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La reforma energética cambia drásticamente las condiciones para la competencia

Pemex en el libre mercadoLas reformas energéticas aprobadas parecen hechas como dictan los cánones del libre mercado: para favorecer la competencia, la calidad y el precio de los productos ofrecidos. Para llegar a esto, en las reformas aprobadas existen plazos y pasos a seguir para la apertura energética de México. La relevancia de estos plazos o “rondas” es porque en ellos están contenidos los tiempos y campos de acción que definen el futuro de Pemex, y de los cuales depende el marco de la competencia en el sector para hacerla una empresa más funcional.

Las consideraciones y lineamientos para la inversión pública y privada están a cargo de la Secretaria de Energía y en algunos casos favorecen a Pemex, pues incluyen los pozos petroleros más importantes para el país como el de Cantarell en Campeche (que hoy en día sigue ocupando el segundo lugar de producción mundial.)

El pasado miércoles 13 de agosto de 2014 se informó por conducto del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, los resultados de “La ronda cero.” De acuerdo con la información provista por el Secretario, Pemex operará el 83% de la explotación de hidrocarburos, lo que traducido a números significa que seguiría teniendo hegemonía económica frente a sus competidores que requieren costos eficientes para generar ganancias. Con esta regulación Pemex estaría en posición de explotar mil seiscientos millones de barriles de petróleo, generando una producción de 2.5 millones de barriles al día durante 20 años. A diferencia de las empresas privadas, Pemex usaría estos recursos para invertir en tecnología que le permita desarrollar los procesos de producción y refinación.

Sin embargo, la nueva política de licitaciones pone a Pemex en incapacidad para competir con las grandes empresas privadas extranjeras, pues llega en condiciones de desigualdad tecnológica y técnica para explotar pozos profundos. Esta desigualdad ubicaría de facto los 156 bloques que se ofrecerán en licitación prácticamente en su totalidad a una eventual inversión puramente privada debido a las carencias de la paraestatal mexicana.

Reformas como la energética cambian drásticamente las condiciones de competencia y, sobre todo, modifican de manera sustantiva el futuro de la vida económica del país. Con la promulgación de las leyes energéticas termina una era para México donde sus recursos naturales energéticos fueron considerados estratégicos y parte esencial del desarrollo público en manos del Estado mexicano. Si bien es cierto que en algunas áreas México se podrá beneficiar de una mayor inversión privada que generen empleos e incentiven el crecimiento económico, también hay que decir que el tema energético es sumamente conflictivo a nivel mundial y los intereses de las grandes corporaciones tienden a ser ajenos a los intereses de las poblaciones donde operan.

Con las reformas, Pemex debería aprovechar la oportunidad para pasar de ser una empresa pesada e ineficiente en todos sus niveles, a ser una empresa eficaz que pueda ofrecer dividendos a la economía de México; lo que implicaría reestructurase internamente y abordar con toda seriedad sus pasivos y temas como el del sindicato petrolero, que se ha convertido en un punto de corrupción sistémico que golpea su viabilidad como empresa. Con los cambios recientes, México pone a competir en el libre mercado a su empresa pública más importante con la consigna de ganar algo de un pastel que estará disputado por grandes especialistas; hecho que recuerda la finalización del modelo de sustitución de importaciones a principio de los 80 y que derivó en una fuerte crisis para la industria mexicana, producto de décadas de proteccionismo.

(imagen: http://www.jornada.unam.mx)

Modelo noruego inspira la reforma energética

Reforma energética A pesar de que las reformas secundarias en materia energética ya han sido aprobadas, aún quedan muchas dudas sobre la manera en que serán utilizados los recursos que éstas generen para el beneficio de los mexicanos.

A pesar de la oposición, principalmente de los partidos de izquierda, el Senado aprobó el pasado miércoles 5 de agosto del 2014 las reformas con 78 votos a favor y 26 en contra. Las nuevas reformas permiten que empresas privadas exploten los recursos naturales del país y que participen en la producción de gas, áreas consideradas estratégicas y que eran prerrogativa exclusiva del Estado.

Entre las principales interrogantes o preocupaciones que generaba la reforma, y que no sucedieron, estuvieron la eventual desaparición de las empresas paraestatales Pemex y CFE. Si bien éstas seguirán operando bajo la tutela del Estado, quedan dudas sobre si el nuevo esquema, donde competirán con empresas altamente especializadas para ganar licitaciones o contratos, permitirá generar la misma cantidad de ingresos que en el marco regulatorio anterior.

Aunque es indudable que los cambios estructurales de esta actividad estratégica traerán modificaciones significativas, aún es pronto para anticipar los resultados finales a partir de su aplicación normativa a la realidad fáctica inmediata del país.

La reforma energética está inspirada en el modelo noruego y en “Statoil”, la cual es una empresa cuyo 67% es propiedad del estado noruego. En este modelo existe un fideicomiso que permite que las ganancias derivadas de los hidrocarburos sean transferidas de manera directa a los ciudadanos al momento de requerir pensión. Además, de los ingresos que se generan, sólo el 4% es integrado al gasto público o gasto corriente, contrario a lo que ocurre en México donde la mayor parte de los ingresos petroleros se utilizan para este rubro.

Uno de los ejes centrales retomados del modelo noruego es que Pemex no se privatice, si no que, como dice la propuesta presidencial, éste se transforme en “una empresa de servicios bien administrados, rentables y de real beneficio para los mexicanos”. Sin embargo, bajo el nuevo marco regulatorio se permite la intervención de empresas privadas para colaborar y/o ejercer totalmente actividades en la explotación, exploración y transformación de recursos naturales, y se permite la transferencia en la propiedad de los recursos energéticos para quienes lo extraigan, hecho que de facto es una privatización.

Se han discutido en muchos sentidos los efectos y repercusiones de la reforma en todos sus ámbitos de impacto. Aún habrá que esperar al menos 2 años para ver los resultados económicos de las nuevas regulaciones.

A diferencia de la situación noruega, en donde existen regulaciones claras y una población sustancialmente más pequeña (5 millones contra 118 en el caso de México), es necesario considerar los grandes problemas de corrupción que han caracterizado el manejo de las empresas públicas, y que aún con la reforma no se prevé que cambie sustantivamente. Una vez más, otra reforma de gran calado (como ocurrió con la de telecomunicaciones y la laboral) se caracteriza por no ser transparente, porque el secreto bancario protege los movimientos del fideicomiso creado para el aprovechamiento de las ganancias energéticas, abriendo la posibilidad que no se sepa cuánto se gana y a qué se destinan los recursos. Es un tema delicado pues se está ante una reforma que cambia estructuralmente la forma en la que México explota sus recursos energéticos pero no la forma en que México administra las empresas públicas y los recursos que generan, en teoría, para el beneficio público, dejando abierta la puerta a una tradición de corrupción altamente arraigada, y poco castigada y combatida.

(imagen: http://mexico.cnn.com)

Cada mexicano “debe” al nacer $109,555 pesos.

Deuda pública de PemexPara México, los ingresos petroleros representan uno de los puntos más importantes dentro de la economía, ya que éste sector aporta el 10% del Producto Interno Bruto.

Con 331 votos a favor y 129 en contra, la semana pasada se aprobó el tercer dictamen de las leyes secundarias en el tema de la reforma energética. Entre los múltiples cambios que se esperan en la conformación de nuevas reglas del juego, se aprobó una en particular que ha llamado la atención y que no estaba prevista en las discusiones generales de las reformas. Esta novedad está relacionada con los pasivos de Petróleos Mexicanos y la aprobación para ser transformados en deuda pública, o lo que es lo mismo, una deuda que será pagada por todos los mexicanos sin que la gran mayoría haya votado o participado en su engradencimiento por malos manejos y corrupción. Para ponerlo en perspectiva, con esta nueva deuda acumulada a las ya existentes, cada mexicano “debe” al nacer $109, 555 pesos.

Al igual que Pemex, y dentro del contexto de los cambios en materia energética, también CFE será parte de estas modificaciones estructurales que, para efectos de la deuda pública, están enfocados  en dos sectores: contratos colectivos y jubilaciones.

Los contratos colectivos están íntimamente ligados con las jubilaciones, y una de las condiciones para que el gobierno federal pueda absorber los pasivos de Pemex como deuda pública es modificar el sistema de contratos colectivos, ya que éstos son manejados por individuos y no como un colectivo.

Históricamente, parte de esta deuda es resultado de una mala administración del gobierno federal, el cual se ha endeudado en diferentes momentos para tratar de sortear malas políticas económicas y fiscales. Algunos de los acontecimientos históricos más trascendentes en la línea de endeudamiento sucedieron durante los mandatos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Tampoco se puede omitir el caso del Fobaproa durante el sexenio de Ernesto Zedillo, quien rescató a los bancos pasando sus pasivos a deuda pública, gastando el 20% del PIB en dicha tarea. En contextos de crisis económica y en la búsqueda de reestructurar la deuda externa del país, gran parte de ésta fue convertida en pública.

Si bien para México no es tema nuevo que grandes pasivos sean transformados en deuda común, lo que sí es de resaltar es que, a pesar del avance democrático del país, no se tengan acciones legales contra los responsables del crecimiento de los pasivos. A pesar de la necesidad de que algunos de estos sean absorbidos como deuda pública ante el mal que representan y el daño que podrían ocasionar en caso de no atenderse, esto no tendría que ser un impedimento para que aquellos irresponsables o beneficiarios de estas políticas de endeudamiento queden impunes o en el anonimato.

En el caso de Pemex es un secreto a voces la opulencia en que se desenvuelven el líder petrolero y hoy senador Carlos Romero Deshcamps y su familia, sin embargo, no hay ningún proceso en su contra ni se está discutiendo a fondo el dinero que el sindicato recibe y que debiera ser fiscalizado como todo dinero público. En este sentido, otro cabo suelto más dentro de la reforma que pretende dar certidumbre a la política energética pero no a los ciudadanos sobre el manejo de las finanzas de las empresas estatales y las organizaciones que reciben dinero de todos los mexicanos y no rinden ningún tipo de cuentas.

(imagen: www.hilodirecto.com.mx)