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Mama RosaLa fragilidad del Estado de Derecho es la principal fuente de la desconfianza entre ciudadanos y principal enemiga de la democracia. La semana pasada fueron “rescatados” por un comando armado 458 menores de edad del albergue “La Gran Familia” ubicado en Zamora, Michoacán. La encargada del albergue, Rosa Verduzco, conocida como “Mama Rosa”, fue detenida en medio de un vistoso operativo que incluyó medios de comunicación y la exhibición de la Sra. Verduzco como una criminal ante el público sin haber pasado por el debido proceso y el respeto de sus garantías más elementales.

La casa hogar, que en su página web menciona contar con subsidios oficiales y convenios con organismos públicos de todos los niveles y de atender a personas de escasos recursos, no se daba abasto para atender a los jóvenes que lo habitaban. Lo que llama la atención es el tipo de delitos que se le imputan a Rosa Verduzco, a quienes muchos intelectuales y personalidades del país como Krauze, Poniatowska, Lázaro Cárdenas Batel, Vicente Fox, e incluso el nobel francés de literatura Le Clezio califican como una luchadora social.

Los delitos que se le imputan a Mama Rosa son:

  • Adopciones ilegales (Tratado Internacional de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas)
  • Explotación sexual (art. 201 del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos)
  • Explotación laboral (art. 5 de la Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos)
  • Tráfico de órganos (art. 156 bis del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos

Estos delitos hablan principalmente de dos cosas; como se puede observar, la naturaleza de los crímenes que se le imputan a la responsable del lugar distan de tener un impacto menor, pero no deja de llamar la atención las irregularidades con que la autoridad actuó. ¿Por qué lo hizo hasta este momento?. Si realmente existieron dichas violaciones y acusaciones, por qué no presentarlas en primer lugar ante la autoridad judicial competente antes de hacer un linchamiento mediático que ha despertado la reprobación con razón de un grupo significativo de ciudadanos quienes piden se respete la figura de Rosa Verduzco.

El tema no es menor en un momento donde Michoacán vive una degradación de las funciones estatales a manos de grupos criminales y donde acciones policiales bajo la sobreexplotación mediática desproporcionada parecen buscar la legitimidad perdida en la lucha contra el crimen. Ante este escenario, Rosa Verduzco luce como chivo expiatorio de una política estatal que no ha dado resultados en materia de seguridad, y donde ciudadanos como José Manuel Mireles, líder de las autodefensas michoacanas, se encuentra preso, mientras que “La Tuta”, líder de Los Templarios, continúa en libertad. El caso de “La Gran Familia” parece seguir la misma ruta de un gobierno que busca restaurar la confianza a partir del encarcelamiento de líderes sociales surgidos de la necesidad de resarcir el daño ocasionado por las omisiones desde el poder.

(imagen: http://media.proceso.com.mx)  

Bajo qué parámetros podemos considerar o no a México como un Estado Fallido

En la última semana los índices de violencia en el país han vuelto a repuntar en la percepción de la ciudadanía, particularmente en Tamaulipas, donde se han visto varios videos en la red social YouTube con balaceras a plena de luz del día en ciudades como Reynosa, Tampico y Victoria. Paralelamente a los actos de violencia, la ciudadanía ha salido a protestar y marchar por la paz en Cuernavaca y en Tampico, donde la escalada de violencia continúa. Además de Tamaulipas y Morelos, está el caso de Michoacán donde las llamadas autodefensas, ya deshabilitadas como tal, siguen activas en muchos lugares ante la amenaza de los carteles locales.

Ante todos estos actos cuyos principales afectados son los ciudadanos, ha surgido nuevamente el debate sobre si México es o no un “Estado Fallido” frente a la incapacidad del gobierno de hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de sus pobladores. Al respecto existe un intenso debate acerca de lo que implica un Estado con estas características; incluso el Fondo por la Paz con sede en Washington publica anualmente su listado de estados fallidos a partir de 12 indicadores, incluyendo: indicadores demográficos, número de refugiados, grupos de agravio, fuga de cerebros; subdesarrollo, declive económico, deslegitimación del Estado, servicios públicos, aparatos de seguridad, desigualdad social, intervención externa y derechos humanos. México está en el lugar 97 de 177 naciones analizadas.

Índice de México como Estado Fallido

(imagen: seguridadnacionalhoy.com)

A partir de este estudio, “objetivamente” se podría ubicar al Estado mexicano en un riesgo alto de colapso, pero es importante mencionar que desde la ciencia política no hay una teoría general del Estado Fallido que justifique plenamente los indicadores que el índice del Fondo por la Paz establece.  Es decir, no hay una relación empírica directa entre esos indicadores  y el fracaso (o éxito) de los Estados.

Si bien no se pueden negar los grandes problemas de gobernabilidad que viven varias regiones del país, tampoco se podría asegurar la inminencia de un estallido social. El gran problema con la clasificación de Estados Fallidos ha sido el riesgo en que, desde 2002, Estados Unidos ha visto a su propia seguridad nacional, ya que estos Estados representan semilleros de agrupaciones desestabilizadoras que pueden ser precursoras de grupos terroristas. A partir de ese año, la política exterior norteamericana ha puesto los ojos en estos países para justificar la necesidad de intervenirlos ante la mirada internacional , aunque no necesariamente por la vía militar. Partiendo de este argumento de seguridad, no es gratuito que el discurso de México como un estado fallido venga precisamente de ellos, donde los vecinos del norte ven con reparos a nuestro país ante la potencial amenaza fronteriza que representa.

Independientemente de los índices y los debates acerca del posible fracaso de México como Estado, no se puede caer en juicios categóricos que no contemplen elementos más complejos que los enlistados en el documento del Fondo por la Paz. Hoy México tiene en el tema de seguridad uno de los grandes problemas de las últimas décadas. Sin embargo, es cierto, no se ha hecho un análisis profundo de las causas que han originado esta situación; incluso los índices de Estados Fallidos no contemplan la aplicación de políticas neoliberales que en muchos de los países listados han sido en parte responsables del repliegue en las funciones sociales del Estado, acentuando las desigualdades en la mayoría de los casos.

Como ciudadanos, es importante conocer la naturaleza del debate a fin de tener herramientas para juzgar objetivamente los problemas nacionales, más a la luz de nuestra historia y nuestros retos políticos que bajo el escrutinio o los intereses internacionales.

 

AutodefensasEn las últimas semanas mucho se ha analizado y dicho sobre la legalidad y legitimidad de las llamadas Autodefensas de Michoacán y si éstas son necesarias para la contención del crimen organizado o bien representan una amenaza para el Estado, sus instituciones y en general de la democracia.

No se puede ser tan lapidario en una y otra, sin embargo, me atrevo a afirmar que las autodefensas son la viva representación de una sociedad cansada de vivir bajo la amenaza de muerte constante y la extinción sistemática de sus derechos más elementales. Una sociedad que ha sido degradada a prácticamente una posición de esclava.
Tomar cualquier ejemplo o definición de democracia en Michoacán y otras partes de México es hoy por hoy un sinsentido. Si bien habrá más de uno que afirme que el levantamiento popular es antidemocrático porque lapida las instituciones, la realidad es que el levantamiento de grupos armados es el problema menos “antidemocrático” que enfrentamos buena parte de los que habitamos este país, pero como no pocas veces suele ocurrir, confundimos los efectos del problema con sus causas.
Para que exista la democracia es necesaria la existencia de una condición de ciudadanía que le de vida. Esta condición en el marco democrático se da a partir de relaciones de igualdad y exigencias mutuamente reconocidas entre el Estado y las personas. Esta condición ciudadana tienen un componente inalienablemente político y determina el grado democrático que media las relaciones sociales y no puede ser creada por decreto ya que es el resultado de largos procesos históricos y culturales, aunque lamentablemente sí puede extinguirse cuando la vida se encuentra bajo amenaza constante.
Para ser más claros: la democracia surge de los ciudadanos reconocidos entre sí mientras ejercen y reconocen sus derechos y obligaciones frente al Estado. En este sentido, las Autodefensas no son ciudadanas porque el componente político propio de ésta no puede convivir bajo el amparo de las armas y la violencia. Donde media la fuerza y la violencia no hay política, solo guerra.
Sin embargo no nos confundamos, esto no quiere decir que la democracia esté extinta a causa de las armas de los comunitarios. La democracia está ausente por las omisiones sistémicas que motivaron el levantamiento de éstos. Las acciones de las autodefensas representan hoy por hoy la única vía contra la aniquilación frente un Estado que no ha podido/querido dar solución efectiva al crimen e impunidad.
Ante esta situación, Michoacán sólo puede recobrar las condiciones políticas y de diálogo necesarios para la existencia de la democracia a partir de la acción coordinada de sus habitantes en condición de pueblo soberano. Hoy lo que tenemos en Michoacán es la lucha de sus habitantes exiliados de su llamado constitucional ciudadano para recobrar los derechos que les fueron arrebatos por los criminales e ignorados por el Estado. ¡Cuánto se parece la lucha de los comuneros a tantas históricas a favor de la libertad y la democracia! Aunque es pronto para dar un juicio de peso y la responsabilidad histórica es algo con lo que no muchos pueden lidiar.
Para ahondar en temas de democracia y participación ciudadana pueden revisar bit.ly/1coWLWH
Rodrigo Pérez
Politólogo
 (Foto: www.redpolitica.mx)

La autodefensa de Michoacán

Hace algún tiempo, por allí en 2009, se le escuchó a Germán Martínez, entonces presidente del Partido Acción Nacional que su objetivo político era “guanajuatizar” a México. Nadie entendió a qué se refería exactamente con ello, pero levantó amplias discusiones en los círculos políticos. Desde las bromas sobre el conservadurismo político, hasta su pretensión de pintar de azul las elecciones de dicho año (cosa que no consiguió). Pero el hecho quedó como una anécdota curiosa. Lo cierto es que hay estados de la República que, por su importancia, por sus circunstancias o por su situación actual, se convierten en verbos, en lugar de nombres propios; y uno de ellos es Michoacán. Pero no es cosa menor hablar de la “michoacanización” del país, puesto que el verbo que parece sacado de la política ficción, es en realidad, uno de los mayores riesgos que enfrenta la seguridad pública en todo el territorio nacional.

Mucho se ha hablado acerca de los riesgos que trae la administración de la justicia por cuerpos y organizaciones privadas y ajenas al estado. Ya se había establecido que una de las principales características que constituyen al estado es “el monopolio del uso legítimo de la fuerza” (Max Weber) y cuando esto falla, entonces lo que falla es el Estado mismo. Potencialmente a eso se enfrenta la nación cuando las autodefensas son legalizadas e incorporadas como una organización más del sistema político; no se hace por que ya se tenga control sobre ellas, sino que se hace – como medida desesperada – para tener control sobre ellas de manera efectiva.

El riesgo de la “michoacanización” de México es latente: basta voltear la mirada al estado de Guerrero (vecino de Michoacán) en donde el Gobierno estatal dotó de legalidad y tolerancia a las policías comunitarias, otorgándoles recursos del erario para su propio sostenimiento. La pregunta entonces es: ¿quién controla a los grupos autónomos que deciden tomar la justicia por su propia mano? El dilema es mayor cuando el Estado ha probado fehacientemente que no tiene capacidad efectiva de hacer frente al crimen organizado, pero la legalización de la justicia privada tampoco parece ser la vía más eficiente de resolver el problema. Aún así, el riesgo mayor es que este fenómeno comience a esparcirse por más entidades y que se vuelva entonces un cuerpo paramilitar creciente fuera de los límites legales del gobierno. Recordemos lo que pasó con las FARC y las zonas liberadas en Colombia. Sin duda que los estados y la federación han dado un paso audaz al incorporar a estas organizaciones al sistema, pero allí puede entonces difuminarse la delgada línea que separa la legitimidad de la venganza.

(Foto: www.noticias.starmedia.com)