57.8% es la cifra que representa al negocio informal en el país.
(//www.caracteres.mx)
Uno de los grandes problemas de México es la incapacidad de su economía para incluir a la mayoría de la población económicamente activa. Este es un problema no reciente que evidencia problemas históricos en la capacidad del Estado para generar empleos que puedan satisfacer todas las necesidades básicas de los habitantes, y para insertarlos en una dinámica que les permita tener acceso a seguridad social, pago de impuestos y otras ventajas de cara a mejorar su calidad de vida.
En esta línea, una de las reformas que la actual administración ha planteado es la iniciativa “Crezcamos Juntos”. El programa busca erradicar el negocio informal, que representa en México un 57.8%, cifra alarmante por la cual se pueden explicar fenómenos migratorios, actividades económicas ilícitas y, en general, una deficiencia para incluir el talento y capacidades de las personas encamindas al desarrollo y progreso social y económico.
El plan del Ejecutivo Federal propone siete incentivos a cambio de la regularización fiscal de este sector informal: 1.- acceso a los servicios médicos y sociales del IMSS; 2.- derecho a pensión de retiro; 3.- derecho a crédito hipotecario; 4.- descuentos del pago del impuestos sobre la renta; 5.- apoyos a pequeños empresarios; 6.- créditos para los negocios y sus empleados; 7.- acceso a programas de capacitaciones.
Dentro de estos beneficios encontramos tres principios que son punta de lanza de la recaudación fiscal en México. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos artículo 31, fracción cuarta se estipula que “son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residen de manera proporcional y equitativa en lo que dispongan las leyes.” Este mandato constitucional da fuerza jurídica a la recaudación fiscal, pero también otorga derechos públicos subjetivos a quienes aporten equitativamente al gasto público. El primer derecho reconocido en la formalidad fiscal es el de los servicios médicos y sociales del IMSS, el cual jurídicamente está regulado en una figura llamada “Seguro mutuo, es decir, de asegurar un beneficio colectivo a partir de la contribución individual.”
Sin embargo, en México el sistema de seguridad social enfrenta graves problemas de administración debido a la mala planeación y ejecución de políticas tardías en el manejo de su gasto corriente, lo que deriva en que gran parte del dinero se vaya al pago de pensiones y otros gastos que no tienen que ver con la construcción de infraestructura médica que permita el otorgamiento de un servicio en tiempo y forma.
Este problema, junto con otros como el tema de seguro para el retiro, pone en entredicho la posibilidad real de llevarlo a cabo y de ser una fuente de bienestar apreciada así por todos aquellos que realizan actividades informales. Es importante resaltar que una de las principales causas de la informalidad es la falta de incentivos para pasar a formar parte de la formalidad, donde el exceso de burocracia, la corrupción y el costo que representa estar alineado a las reglas formales terminan por empujar a muchos a la informalidad, en la que no se requieren mayores trámites. Los beneficios de la formalidad son casi imperceptibles.
El problema del trabajo en el país no está sólo en la falta de incentivos que “Crezcamos Juntos” busca erradicar, sino en la posibilidad de que la población económicamente activa encuentre en la formalidad las vías para desarrollarse dignamente. En la dotación de posibildades reales está el aprovechamiento y beneficio de los recursos laborales e intelectuales del país, es decir, de su gente.
