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El tema de la explotación infantil es un problema grave que aqueja a la población mexicana y es un indicador alarmante en materia social y económica. De acuerdo con cifras del Módulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2007), en México, 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad se encuentran desempeñando alguna actividad económica.
Estas cifran representan aproximadamente el 12.5% de la población infantil de ese rango de edad; de esta cifra, 1.1 millones son menores de 14 años, es decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar establecida por la Ley Federal del Trabajo. En el mismo tenor, aproximadamente 7 de cada 10 niños que trabajan entre los 5 y 17 años de edad viven en zonas rurales de México, mientras que 3 de cada 10 lo hacen en las ciudades. Estos porcentajes equivalen al alarmante número de 1,114,991 niños y niñas.
Los números brindan evidencia cuantitativa de una problemática social y económica que tiene muchas líneas de lectura. La más relevante es la causal, que implica la razón de por qué trabajan y las condiciones familiares en las que se encuentran. Si se trata de hijos en familias con alto índice de marginación se habla de la falta de una política social que permita que, sin importar la condición social o lugar de nacimiento, el Estado tenga la capacidad de brindar educación gratuita y garantizar que permanezcan en la escuela con todo lo que esto implica. Otra lectura del problema tiene que ver con la burocracia y la efectividad con que el asunto es atendido a través de políticas públicas que permitan, dependiendo el caso en que se trate, establecer y seguir una ruta de acción efectiva a través de las instituciones de Desarrollo Social o del Desarrollo Integral de la Familia para encauzar nuevamente a los infantes y reintegrarlos a las actividades propias de su edad, y que están establecidas en la ley.
Los niños que trabajan lo hacen por múltiples factores y no todos se encuentran en el mismo grado de vulnerabilidad. Sin embargo, en todos los casos se viola el principio legal de que éstos no deben trabajar hasta cumplida cierta edad, en la cual se asume que han concluido los estudios básicos que les permitan por lo menos los conocimientos básicos necesarios para insertarse en una vida productiva formal.
Otro de los problemas fundamentales que derivan de la explotación infantil es que se compromete la capacidad de los niños para convertirse en ciudadanos en toda la extensión del concepto y contribuir a la sociedad de la que forman parte. En este sentido, el Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, usando su facultad para emitir iniciativas de ley, presentó el 1 de septiembre una inciativa que pretende abordar esta problemática.
Ésta se presentó en el evento “México sin trabajo”, donde ante representantes de organismos internacionales y titulares de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, el Ejecutivo Federal puntualizó su compromiso para la entrega de dicha iniciativa en su carácter de preferente, la cual exhorta al Senado de la República a ratificar el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo para elevar la edad mínima de empleo en el país.
La iniciativa enviada por el presidente Peña busca tipificar con claridad las diferentes clases de trabajos que existen y las condiciones generales en las cuales el problema se tipifica y conceptualiza para la correcta ejecución de problemas. Se ratifican los derechos de los niños y los jóvenes, establece responsabilidades y crea instituciones y reglamentos enmarcados en tratados internacionales y convenciones en materia de protección infantil para temas de importancia como el bullying.
Estas reformas avanzan bien, en un momento en el cual era necesario dar orden y claridad conceptual al problema de cara a su tratamiento por parte de las instituciones encargadas. Sin embargo, es necesario ser enfáticos en que, aunque es un avance significativo, el problema de fondo no es la ambigüedad del concepto o de la ley, sino las condiciones sociales y económicas que propician la explotación de menores, y de buena parte de la población mexicana también.
