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Partidos políticos, funcionarios públicos y sociedad civil bajo un esquema de transparencia y libre expresión

transparencia y rendición de cuentas partidos políticos

Uno de los escándalos más sonados en los últimos meses es el relacionado con la construcción de la presa “El Titanic” a cargo del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. El gobernador mandó construir esta obra hidráulica de 120 metros de longitud y 80 de altura en 2011. El tema en disputa sobre la presa es que ésta colapsó recientemente producto del huracán “Odile”, afectando a pobladores y sacando a la luz que dicha obra estaba construida en un terreno perteneciente al gobernador, la cual almacenaba el agua y provocaba escasez en la zona a pesar de ser hecha con dinero público.

El origen de la corrupción en el país es tema de amplio debate entre sociólogos y politólogos. México es una república que organiza su democracia a partir de un sistema de partidos que dan forma y orden a la representatividad política y social. En este sentido, es responsabilidad de los partidos brindar una oferta ideológica y política a los ciudadanos para que se organicen y puedan participar en las contiendas electorales de las que salen los representantes que ocupan puestos de representación popular. Sin embargo, los problemas de representatividad que enfrenta la política mexicana son auspiciados en gran parte por los acuerdos partidarios existentes, los cuales perpetúan leyes y reglamentos que ligan su desempeño y carrera política con los intereses de su partido y no con los de la ciudadanía que en teoría representan.

En este esquema tampoco existen procesos de rendición de cuentas detallados al interior de dichos organismos políticos, hecho que favorece la opacidad y encubre casos de corrupción sin que haya de por medio juicios o procesos penales en contra de aquellos que violen la ley o se encuentren en posiciones comprometidas, como el gobernador Guillermo Padrés o como el caso del que fuera líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc de la Torre. Esta falta de compromiso con la legalidad ha propiciado que los partidos en muchas ocasiones terminen siendo cajas negras que ejercen recursos públicos sin rendir cuenta total de sus gastos y las actividades ciudadanas que desempeñan.

Los partidos como organismos políticos encargados de formar líderes sociales también han visto mermada su legitimidad, arropando militantes que no se apegan a la legalidad y encubriendo actos ilegales.

En este contexto, existe una propuesta emanada del “Tercer Congreso Nacional Ciudadano” organizado por Gilberto Lozano, el cual expresa una nueva interpretación sobre qué son los partidos políticos y cómo deben ser abordados los problemas surgidos de la cesión de la soberanía democrática.

Estos nuevos términos ciñen el desempeño partidista a la lógica laboral, argumentando que los funcionarios son trabajadores al servicio de los ciudadanos y que la sociedad civil, al pagar sus contribuciones tributarias, es dueña del destino laboral de todos los representantes elegidos o desempeñando algún cargo público. En resumen, bajo esta interpretación los partidos políticos son fiscalías de reclutación laboral donde quienes mandan son quienes pagan los impuestos.

Más allá de la conveniente o de lo políticamente correcto en términos conceptuales, es importante señalar que dicha solución tiene como origen los problemas de corrupción y el riesgo de permitir que personas de reputación comprometida o cuyo respeto al estado de derecho no sea una constante puedan afectar al sistema político y a las decisiones del país. El problema no es sencillo porque deben intervenir partidos políticos, funcionarios públicos y, desde luego, la sociedad civil bajo un esquema de transparencia y libre expresión, manifestado en medios de comunicación de calidad; de ahí la importancia de que temas como el del gobernador Padrés salgan a la luz pública y se discutan. Si bien no hay sistema político perfecto, sí deben existir los suficientes mecanismos legales y sociales para evitar que actos de corrupción tan flagrantes permanezcan impunes y sin consecuencia alguna.

(imagen: http://mexicanadecomunicacion.com.mx)

Internet: un medio de libertad de expresión y acceso a la información para la articulación ciudadana

Ley de telecomunicacionesRecientemente se aprobó en lo general la ley federal de comunicaciones, y esta semana se discutirá en sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores. La ley secundaria en materia de telecomunicaciones que se ha trabajado y discutido desde la aprobación de la reforma constitucional ha estado plagada de debates acerca de cómo abordarla en función del poder que ejercen los agentes económicos del sector en los asuntos públicos.

No es un misterio la concentración de los medios que existe en México; de hecho son 5 familias las que controlan más del 80% de la cobertura mediática en el país. La importancia de este hecho es que se convierte en un filtro para las expresiones, y por lo tanto para el debate público. Si no se tiene acceso a los medios difícilmente pueden expresarse las demandas en la esfera pública.

Es aquí donde el internet ha jugado un papel preponderante los últimos años. Si bien el país tiene una tasa de penetración de internet de poco más de 50 millones de usuarios, la red de redes ha sido el canal para poner en la discusión general temas que no han tenido cobertura en los medios tradicionales, muchas veces incluso llegando a posicionarlos. Esta condición ha sido posible porque no hay un línea editorial, un gerente o un contralor que filtre la información. En internet se puede encontrar la información tal cual ocurre y, en principio, sin filtros.

La proliferación de información plural en internet tiene que ver con su condición de neutralidad, es decir, la capacidad que tiene todos los individuos al acceso de contenidos y a participar en las comunidades digitales. El problema del dictamen que se discutirá esta semana es que la neutralidad de internet se compromete con los controles que el Estado pretende establecer.

Entre estos problemas está el control de información que se propone a los proveedores de servicios para que guarden la información de los usuarios hasta por dos años. Esta situación es una clara afrenta a la privacidad de los usuarios y, desde luego, una insinuación a la práctica de espionaje de cualquier persona que tenga un celular. Situación muy similar a lo que hoy sucede en Estados Unidos y que ha sido ampliamente denunciada en medios internacionales.

Otro de los temas preocupantes es la legalidad de bloquear las señales de telecomunicaciones de lugares geográficos concretos en momentos determinados. En otras palabras, el gobierno estaría en facultad de restringir el acceso al internet y todo lo que representa, por ejemplo en marchas o en eventos masivos.

Estos elementos sin duda vienen a ejercer controles excesivos, prácticamente Orwelianos, en momentos en donde la cultura digital es una realidad y ha servido como válvula de escape a un gobierno que ya no puede controlar todo lo que se dice. El mayor contrapeso de las acciones gubernamentales es la transparencia con que se tiene acceso a la información, tanto de programas de gobierno como de acciones concretas de los cuerpos estatales.

Internet no se trata sólo de música o videos, es la red que ha permitido la articulación ciudadana y hasta ahora ha sido territorio neutral. Internet es también una red que homologa las diferencias y desigualdades que se dan en las plataformas tradicionales. La reforma de telecomunicaciones pone el dedo en la llaga de un tema central en la joven democracia mexicana: la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin duda la discusión está abierta, y no sólo en el tema de internet, también en la concentración de los medios, que se traduce en acceso a nuevos competidores y por ende de nuevas voces y más oferta informativa, elementos cruciales en cualquier nación que busque ser desarrollada.

(imagen: http://3.bp.blogspot.com)