

En suma, desviar la atención en discusiones bizantinas sobre si Cuarón es un “ciudadano legítimo” o no para dar su opinión es caer en un círculo sin salida, que nos llevaría a categorizar a los ciudadanos entre aquellos cuya opinión es válida y aquellos cuya opinión no lo es; situaciones que no abogan al fomento de la igualdad entre mexicanos y, por ende, de la democracia a la que aspiramos.

(imagen: https://pbs.twimg.com)

Cabildeo ciudadano: capacidad para transformar nuestra realidad

En las últimas semanas hemos comentado y discutido sobre la incertidumbre que existe en cuanto a la aprobación de las leyes secundarias; tema que merece seguimiento y exige la participación de los ciudadanos para que realmente se lleven a cabo los procesos democráticos. En este sentido, queremos enfocarnos en la imprescindible labor del monitoreo, herramienta fundamental para el cabildeo ciudadano; por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, en el que la reforma enviada por el Presidente está sufriendo modificaciones importantes por parte de los legisladores. El gran descontento expresado en redes sociales que cuestiona el apego de tales reformas a la constitución ha despertado acciones físicas, como la cadena humana que se llevó a cabo el pasado sábado. También destacan interacciones online donde se afirma que tales reformas representan una violación a la privacidad de los usuarios y bloqueos e inhibiciones a los sistemas de telecomunicaciones en actos públicos. Además de ser un paso hacia atrás en la democratización del conocimiento que nos ha brindado la red, ya que los proveedores estarían autorizados a dar preferencia de banda a distintos sitios web según los acuerdos previos que se establezcan con las diferentes empresas, dejando fuera a terceros que no tengan la capacidad de pago para obtener “privilegios”, en un servicio que es considerado Derecho Humano por garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio ciudadano.

Es evidente que, a pesar de convocar casi a 3000 personas en la manifestación del sábado, es muchísimo más el movimiento que se ve en las redes sociales. El clicktivismo nos ha invadido. Wikipedia lo define como “la idea débil del activismo en internet basado simplemente en hacer likes y firmar peticiones”. Por otro lado, ¿se logró el objetivo de la acción? El resultado fue el aplazamiento de la discusión para el mes de junio, pero tal como lo menciona la politóloga Denise Dresser: “se espera que la atención ciudadana no esté centrada en este proceso legislativo” ya que justo en esta fecha se celebra el Mundial de Fútbol.

monitoreo legislativo

(imagen: http://www.cgmps.mx)

 ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Para no caer en el clicktivismo y el olvido es necesario dar seguimiento a la toma de decisiones, sin importar las cortinas de humo que se puedan presentar. Eso representa un gran reto, pero al mismo tiempo la oportunidad para muchos de reunir fuerzas y realmente participar de un proceso democrático sin esperar a que “alguien más” les de acceso. Nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que cabildear por nuestros derechos humanos. En México, existen ejemplos de ciudadanos y organizaciones que a través del monitoreo han logrado participar y lograr cambios importantes en la toma de decisiones de gobierno.

Tal es el caso de “Monitoreo legislativo Sonorense”, una iniciativa de la organización Sonora Ciudadana, que luego de 3 años de trabajo estableció estándares para evaluar a los legisladores y para promover espacios ciudadanos reconocidos por la ley, como el Comité Ciudadano de Evaluación del desempeño legislativo y establecimiento de una agenda legislativa común para interactuar y monitorear a los diputados. Optimizando el uso del internet, los resultados del seguimiento al desempeño de los legisladores fueron compartidos periódicamente, ofreciendo información básica a la ciudadanía y también través de otros medios como la radio, donde se trasmitían en vivo las conferencias de prensa desde el Congreso en los momentos coyunturales en que era necesaria la atención de la opinión pública. Pueden conocer más información de esta experiencia aquí.

Así como los medios, los gobiernos y las empresas tienen una agenda, ya sea pública o privada, de los temas a los que les dan prioridad, es necesario que los ciudadanos, individual y colectivamente, desarrollen una metodología para dar seguimiento a los temas de su interés y llevar a cabo acciones concretas de incidencia, para ejercer presión y co-gobernar. Con este objetivo, es crucial que los ciudadanos conozcan sus derechos, los procesos y tiempos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas y cómo influir en ellos. Esto irá formando a profesionales en todas las áreas, conscientes del rol que juegan en la sociedad, y que, desde su parte, tienen la capacidad de modificar el todo. Asimismo, creará en las siguientes generaciones sujetos cada vez más críticos. Sólo así podremos construir ciudadanía y pasar de una democracia representativa a una participativa. De lo contrario, seguiremos sin avanzar en la elaboración de consensos que nos lleven a un “lugar común” donde los ciudadanos valoren sus instituciones, compartan los principios de la comunidad política, respeten las discrepancias, tengan una visión común del interés público, superen las diferencias mediante acuerdos, y “contribuyan al logro de los objetivos colectivos”[1].

Nosotros tenemos la capacidad de transformar la realidad. Compartir la información, fortalecer a los ciudadanos, generar capacidades, participar continuamente de los procesos, dar seguimiento a nuestros intereses en común: todo eso forma parte del cabildeo ciudadano.

 

Fuentes:

[1]HURTADO, Manuel. Cultura y democracia: una relación olvidada. En: La democracia en América Latina. Buenos Aires: PNUD, 2004. Pág. 289.

Más información:

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/mcasas.html

 

Valery Rojas,                          Julia Romero,

Politóloga y Blogger              Comunicóloga y Maestra en Educación Intercultural

@chanteler                            @Sashantia1

La importancia de que exista un acuerdo de cooperación, un pacto social con equilibrio entre los actores

ciudadanía participativa

La salud es derecho que sólo puede ser garantizado como parte integral de un pacto social del que todos seamos partícipes. Hoy es el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, conmemoración de dos derechos producto de las conquistas sociales del siglo XX y que actualmente sigue discutiéndose sobre quién debe recaer la responsabilidad de brindar trabajo y salud a la sociedad, si el Estado o el sector privado.

Ambas posturas construidas sólida y argumentativamente por quienes las respaldan tienen sus pros y contras, pero más allá de construir lógicas y argumentos inflexibles es necesario asumir que la pluralidad y la existencia de diversas posturas fortalece la posibilidad de construir verdaderos acuerdos y soluciones consensuadas que integren a todos los involucrados.

En el caso de los derechos laborales y el acceso a la salud no se trata de asumir una postura u otra y llevarla hasta extremo, ya que si consideráramos que la salud debe ser una transacción sólo entre privados y que cada uno de nosotros debe acceder a ella a partir de sus propios recursos, entonces caeríamos en el problema de asumir que no toda las personas tendrían acceso a la salud, sólo aquellas cuya posición social y económica pudiera costearla. En el caso particular de México eso excluiría inmediatamente a prácticamente la mitad de  población, es decir, 60 millones de personas.

Por otro lado, si dejáramos por completo la creación de empleos sólo al Estado no habría posibilidad de producir tantas oportunidades ni áreas de especialidad en función de que no es lógica ni razón del Estado crear y diversificar la actividad económica; como por ejemplo, tener un programa público de fabricación de electrónicos, de teléfonos celulares o de cualquier bien de consumo de nuestra vida cotidiana que requiere de incentivos económicos y de mercado para existir. Por tanto, nos encontraríamos nuevamente con el problema de que el Estado no podría generar la cantidad necesaria de empleados para toda la población.

En ambos casos, ni el estado regido por la lógica pública, ni el mercado o los empresarios regidos por la lógica privada económica tendrían la posibilidad de encargarse o satisfacer ambas necesidades a cabalidad. De ahí la importancia de que exista un acuerdo de cooperación, un pacto que establezca las reglas del juego para que ambos actores puedan ejecutar adecuadamente sus funciones, garantizar los derechos y el cumplimiento de la ley en el caso del Estado, y la generación de riqueza por el otro. De eso trata el pacto social, de la asignación de funciones del sistema y del cumplimiento de éste.

Sin embargo, vemos que la reestructuración del pacto social a través de las reformas estructurales del que el país ha sido objeto tienen un problema de consenso que se remonta a la definición y pregunta de ¿qué país queremos? Cuando existen tantas voces encontradas, pero sobre todo, tantos agentes que buscan cargar los acuerdos hacia su beneficio privado, la balanza y la estabilidad del pacto se ven comprometidos, de ahí la importancia de la vigilancia y transparencia de un tercer actor fundamental en la tensión entre el Estado y los agentes económicos; nos referimos específicamente a la ciudadanía como actor activo en la reestructuración y formación del pacto, misma que hasta el momento se ha visto marginada en varios de los temas constitucionales y regulatorios.

Como se puede intuir, la situación por la que atraviesa México no es sencilla porque nos encontramos en un momento donde estamos dando nueva forma al pacto social que existía y que heredamos desde la conformación del México moderno en el siglo XX. Si bien muchos cambios eran necesarios, de otros no queda aún clara su conveniencia pública, tal es el caso de la rectoría del petróleo. Sea como sea, la labor de la ciudadanía radica en ser depositaria de la legitimidad y de generar el diálogo con el Estado representativo para velar por el interés general y la viabilidad de un pacto social construido a base de equilibrios sustentables, donde ningún actor se imponga inexorablemente sobre otro. Ese es el gran reto de la reformas estructurales y de la sociedad mexicana en general.

(imagen: formacionparatodos.wikispaces.com)

Pasar de la protesta a la propuesta

niña Jobs

En una entrada anterior titulada “La RSE y el Cabildeo” anotábamos que: “El cabildeo bajo cualquier definición, se describe como un conjunto de acciones que tienen como objetivo cambiar la política, llamar la atención sobre un tema o dirigir órganos decisorios hacia una solución”.

La mayoría de las veces asociamos estos conceptos a procesos que se generan al interior de las empresas o de las OSCs, pero los ciudadanos también podemos incidir en las políticas públicas a través de nuestras acciones cotidianas. Basta con estar conscientes de que el cabildeo es una herramienta para el proceso de cambio continuo hacia una sociedad más igualitaria, justa, democrática, respetuosa de la naturaleza y sostenible, que es a lo que todos y todas aspiramos llegar; además de que nos permite poner en práctica el ejercicio de pasar de la queja y la denuncia a las soluciones propositivas.

¿Recuerdan el caso de la estudiante Paloma Noyola de la escuela José Urbina López en Matamoros? Paloma es mejor conocida como “La niña Jobs” por haber obtenido el puntaje más alto de México en matemáticas en las pruebas ENLACE 2012-2013. En un entorno precario, donde el acceso a los servicios públicos es limitado, sin electricidad constante, acceso a internet restringido, en plena frontera con Estados Unidos y punto álgido en la guerra contra las drogas, el maestro Iván Juárez Correa empezó a replantearse el modelo tradicional de enseñanza, que, en palabras de Foucault, podría definirse como un lugar donde “se tiene el control a través de la vigilancia y el castigo”.

Entre el 2010 y 2011 comenzó su búsqueda hacia algo innovador, experimentando e implementando nuevas estrategias.“ Me di cuenta que había que hacer algo diferente porque para este tipo de planes y programas (los tradicionales) se necesita un niño que no hable, que no platique, que nada más esté sentado en su banco, como si fuera un soldado. Estaba consciente de que hacía falta un cambio, había que sacar a los niños de las aulas y llevarlos a su ambiente natural, que es jugar”, cuenta el maestro. Partiendo de un auto reconocimiento de las necesidades propias del contexto, encontró en modelos de educación como el finlandés y el japonés la inspiración para aplicar las asignaturas establecidas a las situaciones de la vida cotidiana.

Así logró que Paloma y otros nueve niños de su escuela obtuvieran altas calificaciones en la prueba ENLACE. Gracias a estos resultados consiguió llamar la atención de muchos mexicanos que desconocen estas realidades, y la atención de autoridades responsables que se han desentendido del tema educativo en regiones apartadas. Se concedieron becas completas de estudio y un subsidio para la compra de uniformes, útiles, pago mensual de alimentación y transporte.

La participación ciudadana es la que puede continuar la labor con el monitoreo de este tipo de iniciativas. Si nuestro objetivo es crear una sociedad donde los valores fundamentales sean el respeto a la vida en todas sus formas, una sociedad más equilibrada, con seres humanos sensibles a los problemas sociales y conscientes de su poder de decisión y acción para generar el cambio, podemos comenzar a hacerlo desde los hogares. 

Cabe resaltar otro ejemplo, el de Natalia López, la niña indígena de origen Náhuatl, que vive en el municipio de Escobedo en Monterrey y que dejó a más de uno con la boca abierta con el discurso que dio frente a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Además de estar orgullosa de sus raíces, resalta la importancia del respeto por la multiculturalidad y cómo a pesar de ser discriminada en algunas ocasiones, gracias a la formación que ha tenido desde su hogar, tiene muy claro que lo que debe primar en la sociedad es el respeto a las diferencias, está segura de sí misma y de sus raíces y consciente de que la mezcla de culturas del país hacen de México un país único. Si cada uno de nosotros empezáramos a valorar las riquezas de esas raíces, a preocuparnos por los demás, a no prestar tanta atención a lo material, que como dice Natalia, “nos ha llevado a olvidar lo importante que es el amor y los valores desde la familia”, lograríamos un cambio real.

Precisamente este mes de los niños y las niñas, podríamos estar más atentos a cuáles son las necesidades de los más pequeños, no sólo de nuestros hijas e hijos, sino de todos los mexicanos que se están formando para un futuro mejor. Hagámonos responsables para que la realidad de la que tanto nos quejamos cambie. La niñez mexicana ya está generando un cambio y nos está demandando una sociedad sustentada en valores que respeten derechos fundamentales. Estamos hablando de las generaciones que nos gobernarán en el futuro. Es fundamental preparar el camino desde hoy.

Los invitamos a compartir historias como ésta, de las que seguramente hay muchísimas más. Éstas son las que nos dan fuerza para reconocer que el cambio sí es posible.

Más información:

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/paloma-noyola-steve-jobs-966917.html

http://www.noticiasatiempo.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=8287:la-verdadera-historia-de-natalia-lizeth-la-nina-indigena-que-cautivo-a-mexico-en-las-redes-sociales

http://www.cird.org.py/institucional/documentos/manual_incidencia.pdf

(imagen: www.laverdadnoticias.com)

Valery Rojas,

Politóloga y Blogger

@chanteler

Cabildeo ciudadano socialmente responsable

RSE

Las primeras prácticas de cabildeo en México se dieron durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) para incidir en la agenda bilateral y mejorar la imagen de México ante la Presidencia y el Congreso E.U.A. Pero fue en 1997 cuando el cabildeo emergió con fuerza en el país debido a que ningún partido político obtuvo la mayoría en el Congreso de la Unión, provocando que los distintos sectores (empresarial, sociedad civil y gubernamental) se vieran forzados a negociar. Esto generó una gran oportunidad de participación a grupos que normalmente quedaban fuera de la toma de decisiones a través de los canales tradicionales de negociación. Así es como nació oficialmente la práctica del cabildeo o incidencia en políticas públicas como forma de negociación y conciliación entre distintos grupos sociales para ejercer presión y poner temas en la agenda pública.

Aunque actualmente el cabildeo es una práctica común ejercida por y entre distintos grupos y sectores, en México se hace una distinción entre el cabildeo y la incidencia en política pública, donde normalmente el cabildeo es referido como una actividad realizada por empresas, y la incidencia como una actividad realizada por grupos ciudadanos.

Cabildeo e Incidencia: ¿empresa o sociedad civil?

El cabildeo bajo cualquier definición, se describe como un conjunto de acciones que tienen como objetivo “cambiar la política, llamar la atención sobre un tema o dirigir órganos decisorios hacia una solución” (Consejo Internacional para Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT) 2007, p. 1) De acuerdo al Manual de Incidencia en Política Pública de la organización Alternativas y Capacidades A.C., la incidencia en política pública “consiste en actividades confrontativas y cooperativas que implican interactuar con el gobierno y otras instituciones públicas”. Éstas definiciones muestran cómo dos sectores, ya sean las organizaciones o las empresas, buscan ejercer presión y establecer relaciones de colaboración con el gobierno para incidir en las políticas públicas, pero ambas dejan fuera las relaciones que existen también entre las propias organizaciones y empresas, dejándolas exclusivamente en el campo de la filantropía o la inversión social. El Manual de Incidencia menciona, entre otras razones para incidir, maximizar el impacto del trabajo de las OSCs y grupos ciudadanos, construir ciudadanía y gobiernos responsables, y ayudar a transparentar a las instituciones públicas; tareas que no solo corresponden a las organizaciones, si no a la ciudadanía en general. Eso quiere decir que el cabildeo y la incidencia son herramientas de participación social. Ya que éstas son usadas también por las empresas, debe reconocerse la necesidad imperativa de un cabildeo con responsabilidad social.

¿Cómo se beneficiaría la ciudadanía de un cabildeo con RSE?

Menciono la labor de las OSCs en México, ya que para generar un ambiente de transparencia y legalidad en las actividades del cabildeo es fundamental contemplar y dar visibilidad a las distintas interacciones que existen entre el sector empresarial y la sociedad civil, sin reducirlo exclusivamente a la relación donante-donataria. Una relación saludable entre OSCs y sector empresarial contribuye a construir y transparentar las relaciones entre gobierno-empresas-ciudadanía, y fomenta la participación social, donde todos los sectores se asumen como co-partícipes del cambio.

“La responsabilidad social y sus actividades tienen que ser voluntarias e ir más allá de las obligaciones legales, pero en armonía con la ley. En conclusión, la responsabilidad social exige el respeto de los valores universalmente reconocidos y del marco legal existente.” Escribió Juan Felipe Cajiga Calderón en El Concepto de Responsabilidad Social publicado por el Centro Mexicano de la Filantropía. (Cemefi, p. 7)

Esta definición de Responsabilidad Social asume que las empresas forman parte de un ecosistema social y que todas sus acciones tendrán un impacto positivo o negativo. Por lo tanto, para ser una empresa socialmente responsable se requiere que la misión, directrices y acciones estén orientadas al bien común, contemplando el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y laborales y su aporte al desarrollo local y regional, como pilares fundamentales de su razón de ser y de su actuar. Es por eso que la responsabilidad social es hoy en día un proceso y no un hecho tácito. Debe verse como un proceso continuo de mejora en el cual las empresas van adquiriendo grados de responsabilidad, y van asumiendo un rol activo en el conjunto de interacciones que existen entre ella y sus audiencias. (Juan Felipe Cajiga Calderón, p. 4)

Corresponde a las empresas ir más allá del marco legal existente y asumir que son ellas las que también contribuyen a que dicho marco legal sea armónico con los derechos humanos universales. En este sentido, cuando las empresas socialmente responsables se involucran en las políticas que impactan su quéhacer, contribuyen enormemente a formar un entorno legal mucho más apropiado para llevar a cabo los valores en los que están fundamentadas.

Bajo nuestra definición, un cabildeo ciudadano socialmente responsable, es aquél que contempla fomentar la transparencia en las relaciones entre instituciones, tanto de gobierno como de las empresas, incluyendo a las OSCs como un aliado fundamental para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas en beneficio de la ciudadanía, maximizando su impacto y minimizando las consecuencias negativas.

Bibliografía:

Bayer Centro América y Caribe AG: Ejes de la Responsabilidad Social Empresarial. Available online at http://www.bayer-ca.com/ejes-rse/.

Consejo Internacional para Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT) (2007): Guía para el Cabildeo. El Proyecto del Financiamiento Sostenible.

Expok News: Las 10 empresas más innovadoras dedicadas al bien social. Available online at http://www.expoknews.com/las-10-empresas-mas-innovadoras-dedicadas-al-bien-social/.

Juan Felipe Cajiga Calderón: El concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Cemefi. Available online at http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf.

Mónica Tapia, Beatriz Campillo Carrete, Susana Cruickshank Soria, Giovanna Morales Sotomayor (2010): Manual de Incidencia en Políticas Públicas. Available online at http://www.alternativasycapacidades.org/manualincidencia.

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) (2002): Manual básico para la incidencia política. Edited by Programa Centroamericano de Capacitación en Incidencia. 

http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/17130_Cached.pdf

 

(imagen: de10.com.mx)

 

Julia Romero

Comunicóloga y Maestra en Educación Intercultural

@Sashantia1

Para que la  democracia mexicana funcione correctamente es de vital importancia vigilar y denunciar las acciones que atenten contra el pacto social sin importar si vienen desde la esfera política, económica y/o social.

La muerte del reportero Gregorio Jiménez trae a flote nuevamente la nada honrosa posición que  desde hace algunos años ocupa nuestro país como el lugar más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, por encima incluso de países en estado de guerra declarada.

Aunque el caso de Gregorio parece tener poco de especial respecto a los muchos otros casos similares que ocurren en México, lo alarmante sale a la luz cuando la institución encargada de ejercer justicia en el estado anuncia que el móvil del crimen no tuvo que ver con el ejercicio de sus actividades periodísticas.

Esta declaración parte de la idea de que asesinar a un periodista que había denunciando públicamente numerosos casos de corrupción y asesinatos en el marco actual de violencia, no es motivo suficiente para considerarlo una línea central de investigación con todos los respectivos deslindes del caso.

Lo sobresaliente de este acto está a nivel de la comunicación y el mensaje que el gobierno de Veracruz parece estar mandando a sus ciudadanos y todo aquel que tenga algo que expresar: cualquiera puede ser asesinado por cualquier motivo menos por ejercer el derecho de libre expresión aún cuando el motivo sea realmente la libre expresión.

Esta aseveración preocupa porque significa una amenaza para quien tenga algo que decir o denunciar, inhibiendo así el derecho de libertad de expresión y por ende del periodismo, elementos esenciales para que cualquier democracia funcione.

Lo central de la sensación que da que el gobierno se deslinde de su obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión es que para que exista un ejercicio real de la democracia, es necesario que la gente pueda expresarse y no sólo eso, sino que también tengan una oferta variada de fuentes de información para que puedan hacerse de una opinión que les permita ejercer su condición de ciudadanos frente al Estado, es decir, de participar activamente en la vida pública del país.

Por este motivo podemos afirmar que atentar contra un periodista no suprime  la verdad, pero sí la democracia al negarle a los ciudadanos el libre acceso a ella, de ahí que se trate de un problema público que atañe e involucra directa o indirectamente a todos los que habitamos este país.

Ser democráticos va más allá de organizar elecciones y salir a votar una vez cada tres años. La democracia a la que aspiramos se refiere a los procesos con que se toman las decisiones y a las relaciones que éstos tienen con los ciudadanos. Para que la  democracia mexicana funcione correctamente es de vital importancia vigilar y denunciar las acciones que atenten contra el pacto social sin importar si vienen desde la esfera política, económica y/o social.

De este hecho se desprende la importancia del periodismo para estar bien informado, contar con información verídica y de calidad. Para esto, debe existir una cantidad suficiente de fuentes de información que amplíen la oferta de temas y enfoques para que los ciudadanos estén en condiciones reales y efectivas de crearse una opinión verdaderamente informada.

La continua represión de periodistas a manos de grupos del crimen organizado representa una afrenta no sólo a una de las garantías individuales expresadas en la Constitución. Más allá del debate sobre los intereses de terceros que todos estos crímenes esconden, se encuentra el deseo de los mexicanos de vivir en un país con paz, con libertad de leer, de escuchar, de creer, pero sobre todo con libertad de decir y de participar. Finalmente, es la participación de la mayoría la que define la democracia que queremos vivir. ¿Cómo hacer para ejercer esa participación en medio del clima de temor que rodea el ejercicio de la labor periodística?

Arlene Herrera, comunicóloga y publirrelacionista.

@Arlehg

Rodrigo Pérez, politólogo

@RodrigoDantes

 Foto: El País

AutodefensasEn las últimas semanas mucho se ha analizado y dicho sobre la legalidad y legitimidad de las llamadas Autodefensas de Michoacán y si éstas son necesarias para la contención del crimen organizado o bien representan una amenaza para el Estado, sus instituciones y en general de la democracia.

No se puede ser tan lapidario en una y otra, sin embargo, me atrevo a afirmar que las autodefensas son la viva representación de una sociedad cansada de vivir bajo la amenaza de muerte constante y la extinción sistemática de sus derechos más elementales. Una sociedad que ha sido degradada a prácticamente una posición de esclava.
Tomar cualquier ejemplo o definición de democracia en Michoacán y otras partes de México es hoy por hoy un sinsentido. Si bien habrá más de uno que afirme que el levantamiento popular es antidemocrático porque lapida las instituciones, la realidad es que el levantamiento de grupos armados es el problema menos “antidemocrático” que enfrentamos buena parte de los que habitamos este país, pero como no pocas veces suele ocurrir, confundimos los efectos del problema con sus causas.
Para que exista la democracia es necesaria la existencia de una condición de ciudadanía que le de vida. Esta condición en el marco democrático se da a partir de relaciones de igualdad y exigencias mutuamente reconocidas entre el Estado y las personas. Esta condición ciudadana tienen un componente inalienablemente político y determina el grado democrático que media las relaciones sociales y no puede ser creada por decreto ya que es el resultado de largos procesos históricos y culturales, aunque lamentablemente sí puede extinguirse cuando la vida se encuentra bajo amenaza constante.
Para ser más claros: la democracia surge de los ciudadanos reconocidos entre sí mientras ejercen y reconocen sus derechos y obligaciones frente al Estado. En este sentido, las Autodefensas no son ciudadanas porque el componente político propio de ésta no puede convivir bajo el amparo de las armas y la violencia. Donde media la fuerza y la violencia no hay política, solo guerra.
Sin embargo no nos confundamos, esto no quiere decir que la democracia esté extinta a causa de las armas de los comunitarios. La democracia está ausente por las omisiones sistémicas que motivaron el levantamiento de éstos. Las acciones de las autodefensas representan hoy por hoy la única vía contra la aniquilación frente un Estado que no ha podido/querido dar solución efectiva al crimen e impunidad.
Ante esta situación, Michoacán sólo puede recobrar las condiciones políticas y de diálogo necesarios para la existencia de la democracia a partir de la acción coordinada de sus habitantes en condición de pueblo soberano. Hoy lo que tenemos en Michoacán es la lucha de sus habitantes exiliados de su llamado constitucional ciudadano para recobrar los derechos que les fueron arrebatos por los criminales e ignorados por el Estado. ¡Cuánto se parece la lucha de los comuneros a tantas históricas a favor de la libertad y la democracia! Aunque es pronto para dar un juicio de peso y la responsabilidad histórica es algo con lo que no muchos pueden lidiar.
Para ahondar en temas de democracia y participación ciudadana pueden revisar bit.ly/1coWLWH
Rodrigo Pérez
Politólogo
 (Foto: www.redpolitica.mx)

La autodefensa de Michoacán

Hace algún tiempo, por allí en 2009, se le escuchó a Germán Martínez, entonces presidente del Partido Acción Nacional que su objetivo político era “guanajuatizar” a México. Nadie entendió a qué se refería exactamente con ello, pero levantó amplias discusiones en los círculos políticos. Desde las bromas sobre el conservadurismo político, hasta su pretensión de pintar de azul las elecciones de dicho año (cosa que no consiguió). Pero el hecho quedó como una anécdota curiosa. Lo cierto es que hay estados de la República que, por su importancia, por sus circunstancias o por su situación actual, se convierten en verbos, en lugar de nombres propios; y uno de ellos es Michoacán. Pero no es cosa menor hablar de la “michoacanización” del país, puesto que el verbo que parece sacado de la política ficción, es en realidad, uno de los mayores riesgos que enfrenta la seguridad pública en todo el territorio nacional.

Mucho se ha hablado acerca de los riesgos que trae la administración de la justicia por cuerpos y organizaciones privadas y ajenas al estado. Ya se había establecido que una de las principales características que constituyen al estado es “el monopolio del uso legítimo de la fuerza” (Max Weber) y cuando esto falla, entonces lo que falla es el Estado mismo. Potencialmente a eso se enfrenta la nación cuando las autodefensas son legalizadas e incorporadas como una organización más del sistema político; no se hace por que ya se tenga control sobre ellas, sino que se hace – como medida desesperada – para tener control sobre ellas de manera efectiva.

El riesgo de la “michoacanización” de México es latente: basta voltear la mirada al estado de Guerrero (vecino de Michoacán) en donde el Gobierno estatal dotó de legalidad y tolerancia a las policías comunitarias, otorgándoles recursos del erario para su propio sostenimiento. La pregunta entonces es: ¿quién controla a los grupos autónomos que deciden tomar la justicia por su propia mano? El dilema es mayor cuando el Estado ha probado fehacientemente que no tiene capacidad efectiva de hacer frente al crimen organizado, pero la legalización de la justicia privada tampoco parece ser la vía más eficiente de resolver el problema. Aún así, el riesgo mayor es que este fenómeno comience a esparcirse por más entidades y que se vuelva entonces un cuerpo paramilitar creciente fuera de los límites legales del gobierno. Recordemos lo que pasó con las FARC y las zonas liberadas en Colombia. Sin duda que los estados y la federación han dado un paso audaz al incorporar a estas organizaciones al sistema, pero allí puede entonces difuminarse la delgada línea que separa la legitimidad de la venganza.

(Foto: www.noticias.starmedia.com)

Falta poco para que el Presidente Enrique Peña Nieto presente su Primer Informe de Gobierno. Sin duda será un acto importante pues hay muchas cosas de qué hablar en México. El Gobierno comenzó viento en popa en diciembre pasado y la aprobación de una serie de reformas en el marco del “Pacto por México” es algo que debe tomarse en cuenta.

Sin embargo, hay otra serie de variables y de indicadores que también habrán de considerarse al momento de hacer un “corte de caja” en la política nacional. Específicamente hay que referirse a dos de ellas, que son las más importantes: la seguridad y la economía. Inclusive, estos indicadores son los que las casas encuestadoras incluyen siempre entre sus múltiples análisis.

En ese sentido, el Gobierno de la República optó por erradicar de la narrativa gubernamental y política de su administración el tema de violencia, combate al crimen organizado e inseguridad. Sin embargo, la realidad ha dado un portazo en México imponiendo su duro rostro, mostrando que la violencia no ha desaparecido; siguen habiendo zonas en el país que están bajo control del crimen organizado y el Gobierno de México batalla duramente para mantener las “riendas” de esta situación, pero se han agregado nuevos elementos como los grupos de autodefensa y los ajustes de cuentas en el D.F.

La otra variable – la económica – también empieza a generar signos de alarma. Llama la atención que en el caso de la actual administración, el indicador de la actividad económica se ha reducido y el PIB ha decrecido durante estos meses. De hecho, hoy se anuncia que la balanza comercial del país registra el peor déficit en 5 años.

Un gobierno no puede darse el lujo de perder el control (al menos no al mismo tiempo) de ambas variables. Existe riesgo de ingobernabilidad en el país. Si a ello se le suma el malestar que ha generado el plantón y marcha de los maestros en la capital del país y la posible radicalización y suma de varios sectores en torno a las reformas energética y fiscal, se vuelve entonces un “coctel explosivo”.

¿Qué se puede esperar entonces en próximas fechas? El Gobierno de la República tendrá que realizar una jugada maestra (incluso los distractores también podrían servir) para evitar que las personas presten demasiada atención a estas variables que empiezan a inquietar, y deberá retomar el control de ambas a como dé lugar.

Lo anterior no necesariamente es bueno, y una solución de corto plazo podría afectar en el largo plazo a México. En ese sentido, la responsabilidad política tendrá que hacerse presente por cualquier vía, y ésta será la prueba de fuego para la nueva correlación de fuerza entre gobierno y ciudadanía.