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La reforma energética cambia drásticamente las condiciones para la competencia

Pemex en el libre mercadoLas reformas energéticas aprobadas parecen hechas como dictan los cánones del libre mercado: para favorecer la competencia, la calidad y el precio de los productos ofrecidos. Para llegar a esto, en las reformas aprobadas existen plazos y pasos a seguir para la apertura energética de México. La relevancia de estos plazos o “rondas” es porque en ellos están contenidos los tiempos y campos de acción que definen el futuro de Pemex, y de los cuales depende el marco de la competencia en el sector para hacerla una empresa más funcional.

Las consideraciones y lineamientos para la inversión pública y privada están a cargo de la Secretaria de Energía y en algunos casos favorecen a Pemex, pues incluyen los pozos petroleros más importantes para el país como el de Cantarell en Campeche (que hoy en día sigue ocupando el segundo lugar de producción mundial.)

El pasado miércoles 13 de agosto de 2014 se informó por conducto del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, los resultados de “La ronda cero.” De acuerdo con la información provista por el Secretario, Pemex operará el 83% de la explotación de hidrocarburos, lo que traducido a números significa que seguiría teniendo hegemonía económica frente a sus competidores que requieren costos eficientes para generar ganancias. Con esta regulación Pemex estaría en posición de explotar mil seiscientos millones de barriles de petróleo, generando una producción de 2.5 millones de barriles al día durante 20 años. A diferencia de las empresas privadas, Pemex usaría estos recursos para invertir en tecnología que le permita desarrollar los procesos de producción y refinación.

Sin embargo, la nueva política de licitaciones pone a Pemex en incapacidad para competir con las grandes empresas privadas extranjeras, pues llega en condiciones de desigualdad tecnológica y técnica para explotar pozos profundos. Esta desigualdad ubicaría de facto los 156 bloques que se ofrecerán en licitación prácticamente en su totalidad a una eventual inversión puramente privada debido a las carencias de la paraestatal mexicana.

Reformas como la energética cambian drásticamente las condiciones de competencia y, sobre todo, modifican de manera sustantiva el futuro de la vida económica del país. Con la promulgación de las leyes energéticas termina una era para México donde sus recursos naturales energéticos fueron considerados estratégicos y parte esencial del desarrollo público en manos del Estado mexicano. Si bien es cierto que en algunas áreas México se podrá beneficiar de una mayor inversión privada que generen empleos e incentiven el crecimiento económico, también hay que decir que el tema energético es sumamente conflictivo a nivel mundial y los intereses de las grandes corporaciones tienden a ser ajenos a los intereses de las poblaciones donde operan.

Con las reformas, Pemex debería aprovechar la oportunidad para pasar de ser una empresa pesada e ineficiente en todos sus niveles, a ser una empresa eficaz que pueda ofrecer dividendos a la economía de México; lo que implicaría reestructurase internamente y abordar con toda seriedad sus pasivos y temas como el del sindicato petrolero, que se ha convertido en un punto de corrupción sistémico que golpea su viabilidad como empresa. Con los cambios recientes, México pone a competir en el libre mercado a su empresa pública más importante con la consigna de ganar algo de un pastel que estará disputado por grandes especialistas; hecho que recuerda la finalización del modelo de sustitución de importaciones a principio de los 80 y que derivó en una fuerte crisis para la industria mexicana, producto de décadas de proteccionismo.

(imagen: //www.jornada.unam.mx)

Modelo noruego inspira la reforma energética

Reforma energética A pesar de que las reformas secundarias en materia energética ya han sido aprobadas, aún quedan muchas dudas sobre la manera en que serán utilizados los recursos que éstas generen para el beneficio de los mexicanos.

A pesar de la oposición, principalmente de los partidos de izquierda, el Senado aprobó el pasado miércoles 5 de agosto del 2014 las reformas con 78 votos a favor y 26 en contra. Las nuevas reformas permiten que empresas privadas exploten los recursos naturales del país y que participen en la producción de gas, áreas consideradas estratégicas y que eran prerrogativa exclusiva del Estado.

Entre las principales interrogantes o preocupaciones que generaba la reforma, y que no sucedieron, estuvieron la eventual desaparición de las empresas paraestatales Pemex y CFE. Si bien éstas seguirán operando bajo la tutela del Estado, quedan dudas sobre si el nuevo esquema, donde competirán con empresas altamente especializadas para ganar licitaciones o contratos, permitirá generar la misma cantidad de ingresos que en el marco regulatorio anterior.

Aunque es indudable que los cambios estructurales de esta actividad estratégica traerán modificaciones significativas, aún es pronto para anticipar los resultados finales a partir de su aplicación normativa a la realidad fáctica inmediata del país.

La reforma energética está inspirada en el modelo noruego y en “Statoil”, la cual es una empresa cuyo 67% es propiedad del estado noruego. En este modelo existe un fideicomiso que permite que las ganancias derivadas de los hidrocarburos sean transferidas de manera directa a los ciudadanos al momento de requerir pensión. Además, de los ingresos que se generan, sólo el 4% es integrado al gasto público o gasto corriente, contrario a lo que ocurre en México donde la mayor parte de los ingresos petroleros se utilizan para este rubro.

Uno de los ejes centrales retomados del modelo noruego es que Pemex no se privatice, si no que, como dice la propuesta presidencial, éste se transforme en “una empresa de servicios bien administrados, rentables y de real beneficio para los mexicanos”. Sin embargo, bajo el nuevo marco regulatorio se permite la intervención de empresas privadas para colaborar y/o ejercer totalmente actividades en la explotación, exploración y transformación de recursos naturales, y se permite la transferencia en la propiedad de los recursos energéticos para quienes lo extraigan, hecho que de facto es una privatización.

Se han discutido en muchos sentidos los efectos y repercusiones de la reforma en todos sus ámbitos de impacto. Aún habrá que esperar al menos 2 años para ver los resultados económicos de las nuevas regulaciones.

A diferencia de la situación noruega, en donde existen regulaciones claras y una población sustancialmente más pequeña (5 millones contra 118 en el caso de México), es necesario considerar los grandes problemas de corrupción que han caracterizado el manejo de las empresas públicas, y que aún con la reforma no se prevé que cambie sustantivamente. Una vez más, otra reforma de gran calado (como ocurrió con la de telecomunicaciones y la laboral) se caracteriza por no ser transparente, porque el secreto bancario protege los movimientos del fideicomiso creado para el aprovechamiento de las ganancias energéticas, abriendo la posibilidad que no se sepa cuánto se gana y a qué se destinan los recursos. Es un tema delicado pues se está ante una reforma que cambia estructuralmente la forma en la que México explota sus recursos energéticos pero no la forma en que México administra las empresas públicas y los recursos que generan, en teoría, para el beneficio público, dejando abierta la puerta a una tradición de corrupción altamente arraigada, y poco castigada y combatida.

(imagen: //mexico.cnn.com)

Cada mexicano “debe” al nacer $109,555 pesos.

Deuda pública de PemexPara México, los ingresos petroleros representan uno de los puntos más importantes dentro de la economía, ya que éste sector aporta el 10% del Producto Interno Bruto.

Con 331 votos a favor y 129 en contra, la semana pasada se aprobó el tercer dictamen de las leyes secundarias en el tema de la reforma energética. Entre los múltiples cambios que se esperan en la conformación de nuevas reglas del juego, se aprobó una en particular que ha llamado la atención y que no estaba prevista en las discusiones generales de las reformas. Esta novedad está relacionada con los pasivos de Petróleos Mexicanos y la aprobación para ser transformados en deuda pública, o lo que es lo mismo, una deuda que será pagada por todos los mexicanos sin que la gran mayoría haya votado o participado en su engradencimiento por malos manejos y corrupción. Para ponerlo en perspectiva, con esta nueva deuda acumulada a las ya existentes, cada mexicano “debe” al nacer $109, 555 pesos.

Al igual que Pemex, y dentro del contexto de los cambios en materia energética, también CFE será parte de estas modificaciones estructurales que, para efectos de la deuda pública, están enfocados  en dos sectores: contratos colectivos y jubilaciones.

Los contratos colectivos están íntimamente ligados con las jubilaciones, y una de las condiciones para que el gobierno federal pueda absorber los pasivos de Pemex como deuda pública es modificar el sistema de contratos colectivos, ya que éstos son manejados por individuos y no como un colectivo.

Históricamente, parte de esta deuda es resultado de una mala administración del gobierno federal, el cual se ha endeudado en diferentes momentos para tratar de sortear malas políticas económicas y fiscales. Algunos de los acontecimientos históricos más trascendentes en la línea de endeudamiento sucedieron durante los mandatos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Tampoco se puede omitir el caso del Fobaproa durante el sexenio de Ernesto Zedillo, quien rescató a los bancos pasando sus pasivos a deuda pública, gastando el 20% del PIB en dicha tarea. En contextos de crisis económica y en la búsqueda de reestructurar la deuda externa del país, gran parte de ésta fue convertida en pública.

Si bien para México no es tema nuevo que grandes pasivos sean transformados en deuda común, lo que sí es de resaltar es que, a pesar del avance democrático del país, no se tengan acciones legales contra los responsables del crecimiento de los pasivos. A pesar de la necesidad de que algunos de estos sean absorbidos como deuda pública ante el mal que representan y el daño que podrían ocasionar en caso de no atenderse, esto no tendría que ser un impedimento para que aquellos irresponsables o beneficiarios de estas políticas de endeudamiento queden impunes o en el anonimato.

En el caso de Pemex es un secreto a voces la opulencia en que se desenvuelven el líder petrolero y hoy senador Carlos Romero Deshcamps y su familia, sin embargo, no hay ningún proceso en su contra ni se está discutiendo a fondo el dinero que el sindicato recibe y que debiera ser fiscalizado como todo dinero público. En este sentido, otro cabo suelto más dentro de la reforma que pretende dar certidumbre a la política energética pero no a los ciudadanos sobre el manejo de las finanzas de las empresas estatales y las organizaciones que reciben dinero de todos los mexicanos y no rinden ningún tipo de cuentas.

(imagen: www.hilodirecto.com.mx)

El hambre: una limitante para la democracia.

Cruzada Nacional Contra el Hambre(imagen: //fotos.libertadguerrero.net)

La necesidad y el hambre son de las principales limitantes para el desarrollo ciudadano, y por ende democrático. En la República Mexicana se estima que 28 millones de personas padecen hambre, esta problemática motivó a que el presidente Enrique Peña Nieto propusiera el 21 de enero del 2013 la “Cruzada contra el hambre“, un programa para combatirla a través de la suma de esfuerzos administrativos.

Esta medida tiene como objetivo focalizar esfuerzos en combatir la pobreza extrema, que es la que más lastima al país en cuanto a las limitantes que una mala alimentación marca en poblaciones determinadas. Es importante señalar que la pobreza es multidimensional y no se limita a indicadores como el ingreso o el gasto, es una condición en la que intervienen múltiples factores como acceso a la salud, educación,  servicios, vivienda y, desde luego, alimentación.

La Cruzada Nacional Contra el Hambre parte de la premisa de la alimentación y una correcta nutrición como punto de partida  para el mejoramiento del resto de las dimensiones; a través del fortalecimiento del capital físico y humano de la población, y con el apoyo de otros programas sociales, puede darse una salida productiva a la pobreza.

En resumen, esta propuesta tiene cuatro puntos importantes que le dan forma a la estructura y a lo que pretende solucionar:

1-Esfuerzos focalizados en los 400 municipios más pobres del país.

2-Corresponsabilidad en todas las dependencias gubernamentales.

3-Estrategias sociales enfocadas a las capacidades productivas.

4-Los beneficiarios estarán incluidos en la transformación.

Estos cuatro puntos parten de la riqueza que México tiene como país y de la existencia de recursos suficientes para combatir los problemas de hambre. Como parte de los esfuerzos existen varias fundaciones como “La fundación cero hambre”, “La asociación Mexicana de bancos de comida” y, “Un kilo de ayuda”, entre otras. Estas organizaciones no gubernamentales tienen como propósito el uso de cooperativas agrícolas que permitan el sustento de quienes producen, pero también que dichas cooperativas puedan vender sus productos para generar recursos, siendo un programa que busca generar un círculo virtuoso, no sólo para erradicar la pobreza multidimensional extrema, sino para promover proyectos y actividades productivas.

Cabe resaltar que la estructura jurídica está presidida por la Secretaría de Desarrollo Social, pero al ser multisectorial incluye la participación de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Turismo. Que junto con sus aparatos descentralizados suman esfuerzos en la búsqueda de cumplir con los objetivos.

El hambre es un problema que tiene manifestaciones en todas las esferas sociales y por obvias razones, en la naturaleza biológica humana. En un país como México es un problema que no ha logrado erradicarse a pesar de los programas sociales de los últimos sexenios, y es de suma importancia porque es indicador de una pobre política distributiva. Sin embargo, el mayor problema del hambre es que hace a las millones de personas que la padecen incapaces no sólo de tener una vida digna, sino de participar en la vida pública. Este hecho es trascendental porque no puede existir democracia en un lugar donde no se tienen satisfechas las necesidades más elementales, y donde todo esfuerzo humano está orientado a la supervivencia más elemental. El hambre no es sólo un programa que afecta a quien la padece, sino a todo el país donde los millones que la sufren amenazan la legitimidad y el funcionamiento del sistema en su conjunto.

Mama RosaLa fragilidad del Estado de Derecho es la principal fuente de la desconfianza entre ciudadanos y principal enemiga de la democracia. La semana pasada fueron “rescatados” por un comando armado 458 menores de edad del albergue “La Gran Familia” ubicado en Zamora, Michoacán. La encargada del albergue, Rosa Verduzco, conocida como “Mama Rosa”, fue detenida en medio de un vistoso operativo que incluyó medios de comunicación y la exhibición de la Sra. Verduzco como una criminal ante el público sin haber pasado por el debido proceso y el respeto de sus garantías más elementales.

La casa hogar, que en su página web menciona contar con subsidios oficiales y convenios con organismos públicos de todos los niveles y de atender a personas de escasos recursos, no se daba abasto para atender a los jóvenes que lo habitaban. Lo que llama la atención es el tipo de delitos que se le imputan a Rosa Verduzco, a quienes muchos intelectuales y personalidades del país como Krauze, Poniatowska, Lázaro Cárdenas Batel, Vicente Fox, e incluso el nobel francés de literatura Le Clezio califican como una luchadora social.

Los delitos que se le imputan a Mama Rosa son:

  • Adopciones ilegales (Tratado Internacional de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas)
  • Explotación sexual (art. 201 del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos)
  • Explotación laboral (art. 5 de la Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos)
  • Tráfico de órganos (art. 156 bis del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos

Estos delitos hablan principalmente de dos cosas; como se puede observar, la naturaleza de los crímenes que se le imputan a la responsable del lugar distan de tener un impacto menor, pero no deja de llamar la atención las irregularidades con que la autoridad actuó. ¿Por qué lo hizo hasta este momento?. Si realmente existieron dichas violaciones y acusaciones, por qué no presentarlas en primer lugar ante la autoridad judicial competente antes de hacer un linchamiento mediático que ha despertado la reprobación con razón de un grupo significativo de ciudadanos quienes piden se respete la figura de Rosa Verduzco.

El tema no es menor en un momento donde Michoacán vive una degradación de las funciones estatales a manos de grupos criminales y donde acciones policiales bajo la sobreexplotación mediática desproporcionada parecen buscar la legitimidad perdida en la lucha contra el crimen. Ante este escenario, Rosa Verduzco luce como chivo expiatorio de una política estatal que no ha dado resultados en materia de seguridad, y donde ciudadanos como José Manuel Mireles, líder de las autodefensas michoacanas, se encuentra preso, mientras que “La Tuta”, líder de Los Templarios, continúa en libertad. El caso de “La Gran Familia” parece seguir la misma ruta de un gobierno que busca restaurar la confianza a partir del encarcelamiento de líderes sociales surgidos de la necesidad de resarcir el daño ocasionado por las omisiones desde el poder.

(imagen: //media.proceso.com.mx)  

Recursos, conocimiento, tiempo y alianzas sostenibles entre OSCs y empresas para el beneficio de la ciudadanía

Cuarto Sector

(imagen: //www.innmentor.com)

Anteriormente hemos mencionado la importancia de la RSE y la sostenibilidad. En el caso particular de las OSCs uno de sus talones de Aquiles es precisamente la sostenibilidad. Cuesta mucho acceder a recursos, tanto públicos como privados, y cada vez nacen más organizaciones que aplican para los mismos fondos.

Las OSCs se encuentran cada vez más ante la necesidad de generar alianzas y diversificar sus fuentes de financiamiento para incidir en la esfera pública; es decir participar de diseñar, monitorear, implementar y evaluar las políticas públicas que atañen a su sector (tercer sector), así como las políticas que impactan a sus grupos vulnerables. En ese sentido, según Antonio Vives, el tercer sector tiene la capacidad de contribuir a través de su imparcialidad, el conocimiento de la problemática in situ, su pasión y su buena voluntad. Pero lamentablemente suelen ser organizaciones con poca capacidad financiera, preocupadas por su supervivencia, desarticuladas, cada una por su cuenta[1]. Otra cuestión a atender es que como pueblo necesitamos urgentemente una intensiva educación ciudadana y de participación social, que nos enseñe los caminos por recorrer y la fuerza de la acción colectiva organizada.

La desarticulación que menciona Vives no sólo se refiere al rol de las organizaciones per se, si no también al hecho de que el surgimiento de la mayoría de las organizaciones no contempla un análisis que en el caso de los negocios sería más que obvio: el análisis FODA, que toma en cuenta a los mercados emergentes, la competencia, las oportunidades, amenazas y fortalezas, y que de aplicarse en la mayoría de los casos, plantearía a las organizaciones un panorama totalmente distinto. Y es que al ser las OSCs instituciones sin fines de lucro, varias veces suelen pelearse con cualquier concepto que suene a negocio. Sin embargo, las herramientas de negocio orientadas a fines sociales son las que, de ser bien aplicadas, pueden llevarlas a cumplir sus metas de manera efectiva y optimizando los recursos para garantizar su sostenibilidad.

La RSE es también un punto de encuentro entre los tres sectores: el público, el privado y las organizaciones; una oportunidad perfecta para confluir y generar alianzas que beneficien a la ciudadanía. Lamentablemente, muchas veces dichas alianzas suele ser constituidas para problemas puntuales donde se generan conflictos de intereses, teniendo una duración muy corta[1]. De cierta manera estos problemas se deben también a visiones cortoplacistas y de aprovechar el momento de coyuntura sin intenciones de generar relaciones a largo plazo y sostenibles. Entrevistamos a Giovanna Morales, co-autora del Manual de Incidencia en Políticas Públicas publicado por Alternativas y Capacidades. En cuanto a la RSE como punto de encuentro entre OSCs y empresas nos comentó lo siguiente: “Me parece muy importante delimitar, separar las funciones de mercadotecnia de las funciones de responsabilidad social en las empresas. Haciendo un análisis de las experiencias que hemos tenido con las empresas y con su área de RSE, nos encontrábamos casi siempre con que era una área de marketing, osea no había un interés real en cambiar nada o el hacer incidencia real si no que muchas veces era nada más para dar una buena imagen hacia el exterior”. Por eso, hoy en día también se critica la actitud de muchas empresas hacia la RSE, ya que éstas no ven la responsabilidad social como uno de los pilares de su actuar, si no más bien como un distintivo accesorio o herramienta de mercadotecnia.

Empresas para la incidencia ciudadana: empresarios como motor de cambio social

El cuarto sector surge en un momento de coyuntura política y social, y como respuesta a un cambio de percepción en las generaciones “Y” y “Millenials” acerca del empleo, calidad de vida, comunidad y compromiso social. Pero dicho sector no ha surgido de la nada, parte del proceso ha sido la búsqueda de estructuras más flexibles y al mismo tiempo más sostenibles para las labores sociales. Un paso previo al cuarto sector son las Fundaciones Comunitarias o FCs, organizaciones civiles formadas por empresarios que canalizan recursos para atender necesidades regionales.

En palabras de Giovanna Morales, el cuarto sector “es necesario, muchos de los esfuerzos que han sido exitosos y que han tenido más fuerza han sido por la alianza entre ciudadanos de a pié y empresarios. Y creo que además son un actor principal porque tienen un lugar reconocido y un peso importante en la sociedad que a veces los ciudadanos solos no tenemos. Hay muchos ejemplos, y uno es el de FECHAC, una de las organizaciones más importantes y más influyentes en términos de incidencia en política pública… quienes no sólo han logrado generar cambios, si no generar una base de donativos importantes con ayuda del gobierno sin que eso signifique que no puedan incidir. No está peleado el recibir donativos del gobierno con hacer incidencia.”

El cuarto sector, retos y oportunidades

Las organizaciones se formaron bajo estructuras que, ante los cambios sociales, el avance de las tecnologías, la inmediatez en las comunicaciones, etc., tanto ellas como las empresas suelen moverse de un lado a otro buscando formas más sencillas de atender las necesidades de sus mercados, de manera que puedan adaptarse a las demandas de la sociedad. Algunas empresas han dedicado más recursos para proveer beneficios sociales y medioambientales, y al mismo tiempo las organizaciones comienzan a adoptar herramientas del sector privado para incrementar sus ingresos y volverse más sostenibles.

Con la aparición de la denominada Empresa Social[1] todavía no queda claro qué figura jurídica tomará el cuarto sector para distinguirse del resto de los sectores y beneficiarse de los mejores aspectos de cada uno. El cuarto sector tiene mucho potencial para la incidencia, pues cuenta con los recursos de las empresas privadas y con el conocimiento sobre causas sociales y grupos vulnerables de las organizaciones, lo cual le da mucho más espacio y recursos para maniobrar sin depender de financiadoras o donantes privados. Otro factor importante es el tiempo. Para realmente lograr cambios estructurales en una sociedad se necesitan muchos recursos, pero también llevar a cabo programas que se vuelvan una constante a lo largo del tiempo. Al depender principalmente de recursos públicos en los tiempos de gobernatura local, que cambian cada 3 años, aunado a los procesos y tiempos que toma aplicar para esos fondos y recibirlos, las organizaciones difícilmente pueden llevar a cabo programas que traten a las problemáticas de raíz, y por periodos de tiempo necesarios para incluso poder medir su impacto social. La atemporalidad y optimización de recursos de las empresas sociales podría  ser un motor de cambio para llevar a cabo programas de mayor impacto social y con el tiempo suficiente para medirlos, evaluarlos e incluso replicarlos en otras regiones.

Es por eso que en #cabildeociudadano buscamos proveer a la sociedad civil de herramientas empresariales para optmizar sus recursos y alcanzar sus metas, de manera que, el tercer sector con figura jurídica de OSC o IAP y las emergentes empresas sociales, contribuyan a la sostenibilidad de ambos sectores y utilicen las mejores características de cada uno para el beneficio de la sociedad.

 

Bibliografía:

Antonio Vives: El cuarto sector: empresas nacidas con responsabilidad.

Daniel Goldman: Entendamos qué es el Cuarto Sector.

Entrevista en línea con Giovanna Morales (26/06/2014): La RSE y la incidencia.

[1] (INNMENTOR)

[1] (Antonio Vives).

[1] Antonio Vives: El cuarto sector: empresas nacidas con responsabilidad.

 

Julia Romero

Comunicóloga y Maestra en Educación Intercultural

@Sashantia1

 

¿Cómo afecta la Ley de Telecomunicaciones a la democracia en México?

Ley de TelecomunicacionesLa semana pasada se aprobó la Ley Federal de Comunicaciones con claroscuros que ponen en entredicho los verdaderos intereses que la impulsaron. Entre los avances positivos que la reforma contiene están aquellos que benefician directamente el bolsillo de los usuarios de telefonía móvil, que, aunque importantes, es difícil entender por qué cosas como consultar el saldo o crédito del teléfono tenía un costo en algunas empresas. Entre los cambios que entrarán en vigor en 2015 están la obligación de no cobrar por preguntar dicho saldo, no cobrar tarifas de larga distancia ni de roaming y la vigencia del saldo en celular (al pasar de 2 meses a 12), notificación a los usuarios cuando cambien las condiciones de sus contratos y la posibilidad de cancelarlos cuando esto ocurra.

Sin embargo, con los beneficios también llegan las dudas y amenazas sobre los riesgos potenciales que las reformas aprobadas pueden traer consigo, y curiosamente la parte negativa no impacta en los bolsillos pero sí en las reglas del juego democrático. Entre las principales están: la requisa de los medios de comunicación en vías generales de comunicación cuando la seguridad nacional o interna estén amenazadas, la legalización del espionaje para apoyar a la justicia y la censura de contenidos audiovisuales a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Sobre la requisa de los medios de comunicación cuando el Estado tenga por obligación salvaguardar el orden y la seguridad pareciera ser algo lógico y natural a fin de retomar el control y el orden. Sin embargo, no deja de ser preocupante en un país donde las protestas y manifestaciones sociales tienen lugar en las vías generales de comunicación, no por gusto o necesidad, sino porque históricamente México no ha logrado construir la institucionalidad que permita dar solución a muchos de los problemas que no tienen otro camino que no sea la protesta pública y la visibilidad que otorgan las manifestaciones de esta naturaleza. La aprobación de la ley en los términos en los que está es prácticamente la legalización de un “estado de sitio” electrónico, con todos los riesgos que esto implica en materia de generación de información y visibilidad de los problemas y en el tratamiento de éstos por parte del Estado.

Otro de los problemas no menos alarmantes es la posibilidad de intervenir cualquier comunicación privada con aprobación judicial bajo petición de los cuerpos de seguridad. Igualmente, la producción de contenidos audiovisuales estarán a cargo de la SEGOB y no del instituto autónomo creado para esos fines. Asociar la aprobación de contenidos audiovisuales al poder político no es sano ni democrático en aras de garantizar la libertad de expresión. Hoy en día la Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de decir qué se aprueba y que no, qué es válido y qué no lo es.

Las dudas y alarmas que despierta la reforma no son gratuitas; el régimen actual es heredero del sistema de partido hegemónico que gobernó México durante buena parte del siglo XX, y, a pesar del discurso, no parece ser que haya cambiado sustancialmente el ADN que lo caracterizó a lo largo de los sexenios. En el fondo tampoco puede atribuirse a que sea un problema de partido, sino a la constitución y forma de ser de la práctica política mexicana y el ejercicio del poder. Es en esta naturaleza donde la ley de telecomunicaciones tiene sus riesgos, ¿cómo no ser suspicaces al respecto si en el pasado se han cometido grandes atropellos aún con la leyes “buenas”?

Aunque si bien se puede alegar sobre los beneficios de la reforma y de los candados que posee para que no ocurran atropellos, tampoco hay que olvidar que México no ha logrado consolidar la democracia y estas condiciones ponen en riesgo el proceso de hacerlo al no tener elementos sólidos de rendición de cuentas, evidenciados en una alta tasa de impunidad entre la clase política.

(imagen: //revistainsighters.com.mx)

Internet: un medio de libertad de expresión y acceso a la información para la articulación ciudadana

Ley de telecomunicacionesRecientemente se aprobó en lo general la ley federal de comunicaciones, y esta semana se discutirá en sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores. La ley secundaria en materia de telecomunicaciones que se ha trabajado y discutido desde la aprobación de la reforma constitucional ha estado plagada de debates acerca de cómo abordarla en función del poder que ejercen los agentes económicos del sector en los asuntos públicos.

No es un misterio la concentración de los medios que existe en México; de hecho son 5 familias las que controlan más del 80% de la cobertura mediática en el país. La importancia de este hecho es que se convierte en un filtro para las expresiones, y por lo tanto para el debate público. Si no se tiene acceso a los medios difícilmente pueden expresarse las demandas en la esfera pública.

Es aquí donde el internet ha jugado un papel preponderante los últimos años. Si bien el país tiene una tasa de penetración de internet de poco más de 50 millones de usuarios, la red de redes ha sido el canal para poner en la discusión general temas que no han tenido cobertura en los medios tradicionales, muchas veces incluso llegando a posicionarlos. Esta condición ha sido posible porque no hay un línea editorial, un gerente o un contralor que filtre la información. En internet se puede encontrar la información tal cual ocurre y, en principio, sin filtros.

La proliferación de información plural en internet tiene que ver con su condición de neutralidad, es decir, la capacidad que tiene todos los individuos al acceso de contenidos y a participar en las comunidades digitales. El problema del dictamen que se discutirá esta semana es que la neutralidad de internet se compromete con los controles que el Estado pretende establecer.

Entre estos problemas está el control de información que se propone a los proveedores de servicios para que guarden la información de los usuarios hasta por dos años. Esta situación es una clara afrenta a la privacidad de los usuarios y, desde luego, una insinuación a la práctica de espionaje de cualquier persona que tenga un celular. Situación muy similar a lo que hoy sucede en Estados Unidos y que ha sido ampliamente denunciada en medios internacionales.

Otro de los temas preocupantes es la legalidad de bloquear las señales de telecomunicaciones de lugares geográficos concretos en momentos determinados. En otras palabras, el gobierno estaría en facultad de restringir el acceso al internet y todo lo que representa, por ejemplo en marchas o en eventos masivos.

Estos elementos sin duda vienen a ejercer controles excesivos, prácticamente Orwelianos, en momentos en donde la cultura digital es una realidad y ha servido como válvula de escape a un gobierno que ya no puede controlar todo lo que se dice. El mayor contrapeso de las acciones gubernamentales es la transparencia con que se tiene acceso a la información, tanto de programas de gobierno como de acciones concretas de los cuerpos estatales.

Internet no se trata sólo de música o videos, es la red que ha permitido la articulación ciudadana y hasta ahora ha sido territorio neutral. Internet es también una red que homologa las diferencias y desigualdades que se dan en las plataformas tradicionales. La reforma de telecomunicaciones pone el dedo en la llaga de un tema central en la joven democracia mexicana: la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin duda la discusión está abierta, y no sólo en el tema de internet, también en la concentración de los medios, que se traduce en acceso a nuevos competidores y por ende de nuevas voces y más oferta informativa, elementos cruciales en cualquier nación que busque ser desarrollada.

(imagen: //3.bp.blogspot.com)

Fundaciones Comunitarias: vínculo entre empresas y sociedad para la construcción de ciudadanía

FECHAC(imagen: //i.oem.com.mx)

En nuestra entrada sobre la #CumbreCiudadana mencionamos la importancia que tiene para los procesos participación social, que las empresas se vuelvan más sociales y las OSC´s sean más sostenibles.

Hay ocasiones en que, con afán de categorizar y diferenciar los conceptos que atañen a la sociedad, olvidamos que, a pesar de que cada uno de nosotros cumple un rol diferente dentro de ésta, somos parte del todo que la conforma. Tendemos a ser agentes disociadores en lugar de integrarnos y trabajar colectivamente.

Es por esto que, al momento de plantearnos un proyecto de construcción de nación, es indispensable que pensemos en espacios comunes que nos permitan establecer las acciones que cada actor va a llevar a cabo, para que finalmente el interés general, es decir el bienestar de la sociedad, predomine sobre los intereses particulares (que lamentablemente en la mayoría de los casos, direcciona las decisiones políticas.)

Una de las razones por las cuales dejamos que esto suceda es que nos falta ¨pensar en el lugar del otro¨. Esta premisa forma parte de la definición de racionalidad de Kant, donde establece la importancia de reconocer que tal vez el otro puede tener la razón ¿Qué hacemos para ponernos en el lugar del otro?

El primer paso para ponernos en el lugar del otro es escucharlo. En el momento en que se abren espacios de diálogo entre las partes, en este caso OSC´s y empresas, cada una puede conocer un poco más del funcionamiento de la otra y de las necesidades reales que cada una de ellas representa. En la mayoría de los casos, estos espacios se dan sólo en la coyuntura electoral. Sin embargo, así como la participación ciudadana no se reduce simplemente a un voto, el trabajo de Responsabilidad Social e incidencia en políticas públicas tampoco tiene que estar netamente ligado a los procesos electorales, o limitarse a una relación donante-donatario.

En este punto entran en escena las Fundaciones Comunitarias (FC´s), que como ya hemos mencionado en nuestras entradas, son organizaciones que vinculan a los sectores público, privado y sociedad civil, es decir, empresas, gobiernos locales y federales, ciudadanos, y academia para resolver las problemáticas de la región. Una nueva forma de organización que está generando un impacto positivo para el empoderamiento de la comunidad.

Este tipo de fundaciones ha logrado que se comiencen a separar las funciones de mercadotecnia de la función social de las empresas. En los últimos tiempos, la RSE ha tendido a convertirse en una moda que no busca una incidencia real, sino que ha sido una estrategia socorrida por algunos empresarios para lograr su competitividad y la diferenciación de sus productos. Con las iniciativas de las FC´s se ha logrado que las empresas construyan ciudadanía; y más allá de sólo crear empleos y generar riqueza, también busquen multiplicar actitudes, hábitos y realidades que conduzcan a la mejora de la sociedad.

La Fundación del Empresariado Chihuahuense FECHAC es un ejemplo de FC’s en México. FECHAC se ha dedicado a impulsar la RSE en las empresas del estado de Chihuahua. Más de 32.000 empresarios utilizan esta fundación para que su apoyo a la comunidad sea efectivo. FECHAC atiende las necesidades críticas de la comunidad en materia de educación básica, salud preventiva y formación de capital social; promueve un trabajo colaborativo entre empresarios, gobierno y sociedad civil a través de más de 3.300 proyectos.

Éste es sólo uno de múltiples ejemplos de los avances que se están realizando en México en cuanto al cambio de paradigma de la RSE. FECHAC amplía el concepto de empresa responsable y la define como una que cumple, como mínimo, con la normatividad y sus obligaciones legales, considera a sus empleados como el capital más valioso, está conformada por personas socialmente responsables, está sensibilizada con la problemática social de su comunidad, conserva el medio ambiente y compite con lealtad.

¿Qué otros Fundaciones Comunitarias conocen? Los invitamos a participar para que juntos nos informemos de cada uno de los esfuerzos que se están realizando por la construcción de una sociedad mejor organizada.

Valery Rojas,

Politóloga y Blogger

@chanteler

El problema de la salud en México es multidimensional

#yosoy17(imagen: www.redpolitica.mx)

A diferencia de los sexenios anteriores, la Secretaría de Salud federal ha asumido una política de mutismo en lo que va de esta administración. Temas relevantes como las epidemias o la necesaria reforma del sistema de salud han sido deliberadamente minimizados en la agenda pública. Sin embargo, los medios digitales brindan la oportunidad de dar visibilidad y atención a problemas que antes difícilmente trascendían. En años recientes hemos visto movimientos sociales reforzados en las redes sociales que han permitido conocer y mantener en la agenda pública situaciones a las que incluso los medios tradicionales no daban cobertura.

En las últimas semanas hemos visto el surgimiento de una manifestación social que ha logrado posicionarse en medios gracias a su presencia en redes. En esta ocasión tocó el caso de los médicos de Guadalajara quienes conformaron el movimiento #YoSoy17, el cual apoya a los 16 galenos que se encuentran en juicio acusados de negligencia médica ante una situación de emergencia y por no cumplir con los procedimientos burocráticos.

Esta situación pone nuevamente el dedo en la llaga de la burocracia y del rebase que muchas instituciones sociales viven en el país. El caso de la salud pública es un tema capital en razón de la importancia que representa que la población tenga acceso a servicios públicos de salud de calidad. El problema de la salud en México es multidimensional y puede ser abordado y analizando desde diferentes ópticas: el acceso, la infraestructura o desde las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector. Todas estas dimensiones afectan el resultado final, que es la salud de los mexicanos, y todos son reflejo de la planeación y la ejecución de políticas específicas.

Si se habla de las condiciones laborales de los médicos es necesario recalcar la situación en las que éstos trabajan. En muchos puntos de contacto con el paciente, los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen. En los últimos años las políticas de universalización de salud como el Seguro Popular han terminado por sobrecargar las ya de por sí sobredemandadas unidades de salud, dándole acceso a más y más pacientes sin que la infraestructura crezca en proporción de la demanda. Los grandes perdedores son los pacientes, pero tal como lo expone el #YoSoy17 los médicos también han resentido la burocratización del ejercicio médico por sobre la prestación del servicio.

En esta situación se encuentran también los recientes casos de negligencia en varios puntos del país que han costado la vida a derechohabientes o que han dejado sin atención a gente en situación de urgencia. Más allá de efectuar un enjuiciamiento a la parte más visible del engranaje de salud, es decir los médicos, es necesario repensar la política entera y sobre todo dar congruencia y viabilidad a un sistema que está rebasado en muchos niveles.

La adecuación consistente del sistema público de salud debe estar acorde a las exigencias y realidad del país, hecho que requiere la adecuación del marco jurídico y el otorgamiento de garantías a quienes laboran en él y, desde luego, a los pacientes. El movimiento #Yosoy17 sirve en el sentido de volver a discutir no tanto lo que queremos, en este caso, salud de calidad, sino la forma en que está construido un sistema y las carencias que presenta.