¿Qué implica aplazar la aprobación de regulaciones secundarias?
El año pasado fue importante en materia de aprobación de reformas constitucionales clave para el funcionamiento del Estado, pero sobre todo para materializar la visión de país que se desea en el mediano y largo plazo. Las iniciativas más importantes que se aprobaron fueron la energética, la de telecomunicaciones, de competencia económica y la político electoral.
A pesar del logro político que implica que una reforma constitucional de gran calado pase, ésta necesita de regulaciones secundarias que den forma y especificidad al articulado de la Carta Magna. En este sentido es de fundamental importancia, en aras de tener certidumbre en la aplicación del espíritu constitucional, que las reformas estén listas y aprobadas lo más próximo posible a la promulgación de aquellas constitucionales.
Desafortunadamente, el Congreso y los partidos políticos han hecho una dilación importante en la discusión y aprobación de éstas, lo que representa un riesgo importante para la gobernabilidad. Tal es el caso de la reforma en materia político electoral, la cual prácticamente estableció un nuevo código de procedimientos electorales, mismos que no han sido aprobados y sin los cuales la reforma constitucional es inoperante. Incluso en uno de los artículos transitorios de esta reforma, se establece que en caso de no aprobarse las reformas secundarias en materia electoral para el 30 de abril de 2014, deberá aplicarse el marco legal anterior; es decir, la legislación vigente, con el gran problema intrínseco que implica que la legislación actual es contradictoria e incompatible con lo recientemente aprobado y ya plasmado en la Constitución. ¿Cómo es posible llevar a cabo un proceso electoral federal (2015) si la Constitución establece una cosa y la ley electoral otra?
Caso similar ocurre con las reformas en telecomunicaciones donde la reforma constitucional plantea que los contenidos que se generen deben ser supervisados por el Instituto Federal de Comunicaciones, órgano autónomo creado para este fin entre otros en materia de regulación y competencia; y en cambio, la reforma secundaria enviada devuelve esta atribución a la Secretaría de Gobernación, es decir, se da un criterio político y no técnica a los contenidos que se generen y se reproduzcan en medios
En este sentido el problema al que se enfrenta nuevamente la institucionalidad del Estado tiene que ver, por un lado, con la incapacidad política para llegar a acuerdos y cumplir los plazos que el mismo Ejecutivo y las cámaras establecieron; por otro lado, con una clase política que no está comprometida con los grandes temas en materia de libertad y competencia económica.
Esta combinación de situaciones, entre la tardía presentación de propuestas y la falta de compromisos en teoría previamente manifestados y comprometidos, están poniendo en una situación de emergencia al país ante la posibilidad real de no tener un marco legal para llevar a cabo algo tan elemental para la democracia como la celebración de elecciones.
Ante estas situaciones parece quedar nuevamente al descubierto un problema que subyace a la generación de propuestas y políticas en el país: la incapacidad de generar los incentivos de colaboración, sean positivos o negativos, para que las fuerzas políticas colaboren y cumplan con la ley que, irónicamente, ellos mismos aprobaron (característica que también fue constante en los sexenios panistas). Como elemento de reflexión adicional, no se puede dejar de mencionar la falta de acción por parte de la ciudadanía para incidir real y organizadamente en un tema que afecta la viabilidad del Estado y, por ende, el bienestar público.
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