Cada mexicano “debe” al nacer $109,555 pesos.
Para México, los ingresos petroleros representan uno de los puntos más importantes dentro de la economía, ya que éste sector aporta el 10% del Producto Interno Bruto.
Con 331 votos a favor y 129 en contra, la semana pasada se aprobó el tercer dictamen de las leyes secundarias en el tema de la reforma energética. Entre los múltiples cambios que se esperan en la conformación de nuevas reglas del juego, se aprobó una en particular que ha llamado la atención y que no estaba prevista en las discusiones generales de las reformas. Esta novedad está relacionada con los pasivos de Petróleos Mexicanos y la aprobación para ser transformados en deuda pública, o lo que es lo mismo, una deuda que será pagada por todos los mexicanos sin que la gran mayoría haya votado o participado en su engradencimiento por malos manejos y corrupción. Para ponerlo en perspectiva, con esta nueva deuda acumulada a las ya existentes, cada mexicano “debe” al nacer $109, 555 pesos.
Al igual que Pemex, y dentro del contexto de los cambios en materia energética, también CFE será parte de estas modificaciones estructurales que, para efectos de la deuda pública, están enfocados en dos sectores: contratos colectivos y jubilaciones.
Los contratos colectivos están íntimamente ligados con las jubilaciones, y una de las condiciones para que el gobierno federal pueda absorber los pasivos de Pemex como deuda pública es modificar el sistema de contratos colectivos, ya que éstos son manejados por individuos y no como un colectivo.
Históricamente, parte de esta deuda es resultado de una mala administración del gobierno federal, el cual se ha endeudado en diferentes momentos para tratar de sortear malas políticas económicas y fiscales. Algunos de los acontecimientos históricos más trascendentes en la línea de endeudamiento sucedieron durante los mandatos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Tampoco se puede omitir el caso del Fobaproa durante el sexenio de Ernesto Zedillo, quien rescató a los bancos pasando sus pasivos a deuda pública, gastando el 20% del PIB en dicha tarea. En contextos de crisis económica y en la búsqueda de reestructurar la deuda externa del país, gran parte de ésta fue convertida en pública.
Si bien para México no es tema nuevo que grandes pasivos sean transformados en deuda común, lo que sí es de resaltar es que, a pesar del avance democrático del país, no se tengan acciones legales contra los responsables del crecimiento de los pasivos. A pesar de la necesidad de que algunos de estos sean absorbidos como deuda pública ante el mal que representan y el daño que podrían ocasionar en caso de no atenderse, esto no tendría que ser un impedimento para que aquellos irresponsables o beneficiarios de estas políticas de endeudamiento queden impunes o en el anonimato.
En el caso de Pemex es un secreto a voces la opulencia en que se desenvuelven el líder petrolero y hoy senador Carlos Romero Deshcamps y su familia, sin embargo, no hay ningún proceso en su contra ni se está discutiendo a fondo el dinero que el sindicato recibe y que debiera ser fiscalizado como todo dinero público. En este sentido, otro cabo suelto más dentro de la reforma que pretende dar certidumbre a la política energética pero no a los ciudadanos sobre el manejo de las finanzas de las empresas estatales y las organizaciones que reciben dinero de todos los mexicanos y no rinden ningún tipo de cuentas.
(imagen: www.hilodirecto.com.mx)