Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón fue evidente que la prioridad del gobierno federal giró en torno a la seguridad, el combate al crimen organizado y la violencia en México. Desde el inicio de la administración calderonista en 2006, desde el “operativo conjunto Michoacán” quedó claro que el entonces presidente habría de enfocar sus esfuerzos en una lucha encarnizada contra la delincuencia que cobraría las vidas (por una u otra razón) de miles de mexicanos.
Muchas cuestiones quedaron irresueltas en esos años; por ejemplo, si el Presidente Calderón lanzó la ofensiva pero no tenía idea de lo que habría de suceder posteriormente, o si bien, fue una estrategia para ganar legitimidad política. Lo cierto es que más allá de toda consideración inicial, los resultados son bien conocidos por todos en la esfera nacional e internacional.
En ese sentido, el Gobierno del Presidente Peña Nieto optó por seguir una estrategia distinta y decidió erradicar del discurso político toda muestra o signo del tema de la seguridad. Dejó de tratarse en todo discurso oficial, y la prensa comenzó a reportar otras cosas. La seguridad dejó de ser el eje de las relaciones bilaterales y de la política exterior mexicana para dar a paso a la cuestión económica, comercial, turística y financiera. Finalmente cada gobierno es libre de ordenar las prioridades en materia de política pública que mejor le parecen convenientes y de seguir la línea de acción más acertada desde su punto de vista y desde sus propios análisis, encuestas o estrategias políticas y de gobierno. No obstante, la realidad siempre acaba por imponerse.
El asesinato del Vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la Zona Naval en Puerto Vallarta y emboscado y ultimado en el estado de Michoacán, representa el primer asesinato de alto nivel en el gobierno de Peña Nieto. Por más que los medios de comunicación o los discursos politicos pretendan eliminar el tema de la delincuencia, la violencia o la inseguridad, la realidad siempre acaba por imponerse y hay noticias que no es posible ocultar o minimizar. Lejos de lo anterior, hacerlo sería un error de cálculo político.
La pregunta fundamental entonces radica en qué acción o rumbo habrá de tomar el Gobierno de la República. No debe callar el hecho y esconder la terrible realidad que sigue imperando para muchos mexicanos actualmente en ciertos estados de la República, pero debe actuar de manera inteligente, sigilosa y ágil, que haga ver que tiene las “riendas” de la situación. De otra manera el costo político resultaría mucho más amplio. Por tal motivo, las decisiones que el gobierno emprenda de ahora en adelante en la materia tendrán que ser profunda y concienzudamente analizadas, y sobretodo, deberán dar al ciudadano la sensación que el gobierno tiene un rumbo.