El involucramiento en asuntos públicos es un ejercicio de la ciudadanía
Los habitantes de la democracia son los ciudadanos, y de ellos la obligación y el derecho de participar en los asuntos públicos del país. Recientemente Alfonso Cuarón, cineasta y ganador del Oscar por la película “Gravity”, lanzó 10 cuestionamientos al presidente Enrique Peña Nieto referentes a los beneficios de la Reforma Energética.
Entre las diferentes posturas que un tema de tanta trascendencia genera por la complejidad del mismo, pueden ubicarse dos principalmente: la primera es de todos aquellos quienes comulgan con los cuestionamientos lanzados en el documento “Diez Preguntas”, quienes celebraron que un mexicano “exitoso” se involucrara en los asuntos de interés nacional, sobre todo en uno como el tema energético, viéndolo como un aliado en un momento en que la información sobre el tema no ha permitido conocer los alcances de las reformas y que, en efecto, las legislaciones propuestas generan más dudas que respuestas. En segundo lugar, están quienes de inicio demeritaron la legitimidad del director, incluido el mismo Presidente, por hablar de un tema tan específico del cual no tiene “recursos técnicos” para opinar, y que a sus juicios, es irresponsable por tratarse de una figura pública que genera una gran respuesta mediática con los inconvenientes propios de difundir información o críticas a partir del desconocimiento o la “malinformación”.
Es fundamental mencionar que, independientemente de la postura que genere el tema energético, el asunto central que introduce el cineasta es el del ejercicio de la ciudadanía para involucrarse en una cuestión de crucial interés. En este sentido se pueden lanzar argumentos a favor y en contra de las propuestas de política, sin embargo, cuando nos referimos al ejercicio de los derechos políticos y civiles, el tema es completamente diferente.
En primer lugar, nuestra Constitución establece en su artículo 7º la inviolable libertad de los ciudadanos para difundir opiniones, información e ideas bajo el principio de la igualdad ciudadana. Es decir, para que exista la libertad de opinión, se debe comenzar por el reconocimiento mutuo entre ciudadanos a partir de la igualdad como sujetos políticos interesados en involucrarse en los intereses públicos que son de su incumbencia.
En segundo lugar, desviar el eje de la discusión energética a temas de forma, como plantear que el documento tiene faltas de ortografía o que el ganador del Oscar no vive en México, sólo sitúa el debate en temas que no tienen sustento alguno ya que el derecho a participar no está condicionado a la capacidad ortográfica ni a la localización geográfica; en este sentido la ley es clara: podrán participar de los asuntos públicos del país los ciudadanos de la República; y Alfonso Cuarón, estemos o no de acuerdo con sus cuestionamientos, es un ciudadano de la República Mexicana.
Finalmente no hay que olvidar que los valores de la República se cimientan en acción y discusión sobre los asuntos públicos por parte de los ciudadanos, cuando éstos se reúnen (por el medio que sea) para dialogar en un espacio de libertad e igualdad sobre aquellos asuntos que atañen a su comunidad política. De ahí que manifestaciones ciudadanas de cuestionamiento democrático al poder sean tan deseables en nuestra actual coyuntura democrática, sobre todo en un momento en el que muchas de las reformas están siendo aprobadas en un clima de hermetismo y celeridad, impidiendo la generación de información necesaria y el debate para que los ciudadanos estén debidamente informados y puedan actuar en consecuencia de acuerdo a su deber ciudadano.
En suma, desviar la atención en discusiones bizantinas sobre si Cuarón es un “ciudadano legítimo” o no para dar su opinión es caer en un círculo sin salida, que nos llevaría a categorizar a los ciudadanos entre aquellos cuya opinión es válida y aquellos cuya opinión no lo es; situaciones que no abogan al fomento de la igualdad entre mexicanos y, por ende, de la democracia a la que aspiramos.
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