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Competencia

Protesta del IPN

El objetivo de la educación pública es formar ciudadanos y profesionistas que construyan el ideal de país plasmado en la Constitución. El Instituto Politécnico Nacional fue fundado en el año de 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas del Rio, y es una institución pública que brinda educación en los niveles medio superior, superior y posgrado.

Esta institución, como todas las que emanan de la Constitución, busca el progreso de los mexicanos, tal como se señala en el articulo tercero. La problemática en la que el Politécnico se ha visto envuelto en las últimas semanas tiene como origen la expedición de un nuevo reglamento interno bajo la cabeza de la directora general del instituto, Dra. Yoloxóchitl Bustamente, el cual pone en entredicho la misión educativa de esta institución en el contexto de formar ciudadanos y profesionales que hagan viable el desarrollo del país.

Como resultado de esta decisión no consensuada, los estudiantes han salido a las calles argumentando que el nuevo reglamento coarta su libertad laboral al cambiar tres grandes rubros educativos importantes: el fin a los seguros médicos educativos, el cambio de materias teóricas por prácticas y el esquema de titulación.

La titulación en el Politécnico podía llevarse a cabo bajo dos títulos curriculares y escolares: técnico e ingeniero. En el nuevo reglamento propuesto, los grados académicos pueden ser dados como una “alternativa” a la de ingeniero, optando por una carrera de menos duración y menos teoría bajo el grado de “técnico”, buscando así el fortalecer el sector técnico-obrero mexicano.

La reorientación de los títulos y sobre todo de la curricula de los planes de estudio trae como resultado la creación de técnicos, es decir, de ejecutores, en vez de generadores o críticos. En perspectiva, los primeros sirven para el desarrollo de funciones claramente preestablecidas como la maquilla, y los segundos tienen un grado de calificación mayor que les permite no sólo tomar decisiones, sino contar con los conocimientos necesarios para ser críticos y para generar nuevo conocimiento. Los países desarrollados invierten grandes cantidades de dinero en la generación y el aprovechamiento del conocimiento en las universidades y centros de conocimiento.

En el modelo económico actual, el Estado mexicano está recortando sus funciones sociales y dejando al mercado la regulación y prestación de servicios de carácter social como la educación o la salud, además del acceso a través de elementos económicos; es decir que, quien tenga mayor capacidad económica puede acceder a un mejor nivel educativo. Ser profesionista se vuelve un privilegio y no un derecho.

Si bien México necesita técnicos para satisfacer la demanda de servicios importantes en el mercado laboral, no se puede sacrificar una institución de la relevancia del Instituto Politécnico Nacional para que cumpla dicha función, siendo que se trata de una de las ofertas públicas de mayor calidad del país. De ahí la importancia de que la educación pública sea autónoma, como sucede con la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin de que los programas de estudios puedan ser autodeterminados sin intereses políticos o coyunturas económicas de por medio, y verdaderamente sirvan al interés público.

Sólo una educación pública autónoma puede ser crítica incluso del gobierno en turno, capaz de generar el conocimiento que permita superar los problemas contextuales, y preparar mexicanos capaces de afrontar los retos y desafíos que el país atraviesa en todas sus esferas. Su valor radica en que a través de ella, los ciudadanos emanados de sus filas estén en condiciones de llevar a cabo los ideales plasmados en la Constitución al mismo tiempo que realizan su proyecto de vida.

[imagen: //elpunto.com.mx]

57.8% es la cifra que representa al negocio informal en el país.

informalidad en México(//www.caracteres.mx)

Uno de los grandes problemas de México es la incapacidad de su economía para incluir a la mayoría de la población económicamente activa. Este es un problema no reciente que evidencia problemas históricos en la capacidad del Estado para generar empleos que puedan satisfacer todas las necesidades básicas de los habitantes, y para insertarlos en una dinámica que les permita tener acceso a seguridad social, pago de impuestos y otras ventajas de cara a mejorar su calidad de vida.

En esta línea, una de las reformas que la actual administración ha planteado es la iniciativa “Crezcamos Juntos”. El programa busca erradicar el negocio informal, que representa en México un 57.8%, cifra alarmante por la cual se pueden explicar fenómenos migratorios, actividades económicas ilícitas y, en general, una deficiencia para incluir el talento y capacidades de las personas encamindas al desarrollo y progreso social y económico.

El plan del Ejecutivo Federal propone siete incentivos a cambio de la regularización fiscal de este sector informal: 1.- acceso a los servicios médicos y sociales del IMSS; 2.- derecho a pensión de retiro; 3.- derecho a crédito hipotecario; 4.- descuentos del pago del impuestos sobre la renta; 5.- apoyos a pequeños empresarios; 6.- créditos para los negocios y sus empleados; 7.- acceso a programas de capacitaciones.

Dentro de estos beneficios encontramos tres principios que son punta de lanza de la recaudación fiscal en México. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos artículo 31, fracción cuarta se estipula que “son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residen de manera proporcional y equitativa en lo que dispongan las leyes.” Este mandato constitucional da fuerza jurídica a la recaudación fiscal, pero también otorga derechos públicos subjetivos a quienes aporten equitativamente al gasto público. El primer derecho reconocido en la formalidad fiscal es el de los servicios médicos y sociales del IMSS, el cual jurídicamente está regulado en una figura llamada “Seguro mutuo, es decir, de asegurar un beneficio colectivo a partir de la contribución individual.”

Sin embargo, en México el sistema de seguridad social enfrenta graves problemas de administración debido a la mala planeación y ejecución de políticas tardías en el manejo de su gasto corriente, lo que deriva en que gran parte del dinero se vaya al pago de pensiones y otros gastos que no tienen que ver con la construcción de infraestructura médica que permita el otorgamiento de un servicio en tiempo y forma.

Este problema, junto con otros como el tema de seguro para el retiro, pone en entredicho la posibilidad real de llevarlo a cabo y de ser una fuente de bienestar apreciada así por todos aquellos que realizan actividades informales. Es importante resaltar que una de las principales causas de la informalidad es la falta de incentivos para pasar a formar parte de la formalidad, donde el exceso de burocracia, la corrupción y el costo que representa estar alineado a las reglas formales terminan por empujar a muchos a la informalidad, en la que no se requieren mayores trámites. Los beneficios de la formalidad son casi imperceptibles.

El problema del trabajo en el país no está sólo en la falta de incentivos que “Crezcamos Juntos” busca erradicar, sino en la posibilidad de que la población económicamente activa encuentre en la formalidad las vías para desarrollarse dignamente. En la dotación de posibildades reales está el aprovechamiento y beneficio de los recursos laborales e intelectuales del país, es decir, de su gente.

México se encuentra en el último lugar en el listado de los países que integran la OCDE

Salario mínimo en México

(imagen: //www.radiomonitortv.net)

Los salarios en el mundo son indicativos del valor que se le otorga al trabajo realizado, pero sobre todo sirven como indicador en la expectativa de calidad de vida. En México, al igual que en muchos países, el salario mínimo se establece de manera legal  y se ajusta año con año de acuerdo a la inflación y otros factores.

El objetivo de establecer un salario mínimo obedece a la necesidad de garantizar que los trabajadores obtengan un pago por su trabajo que permita cubrir las necesidades básicas como alimento, habitación, vestido y entretenimiento. Sin embargo, actualmente, la cifra que está vigente hoy para la zona A del país (donde se encuentra la Ciudad de México y es el más alto de las 3 zonas existentes) asciende a 64.76 pesos por 8 horas laborales, cifra que resulta insuficiente para garantizar el derecho constitucional a una vida digna y que se encuentra en el último lugar en el listado de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Aunque en el país los derechos sociales alivianan en varios estratos la carga económica a través de servicios públicos que cubren educación y salud, la realidad es que la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a estos servicios, o bien, no de la calidad que les permita superar su condición social de nacimiento, limitando así la movilidad social.

Igualmente, la cifra que México aporta como referencial de salario mínimo hoy en día está cuestionada por los incrementos desproporcionados que han sufrido servicios como el transporte y los procesos productivos o estacionales en los que se involucra la producción de artículos que integran la canasta básica. Esta situación ha generado un área de oportunidad para actores sociales y legisladores de sugerir y gestionar los cambios necesarios para revertir el deteriorio del salario que año con año se ve descompensado frente a la inflación y el alza de precios. Los principales actores de estas iniciativas son el Partido Acción Nacional, quien busca solucionarlo a través de una consulta ciudadana, y el Partido de la Revolución Democrática, que propone otorgar un aumento salarial de $80.00. El actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, propone un incremento a $82.00, alza propuesta a un corto plazo pues la meta es plantear el salario mínimo en  $171.00 diarios.

Las cifras planteadas como meta son muy alentadoras para la economía popular de México, pero ¿qué consecuencias podría generar este repentino cambio?. En el tema económico, un incremento repentino y tan grande podría generar inflación, pues los empleadores, al tener que incrementar el salario de sus trabajadores, supondrían que tendrían que trasladar dicho incremento a los productos o servicios que produzcan, subiendo el precio de estos y creando una espiral inflacionaria. Igualmente México podría perder competitividad frente a otros países como China y perder la ventaja geográfica para la producción de bienes a precios competitivos que se traduciría en menores inversiones. Sin embargo, un incremento en el salario supone también un aumento en el poder adquisitivo y por tanto en el consumo y la activación del ciclo económico.

En conclusión, estos cambios pondrían a prueba la capacidad de los tomadores de decisión para crear soluciones pensadas e instrumentadas con el objetivo de que el eventual aumento no creara una espiral que trajera más repercusiones negativas que beneficios. Al final, cualquier medida que se adopte debe ser pensada y ejecutada con la planeación debida, y no sólo orientada a lo electoral o sin un sustento que le de viabilidad; en el equilibrio de esta visión está la posibilidad de generar el andamiaje que permita mejorar la calidad de vida para las personas, por un lado, y acrecentar el tamaño de la economía mexicana en beneficio de todos, por el otro.

La reforma energética cambia drásticamente las condiciones para la competencia

Pemex en el libre mercadoLas reformas energéticas aprobadas parecen hechas como dictan los cánones del libre mercado: para favorecer la competencia, la calidad y el precio de los productos ofrecidos. Para llegar a esto, en las reformas aprobadas existen plazos y pasos a seguir para la apertura energética de México. La relevancia de estos plazos o “rondas” es porque en ellos están contenidos los tiempos y campos de acción que definen el futuro de Pemex, y de los cuales depende el marco de la competencia en el sector para hacerla una empresa más funcional.

Las consideraciones y lineamientos para la inversión pública y privada están a cargo de la Secretaria de Energía y en algunos casos favorecen a Pemex, pues incluyen los pozos petroleros más importantes para el país como el de Cantarell en Campeche (que hoy en día sigue ocupando el segundo lugar de producción mundial.)

El pasado miércoles 13 de agosto de 2014 se informó por conducto del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, los resultados de “La ronda cero.” De acuerdo con la información provista por el Secretario, Pemex operará el 83% de la explotación de hidrocarburos, lo que traducido a números significa que seguiría teniendo hegemonía económica frente a sus competidores que requieren costos eficientes para generar ganancias. Con esta regulación Pemex estaría en posición de explotar mil seiscientos millones de barriles de petróleo, generando una producción de 2.5 millones de barriles al día durante 20 años. A diferencia de las empresas privadas, Pemex usaría estos recursos para invertir en tecnología que le permita desarrollar los procesos de producción y refinación.

Sin embargo, la nueva política de licitaciones pone a Pemex en incapacidad para competir con las grandes empresas privadas extranjeras, pues llega en condiciones de desigualdad tecnológica y técnica para explotar pozos profundos. Esta desigualdad ubicaría de facto los 156 bloques que se ofrecerán en licitación prácticamente en su totalidad a una eventual inversión puramente privada debido a las carencias de la paraestatal mexicana.

Reformas como la energética cambian drásticamente las condiciones de competencia y, sobre todo, modifican de manera sustantiva el futuro de la vida económica del país. Con la promulgación de las leyes energéticas termina una era para México donde sus recursos naturales energéticos fueron considerados estratégicos y parte esencial del desarrollo público en manos del Estado mexicano. Si bien es cierto que en algunas áreas México se podrá beneficiar de una mayor inversión privada que generen empleos e incentiven el crecimiento económico, también hay que decir que el tema energético es sumamente conflictivo a nivel mundial y los intereses de las grandes corporaciones tienden a ser ajenos a los intereses de las poblaciones donde operan.

Con las reformas, Pemex debería aprovechar la oportunidad para pasar de ser una empresa pesada e ineficiente en todos sus niveles, a ser una empresa eficaz que pueda ofrecer dividendos a la economía de México; lo que implicaría reestructurase internamente y abordar con toda seriedad sus pasivos y temas como el del sindicato petrolero, que se ha convertido en un punto de corrupción sistémico que golpea su viabilidad como empresa. Con los cambios recientes, México pone a competir en el libre mercado a su empresa pública más importante con la consigna de ganar algo de un pastel que estará disputado por grandes especialistas; hecho que recuerda la finalización del modelo de sustitución de importaciones a principio de los 80 y que derivó en una fuerte crisis para la industria mexicana, producto de décadas de proteccionismo.

(imagen: //www.jornada.unam.mx)

La importancia de promover el potencial turístico de México ante el mundo.

ITB

Del 5 al 9 de marzo del 2014 se llevó a cabo en Berlín la feria de turismo más grande de todo el mundo, la ITB (Internationale Tourismus-Börse). México estuvo como país invitado a este evento donde participaron más de 10.000 expositores provenientes de 189 países y al que asistieron más de 60.000 visitantes.

Inicialmente, Brasil había sido escogido como partner del evento para este año,  pero dados los compromisos previos con la realización de la Copa Mundial de Fútbol, cancelaron su participación como país anfitrión. Esto hizo que en solo 4 meses el Consejo de Promoción Turística de México movilizara a todo su equipo para cumplir con el nuevo compromiso adquirido.

Invirtiendo un poco más de US $616,500, se promovió el potencial turístico de México, no solo ante  Alemania, sino ante el mundo. El logotipo fue visible a lo largo y ancho de los 160 mil metros cuadrados de superficie de la feria, se utilizó un stand de más de 700 metros cuadrados, participaron más de 80 expositores del todo el país y se llevaron a cabo eventos de promoción turística por toda la ciudad.

Con la campaña “Live to believe it” y su ceremonia inaugural, México cumplió con las expectativas compartiendo su tesoro cultural, música, danzas tradicionales, platos típicos y artesanías; sin dejar de lado el show multimedia, demostró ante el público internacional que es un país lleno de contrastes que vale la pena visitar.

Entre los resultados de las negociaciones hechas en el marco de este encuentro, cabe destacar que la empresa Cóndor decidió ampliar dos vuelos directos a la semana Múnich-Cancún a partir de octubre, y en abril Lufthansa pondrá en marcha el vuelo Múnich-Ciudad de México. Actualmente solo opera una línea que une a la capital mexicana con Frankfurt.

Luego de la ITB,  la Secretaria de Turismo se reunió en Paris con José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico), con una agenda específica de cooperación en turismo para discutir temas como conectividad, infraestructura, inversión y Pymes. Esto con el objetivo de compartir experiencias y buenas prácticas que den mayor competitividad al país y generen mayor inversión extranjera.

Para México ha sido todo un reto cambiar la imagen que los medios de comunicación han generalizado sobre la violencia e inseguridad que, según los indicadores, ha venido aumentando en los últimos años. Incluso, el pasado 22 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán en su sección “servicios al ciudadano” incluyó al país como uno de los “más peligrosos del mundo” y recomienda evitarlo. Advierte que bandas armadas suelen asaltar a los turistas en las carreteras y también sugiere en el comunicado no viajar a los estados de Michoacán, Jalisco, Guerrero y Colima. Agrega en el informe que “A causa de los enfrentamientos violentos entre las milicias populares y miembros del crimen organizado en Michoacán los militares y la policía federal han tomado el control en 27 ciudades en la región de Tierra Caliente”.

¿Es realmente una oportunidad la que le está dando el gobierno alemán a México de cambiar su percepción? Y ¿fue correcta la manera de obviar el tema de violencia en las diferentes presentaciones y ruedas de prensa por parte de las autoridades mexicanas?

La Embajadora de México en Alemania, Patricia Espinosa, se refirió al país como una “democracia estable” queriendo estimular a los posibles viajeros alemanes y de todo el mundo, a pesar de la serie de denuncias que hubo en las pasadas elecciones sobre el posible fraude electoral del actual presidente.

La tensión en la rueda de prensa se sintió y el malestar entre los funcionarios fue evidente, cuando uno de los periodistas quiso tocar el tema álgido y preguntó: “¿Tiene México la capacidad para garantizar la seguridad de los turistas?” A lo que el director de la Oficina de Turismo de México en Berlín respondió: “Todos los lugares turísticos son seguros y nuestro gobierno trabaja para mejorar aún más en ese aspecto”.

Por su parte, la Secretaria de Turismo de México Claudia Ruiz Massieu afirmó ante la prensa: “esta es una oportunidad para colocar a México como un destino principal en el mundo, para incrementar la visibilidad de nuestro país y para transmitir nuestra nueva visión (de país) y el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para que el turismo se convierta en una fuente de crecimiento económico y desarrollo social”.

Evidentemente ya es una fuente de crecimiento económico, pero ¿se está atendiendo el desarrollo social? Greenpeace México hace énfasis en que este sector se ha orientado a la creación de desarrollos sin planeación, “con metas a corto plazo y establecidas sólo para atraer la inversión extranjera, sin importar las consecuencias sobre el ambiente y sobre la gente. Con un turismo de masas creciendo a ritmo tan acelerado, la depredación del capital natural de los ecosistemas está acabando con el valor de la zonas y, por lo tanto, con la riqueza y bienestar de las comunidades”

Hay que dar la mejor imagen al exterior, y mucho más cuando el turismo aporta al PIB del país aproximadamente un 8%, pero ¿es parte de la solución darle la espalda a un problema que cada día se vuelve más visible ante el mundo? ¿Es la inversión social la suficiente para que los problemas de inseguridad disminuyan? ¿La lucha contra el narcotráfico está realmente atacando el problema de fondo? ¿Cómo influye la corrupción en esta desestabilización social?

Esta es una de las oportunidades en las que sirve detenerse un momento y reflexionar: qué está haciendo cada uno de nosotros por mejorar las condiciones del país, desde cada una de las instituciones, organizaciones civiles, empresas e incluso como individuos; qué aportamos diariamente para que las cosas cambien. ¿Es la indiferencia la salida?

//www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Oceanos-y-costas/Que-amenaza-a-nuestros-oceanos/Turismo-depredador/

//internacional.elpais.com/internacional/2014/02/25/actualidad/1393346693_729228.html

Valery Rojas

Politóloga y Blogger

@Chanteler

(imagen: www.itb-berlin.de)

Recientemente se ha podido observar en los medios de comunicación el camino que las reformas estructurales están siguiendo en nuestro país. México necesita urgentemente algunos cambios profundos que lo vuelvan mucho más competitivo y que lo doten con herramientas globales que le permitan insertarse en una nueva realidad mundial.

En ese sentido, la llegada en diciembre de 2012 del Presidente Enrique Peña Nieto marcó una nueva tendencia reformista para la nación, pues una de las primeras acciones que se llevaron a cabo fue la firma del “Pacto por México”, mismo que ha servido como vehículo de negociación entre las diferentes fuerzas políticas. Como se puede sospechar, siempre que un gobierno comienza, debe aprovechar el periodo de gracia natural que se le ha de conceder en la esfera pública para este tipo de acciones concretas.

El “Pacto por México” ha permitido transitar algunas reformas importantes, como por ejemplo la de telecomunicaciones y la educativa, sin embargo, se acerca en los próximos periodos en que el Congreso habrá de sesionar extraordinaria u ordinariamente la “madre de todas las batallas”: la reforma energética. ¿Por qué razón lo anterior? Precisamente porque este tópico está fuertemente anclado a los atavismos culturales mexicanos que se han formado a luz de muchos años y sobre los cimientos de una cultura política profundamente arraigada en torno a temas tabú, como es la soberanía energética.

Por tal razón, la campaña de negociación para avanzar la reforma energética no nada más tiene que ver con negociar con las fuerzas opositoras su aprobación, sino que tiene que empezar por convencer a los mexicanos que “el petróleo sigue siendo de todos”. No obstante lo anterior, la retórica contraria, como por ejemplo la utilizada por Andrés Manuel López Obrador en el sentido que la reforma es “el robo del siglo” para México, cae en tierra profundamente fértil para la desinformación, la manipulación política y la consecución de réditos de índole política y pública partidista.

El gobierno federal enfrentará una de sus pruebas más complejas y el “Pacto por México” será sometido a gran presión para dar resultados. A pesar de lo anterior, el “pacto” ha sobrevivido ya a una elección intermedia (local) y parece que aún le queda un poco de vida. Probablemente esto se deba a que la oposición política está pulverizada, pero aún a pesar de ello, se debe aprovechar todo lo que este pacto puede aún generar. Quizá no vuelva a existir otra oportunidad de negociar políticamente las cosas como está sucediendo ahora mismo. El Gobierno de la República tendrá nuevos desafíos (como por ejemplo, la inseguridad en México o lidiar con el tema de cooperación en dichos asuntos con Estados Unidos) y va a requerir todo el potencial de que es capaz. Aún mejor si todo esto sucede después de que las reformas se aprueben y México comience a despegar su vuelo en el ámbito económico.

“México se ubicó en el lugar 53 en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) 2012-2013, cinco peldaños más frente al reporte del año anterior.

En la clasificación 2011-2012, México subió ocho posiciones revirtiendo su tendencia descendente en los últimos tres años y fue entonces la nación con el mayor avance en el continente americano, aunque todavía por debajo de la posición 52 que alcanzó en el 2007.

Lo anterior, nos dice que vamos por el camino correcto, aunque todavía hay mucho que hacer y rehacer para poder lograr el bienestar que aspiramos y deseamos. Debemos todos y cada uno de nosotros, involucrarnos más en las decisiones del Estado y del Congreso, a fin de empujar los cambios que se requieren en leyes y normas, por ejemplo; reducir nuestro marco regulatorio a favor de la atracción de inversiones, que generen fuentes de trabajo, que se traduzcan en mejores salarios que den familias más satisfechas y así lograr el bienestar común que todo país debiera aspirar.”

Por Alejandro Medina