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La nueva Gendarmería Nacional

Gendarmería NacionalLos problemas de delincuencia en México son una constante que ha derivado en cambios institucionales de importancia. La estrategia de seguridad y ataque al crimen organizado que implementó Felipe Calderón se basó en la guerra y confrontación directa con el narcotráfico y los delitos derivados de esta actividad ilícita.

Esta estrategia trajo consigo, además de las detenciones y abatimiento de algunas cabecillas del crimen organizado, un saldo oficial de sesenta mil defunciones (incluyendo civiles), sin contar la gran cantidad de desaparecidos de los que sigue sin tenerse noticia.

La administración del actual presidente Enrique Peña Nieto ha optado por una estrategia enfocada mayormente en la prevención; como resultado de esto emitió un decreto donde se crea un órgano dependiente a la Policía Federal llamada “La Gendarmería Nacional”. Esta corporación policial surge por la necesidad de incrementar la presencia gubernamental al momento de garantizar la seguridad. En términos legales la corporación busca salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes, en las instalaciones, eventos, comunidades, regiones, zonas, rutas o puntos estratégicos que determine, para proteger las fuentes de empleo derivadas de los ciclos económicos y productivos, que estén relacionados, entre otros, con el turismo, la agricultura, la industria, la ganadería, la minería, la pesca y la generación de infraestructura para coadyuvar al desarrollo económico y social de México.

La nueva Gendarmería Nacional estará compuesta de jóvenes que anteriormente participaron en las Fuerzas Armadas, con el fin de evitar los problemas de corrupción y para darle un fondo más social. Uno de los objetivos que se pretende con esta visión es la incorporación de jóvenes con la intención de revalorar los juicios que se entienden por la profesión de policía.

 Esta incorporación juvenil va de la mano con los delitos en los cuales se van a centrar estos nuevos miembros de la policía, pues su tarea está enfocada en los delitos de alto impacto como violaciones, homicidio doloso, robo a casa habitación, extorsión, robo con violencia y secuestro, delitos que impactan directamente en la actividad económica.

En conclusión, esta nueva división de las corporaciones policiales no es más que una respuesta a un problema que ha resultado ser más complejo que la simple lucha frontal con un marco institucional no diseñado para hacer frente a él. En este sentido la Gendarmería Nacional busca ser una adecuación institucional a las corporaciones de seguridad para dar respuesta y sobre todo resultados, después de al menos un lustro de no observar resultados tangibles y en territorios en los que el Estado no tiene control ni gobierno. Aunque la intención está basada en una necesidad real, aún habrá que esperar los resultados de esta nueva institución, que se inserta en una dinámica cultural arraigada en la corrupción y de la cual depende en gran medida el éxito de las actividades de seguridad.

(imagen: //noticias.prodigy.msn.com)

La reforma energética en el contexto del libre mercado

La reforma energética cambia drásticamente las condiciones para la competencia

Pemex en el libre mercadoLas reformas energéticas aprobadas parecen hechas como dictan los cánones del libre mercado: para favorecer la competencia, la calidad y el precio de los productos ofrecidos. Para llegar a esto, en las reformas aprobadas existen plazos y pasos a seguir para la apertura energética de México. La relevancia de estos plazos o “rondas” es porque en ellos están contenidos los tiempos y campos de acción que definen el futuro de Pemex, y de los cuales depende el marco de la competencia en el sector para hacerla una empresa más funcional.

Las consideraciones y lineamientos para la inversión pública y privada están a cargo de la Secretaria de Energía y en algunos casos favorecen a Pemex, pues incluyen los pozos petroleros más importantes para el país como el de Cantarell en Campeche (que hoy en día sigue ocupando el segundo lugar de producción mundial.)

El pasado miércoles 13 de agosto de 2014 se informó por conducto del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, los resultados de “La ronda cero.” De acuerdo con la información provista por el Secretario, Pemex operará el 83% de la explotación de hidrocarburos, lo que traducido a números significa que seguiría teniendo hegemonía económica frente a sus competidores que requieren costos eficientes para generar ganancias. Con esta regulación Pemex estaría en posición de explotar mil seiscientos millones de barriles de petróleo, generando una producción de 2.5 millones de barriles al día durante 20 años. A diferencia de las empresas privadas, Pemex usaría estos recursos para invertir en tecnología que le permita desarrollar los procesos de producción y refinación.

Sin embargo, la nueva política de licitaciones pone a Pemex en incapacidad para competir con las grandes empresas privadas extranjeras, pues llega en condiciones de desigualdad tecnológica y técnica para explotar pozos profundos. Esta desigualdad ubicaría de facto los 156 bloques que se ofrecerán en licitación prácticamente en su totalidad a una eventual inversión puramente privada debido a las carencias de la paraestatal mexicana.

Reformas como la energética cambian drásticamente las condiciones de competencia y, sobre todo, modifican de manera sustantiva el futuro de la vida económica del país. Con la promulgación de las leyes energéticas termina una era para México donde sus recursos naturales energéticos fueron considerados estratégicos y parte esencial del desarrollo público en manos del Estado mexicano. Si bien es cierto que en algunas áreas México se podrá beneficiar de una mayor inversión privada que generen empleos e incentiven el crecimiento económico, también hay que decir que el tema energético es sumamente conflictivo a nivel mundial y los intereses de las grandes corporaciones tienden a ser ajenos a los intereses de las poblaciones donde operan.

Con las reformas, Pemex debería aprovechar la oportunidad para pasar de ser una empresa pesada e ineficiente en todos sus niveles, a ser una empresa eficaz que pueda ofrecer dividendos a la economía de México; lo que implicaría reestructurase internamente y abordar con toda seriedad sus pasivos y temas como el del sindicato petrolero, que se ha convertido en un punto de corrupción sistémico que golpea su viabilidad como empresa. Con los cambios recientes, México pone a competir en el libre mercado a su empresa pública más importante con la consigna de ganar algo de un pastel que estará disputado por grandes especialistas; hecho que recuerda la finalización del modelo de sustitución de importaciones a principio de los 80 y que derivó en una fuerte crisis para la industria mexicana, producto de décadas de proteccionismo.

(imagen: //www.jornada.unam.mx)

La rendición de cuentas en la Reforma Energética

Modelo noruego inspira la reforma energética

Reforma energética A pesar de que las reformas secundarias en materia energética ya han sido aprobadas, aún quedan muchas dudas sobre la manera en que serán utilizados los recursos que éstas generen para el beneficio de los mexicanos.

A pesar de la oposición, principalmente de los partidos de izquierda, el Senado aprobó el pasado miércoles 5 de agosto del 2014 las reformas con 78 votos a favor y 26 en contra. Las nuevas reformas permiten que empresas privadas exploten los recursos naturales del país y que participen en la producción de gas, áreas consideradas estratégicas y que eran prerrogativa exclusiva del Estado.

Entre las principales interrogantes o preocupaciones que generaba la reforma, y que no sucedieron, estuvieron la eventual desaparición de las empresas paraestatales Pemex y CFE. Si bien éstas seguirán operando bajo la tutela del Estado, quedan dudas sobre si el nuevo esquema, donde competirán con empresas altamente especializadas para ganar licitaciones o contratos, permitirá generar la misma cantidad de ingresos que en el marco regulatorio anterior.

Aunque es indudable que los cambios estructurales de esta actividad estratégica traerán modificaciones significativas, aún es pronto para anticipar los resultados finales a partir de su aplicación normativa a la realidad fáctica inmediata del país.

La reforma energética está inspirada en el modelo noruego y en “Statoil”, la cual es una empresa cuyo 67% es propiedad del estado noruego. En este modelo existe un fideicomiso que permite que las ganancias derivadas de los hidrocarburos sean transferidas de manera directa a los ciudadanos al momento de requerir pensión. Además, de los ingresos que se generan, sólo el 4% es integrado al gasto público o gasto corriente, contrario a lo que ocurre en México donde la mayor parte de los ingresos petroleros se utilizan para este rubro.

Uno de los ejes centrales retomados del modelo noruego es que Pemex no se privatice, si no que, como dice la propuesta presidencial, éste se transforme en “una empresa de servicios bien administrados, rentables y de real beneficio para los mexicanos”. Sin embargo, bajo el nuevo marco regulatorio se permite la intervención de empresas privadas para colaborar y/o ejercer totalmente actividades en la explotación, exploración y transformación de recursos naturales, y se permite la transferencia en la propiedad de los recursos energéticos para quienes lo extraigan, hecho que de facto es una privatización.

Se han discutido en muchos sentidos los efectos y repercusiones de la reforma en todos sus ámbitos de impacto. Aún habrá que esperar al menos 2 años para ver los resultados económicos de las nuevas regulaciones.

A diferencia de la situación noruega, en donde existen regulaciones claras y una población sustancialmente más pequeña (5 millones contra 118 en el caso de México), es necesario considerar los grandes problemas de corrupción que han caracterizado el manejo de las empresas públicas, y que aún con la reforma no se prevé que cambie sustantivamente. Una vez más, otra reforma de gran calado (como ocurrió con la de telecomunicaciones y la laboral) se caracteriza por no ser transparente, porque el secreto bancario protege los movimientos del fideicomiso creado para el aprovechamiento de las ganancias energéticas, abriendo la posibilidad que no se sepa cuánto se gana y a qué se destinan los recursos. Es un tema delicado pues se está ante una reforma que cambia estructuralmente la forma en la que México explota sus recursos energéticos pero no la forma en que México administra las empresas públicas y los recursos que generan, en teoría, para el beneficio público, dejando abierta la puerta a una tradición de corrupción altamente arraigada, y poco castigada y combatida.

(imagen: //mexico.cnn.com)

El problema de la deuda pública

Cada mexicano “debe” al nacer $109,555 pesos.

Deuda pública de PemexPara México, los ingresos petroleros representan uno de los puntos más importantes dentro de la economía, ya que éste sector aporta el 10% del Producto Interno Bruto.

Con 331 votos a favor y 129 en contra, la semana pasada se aprobó el tercer dictamen de las leyes secundarias en el tema de la reforma energética. Entre los múltiples cambios que se esperan en la conformación de nuevas reglas del juego, se aprobó una en particular que ha llamado la atención y que no estaba prevista en las discusiones generales de las reformas. Esta novedad está relacionada con los pasivos de Petróleos Mexicanos y la aprobación para ser transformados en deuda pública, o lo que es lo mismo, una deuda que será pagada por todos los mexicanos sin que la gran mayoría haya votado o participado en su engradencimiento por malos manejos y corrupción. Para ponerlo en perspectiva, con esta nueva deuda acumulada a las ya existentes, cada mexicano “debe” al nacer $109, 555 pesos.

Al igual que Pemex, y dentro del contexto de los cambios en materia energética, también CFE será parte de estas modificaciones estructurales que, para efectos de la deuda pública, están enfocados  en dos sectores: contratos colectivos y jubilaciones.

Los contratos colectivos están íntimamente ligados con las jubilaciones, y una de las condiciones para que el gobierno federal pueda absorber los pasivos de Pemex como deuda pública es modificar el sistema de contratos colectivos, ya que éstos son manejados por individuos y no como un colectivo.

Históricamente, parte de esta deuda es resultado de una mala administración del gobierno federal, el cual se ha endeudado en diferentes momentos para tratar de sortear malas políticas económicas y fiscales. Algunos de los acontecimientos históricos más trascendentes en la línea de endeudamiento sucedieron durante los mandatos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Tampoco se puede omitir el caso del Fobaproa durante el sexenio de Ernesto Zedillo, quien rescató a los bancos pasando sus pasivos a deuda pública, gastando el 20% del PIB en dicha tarea. En contextos de crisis económica y en la búsqueda de reestructurar la deuda externa del país, gran parte de ésta fue convertida en pública.

Si bien para México no es tema nuevo que grandes pasivos sean transformados en deuda común, lo que sí es de resaltar es que, a pesar del avance democrático del país, no se tengan acciones legales contra los responsables del crecimiento de los pasivos. A pesar de la necesidad de que algunos de estos sean absorbidos como deuda pública ante el mal que representan y el daño que podrían ocasionar en caso de no atenderse, esto no tendría que ser un impedimento para que aquellos irresponsables o beneficiarios de estas políticas de endeudamiento queden impunes o en el anonimato.

En el caso de Pemex es un secreto a voces la opulencia en que se desenvuelven el líder petrolero y hoy senador Carlos Romero Deshcamps y su familia, sin embargo, no hay ningún proceso en su contra ni se está discutiendo a fondo el dinero que el sindicato recibe y que debiera ser fiscalizado como todo dinero público. En este sentido, otro cabo suelto más dentro de la reforma que pretende dar certidumbre a la política energética pero no a los ciudadanos sobre el manejo de las finanzas de las empresas estatales y las organizaciones que reciben dinero de todos los mexicanos y no rinden ningún tipo de cuentas.

(imagen: www.hilodirecto.com.mx)

El pacto social y los derechos sociales

La importancia de que exista un acuerdo de cooperación, un pacto social con equilibrio entre los actores

ciudadanía participativa

La salud es derecho que sólo puede ser garantizado como parte integral de un pacto social del que todos seamos partícipes. Hoy es el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, conmemoración de dos derechos producto de las conquistas sociales del siglo XX y que actualmente sigue discutiéndose sobre quién debe recaer la responsabilidad de brindar trabajo y salud a la sociedad, si el Estado o el sector privado.

Ambas posturas construidas sólida y argumentativamente por quienes las respaldan tienen sus pros y contras, pero más allá de construir lógicas y argumentos inflexibles es necesario asumir que la pluralidad y la existencia de diversas posturas fortalece la posibilidad de construir verdaderos acuerdos y soluciones consensuadas que integren a todos los involucrados.

En el caso de los derechos laborales y el acceso a la salud no se trata de asumir una postura u otra y llevarla hasta extremo, ya que si consideráramos que la salud debe ser una transacción sólo entre privados y que cada uno de nosotros debe acceder a ella a partir de sus propios recursos, entonces caeríamos en el problema de asumir que no toda las personas tendrían acceso a la salud, sólo aquellas cuya posición social y económica pudiera costearla. En el caso particular de México eso excluiría inmediatamente a prácticamente la mitad de  población, es decir, 60 millones de personas.

Por otro lado, si dejáramos por completo la creación de empleos sólo al Estado no habría posibilidad de producir tantas oportunidades ni áreas de especialidad en función de que no es lógica ni razón del Estado crear y diversificar la actividad económica; como por ejemplo, tener un programa público de fabricación de electrónicos, de teléfonos celulares o de cualquier bien de consumo de nuestra vida cotidiana que requiere de incentivos económicos y de mercado para existir. Por tanto, nos encontraríamos nuevamente con el problema de que el Estado no podría generar la cantidad necesaria de empleados para toda la población.

En ambos casos, ni el estado regido por la lógica pública, ni el mercado o los empresarios regidos por la lógica privada económica tendrían la posibilidad de encargarse o satisfacer ambas necesidades a cabalidad. De ahí la importancia de que exista un acuerdo de cooperación, un pacto que establezca las reglas del juego para que ambos actores puedan ejecutar adecuadamente sus funciones, garantizar los derechos y el cumplimiento de la ley en el caso del Estado, y la generación de riqueza por el otro. De eso trata el pacto social, de la asignación de funciones del sistema y del cumplimiento de éste.

Sin embargo, vemos que la reestructuración del pacto social a través de las reformas estructurales del que el país ha sido objeto tienen un problema de consenso que se remonta a la definición y pregunta de ¿qué país queremos? Cuando existen tantas voces encontradas, pero sobre todo, tantos agentes que buscan cargar los acuerdos hacia su beneficio privado, la balanza y la estabilidad del pacto se ven comprometidos, de ahí la importancia de la vigilancia y transparencia de un tercer actor fundamental en la tensión entre el Estado y los agentes económicos; nos referimos específicamente a la ciudadanía como actor activo en la reestructuración y formación del pacto, misma que hasta el momento se ha visto marginada en varios de los temas constitucionales y regulatorios.

Como se puede intuir, la situación por la que atraviesa México no es sencilla porque nos encontramos en un momento donde estamos dando nueva forma al pacto social que existía y que heredamos desde la conformación del México moderno en el siglo XX. Si bien muchos cambios eran necesarios, de otros no queda aún clara su conveniencia pública, tal es el caso de la rectoría del petróleo. Sea como sea, la labor de la ciudadanía radica en ser depositaria de la legitimidad y de generar el diálogo con el Estado representativo para velar por el interés general y la viabilidad de un pacto social construido a base de equilibrios sustentables, donde ningún actor se imponga inexorablemente sobre otro. Ese es el gran reto de la reformas estructurales y de la sociedad mexicana en general.

(imagen: formacionparatodos.wikispaces.com)