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La preocupación por la economía

¿Por qué está estancada la economía en México?

economía México 2014

(imagen: //1.bp.blogspot.com)

Entre los empresarios y directivos de empresas, durante muchos meses se comentaba sólo en corto, en confianza, porque nadie quería criticar abiertamente al actual gobierno. Sin embargo, la situación ya rebasó la tolerancia de muchos y uno de los grandes temas de las conversaciones en todos los sectores es el desempeño de la economía. Es una realidad que, a poco más de 18 meses del inicio del gobierno de Peña Nieto, no se ha visto el crecimiento ni la inversión que se prometió ni se comprometió en campaña como resultado de la aprobación de las reformas estructurales, o la aceleración en el gasto público.

El tema fundamental para entender el por qué de la estancada economía, pese a que se aprobaron las reformas, tiene que ver con la aplicación de las políticas económicas y fiscales, que lejos de apoyar el crecimiento del país, han terminado en empantanar la inversión y el gasto público. Todos parecen señalar a un responsable de esto: el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hombre de toda la confianza del Presidente Peña, que según varios expertos ha cometido errores que explican dicha situación.

El principal error ha sido modificar la política económica que tan buenos resultados macroeconómicos ha dado en los últimos 25 años, principalmente al jugar con el déficit público que se manejó prácticamente invariable en los últimos sexenios. Tampoco ha manejado una deuda sana de gobierno y no ha liberado adecuadamente el gasto público desde 2013, hecho que tiene a muchas empresas y a la economía general estancada ante la incertidumbre y la imposibilidad de prever qué ocurriría para invertir y generar empleos.

Ante esto, las empresas mantienen un pronóstico moderado que no les permite avanzar ni generar capital que se traduzca en crecimiento económico y en mayor ingreso para los mexicanos. Aunque el Secretario de Hacienda afirma que el resultado de las reformas se traducirá en crecimiento económico en 2016, esta fecha resulta lejana, sobre todo en el mantenimiento del capital político y el apoyo empresarial, donde varios empresarios se han quejado abiertamente del mal manejo económico, e incluso, comentan, le han solicitado al Presidente su intervención directa.

El 2016 luce lejano en un momento en donde aún faltan reformas secundarias por discutir, pero sobre todo, donde empresarios y clases medias han empezado a resentir los efectos de una política hacendaria que no amplía la base gravable y le carga la mano a las clases medias y a los emprendedores. Las grandes empresas también han tenido que ajustar sus previsiones de crecimiento de la nueva situación fiscal derivada de la reforma y no están de acuerdo en que se les cobre más impuestos.

En suma, da la impresión de que el capital político del Ejecutivo Federal, y en particular del Secretario de Hacienda, se está agotando; así lo demuestran los bajos niveles de aceptación que se han publicado recientemente. El año que viene será crucial para ver si hay un cambio en la expectativa de crecimiento y en la manera de ejercer el gasto. El mejor termómetro serán las elecciones intermedias de 2015, en las que veremos qué tanto respaldo le da la ciudadanía a cada una de las fuerzas políticas.

#DaleSeguimiento

Infórmate, monitorea, involúcrate y actúa

monitoreo-ciudadanoEn las últimas entradas hemos estado hablando de la importancia y de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para incidir en las decisiones políticas. Ya hemos mencionado que informarnos responsablemente es un principio para el cambio.

Volviendo al tema de la ley de Telecomunicaciones, la coyuntura nos muestra que nos encontramos en un momento decisivo donde la sociedad civil debe dar seguimiento a las discusiones y monitorear el proceso de las reformas secundarias, a pesar de las cortinas de humo que se pretenden utilizar.

Para aclarar un poco más el panorama, Gonzalo Olivares Velázquez, Director General de Psiquepol nos comparte su punto de vista:

En la discusión de la ley secundaria en materia de Telecomunicaciones, se está reflejando algo que normalmente es más sutil o a veces prácticamente irreconocible: la poderosa confrontación de los intereses que hay en juego.

El fundamento de dispersar el poder, sobre el cual se basa nuestra República, tiene que ver con la imposibilidad de que una sola tendencia domine una discusión y que, a partir del convencimiento y la vigilancia mutua, se lleguen a las mejores decisiones con base en el interés nacional. ¿Pero qué pasa cuando existe un tema, como las telecomunicaciones, donde existe un claro conflicto entre lo público y lo privado, y aún en lo privado intereses tan confrontados que afectan lo público?

Mony de Swaan, ex presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofetel), mencionó recientemente en una mesa de discusión de la Reforma de Telecomunicaciones en la Ibero lo siguiente: La iniciativa “ha generado una incertidumbre monstruosa en los mercados internacionales pues no se sabe si México decidió abrir sus fronteras a la competencia o si seguimos siendo amigos de la concentración” en el sector.

En el mismo foro, Irene Levy, académica del departamento de Derecho de la Ibero, señaló que: “la definición de productor nacional independiente de contenidos audiovisuales incluida en la Ley Federal de Telecomunicaciones favorece principalmente a Televisa, que podría asumirse como tal.”

Lo más interesante del tema, sin embargo, es que las empresas no están cabildeando directamente sus intereses, ni siquiera a través de despachos de cabildeo. Son los propios actores políticos, sus grupos políticos, los que tienen claro hacia dónde van y a quién representan. En Estados Unidos se dice que son los super bonos – de acuerdo al libro “Republic, Lost: How Money Corrupts Congress and a Plan to Stop It” de Lawrence Lessing, los que van determinando el “intercambio de favores” hacia los intereses privados; pero en México no existe esa figura, no hay reelección legislativa, ni financiamiento de parte de los despachos de cabildeo hacia las campañas. 

Pero tampoco hay discusión de fondo en los temas más álgidos, como el de Telecomunicaciones. Los legisladores no leen las iniciativas, no tienen tiempo ni elementos para analizarlas, no le entran a los asuntos con la profundidad que se requiere; simplemente votan conforme a lo que se acuerda en las reuniones internas previas de los partidos antes de las Sesiones del Congreso, en donde se expone y discute la postura final del partido. Por eso es evidente que el cabildeo de estas empresas, las más grandes e influyentes del país (y no sólo Televisa), se hace directamente a través de los grupos políticos, de los partidos políticos, de los tomadores de decisión política. 

A pesar de que los intereses privados sean los que quieren prevalecer sobre el beneficio de la ciudadanía, aún tenemos herramientas para hacernos sentir, para hacer valer nuestros derechos, y entre todos y todas llevar a cabo el proyecto de nación que queremos y que nos merecemos.

Entendiendo el monitoreo ciudadano como “una forma de participación ciudadana que consiste en la realización de ejercicios sistemáticos, independientes y planificados para observar, dar seguimiento y proponer mejoras sobre aspectos, como la manera en que los servidores públicos toman decisiones y utilizan los recursos públicos; cómo se generan y cuáles son los resultados de la gestión pública, su apego al marco legal y el cumplimiento de metas y planes estratégicos”[i], desde #CabildeoCiudadano les queremos compartir información sobre las discusiones de la Ley de Telecomunicaciones, como también las cuentas de Twitter de algunos servidores públicos que están relacionados con este tema.

La idea es que tomemos acciones, nos informemos, preguntemos, estemos atentos a las discusiones. Es hora de utilizar las redes sociales para hacer cabildeo, #DaleSeguimiento a los temas de la #LeyTelecom, porque es TU país y TU futuro los que están en juego. Ejerzamos nuestro derecho de acceso a la información, involucrémonos en el seguimiento de las decisiones de nuestros representantes y hagamos un monitoreo en donde la rendición de cuentas sea el pilar fundamental de los legisladores.

Iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones

//comunicacion.senado.gob.mx/index.php/telecom

Diputados que integran la comisión de Radio y Televisión

//sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/integrantes_de_comisionlxii.php?comt=47

Purificación Carpinteyro @PuriCarpinteyro

Adolfo Bonilla @FitoBonilla

Martha Gutiérrez @MarthaGtz

Simón Valanci @DipSimonValanci

Patricia Lugo @Patricia_LugoB

Beatriz Zavala @BeatrizZavala

Roxana Luna @RoxanaLunaP

Ana Lilia Garza @algcadena

Luisa Alcalde @LuisaAlcalde

 

Senadores que integran la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

//www.senado.gob.mx/comisiones/radio_tv_cine/integrantes.php

Alejandra Barrales @Ale_BarralesM

Itzel Ríos @SoyItzelRios

Javier Corral @Javier_Corral

Javier Lozano @JLozanoA

 

[i]Guía para el monitoreo ciudadano //www2.asa.gob.mx/ServletRepositorio?id=603

(imagen: //www.bylconsultora.com.ar)

 

Valery Rojas,

Politóloga y Blogger

@chanteler

 

Las ideologías y sus representantes

Escenario político mexicano actual: ¿ausencia de ideologías claras y representantes de éstas?

Subcomandante MarcosEl fin de semana el subcomandante “Marcos” reapareció en la escena pública tras 5 años de ausencia para comunicar que dejaría la vocería del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para ceder su cargo al “Subcomandante Insurgente Galeano”, personaje ficticio creado en referencia a un zapatista asesinado recientemente. Esta decisión obedece en palabras de “Marcos” a que su “personaje”  ya no tiene vigencia en la estrategia actual de resistencia del EZLN.

El argumento de una acción tan trascendente como cambiar la cara más visible de un movimiento siempre es válido y entendible en un contexto que exija dinamismo, o como respuesta a un cambio de coyuntura o de estructura. En el caso particular del hoy “extinto” Marcos no queda claro a qué obedece esta modificación, sobre todo porque no se vislumbra en la agenda un revire o un elemento en la situación que justifique la acción.

El EZLN forma parte de un movimiento que nació como guerrilla pero que viró hacia una fuerza política “de izquierda” y cuya situación hoy parece similar a la que esa ideología atraviesa en México; simplemente se ha diluido. Así lo demuestran también las diferencias que se aprecian al interior del PRD, en la pugna que es cada vez más evidente entre las corrientes agrupadas a los distintos “presidenciables”.

Pero también en el otro polo del espectro político se aprecian las diferencias. El PAN  renovó su dirigencia el fin de semana pasado en medio de un fuerte clima de descalificación y poca discusión respecto de su propuesta frente al gobierno actual, en una batalla en donde finalmente ganó el ala negociadora de las reformas.

Parecería ser que, frente al próximo periodo extraordinario de sesiones, en donde se discutirá legislación secundaria muy relevante para el país, el PRI va bien cobijado, sin oposición ideológica o fuerza política que pueda generarle un contratiempo.

Hay quienes dicen que el PRI ha operado para que esto suceda así, a través del fortalecimiento de las corrientes afines dentro de los partidos de oposición y el aislamiento de los grupos contrarios. Otros piensan que las propias fuerzas políticas tienden a fraccionarse cuando no existe un líder claro que las cohesione. Quizás lo que ha sucedido es una combinación de ambas, un escenario en donde no hay ideologías claras ni representantes de éstas.

(imagen: //media.roarmag.org)

Morelos, Michoacán, Tamaulipas ¿Es México un Estado Fallido?

Bajo qué parámetros podemos considerar o no a México como un Estado Fallido

En la última semana los índices de violencia en el país han vuelto a repuntar en la percepción de la ciudadanía, particularmente en Tamaulipas, donde se han visto varios videos en la red social YouTube con balaceras a plena de luz del día en ciudades como Reynosa, Tampico y Victoria. Paralelamente a los actos de violencia, la ciudadanía ha salido a protestar y marchar por la paz en Cuernavaca y en Tampico, donde la escalada de violencia continúa. Además de Tamaulipas y Morelos, está el caso de Michoacán donde las llamadas autodefensas, ya deshabilitadas como tal, siguen activas en muchos lugares ante la amenaza de los carteles locales.

Ante todos estos actos cuyos principales afectados son los ciudadanos, ha surgido nuevamente el debate sobre si México es o no un “Estado Fallido” frente a la incapacidad del gobierno de hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de sus pobladores. Al respecto existe un intenso debate acerca de lo que implica un Estado con estas características; incluso el Fondo por la Paz con sede en Washington publica anualmente su listado de estados fallidos a partir de 12 indicadores, incluyendo: indicadores demográficos, número de refugiados, grupos de agravio, fuga de cerebros; subdesarrollo, declive económico, deslegitimación del Estado, servicios públicos, aparatos de seguridad, desigualdad social, intervención externa y derechos humanos. México está en el lugar 97 de 177 naciones analizadas.

Índice de México como Estado Fallido

(imagen: seguridadnacionalhoy.com)

A partir de este estudio, “objetivamente” se podría ubicar al Estado mexicano en un riesgo alto de colapso, pero es importante mencionar que desde la ciencia política no hay una teoría general del Estado Fallido que justifique plenamente los indicadores que el índice del Fondo por la Paz establece.  Es decir, no hay una relación empírica directa entre esos indicadores  y el fracaso (o éxito) de los Estados.

Si bien no se pueden negar los grandes problemas de gobernabilidad que viven varias regiones del país, tampoco se podría asegurar la inminencia de un estallido social. El gran problema con la clasificación de Estados Fallidos ha sido el riesgo en que, desde 2002, Estados Unidos ha visto a su propia seguridad nacional, ya que estos Estados representan semilleros de agrupaciones desestabilizadoras que pueden ser precursoras de grupos terroristas. A partir de ese año, la política exterior norteamericana ha puesto los ojos en estos países para justificar la necesidad de intervenirlos ante la mirada internacional , aunque no necesariamente por la vía militar. Partiendo de este argumento de seguridad, no es gratuito que el discurso de México como un estado fallido venga precisamente de ellos, donde los vecinos del norte ven con reparos a nuestro país ante la potencial amenaza fronteriza que representa.

Independientemente de los índices y los debates acerca del posible fracaso de México como Estado, no se puede caer en juicios categóricos que no contemplen elementos más complejos que los enlistados en el documento del Fondo por la Paz. Hoy México tiene en el tema de seguridad uno de los grandes problemas de las últimas décadas. Sin embargo, es cierto, no se ha hecho un análisis profundo de las causas que han originado esta situación; incluso los índices de Estados Fallidos no contemplan la aplicación de políticas neoliberales que en muchos de los países listados han sido en parte responsables del repliegue en las funciones sociales del Estado, acentuando las desigualdades en la mayoría de los casos.

Como ciudadanos, es importante conocer la naturaleza del debate a fin de tener herramientas para juzgar objetivamente los problemas nacionales, más a la luz de nuestra historia y nuestros retos políticos que bajo el escrutinio o los intereses internacionales.

 

Informarnos responsablemente, un principio para el cambio

La participación ciudadana es imprescindible para generar cambios positivos

Mundial Brasil 2014

En nuestras últimas entradas hemos resaltado la importancia y la necesidad del involucramiento de la ciudadanía en los procesos políticos y decisiones gubernamentales.

La coyuntura actual, no sólo a nivel mundial sino también de México, hace que la participación ciudadana sea imprescindible para generar cambios positivos. Y aunque existen acciones como La Responsabilidad Social Empresarial, el Cabildeo e iniciativas de monitoreo por parte de organizaciones de la sociedad civil, también son significativas cada una de las acciones que emprendamos individualmente para transformar la realidad.

¿Por donde empezamos?

En primer lugar, es fundamental informarnos acerca de lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Una vez que hayamos consultado no sólo los medios tradicionales, sino también la información proveniente de fuentes independientes, con seguridad tendremos la determinación y el coraje para emprender acciones. Para ejemplificar mejor retomemos el tema de La Ley de Telecomunicaciones.

Una encuesta realizada por Gii360 con el objetivo de conocer la opinión de los habitantes de la ciudad de México con respecto a dicha ley, evidencia que sólo el 13,33% de los encuestados tienen conocimiento sobre ésta. Casi el 70% no está enterado de las movilizaciones llevadas a cabo. Y a pesar de que el 70% cuenta con servicios de internet, los resultados arrojan que el medio que más se consume es la televisión.

Desafortunadamente, en la mayoría de casos en medios tradicionales, la información se encuentra parcializada u orientada hacia otro tipo de “noticias” que sirven como cortinas de humo para desviar la atención de la población.

Luego de las movilizaciones, tanto en redes sociales como manifestaciones en las calles, se logró el aplazamiento de la discusión de la ley de telecomunicaciones para el mes de junio,  justo cuando la atención ciudadana estará centrada en el mundial de fútbol, y no en el proceso legislativo.

Eventos de esta magnitud fueron creados originalmente para reforzar la unión entre los diferentes pueblos, tanto a nivel religioso como cultural, pero lamentablemente en la historia moderna, bastan un par de ejemplos para que nos demos cuenta que esa esencia se ha perdido. Olimpiadas y Mundiales de Fútbol, por mencionar algunos, han provocado crisis en países sede y han fungido como elementos distractores de distintas problemáticas.

México,1968. Tan solo a 10 días de llevarse acabo las Olimpiadas en México, el 2 de Octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco, fuerzas del ejército dispararon indiscriminadamente a más de 50.000 estudiantes que se habían congregado allí para manifestarse. Murieron casi 400 estudiantes y más de mil resultaron gravemente heridos. Pocos meses antes había sucedido la trágica Primavera de Praga, y la guerra de Vietnam estaba en los peores momentos. La censura del gobierno para evitar la difusión de la noticia fue tal que llegó a la persecución de periodistas nacionales y extranjeros para “evitar una mala imagen internacional”. Días después, para la inauguración de los XIX juegos olímpicos, el presidente Díaz Ordaz abrió el evento llamado “La Olimpiada de la Paz”.

Argentina, 1978. En su afán por perpetuarse, los militares argentinos que ocupaban el poder en esta época realizaron el Mundial de Fútbol del 78. Las noticias de desapariciones y centros de detención contra los detractores del régimen autoritario, movilizaron a organizaciones de derechos humanos en Europa, por lo que la Junta Militar tenía una gran preocupación por la imagen de Argentina ante el mundo. Por este motivo, la ciudad simplemente se “maquilló” de la mano del periodismo cómplice. La polarización de la sociedad generaba incluso señalamientos a las Madres de la Plaza de Mayo, tildándolas de antinacionalistas por hablar en contra del mundial. Fue en esta época donde se llevaron a cabo la mayor parte de las desapariciones comprobadas durante la dictadura.

Brasil, 2014. Faltan solo 6 semanas para que comience el mundial en el país más grande de Latinoamérica y la historia no deja de repetirse. Los organizadores afirman que será el mundial “más seguro” a pesar de las protestas que desde el 2013 se han realizado en el país. Lo que sí se sabe es que los 13.000 millones de dólares que se han invertido en el evento lo convierten en el más caro de la historia. Más del 75% de los brasileros opinan que gastar tanto dinero es innecesario y más del 80% piensa que todos estos recursos deberían utilizarse para inversión en educación y salud. El intento de la toma de control por parte de la policía en las favelas ha prendido las alarmas por la crisis de seguridad, los ciudadanos empiezan a denunciar abusos de la policía, torturas y asesinatos. La necesidad de terminar la construcción de estadios y remodelación de infraestructura, ha desembocado en varias muertes de trabajadores por las fallas en las medidas de la seguridad de las obras. El periodista danés Mikkel Jensen quién estaba allí para cubrir el evento, decidió abandonar el país y publicó una carta donde menciona que, para garantizar “la fiesta televisiva del fútbol”, además del abandono de los proyectos sociales, se realizan “limpiezas de pobres” en las calles, sospechando que el destino de estos infantes es la muerte.

Ahora que tenemos un poco más de información, ¿qué podemos hacer?

No podemos permitir que una vez más nos distraigan de los acontecimientos que nos van a afectar en el largo plazo. La información a la cual podemos acceder libremente y que nos proporciona herramientas para el desarrollo de ser sujetos críticos, está en peligro, en caso de que sea aprobada la Ley Telecom tal como hasta ahora está propuesta.

Tenemos que empoderarnos para realizar seguimientos a las discusiones en torno a esta ley. La participación ciudadana es vital para lograr sociedades civiles con mayor fortaleza y capacidad. Es importante reforzar los encuentros entre expertos y autoridades con la población en espacios públicos donde se definan realmente los intereses sociales, como también tomar nuestro rol en la implementación, evaluación y monitoreo de las políticas públicas. 

Para construir el país que queremos no podemos quedarnos en la asistencia a los procesos políticos de elección popular. Tenemos el derecho y la obligación de exigir a nuestros representantes que lleven a cabo reformas que en efecto logren esa concepción Gramsciana del Estado, como “un organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del GRUPO MISMO”, no de una minoría. Para que un proyecto de nación funcione debemos asumir nuestro papel, cumplir eficazmente nuestras responsabilidades como ciudadanos, informándonos y no permitiendo que se lleven a cabo reformas que benefician directamente a intereses exclusivos de grupos económicos determinados.

Más información:

//sobrehistoria.com/tlatelolco-matanza-estudiantil-en-mexico-68/

(imagen: //1.bp.blogspot.com)

Valery Rojas,

Politóloga y Blogger

@chanteler

El pacto social y los derechos sociales

La importancia de que exista un acuerdo de cooperación, un pacto social con equilibrio entre los actores

ciudadanía participativa

La salud es derecho que sólo puede ser garantizado como parte integral de un pacto social del que todos seamos partícipes. Hoy es el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, conmemoración de dos derechos producto de las conquistas sociales del siglo XX y que actualmente sigue discutiéndose sobre quién debe recaer la responsabilidad de brindar trabajo y salud a la sociedad, si el Estado o el sector privado.

Ambas posturas construidas sólida y argumentativamente por quienes las respaldan tienen sus pros y contras, pero más allá de construir lógicas y argumentos inflexibles es necesario asumir que la pluralidad y la existencia de diversas posturas fortalece la posibilidad de construir verdaderos acuerdos y soluciones consensuadas que integren a todos los involucrados.

En el caso de los derechos laborales y el acceso a la salud no se trata de asumir una postura u otra y llevarla hasta extremo, ya que si consideráramos que la salud debe ser una transacción sólo entre privados y que cada uno de nosotros debe acceder a ella a partir de sus propios recursos, entonces caeríamos en el problema de asumir que no toda las personas tendrían acceso a la salud, sólo aquellas cuya posición social y económica pudiera costearla. En el caso particular de México eso excluiría inmediatamente a prácticamente la mitad de  población, es decir, 60 millones de personas.

Por otro lado, si dejáramos por completo la creación de empleos sólo al Estado no habría posibilidad de producir tantas oportunidades ni áreas de especialidad en función de que no es lógica ni razón del Estado crear y diversificar la actividad económica; como por ejemplo, tener un programa público de fabricación de electrónicos, de teléfonos celulares o de cualquier bien de consumo de nuestra vida cotidiana que requiere de incentivos económicos y de mercado para existir. Por tanto, nos encontraríamos nuevamente con el problema de que el Estado no podría generar la cantidad necesaria de empleados para toda la población.

En ambos casos, ni el estado regido por la lógica pública, ni el mercado o los empresarios regidos por la lógica privada económica tendrían la posibilidad de encargarse o satisfacer ambas necesidades a cabalidad. De ahí la importancia de que exista un acuerdo de cooperación, un pacto que establezca las reglas del juego para que ambos actores puedan ejecutar adecuadamente sus funciones, garantizar los derechos y el cumplimiento de la ley en el caso del Estado, y la generación de riqueza por el otro. De eso trata el pacto social, de la asignación de funciones del sistema y del cumplimiento de éste.

Sin embargo, vemos que la reestructuración del pacto social a través de las reformas estructurales del que el país ha sido objeto tienen un problema de consenso que se remonta a la definición y pregunta de ¿qué país queremos? Cuando existen tantas voces encontradas, pero sobre todo, tantos agentes que buscan cargar los acuerdos hacia su beneficio privado, la balanza y la estabilidad del pacto se ven comprometidos, de ahí la importancia de la vigilancia y transparencia de un tercer actor fundamental en la tensión entre el Estado y los agentes económicos; nos referimos específicamente a la ciudadanía como actor activo en la reestructuración y formación del pacto, misma que hasta el momento se ha visto marginada en varios de los temas constitucionales y regulatorios.

Como se puede intuir, la situación por la que atraviesa México no es sencilla porque nos encontramos en un momento donde estamos dando nueva forma al pacto social que existía y que heredamos desde la conformación del México moderno en el siglo XX. Si bien muchos cambios eran necesarios, de otros no queda aún clara su conveniencia pública, tal es el caso de la rectoría del petróleo. Sea como sea, la labor de la ciudadanía radica en ser depositaria de la legitimidad y de generar el diálogo con el Estado representativo para velar por el interés general y la viabilidad de un pacto social construido a base de equilibrios sustentables, donde ningún actor se imponga inexorablemente sobre otro. Ese es el gran reto de la reformas estructurales y de la sociedad mexicana en general.

(imagen: formacionparatodos.wikispaces.com)

Las reformas secundarias, la confianza y el crecimiento económico

La necesidad de aprobar las reformas secundarias para sustentar el crecimiento económico

Crecimiento económico

Mucho se ha hablado a lo largo de la presente administración sobre “Mover a México” y de la necesidad de aprobar las reformas “que el país necesitaba”, mismas que en su mayoría hoy se encuentran ya vigentes. Sin embargo, el proceso de aprobación de estas reformas no ha finalizado su ciclo en lo que respecta a las también necesarias reformas secundarias que den punto y coma a lo modificado en la Constitución.

En este sentido, el deliberado retraso de los grupos políticos por aprobar las reformas secundarias deja de manifiesto (además de lo apresurado de los acuerdos y la falta de incentivos para llegar a ellos) una economía endeble cuyos principales actores no tienen certeza ni garantías sobre lo que se va a aprobar.

En el tema energético se hablaba de la posibilidad debatible de que la apertura del mercado estuviera enmarcada en una reducción de los costos de producción de la luz y del gas. Hoy en día no se tiene claro cómo esto sucedería a partir de la reforma regulatoria correspondiente; además del evidente retraso en materia de generación de inversión y creación de empleos para el sector.

No es muy diferente el caso en materia de telecomunicaciones, en el que la reforma enviada por el Presidente está sufriendo modificaciones importantes por parte de los legisladores, lo cual siembra nuevamente dudas acerca de lo que la legislación contendrá; y en posibilidad de que la oposición lleve a la Corte dicha reforma en caso de ser aprobada tal como está para que el órgano Judicial dictamine su apego a la Constitución, con toda la demora que un trámite de esta naturaleza puede tener. El cambio no es menor en un contexto en el que urge certidumbre en materia regulatoria y de competencia para un sector sumamente competido y relevante económica y políticamente.

Finalmente, y no menos importante en materia de crecimiento e inversión, es el relacionado a la seguridad y al cumplimiento del Estado de Derecho en el país. Aunque el discurso desde Los Pinos resta importancia a este tema con sus omisiones, basta con echar un vistazo a las redes sociales y a los portales de información en internet para darse cuenta de la crisis de seguridad que viven estados como Michoacán, Tamaulipas o Morelos, donde la criminalidad se mantiene constante y afectando la normalidad de municipios enteros.

Si al factor inseguridad sumamos el componente del descontento público manifestado en marchas y, en casos más extremos, en autodefensas armadas, tenemos que el clima que está envolviendo los tan esperados cambios del gobierno federal se están complicando y pegando fuertemente en las proyecciones económicas.

El caso hacendario tampoco ha sido terso, pues la complicación de toda la reformulación fiscal y las nuevas regulaciones hacendarias han terminado por hacer el ya complicado camino del fisco algo difícil de implementar y llevar a cabo en los primeros meses del año; sobre todo si es el mismo gobierno federal quien durante esta primera mitad está limitado el gasto público y usándolo mayoritariamente para el pago de gasto corriente, impidiendo así un desarrollo más fluido de la economía. Habrá que prestar atención al desarrollo y discusión de las reformas, especialmente a su impacto e interacción con los agentes económicos y sociales.

(imagen: dineroenimagen.com)

Los problemas de las reformas secundarias

¿Qué implica aplazar la aprobación de regulaciones secundarias?

leyes secundarias

El año pasado fue importante en materia de aprobación de reformas constitucionales clave para el funcionamiento del Estado, pero sobre todo para materializar la visión de país que se desea en el mediano y largo plazo. Las iniciativas más importantes que se aprobaron fueron la energética, la de telecomunicaciones, de competencia económica y la político electoral.

A pesar del logro político que implica que una reforma constitucional de gran calado pase, ésta necesita de regulaciones secundarias que den forma y especificidad al articulado de la Carta Magna. En este sentido es de fundamental importancia, en aras de tener certidumbre en la aplicación del espíritu constitucional, que las reformas estén listas y aprobadas lo más próximo posible a la promulgación de aquellas constitucionales.

Desafortunadamente, el Congreso y los partidos políticos han hecho una dilación importante en la discusión y aprobación de éstas, lo que representa un riesgo importante para la gobernabilidad. Tal es el caso de la reforma en materia político electoral, la cual prácticamente estableció un nuevo código de procedimientos electorales, mismos que no han sido aprobados y sin los cuales la reforma constitucional es inoperante. Incluso en uno de los artículos transitorios de esta reforma, se establece que en caso de no aprobarse las reformas secundarias en materia electoral para el 30 de abril de 2014, deberá aplicarse el marco legal anterior; es decir, la legislación vigente, con el gran problema intrínseco que implica que la legislación actual es contradictoria e incompatible con lo recientemente aprobado y ya plasmado en la Constitución. ¿Cómo es posible llevar a cabo un proceso electoral federal (2015) si la Constitución establece una cosa y la ley electoral otra?

Caso similar ocurre con las reformas en telecomunicaciones donde la reforma constitucional plantea que los contenidos que se generen deben ser supervisados por el Instituto Federal de Comunicaciones, órgano autónomo creado para este fin entre otros en materia de regulación y competencia; y en cambio, la reforma secundaria enviada devuelve esta atribución a la Secretaría de Gobernación, es decir, se da un criterio político y no técnica a los contenidos que se generen y se reproduzcan en medios

En este sentido el problema al que se enfrenta nuevamente la institucionalidad del Estado tiene que ver, por un lado, con la incapacidad política para llegar a acuerdos y cumplir los plazos que el mismo Ejecutivo y las cámaras establecieron; por otro lado, con una clase política que no está comprometida con los grandes temas en materia de libertad y competencia económica.

Esta combinación de situaciones, entre la tardía presentación de propuestas y la falta de compromisos en teoría previamente manifestados y comprometidos, están poniendo en una situación de emergencia al país ante la posibilidad real de no tener un marco legal para llevar a cabo algo tan elemental para la democracia como la celebración de elecciones.

Ante estas situaciones parece quedar nuevamente al descubierto un problema que subyace a la generación de propuestas y políticas en el país: la incapacidad de generar los incentivos de colaboración, sean positivos o negativos, para que las fuerzas políticas colaboren y cumplan con la ley que, irónicamente, ellos mismos aprobaron (característica que también fue constante en los sexenios panistas). Como elemento de reflexión adicional, no se puede dejar de mencionar la falta de acción por parte de la ciudadanía para incidir real y organizadamente en un tema que afecta la viabilidad del Estado y, por ende, el bienestar público.

(imagen: //www.dineroenimagen.com)

La corrupción y la degradación del Estado

La corrupción: el problema más importante a resolver

Países más corruptos del mundo 2013

Uno de los más grandes problemas del sistema político mexicano es el relacionado a la corrupción. Aunque existen problemas de mayor impacto directo a la población como la violencia entre los carteles de gobierno y los secuestros, la realidad es que la corrupción en todos los niveles es el problema más importante a resolver.

Para poner este problema en perspectiva, la organización Transparencia Internacional en su Índice de percepción de la Corrupción 2013, ubicó a México en el lugar 106 de 177 países, Uruguay y Chile países de la región por ejemplo, ocupan el lugar 19 y 22 respectivamente.

Este asunto resulta particularmente relevante porque apenas la semana pasada el presidente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez, fue expuesto en un reportaje hecho por la cadena MVS por contratar edecanes con recursos públicos, cuya principal función era tener relaciones sexuales con él. Más allá de lo deplorable e ilegal de las acciones llama la atención la facilidad y visibilidad con la que un político puede usar a discreción recursos públicos para fines ilegales, ser expuesto en medios masivos de comunicación y que al día de hoy no existan cargos penales en su contra, ni una sociedad que condene enérgicamente y llame a exigir justicia y claridad sobre un tema ligado a recursos fiscales provenientes principalmente de la población económicamente activa.

Llama también la atención que un personaje de reputación dudosa y con importantes escándalos en su trayectoria política que incluyen violencia física contra otros integrantes de su partido y prostitución, haya sido hasta la semana pasada presidente local de la fuerza política más importante a nivel nacional. Nadie puede ascender tan alto en el escalafón jerárquico de dicha institución política si no es con la permisividad y complacencia de otros dirigentes. Más preocupante aún es que si esto ocurrió en plena ciudad de México donde los avances políticos y democráticos son de los más altos del país, ¿cómo será en aquellas entidades federativas donde existen menos contrapesos y trasparencia que en la capital?

Sin duda que es un tema alarmante en cuanto a la salud y transparencia del sistema de partidos y en general del sistema político, que sólo puede ser combatido con un irrestricto compromiso con prácticas abiertas y una legislación clara y aplicable en materia de transparencia y rendición de cuentas; además, por supuesto, de la colaboración y acción de la sociedad civil organizada y medios de comunicación. La corrupción es el campo de cultivo junto con la impunidad para que al día de hoy México esté en crisis social y a merced de grupos criminales que encuentran en este problema las vías para incrustarse dentro del Estado y cumplir sus fines delictivos en detrimento del país y de la sociedad en general.

(imagen: www.beevoz.com)

Los últimos partidos y el fin de la historia

Dar paso a nuevas formas de organización del espectro político

partidos-siguen-peleando-puntos-estrategicos

Cuando el intelectual Francis Fukuyama publicó su libro “El último hombre y el fin de la historia”, vaticinó que el mundo y la historia habían llegado a su fin. En ese sentido, aclaró que si bien el planeta no sería destruido, la teoría estaba más bien enfocada al cambio de época, como una consecuencia natural de la propia historia, de su paso y de la inherente interacción de la sociedad y de los hombres. En tal sentido, parece que los partidos políticos en México han llegado y alcanzado una situación similar, en la que se vislumbra su fin, pero no como institutos de un sistema político en movimiento, sino como los conocemos hoy en día.

En el caso del PAN, la descomposición política es creciente; la lucha interna entre dos candidatos para dirigirlo y sus respectivos grupos han extendido esta polarización a las bases del partido (que por pocas que sean, siguen siendo vitales para su supervivencia). Lo improvisado de la contienda interna, aunado a los escándalos de presunta corrupción pública que se leen en los diarios del país, han terminado por dinamitar lo poco que quedaría de esta organización.

No muy diferente es el caso del PRD, en el cual la corriente de René Bejarano ha amenazado con romper con la dirigencia nacional en caso de que el grupo de “Los Chuchos”, comandado por Jesús Zambrano, continúe al frente de la presidencia del instituto político. En ese sentido, el riesgo de fractura se hace inminente, sobretodo a la luz de la creación de “Morena”, la agrupación política de López Obrador.

En ambos casos, la disputa real no es por el partido, sino en un primer momento por las candidaturas a la Cámara de Diputados en 2015, y posterioremente a la Presidencia de la República. ¿Quiénes quieren ser candidatos? Cordero, Madero, Zambrano, López Obrador, Ebrard. Todos ellos, dirigentes (de facto) de sus propios partidos, mismos que han profundizado la división interna hasta lo más central de sus núcleos populares. Y no sobra decir que la lucha interna al interior del propio PRI también es intensa, entre el grupo de los “jóvenes” (Nuevo PRI), contra los “el Viejo PRI”, pero a ellos los aglutina el poder.

¿Cómo podrá el sistema político mexicano resolver la descomposición política de los partidos? Quizá, como decía Fukuyama, es momento de terminar el capítulo final de los partidos como los conocemos ahora, y dar paso a nuevas organizaciones, que se reagrupen en torno a intereses distintos, quizá dividiendo el espectro político de diferente manera, y – como decía Norberto Bobbio – superando la anacrónica categorización entre “izquierdas y derechas”. Este binomio ha quedado superado en México y es evidente que urge un reacomodo de las fuerzas políticas en la oposición, pues mientras ésta última se encuentra a punto de morir, no conviene ni a los ciudadanos ni a los gobiernos quedarse sin contrapesos y sin canales de expresión de todas las voces de la sociedad. La negociación será mucho más compleja y la lucha política se convierte en una venganza anunciada entre actores derrotados y sin mecanismos para acceder al poder. Quizá es momento de replantearnos la distribución partidista en el país y abrir las puertas a nuevas ideas. Estos podrían ser los “últimos partidos y el fin de su historia”.

(imagen: www.milenio.com)

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