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57.8% es la cifra que representa al negocio informal en el país.

informalidad en México(http://www.caracteres.mx)

Uno de los grandes problemas de México es la incapacidad de su economía para incluir a la mayoría de la población económicamente activa. Este es un problema no reciente que evidencia problemas históricos en la capacidad del Estado para generar empleos que puedan satisfacer todas las necesidades básicas de los habitantes, y para insertarlos en una dinámica que les permita tener acceso a seguridad social, pago de impuestos y otras ventajas de cara a mejorar su calidad de vida.

En esta línea, una de las reformas que la actual administración ha planteado es la iniciativa “Crezcamos Juntos”. El programa busca erradicar el negocio informal, que representa en México un 57.8%, cifra alarmante por la cual se pueden explicar fenómenos migratorios, actividades económicas ilícitas y, en general, una deficiencia para incluir el talento y capacidades de las personas encamindas al desarrollo y progreso social y económico.

El plan del Ejecutivo Federal propone siete incentivos a cambio de la regularización fiscal de este sector informal: 1.- acceso a los servicios médicos y sociales del IMSS; 2.- derecho a pensión de retiro; 3.- derecho a crédito hipotecario; 4.- descuentos del pago del impuestos sobre la renta; 5.- apoyos a pequeños empresarios; 6.- créditos para los negocios y sus empleados; 7.- acceso a programas de capacitaciones.

Dentro de estos beneficios encontramos tres principios que son punta de lanza de la recaudación fiscal en México. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos artículo 31, fracción cuarta se estipula que “son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residen de manera proporcional y equitativa en lo que dispongan las leyes.” Este mandato constitucional da fuerza jurídica a la recaudación fiscal, pero también otorga derechos públicos subjetivos a quienes aporten equitativamente al gasto público. El primer derecho reconocido en la formalidad fiscal es el de los servicios médicos y sociales del IMSS, el cual jurídicamente está regulado en una figura llamada “Seguro mutuo, es decir, de asegurar un beneficio colectivo a partir de la contribución individual.”

Sin embargo, en México el sistema de seguridad social enfrenta graves problemas de administración debido a la mala planeación y ejecución de políticas tardías en el manejo de su gasto corriente, lo que deriva en que gran parte del dinero se vaya al pago de pensiones y otros gastos que no tienen que ver con la construcción de infraestructura médica que permita el otorgamiento de un servicio en tiempo y forma.

Este problema, junto con otros como el tema de seguro para el retiro, pone en entredicho la posibilidad real de llevarlo a cabo y de ser una fuente de bienestar apreciada así por todos aquellos que realizan actividades informales. Es importante resaltar que una de las principales causas de la informalidad es la falta de incentivos para pasar a formar parte de la formalidad, donde el exceso de burocracia, la corrupción y el costo que representa estar alineado a las reglas formales terminan por empujar a muchos a la informalidad, en la que no se requieren mayores trámites. Los beneficios de la formalidad son casi imperceptibles.

El problema del trabajo en el país no está sólo en la falta de incentivos que “Crezcamos Juntos” busca erradicar, sino en la posibilidad de que la población económicamente activa encuentre en la formalidad las vías para desarrollarse dignamente. En la dotación de posibildades reales está el aprovechamiento y beneficio de los recursos laborales e intelectuales del país, es decir, de su gente.

México se encuentra en el último lugar en el listado de los países que integran la OCDE

Salario mínimo en México

(imagen: http://www.radiomonitortv.net)

Los salarios en el mundo son indicativos del valor que se le otorga al trabajo realizado, pero sobre todo sirven como indicador en la expectativa de calidad de vida. En México, al igual que en muchos países, el salario mínimo se establece de manera legal  y se ajusta año con año de acuerdo a la inflación y otros factores.

El objetivo de establecer un salario mínimo obedece a la necesidad de garantizar que los trabajadores obtengan un pago por su trabajo que permita cubrir las necesidades básicas como alimento, habitación, vestido y entretenimiento. Sin embargo, actualmente, la cifra que está vigente hoy para la zona A del país (donde se encuentra la Ciudad de México y es el más alto de las 3 zonas existentes) asciende a 64.76 pesos por 8 horas laborales, cifra que resulta insuficiente para garantizar el derecho constitucional a una vida digna y que se encuentra en el último lugar en el listado de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Aunque en el país los derechos sociales alivianan en varios estratos la carga económica a través de servicios públicos que cubren educación y salud, la realidad es que la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a estos servicios, o bien, no de la calidad que les permita superar su condición social de nacimiento, limitando así la movilidad social.

Igualmente, la cifra que México aporta como referencial de salario mínimo hoy en día está cuestionada por los incrementos desproporcionados que han sufrido servicios como el transporte y los procesos productivos o estacionales en los que se involucra la producción de artículos que integran la canasta básica. Esta situación ha generado un área de oportunidad para actores sociales y legisladores de sugerir y gestionar los cambios necesarios para revertir el deteriorio del salario que año con año se ve descompensado frente a la inflación y el alza de precios. Los principales actores de estas iniciativas son el Partido Acción Nacional, quien busca solucionarlo a través de una consulta ciudadana, y el Partido de la Revolución Democrática, que propone otorgar un aumento salarial de $80.00. El actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, propone un incremento a $82.00, alza propuesta a un corto plazo pues la meta es plantear el salario mínimo en  $171.00 diarios.

Las cifras planteadas como meta son muy alentadoras para la economía popular de México, pero ¿qué consecuencias podría generar este repentino cambio?. En el tema económico, un incremento repentino y tan grande podría generar inflación, pues los empleadores, al tener que incrementar el salario de sus trabajadores, supondrían que tendrían que trasladar dicho incremento a los productos o servicios que produzcan, subiendo el precio de estos y creando una espiral inflacionaria. Igualmente México podría perder competitividad frente a otros países como China y perder la ventaja geográfica para la producción de bienes a precios competitivos que se traduciría en menores inversiones. Sin embargo, un incremento en el salario supone también un aumento en el poder adquisitivo y por tanto en el consumo y la activación del ciclo económico.

En conclusión, estos cambios pondrían a prueba la capacidad de los tomadores de decisión para crear soluciones pensadas e instrumentadas con el objetivo de que el eventual aumento no creara una espiral que trajera más repercusiones negativas que beneficios. Al final, cualquier medida que se adopte debe ser pensada y ejecutada con la planeación debida, y no sólo orientada a lo electoral o sin un sustento que le de viabilidad; en el equilibrio de esta visión está la posibilidad de generar el andamiaje que permita mejorar la calidad de vida para las personas, por un lado, y acrecentar el tamaño de la economía mexicana en beneficio de todos, por el otro.

¿Por qué está estancada la economía en México?

economía México 2014

(imagen: http://1.bp.blogspot.com)

Entre los empresarios y directivos de empresas, durante muchos meses se comentaba sólo en corto, en confianza, porque nadie quería criticar abiertamente al actual gobierno. Sin embargo, la situación ya rebasó la tolerancia de muchos y uno de los grandes temas de las conversaciones en todos los sectores es el desempeño de la economía. Es una realidad que, a poco más de 18 meses del inicio del gobierno de Peña Nieto, no se ha visto el crecimiento ni la inversión que se prometió ni se comprometió en campaña como resultado de la aprobación de las reformas estructurales, o la aceleración en el gasto público.

El tema fundamental para entender el por qué de la estancada economía, pese a que se aprobaron las reformas, tiene que ver con la aplicación de las políticas económicas y fiscales, que lejos de apoyar el crecimiento del país, han terminado en empantanar la inversión y el gasto público. Todos parecen señalar a un responsable de esto: el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hombre de toda la confianza del Presidente Peña, que según varios expertos ha cometido errores que explican dicha situación.

El principal error ha sido modificar la política económica que tan buenos resultados macroeconómicos ha dado en los últimos 25 años, principalmente al jugar con el déficit público que se manejó prácticamente invariable en los últimos sexenios. Tampoco ha manejado una deuda sana de gobierno y no ha liberado adecuadamente el gasto público desde 2013, hecho que tiene a muchas empresas y a la economía general estancada ante la incertidumbre y la imposibilidad de prever qué ocurriría para invertir y generar empleos.

Ante esto, las empresas mantienen un pronóstico moderado que no les permite avanzar ni generar capital que se traduzca en crecimiento económico y en mayor ingreso para los mexicanos. Aunque el Secretario de Hacienda afirma que el resultado de las reformas se traducirá en crecimiento económico en 2016, esta fecha resulta lejana, sobre todo en el mantenimiento del capital político y el apoyo empresarial, donde varios empresarios se han quejado abiertamente del mal manejo económico, e incluso, comentan, le han solicitado al Presidente su intervención directa.

El 2016 luce lejano en un momento en donde aún faltan reformas secundarias por discutir, pero sobre todo, donde empresarios y clases medias han empezado a resentir los efectos de una política hacendaria que no amplía la base gravable y le carga la mano a las clases medias y a los emprendedores. Las grandes empresas también han tenido que ajustar sus previsiones de crecimiento de la nueva situación fiscal derivada de la reforma y no están de acuerdo en que se les cobre más impuestos.

En suma, da la impresión de que el capital político del Ejecutivo Federal, y en particular del Secretario de Hacienda, se está agotando; así lo demuestran los bajos niveles de aceptación que se han publicado recientemente. El año que viene será crucial para ver si hay un cambio en la expectativa de crecimiento y en la manera de ejercer el gasto. El mejor termómetro serán las elecciones intermedias de 2015, en las que veremos qué tanto respaldo le da la ciudadanía a cada una de las fuerzas políticas.

Falta de claridad y resultados cuestionan el gobierno actual

EPNLa legitimidad de un gobierno puede alcanzarse por la vía de las instituciones y/o a través de las acciones de gobierno. Para ponerlo en perspectiva, en las democracias consolidadas los titulares del gobierno, sin importar que ganen por un sólo voto, adquieren   legitimidad suficiente ya ésta proviene de la aceptación general que tienen las instituciones mediante las cuales son electos. Países con menos desarrollo democrático sufren en ocasiones para dotar a sus gobernantes con la legitimidad de origen necesaria para gobernar y aplicar su plan de gobierno.

En México nos hemos visto varias veces en la problemática de un escaso margen de legitimidad. Un caso fue el cambio de gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, donde el resultado electoral levantó una desconfianza generalizada que obligó al presidente entrante a buscar en la detención del líder petrolero “La Quina” y en otras acciones, un margen mayor de legitimidad. En el sexenio anterior, Felipe Calderón se vio en esta misma situación al ser proclamado presidente después de un proceso electoral muy cuestionado que derivó en un triunfo por margen mínimo. Como consecuencia, tuvo que entablar una estrategia mediática de seguridad de la cual al día de hoy no se ven resultados claros.

En este sexenio, si bien el resultado de las elecciones no deja mucho lugar a especular sobre irregularidades que pudieran haber influido en el resultado final, sí existe un importante descontento ciudadano por las reformas antisociales del presidente Peña que le han valido los niveles de aceptación popular más bajos de los últimos sexenios. A este clima de insatisfacción ciudadana se suma la eterna promesa de que el país no ha crecido a los ritmos que debe por falta de reformas que den certidumbre al ejercicio económico para explotar la productividad y competitividad del país.

A un año y medio de distancia de la toma de posesión y después de que muchas de las reformas señaladas como necesarias han sido aprobadas, el día de hoy no hay una tasa de crecimiento promisoria; por el contrario, en días anteriores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó la tasa de crecimiento de 3.9% a 2.7% para el resto del año. Este tema tiene al sector económico en mayor descontento ante un panorama que cada vez luce más incierto para un gobierno que no ha logrado materializar en resultados sus promesas de campaña. Este sentimiento se suma a una ciudadanía insatisfecha, que lo expresa abiertamente en todas sus clases y sectores, y a un clima de violencia que termina por menguar al régimen.

Esta situación mina la legitimidad de un Presidente que se esfuerza en resaltar los beneficios de las reformas que ha logrado aprobar, pero sin reflejo en mejoras en el número de empleos, gasto público, certidumbre jurídica, seguridad, etc. Si bien la cercanía de su aprobación permite apostar a la posibilidad de revertir esta situación, parece que al país no le sobra mucha paciencia; entre unos que perciben cómo se desmantela el carácter social del estado y el interés colectivo; otros que, a pesar de las reformas, no ven las condiciones para generar los empleos y la productividad prometida; y otros tantos que viven con la existencia amenazada ante un Estado incapaz de garantizarles seguridad. La situación es delicada y este año será crucial en el futuro político del Presidente donde tendrá que apostar a acciones mediáticas contundentes que reviertan la coyuntura negativa en la que se encuentra.

(imagen: http://radiotrece.com.mx)

La necesidad de aprobar las reformas secundarias para sustentar el crecimiento económico

Crecimiento económico

Mucho se ha hablado a lo largo de la presente administración sobre “Mover a México” y de la necesidad de aprobar las reformas “que el país necesitaba”, mismas que en su mayoría hoy se encuentran ya vigentes. Sin embargo, el proceso de aprobación de estas reformas no ha finalizado su ciclo en lo que respecta a las también necesarias reformas secundarias que den punto y coma a lo modificado en la Constitución.

En este sentido, el deliberado retraso de los grupos políticos por aprobar las reformas secundarias deja de manifiesto (además de lo apresurado de los acuerdos y la falta de incentivos para llegar a ellos) una economía endeble cuyos principales actores no tienen certeza ni garantías sobre lo que se va a aprobar.

En el tema energético se hablaba de la posibilidad debatible de que la apertura del mercado estuviera enmarcada en una reducción de los costos de producción de la luz y del gas. Hoy en día no se tiene claro cómo esto sucedería a partir de la reforma regulatoria correspondiente; además del evidente retraso en materia de generación de inversión y creación de empleos para el sector.

No es muy diferente el caso en materia de telecomunicaciones, en el que la reforma enviada por el Presidente está sufriendo modificaciones importantes por parte de los legisladores, lo cual siembra nuevamente dudas acerca de lo que la legislación contendrá; y en posibilidad de que la oposición lleve a la Corte dicha reforma en caso de ser aprobada tal como está para que el órgano Judicial dictamine su apego a la Constitución, con toda la demora que un trámite de esta naturaleza puede tener. El cambio no es menor en un contexto en el que urge certidumbre en materia regulatoria y de competencia para un sector sumamente competido y relevante económica y políticamente.

Finalmente, y no menos importante en materia de crecimiento e inversión, es el relacionado a la seguridad y al cumplimiento del Estado de Derecho en el país. Aunque el discurso desde Los Pinos resta importancia a este tema con sus omisiones, basta con echar un vistazo a las redes sociales y a los portales de información en internet para darse cuenta de la crisis de seguridad que viven estados como Michoacán, Tamaulipas o Morelos, donde la criminalidad se mantiene constante y afectando la normalidad de municipios enteros.

Si al factor inseguridad sumamos el componente del descontento público manifestado en marchas y, en casos más extremos, en autodefensas armadas, tenemos que el clima que está envolviendo los tan esperados cambios del gobierno federal se están complicando y pegando fuertemente en las proyecciones económicas.

El caso hacendario tampoco ha sido terso, pues la complicación de toda la reformulación fiscal y las nuevas regulaciones hacendarias han terminado por hacer el ya complicado camino del fisco algo difícil de implementar y llevar a cabo en los primeros meses del año; sobre todo si es el mismo gobierno federal quien durante esta primera mitad está limitado el gasto público y usándolo mayoritariamente para el pago de gasto corriente, impidiendo así un desarrollo más fluido de la economía. Habrá que prestar atención al desarrollo y discusión de las reformas, especialmente a su impacto e interacción con los agentes económicos y sociales.

(imagen: dineroenimagen.com)

¿Cuál es el México real y verdadero?

Moodys

Nuestro país es una nación de contrastes. En este caso, también sucede en la parte económica, donde existen dos Méxicos. Por un lado se puede observar que la calificadora de riesgo de inversión internacional Moody’s aumentó la calificación al país de un Bbb1 a un AAA. Sin lugar a dudas esta es una buena noticia y los inversionistas y la opinión pública internacional recibieron con buenos ojos este avance. Sin embargo, no deja de llamar la atención que al mismo tiempo que la calificación de riesgo-país de México aumenta, la confianza interna del consumidor se desploma (según el INEGI, un 15.5% a la baja), y peor aún, la imagen y percepción de la gente para hacer negocios y para invertir también cae.

El Universal publicó durante la semana pasada una encuesta que, por primera vez, coloca al tema de la violencia e inseguridad como uno de los principales obstáculos y amenazas de la economía de México. Casi nunca el consumidor mexicano había ubicado y señalado una estricta correlación entre ambas variables. Inclusive, como se ha mencionado antes, si una de las dos fallaba, bastaba mantener bien la otra para equilibrar aceptablemente la situación; no obstante ello ha cambiado para el ciudadano mexicano.

Esta percepción reportada por la encuesta de El Universal se confirma cuando México aparece en lugares lejanos en la percepción pública internacional como un país seguro para invertir (estando a la par de algunas economías africanas con altos niveles de volatilidad). La explicación de ello no es otra más que la existencia de dos Méxicos: uno que se reporta en Moody’s y otro que se reporta en las encuestas y en la opinión pública.

Luego entonces, ¿cuál es el México real y verdedero?, ¿cuál es la imagen correcta? La respuesta es ambos. El país sufre de una bipolaridad económica sumamente grave, y mientras no se logre revertir la percepción negativa de la gente, poco se puede hacer para ganar confianza nuevamente. Quizá a este tipo de factores se debe la aparición del Presidente Peña Nieto en la portada de la revista “Time” con el título de “Salvando a México”; es justamente esta la dualidad que nuestro país sufre día con día y es también ésta la que beneficia a algunos y perjudica a otros. México debe avanzar para que esta brecha se vaya cerrando poco a poco si quiere aspirar a mejores niveles de desarrollo.

(imagen: www.milenio.com)