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La reforma energética cambia drásticamente las condiciones para la competencia

Pemex en el libre mercadoLas reformas energéticas aprobadas parecen hechas como dictan los cánones del libre mercado: para favorecer la competencia, la calidad y el precio de los productos ofrecidos. Para llegar a esto, en las reformas aprobadas existen plazos y pasos a seguir para la apertura energética de México. La relevancia de estos plazos o “rondas” es porque en ellos están contenidos los tiempos y campos de acción que definen el futuro de Pemex, y de los cuales depende el marco de la competencia en el sector para hacerla una empresa más funcional.

Las consideraciones y lineamientos para la inversión pública y privada están a cargo de la Secretaria de Energía y en algunos casos favorecen a Pemex, pues incluyen los pozos petroleros más importantes para el país como el de Cantarell en Campeche (que hoy en día sigue ocupando el segundo lugar de producción mundial.)

El pasado miércoles 13 de agosto de 2014 se informó por conducto del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, los resultados de “La ronda cero.” De acuerdo con la información provista por el Secretario, Pemex operará el 83% de la explotación de hidrocarburos, lo que traducido a números significa que seguiría teniendo hegemonía económica frente a sus competidores que requieren costos eficientes para generar ganancias. Con esta regulación Pemex estaría en posición de explotar mil seiscientos millones de barriles de petróleo, generando una producción de 2.5 millones de barriles al día durante 20 años. A diferencia de las empresas privadas, Pemex usaría estos recursos para invertir en tecnología que le permita desarrollar los procesos de producción y refinación.

Sin embargo, la nueva política de licitaciones pone a Pemex en incapacidad para competir con las grandes empresas privadas extranjeras, pues llega en condiciones de desigualdad tecnológica y técnica para explotar pozos profundos. Esta desigualdad ubicaría de facto los 156 bloques que se ofrecerán en licitación prácticamente en su totalidad a una eventual inversión puramente privada debido a las carencias de la paraestatal mexicana.

Reformas como la energética cambian drásticamente las condiciones de competencia y, sobre todo, modifican de manera sustantiva el futuro de la vida económica del país. Con la promulgación de las leyes energéticas termina una era para México donde sus recursos naturales energéticos fueron considerados estratégicos y parte esencial del desarrollo público en manos del Estado mexicano. Si bien es cierto que en algunas áreas México se podrá beneficiar de una mayor inversión privada que generen empleos e incentiven el crecimiento económico, también hay que decir que el tema energético es sumamente conflictivo a nivel mundial y los intereses de las grandes corporaciones tienden a ser ajenos a los intereses de las poblaciones donde operan.

Con las reformas, Pemex debería aprovechar la oportunidad para pasar de ser una empresa pesada e ineficiente en todos sus niveles, a ser una empresa eficaz que pueda ofrecer dividendos a la economía de México; lo que implicaría reestructurase internamente y abordar con toda seriedad sus pasivos y temas como el del sindicato petrolero, que se ha convertido en un punto de corrupción sistémico que golpea su viabilidad como empresa. Con los cambios recientes, México pone a competir en el libre mercado a su empresa pública más importante con la consigna de ganar algo de un pastel que estará disputado por grandes especialistas; hecho que recuerda la finalización del modelo de sustitución de importaciones a principio de los 80 y que derivó en una fuerte crisis para la industria mexicana, producto de décadas de proteccionismo.

(imagen: http://www.jornada.unam.mx)

Modelo noruego inspira la reforma energética

Reforma energética A pesar de que las reformas secundarias en materia energética ya han sido aprobadas, aún quedan muchas dudas sobre la manera en que serán utilizados los recursos que éstas generen para el beneficio de los mexicanos.

A pesar de la oposición, principalmente de los partidos de izquierda, el Senado aprobó el pasado miércoles 5 de agosto del 2014 las reformas con 78 votos a favor y 26 en contra. Las nuevas reformas permiten que empresas privadas exploten los recursos naturales del país y que participen en la producción de gas, áreas consideradas estratégicas y que eran prerrogativa exclusiva del Estado.

Entre las principales interrogantes o preocupaciones que generaba la reforma, y que no sucedieron, estuvieron la eventual desaparición de las empresas paraestatales Pemex y CFE. Si bien éstas seguirán operando bajo la tutela del Estado, quedan dudas sobre si el nuevo esquema, donde competirán con empresas altamente especializadas para ganar licitaciones o contratos, permitirá generar la misma cantidad de ingresos que en el marco regulatorio anterior.

Aunque es indudable que los cambios estructurales de esta actividad estratégica traerán modificaciones significativas, aún es pronto para anticipar los resultados finales a partir de su aplicación normativa a la realidad fáctica inmediata del país.

La reforma energética está inspirada en el modelo noruego y en “Statoil”, la cual es una empresa cuyo 67% es propiedad del estado noruego. En este modelo existe un fideicomiso que permite que las ganancias derivadas de los hidrocarburos sean transferidas de manera directa a los ciudadanos al momento de requerir pensión. Además, de los ingresos que se generan, sólo el 4% es integrado al gasto público o gasto corriente, contrario a lo que ocurre en México donde la mayor parte de los ingresos petroleros se utilizan para este rubro.

Uno de los ejes centrales retomados del modelo noruego es que Pemex no se privatice, si no que, como dice la propuesta presidencial, éste se transforme en “una empresa de servicios bien administrados, rentables y de real beneficio para los mexicanos”. Sin embargo, bajo el nuevo marco regulatorio se permite la intervención de empresas privadas para colaborar y/o ejercer totalmente actividades en la explotación, exploración y transformación de recursos naturales, y se permite la transferencia en la propiedad de los recursos energéticos para quienes lo extraigan, hecho que de facto es una privatización.

Se han discutido en muchos sentidos los efectos y repercusiones de la reforma en todos sus ámbitos de impacto. Aún habrá que esperar al menos 2 años para ver los resultados económicos de las nuevas regulaciones.

A diferencia de la situación noruega, en donde existen regulaciones claras y una población sustancialmente más pequeña (5 millones contra 118 en el caso de México), es necesario considerar los grandes problemas de corrupción que han caracterizado el manejo de las empresas públicas, y que aún con la reforma no se prevé que cambie sustantivamente. Una vez más, otra reforma de gran calado (como ocurrió con la de telecomunicaciones y la laboral) se caracteriza por no ser transparente, porque el secreto bancario protege los movimientos del fideicomiso creado para el aprovechamiento de las ganancias energéticas, abriendo la posibilidad que no se sepa cuánto se gana y a qué se destinan los recursos. Es un tema delicado pues se está ante una reforma que cambia estructuralmente la forma en la que México explota sus recursos energéticos pero no la forma en que México administra las empresas públicas y los recursos que generan, en teoría, para el beneficio público, dejando abierta la puerta a una tradición de corrupción altamente arraigada, y poco castigada y combatida.

(imagen: http://mexico.cnn.com)

Cada mexicano “debe” al nacer $109,555 pesos.

Deuda pública de PemexPara México, los ingresos petroleros representan uno de los puntos más importantes dentro de la economía, ya que éste sector aporta el 10% del Producto Interno Bruto.

Con 331 votos a favor y 129 en contra, la semana pasada se aprobó el tercer dictamen de las leyes secundarias en el tema de la reforma energética. Entre los múltiples cambios que se esperan en la conformación de nuevas reglas del juego, se aprobó una en particular que ha llamado la atención y que no estaba prevista en las discusiones generales de las reformas. Esta novedad está relacionada con los pasivos de Petróleos Mexicanos y la aprobación para ser transformados en deuda pública, o lo que es lo mismo, una deuda que será pagada por todos los mexicanos sin que la gran mayoría haya votado o participado en su engradencimiento por malos manejos y corrupción. Para ponerlo en perspectiva, con esta nueva deuda acumulada a las ya existentes, cada mexicano “debe” al nacer $109, 555 pesos.

Al igual que Pemex, y dentro del contexto de los cambios en materia energética, también CFE será parte de estas modificaciones estructurales que, para efectos de la deuda pública, están enfocados  en dos sectores: contratos colectivos y jubilaciones.

Los contratos colectivos están íntimamente ligados con las jubilaciones, y una de las condiciones para que el gobierno federal pueda absorber los pasivos de Pemex como deuda pública es modificar el sistema de contratos colectivos, ya que éstos son manejados por individuos y no como un colectivo.

Históricamente, parte de esta deuda es resultado de una mala administración del gobierno federal, el cual se ha endeudado en diferentes momentos para tratar de sortear malas políticas económicas y fiscales. Algunos de los acontecimientos históricos más trascendentes en la línea de endeudamiento sucedieron durante los mandatos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Tampoco se puede omitir el caso del Fobaproa durante el sexenio de Ernesto Zedillo, quien rescató a los bancos pasando sus pasivos a deuda pública, gastando el 20% del PIB en dicha tarea. En contextos de crisis económica y en la búsqueda de reestructurar la deuda externa del país, gran parte de ésta fue convertida en pública.

Si bien para México no es tema nuevo que grandes pasivos sean transformados en deuda común, lo que sí es de resaltar es que, a pesar del avance democrático del país, no se tengan acciones legales contra los responsables del crecimiento de los pasivos. A pesar de la necesidad de que algunos de estos sean absorbidos como deuda pública ante el mal que representan y el daño que podrían ocasionar en caso de no atenderse, esto no tendría que ser un impedimento para que aquellos irresponsables o beneficiarios de estas políticas de endeudamiento queden impunes o en el anonimato.

En el caso de Pemex es un secreto a voces la opulencia en que se desenvuelven el líder petrolero y hoy senador Carlos Romero Deshcamps y su familia, sin embargo, no hay ningún proceso en su contra ni se está discutiendo a fondo el dinero que el sindicato recibe y que debiera ser fiscalizado como todo dinero público. En este sentido, otro cabo suelto más dentro de la reforma que pretende dar certidumbre a la política energética pero no a los ciudadanos sobre el manejo de las finanzas de las empresas estatales y las organizaciones que reciben dinero de todos los mexicanos y no rinden ningún tipo de cuentas.

(imagen: www.hilodirecto.com.mx)

El involucramiento en asuntos públicos es un ejercicio de la ciudadanía

 

Los habitantes de la democracia son los ciudadanos, y de ellos la obligación y el derecho de participar en los asuntos públicos del país. Recientemente Alfonso Cuarón, cineasta y ganador del Oscar por la película “Gravity”, lanzó 10 cuestionamientos al presidente Enrique Peña Nieto referentes a los beneficios de la Reforma Energética.

10 preguntas de Alfonso CuarónEntre las diferentes posturas que un tema de tanta trascendencia genera por la complejidad del mismo, pueden ubicarse dos principalmente: la primera es de todos aquellos quienes comulgan con los cuestionamientos lanzados en el documento “Diez Preguntas”, quienes celebraron que un mexicano “exitoso” se involucrara en los asuntos de interés nacional, sobre todo en uno como el tema energético, viéndolo como un aliado en un momento en que la información sobre el tema no ha permitido conocer los alcances de las reformas y que, en efecto, las legislaciones propuestas generan más dudas que respuestas. En segundo lugar, están  quienes de inicio demeritaron la legitimidad del director, incluido el mismo Presidente, por hablar de un tema tan específico del cual no tiene “recursos técnicos” para opinar, y que a sus juicios, es irresponsable por tratarse de una figura pública que genera una gran respuesta mediática con los inconvenientes propios de difundir información o críticas a partir del desconocimiento o la “malinformación”.

Es fundamental mencionar que, independientemente de la postura que genere el tema energético, el asunto central que introduce el cineasta es el del ejercicio de la ciudadanía para involucrarse en una cuestión de crucial interés. En este sentido se pueden lanzar argumentos a favor y en contra de las propuestas de política, sin embargo, cuando nos referimos al ejercicio de los derechos políticos y civiles, el tema es completamente diferente.

En primer lugar, nuestra Constitución establece en su artículo 7º la inviolable libertad de los ciudadanos para difundir opiniones, información e ideas bajo el principio de la igualdad ciudadana. Es decir, para que exista la libertad de opinión, se debe comenzar por el reconocimiento mutuo entre ciudadanos a partir de la igualdad como sujetos políticos interesados en involucrarse en los intereses públicos que son de su incumbencia. 

En segundo lugar, desviar el eje de la discusión energética a temas de forma, como plantear que el documento tiene faltas de ortografía o que el ganador del Oscar no vive en México, sólo sitúa el debate en temas que no tienen sustento alguno ya que el derecho a participar no está condicionado a la capacidad ortográfica ni a la localización geográfica; en este sentido la ley es clara: podrán participar de los asuntos públicos del país los ciudadanos de la República; y Alfonso Cuarón, estemos o no de acuerdo con sus cuestionamientos, es un ciudadano de la República Mexicana.

Finalmente no hay que olvidar que los valores de la República se cimientan en acción y discusión sobre los asuntos públicos por parte de los ciudadanos, cuando éstos se reúnen (por el medio que sea) para dialogar en un espacio de libertad e igualdad sobre aquellos asuntos que atañen a su comunidad política. De ahí que manifestaciones ciudadanas de cuestionamiento democrático al poder sean tan deseables en nuestra actual coyuntura democrática, sobre todo en un momento en el que muchas de las reformas están siendo aprobadas en un clima de hermetismo y celeridad, impidiendo la generación de información necesaria y el debate para que los ciudadanos estén debidamente informados y puedan actuar en consecuencia de acuerdo a su deber ciudadano.

En suma, desviar la atención en discusiones bizantinas sobre si Cuarón es un “ciudadano legítimo” o no para dar su opinión es caer en un círculo sin salida, que nos llevaría a categorizar a los ciudadanos entre aquellos cuya opinión es válida y aquellos cuya opinión no lo es; situaciones que no abogan al fomento de la igualdad entre mexicanos y, por ende, de la democracia a la que aspiramos.

(imagen: https://pbs.twimg.com)

Recientemente se ha podido observar en los medios de comunicación el camino que las reformas estructurales están siguiendo en nuestro país. México necesita urgentemente algunos cambios profundos que lo vuelvan mucho más competitivo y que lo doten con herramientas globales que le permitan insertarse en una nueva realidad mundial.

En ese sentido, la llegada en diciembre de 2012 del Presidente Enrique Peña Nieto marcó una nueva tendencia reformista para la nación, pues una de las primeras acciones que se llevaron a cabo fue la firma del “Pacto por México”, mismo que ha servido como vehículo de negociación entre las diferentes fuerzas políticas. Como se puede sospechar, siempre que un gobierno comienza, debe aprovechar el periodo de gracia natural que se le ha de conceder en la esfera pública para este tipo de acciones concretas.

El “Pacto por México” ha permitido transitar algunas reformas importantes, como por ejemplo la de telecomunicaciones y la educativa, sin embargo, se acerca en los próximos periodos en que el Congreso habrá de sesionar extraordinaria u ordinariamente la “madre de todas las batallas”: la reforma energética. ¿Por qué razón lo anterior? Precisamente porque este tópico está fuertemente anclado a los atavismos culturales mexicanos que se han formado a luz de muchos años y sobre los cimientos de una cultura política profundamente arraigada en torno a temas tabú, como es la soberanía energética.

Por tal razón, la campaña de negociación para avanzar la reforma energética no nada más tiene que ver con negociar con las fuerzas opositoras su aprobación, sino que tiene que empezar por convencer a los mexicanos que “el petróleo sigue siendo de todos”. No obstante lo anterior, la retórica contraria, como por ejemplo la utilizada por Andrés Manuel López Obrador en el sentido que la reforma es “el robo del siglo” para México, cae en tierra profundamente fértil para la desinformación, la manipulación política y la consecución de réditos de índole política y pública partidista.

El gobierno federal enfrentará una de sus pruebas más complejas y el “Pacto por México” será sometido a gran presión para dar resultados. A pesar de lo anterior, el “pacto” ha sobrevivido ya a una elección intermedia (local) y parece que aún le queda un poco de vida. Probablemente esto se deba a que la oposición política está pulverizada, pero aún a pesar de ello, se debe aprovechar todo lo que este pacto puede aún generar. Quizá no vuelva a existir otra oportunidad de negociar políticamente las cosas como está sucediendo ahora mismo. El Gobierno de la República tendrá nuevos desafíos (como por ejemplo, la inseguridad en México o lidiar con el tema de cooperación en dichos asuntos con Estados Unidos) y va a requerir todo el potencial de que es capaz. Aún mejor si todo esto sucede después de que las reformas se aprueben y México comience a despegar su vuelo en el ámbito económico.