Para que la democracia mexicana funcione correctamente es de vital importancia vigilar y denunciar las acciones que atenten contra el pacto social sin importar si vienen desde la esfera política, económica y/o social.
La muerte del reportero Gregorio Jiménez trae a flote nuevamente la nada honrosa posición que desde hace algunos años ocupa nuestro país como el lugar más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, por encima incluso de países en estado de guerra declarada.
Aunque el caso de Gregorio parece tener poco de especial respecto a los muchos otros casos similares que ocurren en México, lo alarmante sale a la luz cuando la institución encargada de ejercer justicia en el estado anuncia que el móvil del crimen no tuvo que ver con el ejercicio de sus actividades periodísticas.
Esta declaración parte de la idea de que asesinar a un periodista que había denunciando públicamente numerosos casos de corrupción y asesinatos en el marco actual de violencia, no es motivo suficiente para considerarlo una línea central de investigación con todos los respectivos deslindes del caso.
Lo sobresaliente de este acto está a nivel de la comunicación y el mensaje que el gobierno de Veracruz parece estar mandando a sus ciudadanos y todo aquel que tenga algo que expresar: cualquiera puede ser asesinado por cualquier motivo menos por ejercer el derecho de libre expresión aún cuando el motivo sea realmente la libre expresión.
Esta aseveración preocupa porque significa una amenaza para quien tenga algo que decir o denunciar, inhibiendo así el derecho de libertad de expresión y por ende del periodismo, elementos esenciales para que cualquier democracia funcione.
Lo central de la sensación que da que el gobierno se deslinde de su obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión es que para que exista un ejercicio real de la democracia, es necesario que la gente pueda expresarse y no sólo eso, sino que también tengan una oferta variada de fuentes de información para que puedan hacerse de una opinión que les permita ejercer su condición de ciudadanos frente al Estado, es decir, de participar activamente en la vida pública del país.
Por este motivo podemos afirmar que atentar contra un periodista no suprime la verdad, pero sí la democracia al negarle a los ciudadanos el libre acceso a ella, de ahí que se trate de un problema público que atañe e involucra directa o indirectamente a todos los que habitamos este país.
Ser democráticos va más allá de organizar elecciones y salir a votar una vez cada tres años. La democracia a la que aspiramos se refiere a los procesos con que se toman las decisiones y a las relaciones que éstos tienen con los ciudadanos. Para que la democracia mexicana funcione correctamente es de vital importancia vigilar y denunciar las acciones que atenten contra el pacto social sin importar si vienen desde la esfera política, económica y/o social.
De este hecho se desprende la importancia del periodismo para estar bien informado, contar con información verídica y de calidad. Para esto, debe existir una cantidad suficiente de fuentes de información que amplíen la oferta de temas y enfoques para que los ciudadanos estén en condiciones reales y efectivas de crearse una opinión verdaderamente informada.
La continua represión de periodistas a manos de grupos del crimen organizado representa una afrenta no sólo a una de las garantías individuales expresadas en la Constitución. Más allá del debate sobre los intereses de terceros que todos estos crímenes esconden, se encuentra el deseo de los mexicanos de vivir en un país con paz, con libertad de leer, de escuchar, de creer, pero sobre todo con libertad de decir y de participar. Finalmente, es la participación de la mayoría la que define la democracia que queremos vivir. ¿Cómo hacer para ejercer esa participación en medio del clima de temor que rodea el ejercicio de la labor periodística?
Arlene Herrera, comunicóloga y publirrelacionista.
Rodrigo Pérez, politólogo
Foto: El País
En las últimas semanas mucho se ha analizado y dicho sobre la legalidad y legitimidad de las llamadas Autodefensas de Michoacán y si éstas son necesarias para la contención del crimen organizado o bien representan una amenaza para el Estado, sus instituciones y en general de la democracia.