En 1985, el conocido narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero fue encarcelado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Mejor conocido como el “Kikín”, Camarena vivió infiltrado en las organizaciones criminales hasta que fue descubierto, torturado y asesinado por orden de Caro Quintero. La herida desde entonces ha quedado abierta para los Estados Unidos, que han reconocido como héroe a Camarena por su fatídico final, por la labor de espionaje que desarrolló durante largo tiempo y que permitió tener conocimiento más preciso de los pasos que daba Caro Quintero, apodado el “abuelo” del narcotráfico en México.

La liberación del capo fue leída en varios círculos políticos y  mediáticos en los Estados Unidos como una señal contradictoria en la colaboración bilateral contra el crimen organizado. Diversos actores de la vida política del vecino país del norte mostraron su indignación ante la medida y cuestionaron los motivos por los cuales el gobierno mexicano había liberado al narcotraficante. Sin abundar demasiado en las particularidades y detalles del asunto, los estadunidenses adujeron el hecho a la corrupción del sistema judicial mexicano.

En ese sentido, para externar su descontento, utilizaron como ejemplo cuando ellos  liberaron a la “Reina del Pacífico” en su país, avisando primeramente a las autoridades mexicanas de ello, porque sabían que, a pesar de haber librado la cárcel en EUA, tenía todavía cuentas pendientes en México. Si el Gobierno de Estados Unidos hizo eso –dijeron – por qué el de México no avisó a éste de la liberación del capo, quien todavía tenía que pagar por sus crímenes en el vecino del norte.

Lo que está en el trasfondo de este intercambio de posturas, posicionamientos y declaraciones es la duda latente de los organismos de justicia de Estados Unidos respecto a la “estrategia” de política pública del Presidente Peña Nieto en materia de seguridad. En ese sentido, arguyen ellos, no existe una definición clara de cuál es la ruta que el Gobierno de México seguirá y qué acciones concretas llevará a cabo para que la lucha contra el crimen continúe, de acuerdo con sus propios estándares y medidas. La misma pregunta empieza a ser repetida entre los líderes de opinión mexicanos y poco a poco también entre la ciudadanía. Caro Quintero es tan simbólico como la Quina o Elba Esther Gordillo, en este caso con implicaciones sumamente desfavorables para el gobierno mexicano.

No obstante lo anterior, quedará en el terreno de la especulación cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales salió libre el “Caro Quintero”. Se podría especular de un “pacto” con los criminales, de una “negociación”, de un “ajuste de cuentas”… el caso es que ninguna explicación tendrá los suficientes argumentos para validarse, sin embargo, lo que queda claro es que México necesita virar el rumbo de su fallida estrategia contra la delincuencia organizada, y aunque los costos o beneficios de ello no están claros aún, parece que el gobierno no atina a elaborar una narrativa coherente, que otorgue certeza a los mexicanos y que atienda verdaderamente el problema. Difícil tópico para cualquiera.