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La legitimidad del régimen y la falta de crecimiento económico

Falta de claridad y resultados cuestionan el gobierno actual

EPNLa legitimidad de un gobierno puede alcanzarse por la vía de las instituciones y/o a través de las acciones de gobierno. Para ponerlo en perspectiva, en las democracias consolidadas los titulares del gobierno, sin importar que ganen por un sólo voto, adquieren   legitimidad suficiente ya ésta proviene de la aceptación general que tienen las instituciones mediante las cuales son electos. Países con menos desarrollo democrático sufren en ocasiones para dotar a sus gobernantes con la legitimidad de origen necesaria para gobernar y aplicar su plan de gobierno.

En México nos hemos visto varias veces en la problemática de un escaso margen de legitimidad. Un caso fue el cambio de gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, donde el resultado electoral levantó una desconfianza generalizada que obligó al presidente entrante a buscar en la detención del líder petrolero “La Quina” y en otras acciones, un margen mayor de legitimidad. En el sexenio anterior, Felipe Calderón se vio en esta misma situación al ser proclamado presidente después de un proceso electoral muy cuestionado que derivó en un triunfo por margen mínimo. Como consecuencia, tuvo que entablar una estrategia mediática de seguridad de la cual al día de hoy no se ven resultados claros.

En este sexenio, si bien el resultado de las elecciones no deja mucho lugar a especular sobre irregularidades que pudieran haber influido en el resultado final, sí existe un importante descontento ciudadano por las reformas antisociales del presidente Peña que le han valido los niveles de aceptación popular más bajos de los últimos sexenios. A este clima de insatisfacción ciudadana se suma la eterna promesa de que el país no ha crecido a los ritmos que debe por falta de reformas que den certidumbre al ejercicio económico para explotar la productividad y competitividad del país.

A un año y medio de distancia de la toma de posesión y después de que muchas de las reformas señaladas como necesarias han sido aprobadas, el día de hoy no hay una tasa de crecimiento promisoria; por el contrario, en días anteriores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó la tasa de crecimiento de 3.9% a 2.7% para el resto del año. Este tema tiene al sector económico en mayor descontento ante un panorama que cada vez luce más incierto para un gobierno que no ha logrado materializar en resultados sus promesas de campaña. Este sentimiento se suma a una ciudadanía insatisfecha, que lo expresa abiertamente en todas sus clases y sectores, y a un clima de violencia que termina por menguar al régimen.

Esta situación mina la legitimidad de un Presidente que se esfuerza en resaltar los beneficios de las reformas que ha logrado aprobar, pero sin reflejo en mejoras en el número de empleos, gasto público, certidumbre jurídica, seguridad, etc. Si bien la cercanía de su aprobación permite apostar a la posibilidad de revertir esta situación, parece que al país no le sobra mucha paciencia; entre unos que perciben cómo se desmantela el carácter social del estado y el interés colectivo; otros que, a pesar de las reformas, no ven las condiciones para generar los empleos y la productividad prometida; y otros tantos que viven con la existencia amenazada ante un Estado incapaz de garantizarles seguridad. La situación es delicada y este año será crucial en el futuro político del Presidente donde tendrá que apostar a acciones mediáticas contundentes que reviertan la coyuntura negativa en la que se encuentra.

(imagen: //radiotrece.com.mx)

La reforma político electoral y el eterno problema de la transición mexicana

El tema electoral es uno de los principales retos que enfrenta la consolidación de la democracia

reforma político electoral

Sin confianza no puede haber espacios para la cooperación y la interlocución política. El pasado jueves se aprobaron las leyes secundarias de la Reforma Constitucional en materia electoral en un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, con un resultado que deja a la ciudadanía con un sabor agridulce.

Entre los avances de estas nuevas reformas secundarias está el tema de la fiscalización de recursos, las candidaturas ciudadanas y la concentración en materia de organización y fiscalización de elecciones en el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), no sólo las federales como ocurría antes, sino también las locales.

Los puntos sobre los que ésta reforma deja muchas interrogantes y dudas son, por ejemplo, el tema de las candidaturas independientes, mismas que ahora necesitarán del 1% del padrón electoral para ser aprobadas, algo así como 780 mil firmas. ¿Habrá alguien capaz de lograr un apoyo así sin una estructura partidaria? Para el tema de la fiscalización de contenidos mediáticos no explícitos como entrevistas u otros contenidos editoriales, no se establecen del todo los criterios para definir cómo identificar cuando una entrevista o contenido fue pagado o no, con todos los inconvenientes y suspicacias que esto genera (como ocurrió con los candidatos de todos los partidos políticos en las pasadas elecciones).

Finalmente el tema de la enorme fiscalización y complejidad que conlleva que un solo órgano coordine todas las elecciones. Incluso en la legislación tal como quedó, no es del todo claro qué sucederá en varios puntos de convocatoria de los comités distritales cuando las elecciones no sean concurrentes, es decir, cuando las elecciones locales no empaten con las federales.

Todos estos temas vuelven a poner sobre la mesa uno de los grandes debates de la llamada Transición Mexicana, talón de Aquiles en materia electoral de la consolidación de nuestra democracia. Si bien no se puede reducir la calidad democrática al tema electoral, en México hemos visto cómo sexenio tras sexenio van saliendo problemáticas y maneras de evadir la ley que terminan por lastimar el clima de acuerdos y la posibilidad de establecer canales de cooperación ante el sentimiento perpetuo de sentirse excluido y aprovechado por parte de algunas fuerzas políticas. 

Uno de los grandes retos que México tiene en el proceso de consolidación de su democracia pasa forzosamente por el tema electoral. ¿Cómo hacemos para que no tengamos que hacer una legislación parchada cada año, partiendo de principios generales que garanticen la transparencia y confianza en las instituciones? Hoy después de 18 años en que el IFE fuera visto como la máxima creación democrática del país, poco queda de ese espíritu ciudadano con toda la pérdida de capital político social. Parece ser que el problema de fondo radica en nuestra falta de capacidad para confiar y cooperar más con los demás. Es un tema de apertura y tolerancia donde los actores políticos parecen sólo proteger sus intereses; pero es ahí donde la ciudadanía tiene la oportunidad de reclamar el espíritu que dio forma al hoy extinto IFE.

(imagen: www.clarinveracruzano.com)

Morelos, Michoacán, Tamaulipas ¿Es México un Estado Fallido?

Bajo qué parámetros podemos considerar o no a México como un Estado Fallido

En la última semana los índices de violencia en el país han vuelto a repuntar en la percepción de la ciudadanía, particularmente en Tamaulipas, donde se han visto varios videos en la red social YouTube con balaceras a plena de luz del día en ciudades como Reynosa, Tampico y Victoria. Paralelamente a los actos de violencia, la ciudadanía ha salido a protestar y marchar por la paz en Cuernavaca y en Tampico, donde la escalada de violencia continúa. Además de Tamaulipas y Morelos, está el caso de Michoacán donde las llamadas autodefensas, ya deshabilitadas como tal, siguen activas en muchos lugares ante la amenaza de los carteles locales.

Ante todos estos actos cuyos principales afectados son los ciudadanos, ha surgido nuevamente el debate sobre si México es o no un “Estado Fallido” frente a la incapacidad del gobierno de hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de sus pobladores. Al respecto existe un intenso debate acerca de lo que implica un Estado con estas características; incluso el Fondo por la Paz con sede en Washington publica anualmente su listado de estados fallidos a partir de 12 indicadores, incluyendo: indicadores demográficos, número de refugiados, grupos de agravio, fuga de cerebros; subdesarrollo, declive económico, deslegitimación del Estado, servicios públicos, aparatos de seguridad, desigualdad social, intervención externa y derechos humanos. México está en el lugar 97 de 177 naciones analizadas.

Índice de México como Estado Fallido

(imagen: seguridadnacionalhoy.com)

A partir de este estudio, “objetivamente” se podría ubicar al Estado mexicano en un riesgo alto de colapso, pero es importante mencionar que desde la ciencia política no hay una teoría general del Estado Fallido que justifique plenamente los indicadores que el índice del Fondo por la Paz establece.  Es decir, no hay una relación empírica directa entre esos indicadores  y el fracaso (o éxito) de los Estados.

Si bien no se pueden negar los grandes problemas de gobernabilidad que viven varias regiones del país, tampoco se podría asegurar la inminencia de un estallido social. El gran problema con la clasificación de Estados Fallidos ha sido el riesgo en que, desde 2002, Estados Unidos ha visto a su propia seguridad nacional, ya que estos Estados representan semilleros de agrupaciones desestabilizadoras que pueden ser precursoras de grupos terroristas. A partir de ese año, la política exterior norteamericana ha puesto los ojos en estos países para justificar la necesidad de intervenirlos ante la mirada internacional , aunque no necesariamente por la vía militar. Partiendo de este argumento de seguridad, no es gratuito que el discurso de México como un estado fallido venga precisamente de ellos, donde los vecinos del norte ven con reparos a nuestro país ante la potencial amenaza fronteriza que representa.

Independientemente de los índices y los debates acerca del posible fracaso de México como Estado, no se puede caer en juicios categóricos que no contemplen elementos más complejos que los enlistados en el documento del Fondo por la Paz. Hoy México tiene en el tema de seguridad uno de los grandes problemas de las últimas décadas. Sin embargo, es cierto, no se ha hecho un análisis profundo de las causas que han originado esta situación; incluso los índices de Estados Fallidos no contemplan la aplicación de políticas neoliberales que en muchos de los países listados han sido en parte responsables del repliegue en las funciones sociales del Estado, acentuando las desigualdades en la mayoría de los casos.

Como ciudadanos, es importante conocer la naturaleza del debate a fin de tener herramientas para juzgar objetivamente los problemas nacionales, más a la luz de nuestra historia y nuestros retos políticos que bajo el escrutinio o los intereses internacionales.

 

La ciudadanía y el derecho de participar activamente en los asuntos públicos del país

El involucramiento en asuntos públicos es un ejercicio de la ciudadanía

 

Los habitantes de la democracia son los ciudadanos, y de ellos la obligación y el derecho de participar en los asuntos públicos del país. Recientemente Alfonso Cuarón, cineasta y ganador del Oscar por la película “Gravity”, lanzó 10 cuestionamientos al presidente Enrique Peña Nieto referentes a los beneficios de la Reforma Energética.

10 preguntas de Alfonso CuarónEntre las diferentes posturas que un tema de tanta trascendencia genera por la complejidad del mismo, pueden ubicarse dos principalmente: la primera es de todos aquellos quienes comulgan con los cuestionamientos lanzados en el documento “Diez Preguntas”, quienes celebraron que un mexicano “exitoso” se involucrara en los asuntos de interés nacional, sobre todo en uno como el tema energético, viéndolo como un aliado en un momento en que la información sobre el tema no ha permitido conocer los alcances de las reformas y que, en efecto, las legislaciones propuestas generan más dudas que respuestas. En segundo lugar, están  quienes de inicio demeritaron la legitimidad del director, incluido el mismo Presidente, por hablar de un tema tan específico del cual no tiene “recursos técnicos” para opinar, y que a sus juicios, es irresponsable por tratarse de una figura pública que genera una gran respuesta mediática con los inconvenientes propios de difundir información o críticas a partir del desconocimiento o la “malinformación”.

Es fundamental mencionar que, independientemente de la postura que genere el tema energético, el asunto central que introduce el cineasta es el del ejercicio de la ciudadanía para involucrarse en una cuestión de crucial interés. En este sentido se pueden lanzar argumentos a favor y en contra de las propuestas de política, sin embargo, cuando nos referimos al ejercicio de los derechos políticos y civiles, el tema es completamente diferente.

En primer lugar, nuestra Constitución establece en su artículo 7º la inviolable libertad de los ciudadanos para difundir opiniones, información e ideas bajo el principio de la igualdad ciudadana. Es decir, para que exista la libertad de opinión, se debe comenzar por el reconocimiento mutuo entre ciudadanos a partir de la igualdad como sujetos políticos interesados en involucrarse en los intereses públicos que son de su incumbencia. 

En segundo lugar, desviar el eje de la discusión energética a temas de forma, como plantear que el documento tiene faltas de ortografía o que el ganador del Oscar no vive en México, sólo sitúa el debate en temas que no tienen sustento alguno ya que el derecho a participar no está condicionado a la capacidad ortográfica ni a la localización geográfica; en este sentido la ley es clara: podrán participar de los asuntos públicos del país los ciudadanos de la República; y Alfonso Cuarón, estemos o no de acuerdo con sus cuestionamientos, es un ciudadano de la República Mexicana.

Finalmente no hay que olvidar que los valores de la República se cimientan en acción y discusión sobre los asuntos públicos por parte de los ciudadanos, cuando éstos se reúnen (por el medio que sea) para dialogar en un espacio de libertad e igualdad sobre aquellos asuntos que atañen a su comunidad política. De ahí que manifestaciones ciudadanas de cuestionamiento democrático al poder sean tan deseables en nuestra actual coyuntura democrática, sobre todo en un momento en el que muchas de las reformas están siendo aprobadas en un clima de hermetismo y celeridad, impidiendo la generación de información necesaria y el debate para que los ciudadanos estén debidamente informados y puedan actuar en consecuencia de acuerdo a su deber ciudadano.

En suma, desviar la atención en discusiones bizantinas sobre si Cuarón es un “ciudadano legítimo” o no para dar su opinión es caer en un círculo sin salida, que nos llevaría a categorizar a los ciudadanos entre aquellos cuya opinión es válida y aquellos cuya opinión no lo es; situaciones que no abogan al fomento de la igualdad entre mexicanos y, por ende, de la democracia a la que aspiramos.

(imagen: //pbs.twimg.com)

El pacto social y los derechos sociales

La importancia de que exista un acuerdo de cooperación, un pacto social con equilibrio entre los actores

ciudadanía participativa

La salud es derecho que sólo puede ser garantizado como parte integral de un pacto social del que todos seamos partícipes. Hoy es el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, conmemoración de dos derechos producto de las conquistas sociales del siglo XX y que actualmente sigue discutiéndose sobre quién debe recaer la responsabilidad de brindar trabajo y salud a la sociedad, si el Estado o el sector privado.

Ambas posturas construidas sólida y argumentativamente por quienes las respaldan tienen sus pros y contras, pero más allá de construir lógicas y argumentos inflexibles es necesario asumir que la pluralidad y la existencia de diversas posturas fortalece la posibilidad de construir verdaderos acuerdos y soluciones consensuadas que integren a todos los involucrados.

En el caso de los derechos laborales y el acceso a la salud no se trata de asumir una postura u otra y llevarla hasta extremo, ya que si consideráramos que la salud debe ser una transacción sólo entre privados y que cada uno de nosotros debe acceder a ella a partir de sus propios recursos, entonces caeríamos en el problema de asumir que no toda las personas tendrían acceso a la salud, sólo aquellas cuya posición social y económica pudiera costearla. En el caso particular de México eso excluiría inmediatamente a prácticamente la mitad de  población, es decir, 60 millones de personas.

Por otro lado, si dejáramos por completo la creación de empleos sólo al Estado no habría posibilidad de producir tantas oportunidades ni áreas de especialidad en función de que no es lógica ni razón del Estado crear y diversificar la actividad económica; como por ejemplo, tener un programa público de fabricación de electrónicos, de teléfonos celulares o de cualquier bien de consumo de nuestra vida cotidiana que requiere de incentivos económicos y de mercado para existir. Por tanto, nos encontraríamos nuevamente con el problema de que el Estado no podría generar la cantidad necesaria de empleados para toda la población.

En ambos casos, ni el estado regido por la lógica pública, ni el mercado o los empresarios regidos por la lógica privada económica tendrían la posibilidad de encargarse o satisfacer ambas necesidades a cabalidad. De ahí la importancia de que exista un acuerdo de cooperación, un pacto que establezca las reglas del juego para que ambos actores puedan ejecutar adecuadamente sus funciones, garantizar los derechos y el cumplimiento de la ley en el caso del Estado, y la generación de riqueza por el otro. De eso trata el pacto social, de la asignación de funciones del sistema y del cumplimiento de éste.

Sin embargo, vemos que la reestructuración del pacto social a través de las reformas estructurales del que el país ha sido objeto tienen un problema de consenso que se remonta a la definición y pregunta de ¿qué país queremos? Cuando existen tantas voces encontradas, pero sobre todo, tantos agentes que buscan cargar los acuerdos hacia su beneficio privado, la balanza y la estabilidad del pacto se ven comprometidos, de ahí la importancia de la vigilancia y transparencia de un tercer actor fundamental en la tensión entre el Estado y los agentes económicos; nos referimos específicamente a la ciudadanía como actor activo en la reestructuración y formación del pacto, misma que hasta el momento se ha visto marginada en varios de los temas constitucionales y regulatorios.

Como se puede intuir, la situación por la que atraviesa México no es sencilla porque nos encontramos en un momento donde estamos dando nueva forma al pacto social que existía y que heredamos desde la conformación del México moderno en el siglo XX. Si bien muchos cambios eran necesarios, de otros no queda aún clara su conveniencia pública, tal es el caso de la rectoría del petróleo. Sea como sea, la labor de la ciudadanía radica en ser depositaria de la legitimidad y de generar el diálogo con el Estado representativo para velar por el interés general y la viabilidad de un pacto social construido a base de equilibrios sustentables, donde ningún actor se imponga inexorablemente sobre otro. Ese es el gran reto de la reformas estructurales y de la sociedad mexicana en general.

(imagen: formacionparatodos.wikispaces.com)

Los problemas de las reformas secundarias

¿Qué implica aplazar la aprobación de regulaciones secundarias?

leyes secundarias

El año pasado fue importante en materia de aprobación de reformas constitucionales clave para el funcionamiento del Estado, pero sobre todo para materializar la visión de país que se desea en el mediano y largo plazo. Las iniciativas más importantes que se aprobaron fueron la energética, la de telecomunicaciones, de competencia económica y la político electoral.

A pesar del logro político que implica que una reforma constitucional de gran calado pase, ésta necesita de regulaciones secundarias que den forma y especificidad al articulado de la Carta Magna. En este sentido es de fundamental importancia, en aras de tener certidumbre en la aplicación del espíritu constitucional, que las reformas estén listas y aprobadas lo más próximo posible a la promulgación de aquellas constitucionales.

Desafortunadamente, el Congreso y los partidos políticos han hecho una dilación importante en la discusión y aprobación de éstas, lo que representa un riesgo importante para la gobernabilidad. Tal es el caso de la reforma en materia político electoral, la cual prácticamente estableció un nuevo código de procedimientos electorales, mismos que no han sido aprobados y sin los cuales la reforma constitucional es inoperante. Incluso en uno de los artículos transitorios de esta reforma, se establece que en caso de no aprobarse las reformas secundarias en materia electoral para el 30 de abril de 2014, deberá aplicarse el marco legal anterior; es decir, la legislación vigente, con el gran problema intrínseco que implica que la legislación actual es contradictoria e incompatible con lo recientemente aprobado y ya plasmado en la Constitución. ¿Cómo es posible llevar a cabo un proceso electoral federal (2015) si la Constitución establece una cosa y la ley electoral otra?

Caso similar ocurre con las reformas en telecomunicaciones donde la reforma constitucional plantea que los contenidos que se generen deben ser supervisados por el Instituto Federal de Comunicaciones, órgano autónomo creado para este fin entre otros en materia de regulación y competencia; y en cambio, la reforma secundaria enviada devuelve esta atribución a la Secretaría de Gobernación, es decir, se da un criterio político y no técnica a los contenidos que se generen y se reproduzcan en medios

En este sentido el problema al que se enfrenta nuevamente la institucionalidad del Estado tiene que ver, por un lado, con la incapacidad política para llegar a acuerdos y cumplir los plazos que el mismo Ejecutivo y las cámaras establecieron; por otro lado, con una clase política que no está comprometida con los grandes temas en materia de libertad y competencia económica.

Esta combinación de situaciones, entre la tardía presentación de propuestas y la falta de compromisos en teoría previamente manifestados y comprometidos, están poniendo en una situación de emergencia al país ante la posibilidad real de no tener un marco legal para llevar a cabo algo tan elemental para la democracia como la celebración de elecciones.

Ante estas situaciones parece quedar nuevamente al descubierto un problema que subyace a la generación de propuestas y políticas en el país: la incapacidad de generar los incentivos de colaboración, sean positivos o negativos, para que las fuerzas políticas colaboren y cumplan con la ley que, irónicamente, ellos mismos aprobaron (característica que también fue constante en los sexenios panistas). Como elemento de reflexión adicional, no se puede dejar de mencionar la falta de acción por parte de la ciudadanía para incidir real y organizadamente en un tema que afecta la viabilidad del Estado y, por ende, el bienestar público.

(imagen: //www.dineroenimagen.com)

Los últimos partidos y el fin de la historia

Dar paso a nuevas formas de organización del espectro político

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Cuando el intelectual Francis Fukuyama publicó su libro “El último hombre y el fin de la historia”, vaticinó que el mundo y la historia habían llegado a su fin. En ese sentido, aclaró que si bien el planeta no sería destruido, la teoría estaba más bien enfocada al cambio de época, como una consecuencia natural de la propia historia, de su paso y de la inherente interacción de la sociedad y de los hombres. En tal sentido, parece que los partidos políticos en México han llegado y alcanzado una situación similar, en la que se vislumbra su fin, pero no como institutos de un sistema político en movimiento, sino como los conocemos hoy en día.

En el caso del PAN, la descomposición política es creciente; la lucha interna entre dos candidatos para dirigirlo y sus respectivos grupos han extendido esta polarización a las bases del partido (que por pocas que sean, siguen siendo vitales para su supervivencia). Lo improvisado de la contienda interna, aunado a los escándalos de presunta corrupción pública que se leen en los diarios del país, han terminado por dinamitar lo poco que quedaría de esta organización.

No muy diferente es el caso del PRD, en el cual la corriente de René Bejarano ha amenazado con romper con la dirigencia nacional en caso de que el grupo de “Los Chuchos”, comandado por Jesús Zambrano, continúe al frente de la presidencia del instituto político. En ese sentido, el riesgo de fractura se hace inminente, sobretodo a la luz de la creación de “Morena”, la agrupación política de López Obrador.

En ambos casos, la disputa real no es por el partido, sino en un primer momento por las candidaturas a la Cámara de Diputados en 2015, y posterioremente a la Presidencia de la República. ¿Quiénes quieren ser candidatos? Cordero, Madero, Zambrano, López Obrador, Ebrard. Todos ellos, dirigentes (de facto) de sus propios partidos, mismos que han profundizado la división interna hasta lo más central de sus núcleos populares. Y no sobra decir que la lucha interna al interior del propio PRI también es intensa, entre el grupo de los “jóvenes” (Nuevo PRI), contra los “el Viejo PRI”, pero a ellos los aglutina el poder.

¿Cómo podrá el sistema político mexicano resolver la descomposición política de los partidos? Quizá, como decía Fukuyama, es momento de terminar el capítulo final de los partidos como los conocemos ahora, y dar paso a nuevas organizaciones, que se reagrupen en torno a intereses distintos, quizá dividiendo el espectro político de diferente manera, y – como decía Norberto Bobbio – superando la anacrónica categorización entre “izquierdas y derechas”. Este binomio ha quedado superado en México y es evidente que urge un reacomodo de las fuerzas políticas en la oposición, pues mientras ésta última se encuentra a punto de morir, no conviene ni a los ciudadanos ni a los gobiernos quedarse sin contrapesos y sin canales de expresión de todas las voces de la sociedad. La negociación será mucho más compleja y la lucha política se convierte en una venganza anunciada entre actores derrotados y sin mecanismos para acceder al poder. Quizá es momento de replantearnos la distribución partidista en el país y abrir las puertas a nuevas ideas. Estos podrían ser los “últimos partidos y el fin de su historia”.

(imagen: www.milenio.com)

La oposición como garantía de la democracia

El Congreso: mecanismo de equilibrio del sistema político

oposición democracia

México ha transitado durante los últimos años el camino hacia la democracia y se ha venido consolidando en ella. No ha sido una ruta sencilla, ni mucho menos rápida, pero son diversos los instrumentos políticos puestos a disposición de los ciudadanos para evitar una regresión autoritaria. En ese sentido existen el Instituto Federal Electoral (próximamente Instituto Nacional de Elecciones) que tiene autonomía, al igual que el Banco de México, la CNDH o el IFAI. Todos ellos garantes de la estabilidad política, financiera, económica y social de México. Pero sin duda, el instrumento más importante es la oposición en el Congreso.

Una oposición parlamentaria, dadas las condiciones de nuestro país, es la mejor herramienta para evitar que la consolidación democrática retroceda pasos. Lo anterior se pudo presenciar durante los últimos años, en los cuales la agenda política, si bien nunca fue claramente marcada por la Presidencia de la República, dependía en gran medida del Congreso de la Unión, de sus tiempos y de su agenda. Las Cámaras de Diputados y Senadores fungieron como el equilibrio principal del sistema político y le dieron solidez al presidencialismo mexicano, acotándolo más en su margen de actuación.

No obstante lo anterior y el inmenso poder que tiene la oposición en el Congreso mexicano, pareciera que los partidos que la representan han optado por no hacer uso de esta prerrogativa y echar en saco roto el poder e influencia que tienen, no solamente para delimitar prioridades, sino para generar mecanismos estructurales y legales para que las cosas en nuestro país funcionen mejor.

Los partidos de oposición parece que han renunciado a su vocación de ser el contrapeso del Ejecutivo, convirtiéndose en actores políticos que vuelcan su quehacer hacia ellos mismos, tratando de dirimir sus propios conflictos. En esa medida, y ante una oposición pulverizada, la Presidencia de la República no puede negociar. Si bien no enfrenta a una oposición férrea en el Poder Legislativo, siguen siendo malos augurios para el país que los legisladores y el Gobierno Federal no se puedan poner de acuerdo para aprobar reformas que urgen a la nación. Eso sí, en las próximas elecciones intermedias, parece que el PRI seguirá siendo la primera minoría en el Congreso, pero la República urge de soluciones a las grandes materias que siguen estando pendientes.

(imagen: //images.mexico.lainformacion.com)

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