Archivo

reformas legislativas

Psiquepol > Privado: Blog > reformas legislativas

La comunicación como base de la construcción de ciudadanía

¿Dónde iremos a buscar modelos?

La América Española es original, originales han de ser

sus instituciones y su gobierno y originales los medios de fundar uno y otro.

O Inventamos o Erramos.

 Simón Rodriguez

radiocomunitaria

Revisando algunas publicaciones acerca del impacto que hasta ahora ha tenido la #LeyTelecom, me encontré con el artículo de @majosiscar sobre el amparo que interpusieron hace 3 semanas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco radios comunitarias que afirman que, aunque la reforma de Telecomunicaciones reconoció por primera vez la figura de “radios comunitarias”, “atenta al derecho de los pueblos a la información”, según la Asociación de Radios Comunitarias (AMARC).

Gisela Martínez, coordinadora del área jurídica de AMARC México, resume el impacto de estas leyes secundarias en tres puntos: “Se violenta el acceso a las frecuencias, vuelve insostenibles económicamente a las radios que ya operan legalmente y es intrusiva en sus contenidos”. Ya no es posible que los pequeños negocios pauten en este espacio comunitario, no pueden recibir donaciones si la entidad no está acreditada como donataria autorizada, no es permitido conseguir financiamiento privado ya que son emisoras “sin ánimo de lucro” y por si fuera poco, los requisitos para obtener el permiso de transmitir son una traba para el fortalecimiento de este medio social. Algunos de dichos requisitos son:

  • Demostrar capacidad financiera a través de una cuenta bancaria (además del costo que esto implica, muchas de las comunidades están ubicadas en zonas donde no hay sucursales bancarias)
  • Presentar estudio técnico realizado por una entidad acreditada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) (esto puede costar hasta cien mil pesos)
  • Carta Programática aprobada por la Secretaría de Gobernación
  • Estar legalmente constituido

 

¿Que tipo de relación social está impulsando esta clase de reformas?

Dejando de lado un poco las cuestiones legales, es válido ir más allá y ver que esta legislación atenta contra una forma de democratización de la comunicación que la sociedad civil ha tomado en sus manos. México es un país sumamente diverso, con 68 pueblos indígenas y más de 85 idiomas distintos según el INEGI. Tiene un espacio importante en las radios comunitarias que han logrado atender a los intereses propios de estos grupos específicos y abrir escenarios para la inclusión basados en relaciones horizontales. Han surgido como respuesta al acceso restringido a los medios tradicionales en algunos territorios, y a la falta de identificación de la población con los contenidos de los medios privados y monopolios de la comunicación.

El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman[1], en su libro “Modernidad Líquida”, habla acerca de las características de la sociedad capitalista. Entre ellas resalta el individualismo que marca las relaciones actuales y las torna precarias, transitorias y volátiles, subrayando cómo la esfera comercial termina por impregnarlo todo, y cómo las relaciones en las sociedades se miden en términos de costo-beneficio en el estricto sentido financiero, resultando en lazos solidarios frágiles que terminan dependiendo únicamente de los beneficios que generan.

[1] BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, Editorial Fondo de Cultura Económica, México DF, 2004

El ejercicio que suponen las emisoras comunitarias precisamente es un movimiento en contraposición a este individualismo del que nos habla Bauman, que además de no tener fines de lucro, logra una transición de una existencia individual aislada a la existencia social comunitaria: activando a la población para que realicen actividades colaborativas que buscan el interés general, fomentando un espacio para el ejercicio ciudadano a través de la auto organización, y compartiendo conocimientos, opiniones y percepciones en cuanto a temas nacionales que sin lugar a duda transforman las relaciones sociales y fortalecen la identidad de los pueblos. A través de éstas difunden su propia cultura, perpetúan las tradiciones y fortalecen el uso de lenguas tradicionales.

Además de todo esto, la relación permanente con los escuchas de las radios comunitarias hace que el proceso comunicativo sea totalmente distinto al de los medios de difusión de los grupos hegemónicos. Los receptores se convierten también en interlocutores que emiten, hay posibilidad de diálogo y los mensajes están al servicio de la sociedad (desde lo más sencillo, como los clasificados de objetos perdidos, hasta servicios sociales como la pérdida de personas o animales). En este sentido, el intercambio de experiencias y la socialización de conocimientos promueven la participación activa y crítica, actuando en pro de la sociedad.

¿Que clase de comunicación queremos para nuestra sociedad?

El Argentino Mario Kaplún, comunicador y educador, es reconocido por su gran aporte fijando una relación entre comunicación y educación. Para este autor, los mal llamados medios de comunicación no son más que medios de “difusión” o “información”, ya que van en contra de la raíz latina misma communis, que quiere decir poner en común algo con otros, implicando diálogo, intercambio y reciprocidad que no son evidentes en los grandes monopolios de medios actuales.

Si bien es cierto que con el boom de las redes sociales se ha democratizado más de cierta forma el acceso a la información, no podemos desatender las necesidades de sectores que sencillamente no tienen posibilidades del uso de estos medios. Para los que gozamos de este beneficio también es válido realizar una concientización acerca de la forma en que estamos consumiendo la información, ¿nos seguimos dejando llevar por una forma de comunicación unidireccional? ¿bajo qué criterio compartimos la información? ¿cuál es nuestro objetivo al entrar en la red? ¿indagamos más al respecto de un tema o simplemente nos dejamos llevar por la inmediatez? ¿qué les estamos exigiendo a los medios de los cuales obtenemos la información?

Es necesario replantearnos sobre cuáles conceptos estamos construyendo ciudadanía. ¿Comunicabilidad o comunicación? Entendiendo a la primera como el simple proceso donde percibimos la información sin llegar a hacer ningún filtro, es decir, donde los sujetos son analfabetas mediáticos, o donde le damos lugar al derecho que tenemos de informarnos, utilizando nuestra capacidad de tomar posiciones claras con respecto a los mensajes que transmiten los medios. Recordemos que una sociedad alfabetizada mediáticamente[2] contribuye también a una sociedad alfabetizada políticamente.

[2] La alfabetización mediática es la educación para el desarrollo de competencias que ayuden a los sujetos a acceder, comprender y evaluar de manera integral los medios de comunicación; así como la formación de sujetos críticos ante los estímulos de información e intercambio recibidos a través de la los mismos.

En el siguiente cuadro se clarifica la relación entre los tipos de comunicación y los tipos de educación según Mario Kaplún en su libro “Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular)” sobre el que me permito hacer un aporte personal.

Tipología Mario Kaplún

Ya bien lo dice Kaplún, “Definir qué entendemos por comunicación, equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir”. El caso de las radios comunitarias es algo palpable que no podemos permitir que continúe de esa manera. Las radios comerciales y privadas tienen por objetivo el lucro sin importar los contenidos del programa, el rating es el que manda, y suelen implantar hábitos de consumo que refuerzan la ideología dominante. Por su parte, la radio comunitaria está inmersa en la lógica de la defensa de los derechos humanos; una lógica que tiene su base en las redes que se han tejido a partir de las relaciones cotidianas con el entorno compartido, creando identificación y solidaridad con los asuntos que afectan a los conciudadanos (paisanos).

Es una forma de construcción de la comunicación local que en muchos casos es la única manera de difusión asequible, un instrumento para interrelacionar un hecho con otro, pensar y sacar conclusiones, construyendo explicaciones globales y cosmovisiones propias.

Es importante voltear la mirada a los cambios que se están generando en América Latina misma, ya que hemos estado aceptando modelos hegemónicos que no tienen que ver con nuestras realidades, nuestra diversidad, nuestros orígenes y nuestras situaciones a resolver. De nosotros depende salir del “mundo sin alma”, como lo bautiza Galeano, donde “no hay pueblos sino mercados, no hay ciudadanos sino consumidores, no hay naciones sino empresas, no hay ciudades sino aglomeraciones y no hay relaciones humanas sino competencias mercantiles”[3].

[3] GALEANO EDUARDO. La comunicación desigual. Política y Cultura 1997. Disponible en: <//www.redalyc.org/articulo.oa?id=26700807>

Ya se están generando transformaciones en materia de legislación con efectos positivos en las poblaciones vulnerables. En Argentina, la comunicación está establecida como derecho humano. La ley de Medios, junto con la ley de Radiodifusión comunitaria de Uruguay, “son consideradas por el Comité Mundial para la Libertad de Expresión de la Unesco como las dos legislaciones más importantes del mundo. Uruguay en el plano de la radiodifusión comunitaria y la ley de Medios de Argentina como un marco regulatorio avanzado, democrático, rompe con la cadena de sumisión del campo de la comunicación a los intereses privados, que son por definición intereses particulares y, por lo tanto, excluyentes.” Esto lo dijo el comunicólogo brasileño Dênis de Moraes en la entrevista que realizó Fernando Arellano Ortiz.

¿Que tal si empezamos a nutrirnos con los ejemplos que nos dan otros países latinoamericanos que tienen más en común con nosotros que otros modelos tradicionales que hemos adaptado hasta el momento? ¿Que tal si logramos ver la comunicación de una manera orgánica donde los individuos sean sujetos que comprenden críticamente su realidad aprovechando los instrumentos que tienen para transformarla?

Somos responsables de construir la sociedad que queremos, empecemos por escoger, exigir y ejercer el tipo de comunicación que consumimos.

 

Links de interés:

Emisoras comunitarias en el país – Denominación,
 antecedentes y evolución //sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/sabrera_o_s/cap3.htm

La radio comunitaria frente a los grupos de poder //www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n59/vramos.html

(Imagen: //ciudadania-express.com)

Valery Rojas,

Politóloga y Blogger

@chanteler

La informalidad en México

57.8% es la cifra que representa al negocio informal en el país.

informalidad en México(//www.caracteres.mx)

Uno de los grandes problemas de México es la incapacidad de su economía para incluir a la mayoría de la población económicamente activa. Este es un problema no reciente que evidencia problemas históricos en la capacidad del Estado para generar empleos que puedan satisfacer todas las necesidades básicas de los habitantes, y para insertarlos en una dinámica que les permita tener acceso a seguridad social, pago de impuestos y otras ventajas de cara a mejorar su calidad de vida.

En esta línea, una de las reformas que la actual administración ha planteado es la iniciativa “Crezcamos Juntos”. El programa busca erradicar el negocio informal, que representa en México un 57.8%, cifra alarmante por la cual se pueden explicar fenómenos migratorios, actividades económicas ilícitas y, en general, una deficiencia para incluir el talento y capacidades de las personas encamindas al desarrollo y progreso social y económico.

El plan del Ejecutivo Federal propone siete incentivos a cambio de la regularización fiscal de este sector informal: 1.- acceso a los servicios médicos y sociales del IMSS; 2.- derecho a pensión de retiro; 3.- derecho a crédito hipotecario; 4.- descuentos del pago del impuestos sobre la renta; 5.- apoyos a pequeños empresarios; 6.- créditos para los negocios y sus empleados; 7.- acceso a programas de capacitaciones.

Dentro de estos beneficios encontramos tres principios que son punta de lanza de la recaudación fiscal en México. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos artículo 31, fracción cuarta se estipula que “son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residen de manera proporcional y equitativa en lo que dispongan las leyes.” Este mandato constitucional da fuerza jurídica a la recaudación fiscal, pero también otorga derechos públicos subjetivos a quienes aporten equitativamente al gasto público. El primer derecho reconocido en la formalidad fiscal es el de los servicios médicos y sociales del IMSS, el cual jurídicamente está regulado en una figura llamada “Seguro mutuo, es decir, de asegurar un beneficio colectivo a partir de la contribución individual.”

Sin embargo, en México el sistema de seguridad social enfrenta graves problemas de administración debido a la mala planeación y ejecución de políticas tardías en el manejo de su gasto corriente, lo que deriva en que gran parte del dinero se vaya al pago de pensiones y otros gastos que no tienen que ver con la construcción de infraestructura médica que permita el otorgamiento de un servicio en tiempo y forma.

Este problema, junto con otros como el tema de seguro para el retiro, pone en entredicho la posibilidad real de llevarlo a cabo y de ser una fuente de bienestar apreciada así por todos aquellos que realizan actividades informales. Es importante resaltar que una de las principales causas de la informalidad es la falta de incentivos para pasar a formar parte de la formalidad, donde el exceso de burocracia, la corrupción y el costo que representa estar alineado a las reglas formales terminan por empujar a muchos a la informalidad, en la que no se requieren mayores trámites. Los beneficios de la formalidad son casi imperceptibles.

El problema del trabajo en el país no está sólo en la falta de incentivos que “Crezcamos Juntos” busca erradicar, sino en la posibilidad de que la población económicamente activa encuentre en la formalidad las vías para desarrollarse dignamente. En la dotación de posibildades reales está el aprovechamiento y beneficio de los recursos laborales e intelectuales del país, es decir, de su gente.

La reforma energética en el contexto del libre mercado

La reforma energética cambia drásticamente las condiciones para la competencia

Pemex en el libre mercadoLas reformas energéticas aprobadas parecen hechas como dictan los cánones del libre mercado: para favorecer la competencia, la calidad y el precio de los productos ofrecidos. Para llegar a esto, en las reformas aprobadas existen plazos y pasos a seguir para la apertura energética de México. La relevancia de estos plazos o “rondas” es porque en ellos están contenidos los tiempos y campos de acción que definen el futuro de Pemex, y de los cuales depende el marco de la competencia en el sector para hacerla una empresa más funcional.

Las consideraciones y lineamientos para la inversión pública y privada están a cargo de la Secretaria de Energía y en algunos casos favorecen a Pemex, pues incluyen los pozos petroleros más importantes para el país como el de Cantarell en Campeche (que hoy en día sigue ocupando el segundo lugar de producción mundial.)

El pasado miércoles 13 de agosto de 2014 se informó por conducto del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, los resultados de “La ronda cero.” De acuerdo con la información provista por el Secretario, Pemex operará el 83% de la explotación de hidrocarburos, lo que traducido a números significa que seguiría teniendo hegemonía económica frente a sus competidores que requieren costos eficientes para generar ganancias. Con esta regulación Pemex estaría en posición de explotar mil seiscientos millones de barriles de petróleo, generando una producción de 2.5 millones de barriles al día durante 20 años. A diferencia de las empresas privadas, Pemex usaría estos recursos para invertir en tecnología que le permita desarrollar los procesos de producción y refinación.

Sin embargo, la nueva política de licitaciones pone a Pemex en incapacidad para competir con las grandes empresas privadas extranjeras, pues llega en condiciones de desigualdad tecnológica y técnica para explotar pozos profundos. Esta desigualdad ubicaría de facto los 156 bloques que se ofrecerán en licitación prácticamente en su totalidad a una eventual inversión puramente privada debido a las carencias de la paraestatal mexicana.

Reformas como la energética cambian drásticamente las condiciones de competencia y, sobre todo, modifican de manera sustantiva el futuro de la vida económica del país. Con la promulgación de las leyes energéticas termina una era para México donde sus recursos naturales energéticos fueron considerados estratégicos y parte esencial del desarrollo público en manos del Estado mexicano. Si bien es cierto que en algunas áreas México se podrá beneficiar de una mayor inversión privada que generen empleos e incentiven el crecimiento económico, también hay que decir que el tema energético es sumamente conflictivo a nivel mundial y los intereses de las grandes corporaciones tienden a ser ajenos a los intereses de las poblaciones donde operan.

Con las reformas, Pemex debería aprovechar la oportunidad para pasar de ser una empresa pesada e ineficiente en todos sus niveles, a ser una empresa eficaz que pueda ofrecer dividendos a la economía de México; lo que implicaría reestructurase internamente y abordar con toda seriedad sus pasivos y temas como el del sindicato petrolero, que se ha convertido en un punto de corrupción sistémico que golpea su viabilidad como empresa. Con los cambios recientes, México pone a competir en el libre mercado a su empresa pública más importante con la consigna de ganar algo de un pastel que estará disputado por grandes especialistas; hecho que recuerda la finalización del modelo de sustitución de importaciones a principio de los 80 y que derivó en una fuerte crisis para la industria mexicana, producto de décadas de proteccionismo.

(imagen: //www.jornada.unam.mx)

La rendición de cuentas en la Reforma Energética

Modelo noruego inspira la reforma energética

Reforma energética A pesar de que las reformas secundarias en materia energética ya han sido aprobadas, aún quedan muchas dudas sobre la manera en que serán utilizados los recursos que éstas generen para el beneficio de los mexicanos.

A pesar de la oposición, principalmente de los partidos de izquierda, el Senado aprobó el pasado miércoles 5 de agosto del 2014 las reformas con 78 votos a favor y 26 en contra. Las nuevas reformas permiten que empresas privadas exploten los recursos naturales del país y que participen en la producción de gas, áreas consideradas estratégicas y que eran prerrogativa exclusiva del Estado.

Entre las principales interrogantes o preocupaciones que generaba la reforma, y que no sucedieron, estuvieron la eventual desaparición de las empresas paraestatales Pemex y CFE. Si bien éstas seguirán operando bajo la tutela del Estado, quedan dudas sobre si el nuevo esquema, donde competirán con empresas altamente especializadas para ganar licitaciones o contratos, permitirá generar la misma cantidad de ingresos que en el marco regulatorio anterior.

Aunque es indudable que los cambios estructurales de esta actividad estratégica traerán modificaciones significativas, aún es pronto para anticipar los resultados finales a partir de su aplicación normativa a la realidad fáctica inmediata del país.

La reforma energética está inspirada en el modelo noruego y en “Statoil”, la cual es una empresa cuyo 67% es propiedad del estado noruego. En este modelo existe un fideicomiso que permite que las ganancias derivadas de los hidrocarburos sean transferidas de manera directa a los ciudadanos al momento de requerir pensión. Además, de los ingresos que se generan, sólo el 4% es integrado al gasto público o gasto corriente, contrario a lo que ocurre en México donde la mayor parte de los ingresos petroleros se utilizan para este rubro.

Uno de los ejes centrales retomados del modelo noruego es que Pemex no se privatice, si no que, como dice la propuesta presidencial, éste se transforme en “una empresa de servicios bien administrados, rentables y de real beneficio para los mexicanos”. Sin embargo, bajo el nuevo marco regulatorio se permite la intervención de empresas privadas para colaborar y/o ejercer totalmente actividades en la explotación, exploración y transformación de recursos naturales, y se permite la transferencia en la propiedad de los recursos energéticos para quienes lo extraigan, hecho que de facto es una privatización.

Se han discutido en muchos sentidos los efectos y repercusiones de la reforma en todos sus ámbitos de impacto. Aún habrá que esperar al menos 2 años para ver los resultados económicos de las nuevas regulaciones.

A diferencia de la situación noruega, en donde existen regulaciones claras y una población sustancialmente más pequeña (5 millones contra 118 en el caso de México), es necesario considerar los grandes problemas de corrupción que han caracterizado el manejo de las empresas públicas, y que aún con la reforma no se prevé que cambie sustantivamente. Una vez más, otra reforma de gran calado (como ocurrió con la de telecomunicaciones y la laboral) se caracteriza por no ser transparente, porque el secreto bancario protege los movimientos del fideicomiso creado para el aprovechamiento de las ganancias energéticas, abriendo la posibilidad que no se sepa cuánto se gana y a qué se destinan los recursos. Es un tema delicado pues se está ante una reforma que cambia estructuralmente la forma en la que México explota sus recursos energéticos pero no la forma en que México administra las empresas públicas y los recursos que generan, en teoría, para el beneficio público, dejando abierta la puerta a una tradición de corrupción altamente arraigada, y poco castigada y combatida.

(imagen: //mexico.cnn.com)

El problema de la deuda pública

Cada mexicano “debe” al nacer $109,555 pesos.

Deuda pública de PemexPara México, los ingresos petroleros representan uno de los puntos más importantes dentro de la economía, ya que éste sector aporta el 10% del Producto Interno Bruto.

Con 331 votos a favor y 129 en contra, la semana pasada se aprobó el tercer dictamen de las leyes secundarias en el tema de la reforma energética. Entre los múltiples cambios que se esperan en la conformación de nuevas reglas del juego, se aprobó una en particular que ha llamado la atención y que no estaba prevista en las discusiones generales de las reformas. Esta novedad está relacionada con los pasivos de Petróleos Mexicanos y la aprobación para ser transformados en deuda pública, o lo que es lo mismo, una deuda que será pagada por todos los mexicanos sin que la gran mayoría haya votado o participado en su engradencimiento por malos manejos y corrupción. Para ponerlo en perspectiva, con esta nueva deuda acumulada a las ya existentes, cada mexicano “debe” al nacer $109, 555 pesos.

Al igual que Pemex, y dentro del contexto de los cambios en materia energética, también CFE será parte de estas modificaciones estructurales que, para efectos de la deuda pública, están enfocados  en dos sectores: contratos colectivos y jubilaciones.

Los contratos colectivos están íntimamente ligados con las jubilaciones, y una de las condiciones para que el gobierno federal pueda absorber los pasivos de Pemex como deuda pública es modificar el sistema de contratos colectivos, ya que éstos son manejados por individuos y no como un colectivo.

Históricamente, parte de esta deuda es resultado de una mala administración del gobierno federal, el cual se ha endeudado en diferentes momentos para tratar de sortear malas políticas económicas y fiscales. Algunos de los acontecimientos históricos más trascendentes en la línea de endeudamiento sucedieron durante los mandatos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Tampoco se puede omitir el caso del Fobaproa durante el sexenio de Ernesto Zedillo, quien rescató a los bancos pasando sus pasivos a deuda pública, gastando el 20% del PIB en dicha tarea. En contextos de crisis económica y en la búsqueda de reestructurar la deuda externa del país, gran parte de ésta fue convertida en pública.

Si bien para México no es tema nuevo que grandes pasivos sean transformados en deuda común, lo que sí es de resaltar es que, a pesar del avance democrático del país, no se tengan acciones legales contra los responsables del crecimiento de los pasivos. A pesar de la necesidad de que algunos de estos sean absorbidos como deuda pública ante el mal que representan y el daño que podrían ocasionar en caso de no atenderse, esto no tendría que ser un impedimento para que aquellos irresponsables o beneficiarios de estas políticas de endeudamiento queden impunes o en el anonimato.

En el caso de Pemex es un secreto a voces la opulencia en que se desenvuelven el líder petrolero y hoy senador Carlos Romero Deshcamps y su familia, sin embargo, no hay ningún proceso en su contra ni se está discutiendo a fondo el dinero que el sindicato recibe y que debiera ser fiscalizado como todo dinero público. En este sentido, otro cabo suelto más dentro de la reforma que pretende dar certidumbre a la política energética pero no a los ciudadanos sobre el manejo de las finanzas de las empresas estatales y las organizaciones que reciben dinero de todos los mexicanos y no rinden ningún tipo de cuentas.

(imagen: www.hilodirecto.com.mx)

Las grandes interrogantes de las reformas secundarias de telecomunicaciones

¿Cómo afecta la Ley de Telecomunicaciones a la democracia en México?

Ley de TelecomunicacionesLa semana pasada se aprobó la Ley Federal de Comunicaciones con claroscuros que ponen en entredicho los verdaderos intereses que la impulsaron. Entre los avances positivos que la reforma contiene están aquellos que benefician directamente el bolsillo de los usuarios de telefonía móvil, que, aunque importantes, es difícil entender por qué cosas como consultar el saldo o crédito del teléfono tenía un costo en algunas empresas. Entre los cambios que entrarán en vigor en 2015 están la obligación de no cobrar por preguntar dicho saldo, no cobrar tarifas de larga distancia ni de roaming y la vigencia del saldo en celular (al pasar de 2 meses a 12), notificación a los usuarios cuando cambien las condiciones de sus contratos y la posibilidad de cancelarlos cuando esto ocurra.

Sin embargo, con los beneficios también llegan las dudas y amenazas sobre los riesgos potenciales que las reformas aprobadas pueden traer consigo, y curiosamente la parte negativa no impacta en los bolsillos pero sí en las reglas del juego democrático. Entre las principales están: la requisa de los medios de comunicación en vías generales de comunicación cuando la seguridad nacional o interna estén amenazadas, la legalización del espionaje para apoyar a la justicia y la censura de contenidos audiovisuales a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Sobre la requisa de los medios de comunicación cuando el Estado tenga por obligación salvaguardar el orden y la seguridad pareciera ser algo lógico y natural a fin de retomar el control y el orden. Sin embargo, no deja de ser preocupante en un país donde las protestas y manifestaciones sociales tienen lugar en las vías generales de comunicación, no por gusto o necesidad, sino porque históricamente México no ha logrado construir la institucionalidad que permita dar solución a muchos de los problemas que no tienen otro camino que no sea la protesta pública y la visibilidad que otorgan las manifestaciones de esta naturaleza. La aprobación de la ley en los términos en los que está es prácticamente la legalización de un “estado de sitio” electrónico, con todos los riesgos que esto implica en materia de generación de información y visibilidad de los problemas y en el tratamiento de éstos por parte del Estado.

Otro de los problemas no menos alarmantes es la posibilidad de intervenir cualquier comunicación privada con aprobación judicial bajo petición de los cuerpos de seguridad. Igualmente, la producción de contenidos audiovisuales estarán a cargo de la SEGOB y no del instituto autónomo creado para esos fines. Asociar la aprobación de contenidos audiovisuales al poder político no es sano ni democrático en aras de garantizar la libertad de expresión. Hoy en día la Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de decir qué se aprueba y que no, qué es válido y qué no lo es.

Las dudas y alarmas que despierta la reforma no son gratuitas; el régimen actual es heredero del sistema de partido hegemónico que gobernó México durante buena parte del siglo XX, y, a pesar del discurso, no parece ser que haya cambiado sustancialmente el ADN que lo caracterizó a lo largo de los sexenios. En el fondo tampoco puede atribuirse a que sea un problema de partido, sino a la constitución y forma de ser de la práctica política mexicana y el ejercicio del poder. Es en esta naturaleza donde la ley de telecomunicaciones tiene sus riesgos, ¿cómo no ser suspicaces al respecto si en el pasado se han cometido grandes atropellos aún con la leyes “buenas”?

Aunque si bien se puede alegar sobre los beneficios de la reforma y de los candados que posee para que no ocurran atropellos, tampoco hay que olvidar que México no ha logrado consolidar la democracia y estas condiciones ponen en riesgo el proceso de hacerlo al no tener elementos sólidos de rendición de cuentas, evidenciados en una alta tasa de impunidad entre la clase política.

(imagen: //revistainsighters.com.mx)

La importancia de la neutralidad de internet

Internet: un medio de libertad de expresión y acceso a la información para la articulación ciudadana

Ley de telecomunicacionesRecientemente se aprobó en lo general la ley federal de comunicaciones, y esta semana se discutirá en sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores. La ley secundaria en materia de telecomunicaciones que se ha trabajado y discutido desde la aprobación de la reforma constitucional ha estado plagada de debates acerca de cómo abordarla en función del poder que ejercen los agentes económicos del sector en los asuntos públicos.

No es un misterio la concentración de los medios que existe en México; de hecho son 5 familias las que controlan más del 80% de la cobertura mediática en el país. La importancia de este hecho es que se convierte en un filtro para las expresiones, y por lo tanto para el debate público. Si no se tiene acceso a los medios difícilmente pueden expresarse las demandas en la esfera pública.

Es aquí donde el internet ha jugado un papel preponderante los últimos años. Si bien el país tiene una tasa de penetración de internet de poco más de 50 millones de usuarios, la red de redes ha sido el canal para poner en la discusión general temas que no han tenido cobertura en los medios tradicionales, muchas veces incluso llegando a posicionarlos. Esta condición ha sido posible porque no hay un línea editorial, un gerente o un contralor que filtre la información. En internet se puede encontrar la información tal cual ocurre y, en principio, sin filtros.

La proliferación de información plural en internet tiene que ver con su condición de neutralidad, es decir, la capacidad que tiene todos los individuos al acceso de contenidos y a participar en las comunidades digitales. El problema del dictamen que se discutirá esta semana es que la neutralidad de internet se compromete con los controles que el Estado pretende establecer.

Entre estos problemas está el control de información que se propone a los proveedores de servicios para que guarden la información de los usuarios hasta por dos años. Esta situación es una clara afrenta a la privacidad de los usuarios y, desde luego, una insinuación a la práctica de espionaje de cualquier persona que tenga un celular. Situación muy similar a lo que hoy sucede en Estados Unidos y que ha sido ampliamente denunciada en medios internacionales.

Otro de los temas preocupantes es la legalidad de bloquear las señales de telecomunicaciones de lugares geográficos concretos en momentos determinados. En otras palabras, el gobierno estaría en facultad de restringir el acceso al internet y todo lo que representa, por ejemplo en marchas o en eventos masivos.

Estos elementos sin duda vienen a ejercer controles excesivos, prácticamente Orwelianos, en momentos en donde la cultura digital es una realidad y ha servido como válvula de escape a un gobierno que ya no puede controlar todo lo que se dice. El mayor contrapeso de las acciones gubernamentales es la transparencia con que se tiene acceso a la información, tanto de programas de gobierno como de acciones concretas de los cuerpos estatales.

Internet no se trata sólo de música o videos, es la red que ha permitido la articulación ciudadana y hasta ahora ha sido territorio neutral. Internet es también una red que homologa las diferencias y desigualdades que se dan en las plataformas tradicionales. La reforma de telecomunicaciones pone el dedo en la llaga de un tema central en la joven democracia mexicana: la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin duda la discusión está abierta, y no sólo en el tema de internet, también en la concentración de los medios, que se traduce en acceso a nuevos competidores y por ende de nuevas voces y más oferta informativa, elementos cruciales en cualquier nación que busque ser desarrollada.

(imagen: //3.bp.blogspot.com)

La preocupación por la economía

¿Por qué está estancada la economía en México?

economía México 2014

(imagen: //1.bp.blogspot.com)

Entre los empresarios y directivos de empresas, durante muchos meses se comentaba sólo en corto, en confianza, porque nadie quería criticar abiertamente al actual gobierno. Sin embargo, la situación ya rebasó la tolerancia de muchos y uno de los grandes temas de las conversaciones en todos los sectores es el desempeño de la economía. Es una realidad que, a poco más de 18 meses del inicio del gobierno de Peña Nieto, no se ha visto el crecimiento ni la inversión que se prometió ni se comprometió en campaña como resultado de la aprobación de las reformas estructurales, o la aceleración en el gasto público.

El tema fundamental para entender el por qué de la estancada economía, pese a que se aprobaron las reformas, tiene que ver con la aplicación de las políticas económicas y fiscales, que lejos de apoyar el crecimiento del país, han terminado en empantanar la inversión y el gasto público. Todos parecen señalar a un responsable de esto: el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hombre de toda la confianza del Presidente Peña, que según varios expertos ha cometido errores que explican dicha situación.

El principal error ha sido modificar la política económica que tan buenos resultados macroeconómicos ha dado en los últimos 25 años, principalmente al jugar con el déficit público que se manejó prácticamente invariable en los últimos sexenios. Tampoco ha manejado una deuda sana de gobierno y no ha liberado adecuadamente el gasto público desde 2013, hecho que tiene a muchas empresas y a la economía general estancada ante la incertidumbre y la imposibilidad de prever qué ocurriría para invertir y generar empleos.

Ante esto, las empresas mantienen un pronóstico moderado que no les permite avanzar ni generar capital que se traduzca en crecimiento económico y en mayor ingreso para los mexicanos. Aunque el Secretario de Hacienda afirma que el resultado de las reformas se traducirá en crecimiento económico en 2016, esta fecha resulta lejana, sobre todo en el mantenimiento del capital político y el apoyo empresarial, donde varios empresarios se han quejado abiertamente del mal manejo económico, e incluso, comentan, le han solicitado al Presidente su intervención directa.

El 2016 luce lejano en un momento en donde aún faltan reformas secundarias por discutir, pero sobre todo, donde empresarios y clases medias han empezado a resentir los efectos de una política hacendaria que no amplía la base gravable y le carga la mano a las clases medias y a los emprendedores. Las grandes empresas también han tenido que ajustar sus previsiones de crecimiento de la nueva situación fiscal derivada de la reforma y no están de acuerdo en que se les cobre más impuestos.

En suma, da la impresión de que el capital político del Ejecutivo Federal, y en particular del Secretario de Hacienda, se está agotando; así lo demuestran los bajos niveles de aceptación que se han publicado recientemente. El año que viene será crucial para ver si hay un cambio en la expectativa de crecimiento y en la manera de ejercer el gasto. El mejor termómetro serán las elecciones intermedias de 2015, en las que veremos qué tanto respaldo le da la ciudadanía a cada una de las fuerzas políticas.

Gobernabilidad democrática

¿Cómo se está llevando a cabo la discusión de las reformas?

La democracia es el gobierno de los consensos. Esta idea, aunque similar a la idea generalizada de la democracia como el “gobierno de la mayoría”, tiene una diferencia sustantiva: la inclusión de las minorías y otros grupos dentro del pacto social, pero no sólo una inclusión a partir de la ley, sino una inclusión a partir del ejercicio de construcción de políticas públicas. Entender bien esta idea ayuda a comprender lo crucial que resulta la construcción de acuerdos donde las fuerzas políticas estén integradas, de lo contrario se corre el riesgo de caer en lo que el sociólogo inglés, Alexis de Tocqueville, nombraba la “tiranía de la mayoría sobre la minoría”. Este tema es relevante porque define el grado de legitimidad de un gobierno específico, así como los mecanismos que pueden utilizar las fuerzas opositoras para canalizar sus demandas.

Si bien, desde el Tribuni Plebis de Roma hubo ejemplos muy claros de quiénes utilizaron la oposición y el populismo para llevar al Estado a situaciones límite, como Saturnino y Sulpicio, también es cierto que, cuando el Estado no cuenta con los mecanismos adecuados para recabar las demandas legítimas e incorporarlas a su gobierno, la oposición se radicaliza y se pone en grave riesgo la legitimidad y gobernabilidad. Un ejemplo claro de la misma época fueron las luchas por la ciudadanía romana, que al principio sólo estaba reservada para los patricios, pero que fue extendida a través de mucha sangre hacia los plebeyos y finalmente a los habitantes de colonias, ciudades y regiones aliadas, después de numerosas oposiciones del Senado.

El tema viene a colación porque en la discusión de las reformas que se está dando en nuestra República, parecería que la prioridad es sacarlas a toda costa, pero queda la duda de qué tanta discusión e inclusión se está generando para que las opiniones legítimas en contra de éstas se puedan expresar y puedan ser incluidas en la elaboración de las leyes. Si bien la mayoría de los legisladores desconoce el contenido de las iniciativas, existen académicos, consultores y organizaciones que tienen planteamientos respecto a cada una de ellas. La pregunta central que habría que responderse es: ¿se están discutiendo, abierta, inclusiva y transparentemente las reformas, en un ambiente propicio dada la importancia del tema?

Es claro que las reformas pueden ser aprobadas por mayoría, sin tomar en cuenta de manera alguna a la oposición, pero no son claros los beneficios que esto tendrá para la gobernabilidad, e incluso para la propia viabilidad de las reformas. Aquí es donde más importancia cobra el oficio político y la posibilidad de generar consensos con base en el entendimiento mutuo.

Construir ambientes democráticos no es sencillo. Sin embargo, es importante ser inclusivos siempre y privilegiar más allá de las posturas de partido; de esa manera, no sólo la discusión será beneficiada de la riqueza y pluralidad de posturas que pueden encontrarse en el Congreso y todos los órganos representativos, sino que el futuro político del país será más promisorio en cuanto a la generación de acuerdos y la estabilidad política.

Discusión reformas en el Senado Mexicano

(imagen: www.educacioncontracorriente.org)

#DaleSeguimiento

Infórmate, monitorea, involúcrate y actúa

monitoreo-ciudadanoEn las últimas entradas hemos estado hablando de la importancia y de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para incidir en las decisiones políticas. Ya hemos mencionado que informarnos responsablemente es un principio para el cambio.

Volviendo al tema de la ley de Telecomunicaciones, la coyuntura nos muestra que nos encontramos en un momento decisivo donde la sociedad civil debe dar seguimiento a las discusiones y monitorear el proceso de las reformas secundarias, a pesar de las cortinas de humo que se pretenden utilizar.

Para aclarar un poco más el panorama, Gonzalo Olivares Velázquez, Director General de Psiquepol nos comparte su punto de vista:

En la discusión de la ley secundaria en materia de Telecomunicaciones, se está reflejando algo que normalmente es más sutil o a veces prácticamente irreconocible: la poderosa confrontación de los intereses que hay en juego.

El fundamento de dispersar el poder, sobre el cual se basa nuestra República, tiene que ver con la imposibilidad de que una sola tendencia domine una discusión y que, a partir del convencimiento y la vigilancia mutua, se lleguen a las mejores decisiones con base en el interés nacional. ¿Pero qué pasa cuando existe un tema, como las telecomunicaciones, donde existe un claro conflicto entre lo público y lo privado, y aún en lo privado intereses tan confrontados que afectan lo público?

Mony de Swaan, ex presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofetel), mencionó recientemente en una mesa de discusión de la Reforma de Telecomunicaciones en la Ibero lo siguiente: La iniciativa “ha generado una incertidumbre monstruosa en los mercados internacionales pues no se sabe si México decidió abrir sus fronteras a la competencia o si seguimos siendo amigos de la concentración” en el sector.

En el mismo foro, Irene Levy, académica del departamento de Derecho de la Ibero, señaló que: “la definición de productor nacional independiente de contenidos audiovisuales incluida en la Ley Federal de Telecomunicaciones favorece principalmente a Televisa, que podría asumirse como tal.”

Lo más interesante del tema, sin embargo, es que las empresas no están cabildeando directamente sus intereses, ni siquiera a través de despachos de cabildeo. Son los propios actores políticos, sus grupos políticos, los que tienen claro hacia dónde van y a quién representan. En Estados Unidos se dice que son los super bonos – de acuerdo al libro “Republic, Lost: How Money Corrupts Congress and a Plan to Stop It” de Lawrence Lessing, los que van determinando el “intercambio de favores” hacia los intereses privados; pero en México no existe esa figura, no hay reelección legislativa, ni financiamiento de parte de los despachos de cabildeo hacia las campañas. 

Pero tampoco hay discusión de fondo en los temas más álgidos, como el de Telecomunicaciones. Los legisladores no leen las iniciativas, no tienen tiempo ni elementos para analizarlas, no le entran a los asuntos con la profundidad que se requiere; simplemente votan conforme a lo que se acuerda en las reuniones internas previas de los partidos antes de las Sesiones del Congreso, en donde se expone y discute la postura final del partido. Por eso es evidente que el cabildeo de estas empresas, las más grandes e influyentes del país (y no sólo Televisa), se hace directamente a través de los grupos políticos, de los partidos políticos, de los tomadores de decisión política. 

A pesar de que los intereses privados sean los que quieren prevalecer sobre el beneficio de la ciudadanía, aún tenemos herramientas para hacernos sentir, para hacer valer nuestros derechos, y entre todos y todas llevar a cabo el proyecto de nación que queremos y que nos merecemos.

Entendiendo el monitoreo ciudadano como “una forma de participación ciudadana que consiste en la realización de ejercicios sistemáticos, independientes y planificados para observar, dar seguimiento y proponer mejoras sobre aspectos, como la manera en que los servidores públicos toman decisiones y utilizan los recursos públicos; cómo se generan y cuáles son los resultados de la gestión pública, su apego al marco legal y el cumplimiento de metas y planes estratégicos”[i], desde #CabildeoCiudadano les queremos compartir información sobre las discusiones de la Ley de Telecomunicaciones, como también las cuentas de Twitter de algunos servidores públicos que están relacionados con este tema.

La idea es que tomemos acciones, nos informemos, preguntemos, estemos atentos a las discusiones. Es hora de utilizar las redes sociales para hacer cabildeo, #DaleSeguimiento a los temas de la #LeyTelecom, porque es TU país y TU futuro los que están en juego. Ejerzamos nuestro derecho de acceso a la información, involucrémonos en el seguimiento de las decisiones de nuestros representantes y hagamos un monitoreo en donde la rendición de cuentas sea el pilar fundamental de los legisladores.

Iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones

//comunicacion.senado.gob.mx/index.php/telecom

Diputados que integran la comisión de Radio y Televisión

//sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/integrantes_de_comisionlxii.php?comt=47

Purificación Carpinteyro @PuriCarpinteyro

Adolfo Bonilla @FitoBonilla

Martha Gutiérrez @MarthaGtz

Simón Valanci @DipSimonValanci

Patricia Lugo @Patricia_LugoB

Beatriz Zavala @BeatrizZavala

Roxana Luna @RoxanaLunaP

Ana Lilia Garza @algcadena

Luisa Alcalde @LuisaAlcalde

 

Senadores que integran la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

//www.senado.gob.mx/comisiones/radio_tv_cine/integrantes.php

Alejandra Barrales @Ale_BarralesM

Itzel Ríos @SoyItzelRios

Javier Corral @Javier_Corral

Javier Lozano @JLozanoA

 

[i]Guía para el monitoreo ciudadano //www2.asa.gob.mx/ServletRepositorio?id=603

(imagen: //www.bylconsultora.com.ar)

 

Valery Rojas,

Politóloga y Blogger

@chanteler

 

& Laquo; Más viejo