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explotación y trabajo infantil(http://www.proyectodiez.mx)

El tema de la explotación infantil es un problema grave que aqueja a la población mexicana y es un indicador alarmante en materia social y económica. De acuerdo con cifras del Módulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2007), en México, 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad se encuentran desempeñando alguna actividad económica.

Estas cifran representan aproximadamente el 12.5% de la población infantil de ese rango de edad; de esta cifra, 1.1 millones son menores de 14 años, es decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar establecida por la Ley Federal del Trabajo. En el mismo tenor, aproximadamente 7 de cada 10 niños que trabajan entre los 5 y 17 años de edad viven en zonas rurales de México, mientras que 3 de cada 10 lo hacen en las ciudades. Estos porcentajes equivalen al alarmante número de 1,114,991 niños y niñas.

Los números brindan evidencia cuantitativa de una problemática social y económica que tiene muchas líneas de lectura. La más relevante es la causal, que implica la razón de por qué trabajan y las condiciones familiares en las que se encuentran. Si se trata de hijos en familias con alto índice de marginación se habla de la falta de una política social que permita que, sin importar la condición social o lugar de nacimiento, el Estado tenga la capacidad de brindar educación gratuita y garantizar que permanezcan en la escuela con todo lo que esto implica. Otra lectura del problema tiene que ver con la burocracia y la efectividad con que el asunto es atendido a través de políticas públicas que permitan, dependiendo el caso en que se trate, establecer y seguir una ruta de acción efectiva a través de las instituciones de Desarrollo Social o del Desarrollo Integral de la Familia para encauzar nuevamente a los infantes y reintegrarlos a las actividades propias de su edad, y que están establecidas en la ley.

Los niños que trabajan lo hacen por múltiples factores y no todos se encuentran en el mismo grado de vulnerabilidad. Sin embargo, en todos los casos se viola el principio legal de que éstos no deben trabajar hasta cumplida cierta edad, en la cual se asume que han concluido los estudios básicos que les permitan por lo menos los conocimientos básicos necesarios para insertarse en una vida productiva formal.

Otro de los problemas fundamentales que derivan de la explotación infantil es que se compromete la capacidad de los niños para convertirse en ciudadanos en toda la extensión del concepto y contribuir a la sociedad de la que forman parte. En este sentido, el Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, usando su facultad para emitir iniciativas de ley, presentó el 1 de septiembre una inciativa que pretende abordar esta problemática.

Ésta se presentó en el evento “México sin trabajo”, donde ante representantes de organismos internacionales y titulares de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, el Ejecutivo Federal puntualizó su compromiso para la entrega de dicha iniciativa en su carácter de preferente, la cual exhorta al Senado de la República a ratificar el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo para elevar la edad mínima de empleo en el país.

La iniciativa enviada por el presidente Peña busca tipificar con claridad las diferentes clases de trabajos que existen y las condiciones generales en las cuales el problema se tipifica y conceptualiza para la correcta ejecución de problemas. Se ratifican los derechos de los niños y los jóvenes, establece responsabilidades y crea instituciones y reglamentos enmarcados en tratados internacionales y convenciones en materia de protección infantil para temas de importancia como el bullying.

Estas reformas avanzan bien, en un momento en el cual era necesario dar orden y claridad conceptual al problema de cara a su tratamiento por parte de las instituciones encargadas. Sin embargo, es necesario ser enfáticos en que, aunque es un avance significativo, el problema de fondo no es la ambigüedad del concepto o de la ley, sino las condiciones sociales y económicas que propician la explotación de menores, y de buena parte de la población mexicana también.

Mama RosaLa fragilidad del Estado de Derecho es la principal fuente de la desconfianza entre ciudadanos y principal enemiga de la democracia. La semana pasada fueron “rescatados” por un comando armado 458 menores de edad del albergue “La Gran Familia” ubicado en Zamora, Michoacán. La encargada del albergue, Rosa Verduzco, conocida como “Mama Rosa”, fue detenida en medio de un vistoso operativo que incluyó medios de comunicación y la exhibición de la Sra. Verduzco como una criminal ante el público sin haber pasado por el debido proceso y el respeto de sus garantías más elementales.

La casa hogar, que en su página web menciona contar con subsidios oficiales y convenios con organismos públicos de todos los niveles y de atender a personas de escasos recursos, no se daba abasto para atender a los jóvenes que lo habitaban. Lo que llama la atención es el tipo de delitos que se le imputan a Rosa Verduzco, a quienes muchos intelectuales y personalidades del país como Krauze, Poniatowska, Lázaro Cárdenas Batel, Vicente Fox, e incluso el nobel francés de literatura Le Clezio califican como una luchadora social.

Los delitos que se le imputan a Mama Rosa son:

  • Adopciones ilegales (Tratado Internacional de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas)
  • Explotación sexual (art. 201 del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos)
  • Explotación laboral (art. 5 de la Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos)
  • Tráfico de órganos (art. 156 bis del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos

Estos delitos hablan principalmente de dos cosas; como se puede observar, la naturaleza de los crímenes que se le imputan a la responsable del lugar distan de tener un impacto menor, pero no deja de llamar la atención las irregularidades con que la autoridad actuó. ¿Por qué lo hizo hasta este momento?. Si realmente existieron dichas violaciones y acusaciones, por qué no presentarlas en primer lugar ante la autoridad judicial competente antes de hacer un linchamiento mediático que ha despertado la reprobación con razón de un grupo significativo de ciudadanos quienes piden se respete la figura de Rosa Verduzco.

El tema no es menor en un momento donde Michoacán vive una degradación de las funciones estatales a manos de grupos criminales y donde acciones policiales bajo la sobreexplotación mediática desproporcionada parecen buscar la legitimidad perdida en la lucha contra el crimen. Ante este escenario, Rosa Verduzco luce como chivo expiatorio de una política estatal que no ha dado resultados en materia de seguridad, y donde ciudadanos como José Manuel Mireles, líder de las autodefensas michoacanas, se encuentra preso, mientras que “La Tuta”, líder de Los Templarios, continúa en libertad. El caso de “La Gran Familia” parece seguir la misma ruta de un gobierno que busca restaurar la confianza a partir del encarcelamiento de líderes sociales surgidos de la necesidad de resarcir el daño ocasionado por las omisiones desde el poder.

(imagen: http://media.proceso.com.mx)  

El problema de la salud en México es multidimensional

#yosoy17(imagen: www.redpolitica.mx)

A diferencia de los sexenios anteriores, la Secretaría de Salud federal ha asumido una política de mutismo en lo que va de esta administración. Temas relevantes como las epidemias o la necesaria reforma del sistema de salud han sido deliberadamente minimizados en la agenda pública. Sin embargo, los medios digitales brindan la oportunidad de dar visibilidad y atención a problemas que antes difícilmente trascendían. En años recientes hemos visto movimientos sociales reforzados en las redes sociales que han permitido conocer y mantener en la agenda pública situaciones a las que incluso los medios tradicionales no daban cobertura.

En las últimas semanas hemos visto el surgimiento de una manifestación social que ha logrado posicionarse en medios gracias a su presencia en redes. En esta ocasión tocó el caso de los médicos de Guadalajara quienes conformaron el movimiento #YoSoy17, el cual apoya a los 16 galenos que se encuentran en juicio acusados de negligencia médica ante una situación de emergencia y por no cumplir con los procedimientos burocráticos.

Esta situación pone nuevamente el dedo en la llaga de la burocracia y del rebase que muchas instituciones sociales viven en el país. El caso de la salud pública es un tema capital en razón de la importancia que representa que la población tenga acceso a servicios públicos de salud de calidad. El problema de la salud en México es multidimensional y puede ser abordado y analizando desde diferentes ópticas: el acceso, la infraestructura o desde las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector. Todas estas dimensiones afectan el resultado final, que es la salud de los mexicanos, y todos son reflejo de la planeación y la ejecución de políticas específicas.

Si se habla de las condiciones laborales de los médicos es necesario recalcar la situación en las que éstos trabajan. En muchos puntos de contacto con el paciente, los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen. En los últimos años las políticas de universalización de salud como el Seguro Popular han terminado por sobrecargar las ya de por sí sobredemandadas unidades de salud, dándole acceso a más y más pacientes sin que la infraestructura crezca en proporción de la demanda. Los grandes perdedores son los pacientes, pero tal como lo expone el #YoSoy17 los médicos también han resentido la burocratización del ejercicio médico por sobre la prestación del servicio.

En esta situación se encuentran también los recientes casos de negligencia en varios puntos del país que han costado la vida a derechohabientes o que han dejado sin atención a gente en situación de urgencia. Más allá de efectuar un enjuiciamiento a la parte más visible del engranaje de salud, es decir los médicos, es necesario repensar la política entera y sobre todo dar congruencia y viabilidad a un sistema que está rebasado en muchos niveles.

La adecuación consistente del sistema público de salud debe estar acorde a las exigencias y realidad del país, hecho que requiere la adecuación del marco jurídico y el otorgamiento de garantías a quienes laboran en él y, desde luego, a los pacientes. El movimiento #Yosoy17 sirve en el sentido de volver a discutir no tanto lo que queremos, en este caso, salud de calidad, sino la forma en que está construido un sistema y las carencias que presenta.

La homosexualidad no es una enfermedad genética. Sólo un comportamiento anormal adoptado por miembros de la sociedad.

aprueban ley antigay
aprueban ley antigay

Cada país tiene su proceso, sí, pero los derechos humanos son inalienables y ninguna ley debería atentar deliberadamente contra ellos, ni promover la discriminación a ningún grupo social. El caso reciente de Uganda, como muchos otros, resulta un arma de doble filo; por un lado tenemos la imperativa defensa de los derechos humanos, para la cual es necesaria la intervención de la sociedad civil, tanto ugandesa como internacional, y por otro lado, hay una gran resistencia (hasta cierto punto razonable) ante el intervencionismo de las potencias y el respeto a las decisiones que cada nación realiza autónoma y soberanamente.
Es indispensable el fortalecimiento de los derechos humanos en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad ugandesa. La sensibilización de la sociedad hacia el respeto mutuo, la libertad sexual, la libertad de creencias, y sobre todo el derecho a la diversidad humana son una tarea fundamental para la resolución de este conflicto. Este caso nos muestra las áreas a fortalecer en el país, así como los grandes retos de la lucha por los derechos humanos a nivel mundial. Para lograr una sociedad más igualitaria y sin discriminación de ningún tipo se requiere de un proceso largo y consecuente en la educación para la diversidad.
Más información en:
http://mexico.cnn.com/mundo/2014/02/25/el-presidente-de-uganda-niega-a-los-homosexuales-el-derecho-a-serlo
Julia Romero
Comunicóloga y Maestra en Educación Intercultural
@Sashantia1
(imagen: www.contrapuntonews.com)