En las últimas semanas mucho se ha analizado y dicho sobre la legalidad y legitimidad de las llamadas Autodefensas de Michoacán y si éstas son necesarias para la contención del crimen organizado o bien representan una amenaza para el Estado, sus instituciones y en general de la democracia.
Hace algún tiempo, por allí en 2009, se le escuchó a Germán Martínez, entonces presidente del Partido Acción Nacional que su objetivo político era “guanajuatizar” a México. Nadie entendió a qué se refería exactamente con ello, pero levantó amplias discusiones en los círculos políticos. Desde las bromas sobre el conservadurismo político, hasta su pretensión de pintar de azul las elecciones de dicho año (cosa que no consiguió). Pero el hecho quedó como una anécdota curiosa. Lo cierto es que hay estados de la República que, por su importancia, por sus circunstancias o por su situación actual, se convierten en verbos, en lugar de nombres propios; y uno de ellos es Michoacán. Pero no es cosa menor hablar de la “michoacanización” del país, puesto que el verbo que parece sacado de la política ficción, es en realidad, uno de los mayores riesgos que enfrenta la seguridad pública en todo el territorio nacional.
Mucho se ha hablado acerca de los riesgos que trae la administración de la justicia por cuerpos y organizaciones privadas y ajenas al estado. Ya se había establecido que una de las principales características que constituyen al estado es “el monopolio del uso legítimo de la fuerza” (Max Weber) y cuando esto falla, entonces lo que falla es el Estado mismo. Potencialmente a eso se enfrenta la nación cuando las autodefensas son legalizadas e incorporadas como una organización más del sistema político; no se hace por que ya se tenga control sobre ellas, sino que se hace – como medida desesperada – para tener control sobre ellas de manera efectiva.
El riesgo de la “michoacanización” de México es latente: basta voltear la mirada al estado de Guerrero (vecino de Michoacán) en donde el Gobierno estatal dotó de legalidad y tolerancia a las policías comunitarias, otorgándoles recursos del erario para su propio sostenimiento. La pregunta entonces es: ¿quién controla a los grupos autónomos que deciden tomar la justicia por su propia mano? El dilema es mayor cuando el Estado ha probado fehacientemente que no tiene capacidad efectiva de hacer frente al crimen organizado, pero la legalización de la justicia privada tampoco parece ser la vía más eficiente de resolver el problema. Aún así, el riesgo mayor es que este fenómeno comience a esparcirse por más entidades y que se vuelva entonces un cuerpo paramilitar creciente fuera de los límites legales del gobierno. Recordemos lo que pasó con las FARC y las zonas liberadas en Colombia. Sin duda que los estados y la federación han dado un paso audaz al incorporar a estas organizaciones al sistema, pero allí puede entonces difuminarse la delgada línea que separa la legitimidad de la venganza.
(Foto: www.noticias.starmedia.com)
Decía la vieja frase del político Jesús Reyes Heroles – la cual afirmó hace algunos años – que en la política mexicana “la forma es fondo”. Lo anterior quiere decir que a veces la manera de hacer las cosas tiene igual importancia que la sustancia de las cosas mismas. Y ello en el terreno político actual no es ajeno ni extraño a los actores del presente. Si la frase es correcta y la forma es fondo, entonces se deben analizar y comentar algunos aspectos de los políticos modernos en los cuales se demuestra lo anterior.
Los actores políticos gustan de estar en los reflectores públicos, de hecho, el ágora termina donde llega la voz y los medios de comunicación han ayudado a extender el ágora. Lo cierto es que algunos que han terminado sus periodos legales les cuesta mucho trabajo aceptar su nuevo rol. Un ejemplo es el del ex Presidente Felipe Calderón, que ha obviado la regla no escrita en la que los ex mandatarios desaparecían de la escena política y se negaban a hacer comentarios de sus sucesores. No es gratuito que Calderón reaparezca en la escena política, y comente sobre el desempeño del gobierno actual; como tampoco es casualidad que lo haga en plena lucha por la renovación de la dirigencia panista. En este caso, como dice el dicho, la forma sí es fondo.
Otro ejemplo claro es la apertura del periodo de sesiones del Congreso General. Los diputados y senadores han agendado una serie de dictámenes a discutir en la primera sesión del mismo. En el caso de los diputados se enlistan el dictamen de Código Único de Procedimientos Penales y la Ley Secundaria de Servicios Ferroviarios. ¿Por qué la urgencia de aprobar dictámenes de esta naturaleza en tan corto tiempo? Para entender lo anterior hay que referirse entonces a la vieja frase de Reyes Heroles: la forma es fondo. La rapidez, la urgencia es un mensaje de quien define la agenda pública.
El viejo dicho es correcto en la mayoría de las ocasiones y se debe aprender a leer que la manera de hacer las cosas es casi tan importante (o en algunos casos más importantes) que las cosas mismas. El “modus operandi” del político es un reflejo de las motivaciones que lo llevan a actuar. El siguiente paso del análisis político entonces, es comprender dichas causas para poder predecir cuáles serán las conductas futuras. Allí radica el éxito de hacer una lectura precisa de la coyuntura política y adelantarse a los tiempos antes que las cosas pasen.
La semana pasada – en esta misma entrega – se estableció la importancia de lo que está acontenciendo en Michocán, específicamente por el desafío al Estado de Derecho por parte de los grupos de “autodefensas” y del crimen organizado, y lo que ello podría representar en términos del precedente que se sienta con ello para el resto de los estados de la república que enfrentan problemáticas similares; quizá menos agudas, pero con raíces y causas semejantes.
Luego entonces la opinión e imagen pública de México es dual. Por un lado se tienen los problemas que se describieron anteriormente sobre la violencia, pero al mismo tiempo, en la prensa se reportan los enormes avances y las buenas noticias que provienen desde Davos, Suiza: la inversión de más de 5,000 millones de pesos por parte de la empresa trasnacional Pepsico en México; la aceptación de la reforma energética mexicana en el mundo, y la popularidad de México actualmente como un país que apuesta a futuro (la juventud y carisma del Presidente Peña es uno de los pilares de esta última imagen).
El contraste es abrumador: mientras que en Davos felicitan al Presidente Peña por las reformas y se anuncian inversiones en el país, en Michoacán se desafía flagrantemente al estado – definido por Max Weber como el “monopolio del uso legítimo de la violencia física” – y el gobierno negocia con grupos paramilitares armados. Sin embargo, a pesar de la difícil situación de inseguridad, la economía parece comenzar a fluir, aunque lento, pero nuevamente en el país.
Esta dualidad no es nueva; es algo que se ha mantenido bajo un delicado balance durante muchos años: México al mismo tiempo es miembro de la OCDE y tiene a millones de habitantes sumidos en la pobreza; México combate al narcotráfico, pero toleró durante mucho tiempo a los cárteles; etc. El reto es que la situación negativa de violencia y de inseguridad no se salga de control, que pueda mantenerse a raya y que no se incline la balanza hacia lo negativo.
De México para el Mundo
Como todos los años, en los primeros días de enero se celebra la tradicional Reunión de Embajadores y Cónsules en la capital de México. Para tal fin, todos los representantes diplomáticos del país acuden a la sede de la Cancillería para actualizarse, para reunirse con su jefe directo y para escuchar el mensaje que el Presidente de la República les dirige. De manera natural durante este encuentro, se definen las líneas de política exterior que México seguirá a lo largo del año a través de sus representantes.
Como dato curioso se debe mencionar que la reunión no tiene un carácter obligatorio para los embajadores y los cónsules de México. Cada uno puede escoger si acude o no (ello se debe mayoritariamente a que la Cancillería no cubre los gastos de traslado ni de hospedaje o viáticos para los diplomáticos). Más bien, el incentivo está en tener al alcance de la mano, en una sola reunión, a los principales jerarcas de la diplomacia de México, para los fines que cada quien estime pertinentes.
Sin embargo, y más allá de este dato curioso, lo que resulta importante mencionar es que en este año, la reunión habrá de girar en torno al mensaje que el Presidente Peña Nieto quiere replicar a lo largo y ancho del mundo: la aprobación de las reformas. En ese sentido, la energética es una de las “joyas de la corona” que México quiere difundir a través de sus representaciones. El mensaje es muy claro: después de muchos años de intentarlo, el Gobierno del Presidente Peña Nieto consiguió aprobar la reforma para la apertura del sector energético que pondrá a México en una posición mucho más competitiva y más atractiva para los inversionistas, pero también, le dará una imagen profundamente favorable entre la comunidad internacional. Aunado a lo anterior, el mensaje lleva implícito el fondo que el el regreso del PRI a Los Pinos también resultó eficaz.
Sin embargo, como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, si las reformas no van acompañadas de la legislación secundaria, de poco servirán. Igualmente, si el mensaje internacional del Presidente Peña – a través de sus representantes diplomáticos – no está acompañado de hechos que sustenten a los dichos durante los próximos años, tampoco servirá de mucho (y con ello nos referimos a mejorar la situación interna de la economía y la seguridad). Mientras tanto, la ocasión para hacer valer el mensaje de política exterior es altamente rentable y sumamente propicio.
La seguridad es uno de los temas que más sigue preocupando a los mexicanos; en las encuestas se puede leer que, junto con el tema económico (específicamente el del empleo) es uno de los asuntos que más posicionado está en la mente de los mexicanos y que más angustia cuando se pregunta la opinión del futuro cercano, tanto en términos familiares como personales. Desde hace algunas entregas se ha establecido el riesgo de que estos dos asuntos puedan complicarse en México, puesto que a la percepción de inseguridad se le puede sumar una posible recesión, dando como resultado una situación desestabilizadora para el país y para su gobierno, haciendo más difícil la gobernabilidad en el mismo. Por tanto, resulta importante detenerse un poco para analizar los posibles escenarios en cuanto a ello. De manera concreta esta entrega se refiere a la necesidad de contar con una nueva narrativa en materia de seguridad, implementada y ejecutada desde el Gobierno Federal.
La estrategia del gobierno entrante del Presidente Peña fue erradicar del discurso político el tema de la “lucha contra el crimen”, “violencia”, “inseguridad” o “narcotráfico” de reuniones oficiales, boletines de prensa o cualquier otro medio, ya fuera desde la Presidencia o en el Gabinete. El foco de los problemas (y el foco también de la estrategia del Gobierno) estuvo en temas internacionales, económicos, culturales, de desarrollo social, etc. No obstante lo anterior, pareciera que el tema de violencia e inseguridad en el país estalló en plena luz del día; para muestra un botón: la necesidad de que la marina y las fuerzas armadas militares se hagan cargo totalmente de la administración y seguridad del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán es prueba de ello.
Luego entonces, una de las conclusiones inmediatas es que la estrategia de negar que México tuviera un problema de inseguridad tampoco funcionó. El Gobierno Federal necesita urgentemente construir una nueva narrativa de este problema que ocupa la mente de muchos mexicanos. ¿Cómo explicar la violencia?, ¿cuáles son sus causas?, pero sobretodo ¿cuál es la estrategia? Esta última pregunta requerirá grandes esfuerzos, puesto que hasta ahora, el ejército y la marina han seguido los pasos y el camino de acciones de su predecesor, Felipe Calderón.
En la medida en que el Presidente Peña Nieto sepa construirse a sí mismo y a su gobierno una narrativa eficaz y eficiente en torno a este tema, entonces podrá delinear las acciones a seguir. Sería grave que se cometa el error de “poner la carreta enfrente de los caballos”, puesto que primero hay que saber el rumbo y luego emprender la marcha. El reto no es menor y cada día se vuelve una necesidad mucho más perentoria para los ciudadanos y para la opinión pública del país.
Los gobernadores en México son una figura profundamente interesante. Desde hace algunos años han comenzado a retomar un rol mucho más protagónico en la esfera pública y política de nuestro país, luego de que después de la revolución se convirtieron en meras “piezas de ajedrez” político, cuyos movimientos eran dictados desde la Presidencia de la República. Por supuesto, en ese entonces también la Primera Magistratura de la República fungía como una suerte de “Presidencia Imperial” como le llamó el historiador Enrique Krauze. Sin embargo, desde la presidencia de Carlos Salinas, mediante el proceso de la liberalización política del régimen mexicano, se le fueron concediendo más espacios y posiciones a los partidos políticos de oposición, hasta que en el año 2000, con el triunfo de Vicente Fox, se culminó la posibilidad de la alternancia política.
Los gobernadores de los estados de la República Mexicana – no sólo los priístas, que siempre han sido mayoría – se convirtieron entonces en el contrapeso real – junto con el Congreso de la Unión – del Presidente de la República. Por primera ocasión, los mandatarios locales gozaron de autonomía de gestión, política y comenzaron a recibir jugosas partidas presupuestales, como parte de los equilibrios del pacto federal. Inclusive, algunos politólogos compararon a los gobernadores con los antiguos “señores feudales” que mandaban por completo en su territorio determinado. Los gobernadores comenzaron a controlar a muchos más actores y espacios políticos, y organismos como la “Conferencia Nacional de Gobernadores” (CONAGO) se volvieron un ámbito de interlocución obligada.
Con el regreso del PRI al poder en el año 2012, la correlación de fuerzas con los gobernadores no cambió mucho de aquel arreglo que funcionó durante los últimos 12 años. Los mandatarios locales siguen teniendo importante influencia en algunos de los legisladores cuyo distrito o circunscripción coincide con el territorio que gobiernan; controlan una importante suma de recursos públicos y siguen representado un contrapeso para el Ejecutivo Federal, aunque sean del mismo partido. Entender los mecanismos de acción política moderna en México implica darle un lugar e importancia adecuada a la acción de los gobernadores como parte del espectro político, y se les debe considerar como piezas clave del ajedrez público mexicano. Ellos pueden impulsar o bloquear temas de acuerdo con su interés y desde hace tiempo, se han convertido también en jugadores con capacidad de veto. Para muestra basta un botón: habrá que ver el peso real que los gobernadores tendrán al momento de negociar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, cuya fecha límite es el 15 de noviembre.
Ante los desacuerdos y marchas en contra de las reformas hacendaria y educativa se pueden observar distintas actitudes tanto de las autoridades como de los ciudadanos inconformes. La inconformidad no es en sí algo negativo, puede ser incluso un motor de cambio positivo para la sociedad. El problema son más bien las actitudes que existen alrededor de la inconformidad. Por un lado, hay mucha indignación, por otro todavía hay mucha desinformación, y por otro lado mucha abulia. Lo que más me llama la atención, es que aunque México es un país que se enorgullece de haber ganado libertad de expresión, por otro lado, no existen procedimientos que garanticen que los ciudadanos puedan hacerlo sin temer por su seguridad. Ni tampoco hay procedimientos que permitan que los ciudadanos salgan a las calles sin irrumpir el orden público, lo cual en la mayoría de los casos termina convirtiéndose en un caos, ya sea por grupos no relacionados con las marchas, por personas que aprovechan la ocasión para anunciar otras cosas, intentos de quitar legitimidad a las marchas por parte de otros grupos, o simplemente por falta de información acerca del porqué de las marchas.
En otros países como en Alemania o Francia, existen protocolos para realizar marchas de todo tipo de temas, en el que los ciudadanos están obligados a notificar a las autoridades del lugar y horas en las que la marcha se llevará a cabo con dos o más días de anticipación. Esto permite que las autoridades puedan avisar a la población sobre las marchas, notificar sobre las vías que quedarán bloqueadas, proponer vías alternas y reunir equipos de seguridad que protejan a los manifestantes. Sí, leyeron bien, que protejan a los manifestantes. En Alemania todos tienen derecho a expresar su descontento acerca de las políticas públicas, incluso los neonazis. Puesto que todos son ciudadanos y a nadie se le niega el derecho de expresión.
Pero para que una democracia funcione de esa manera es absolutamente necesario que los ciudadanos se involucren en la política, pues son ellos quienes activamente participan en la toma de decisiones. Incluso en los próximos días en Berlín se llevará a cabo una elección llamada Volksentscheid (Decisión del pueblo) en la que se votará la propuesta de hacer pública a la compañía eléctrica Vatenfall, que proveé de electricidad a Berlín y Brandenburgo cuyas consecuencias se perciben como favorables para la región. Y los residentes de Berlín y Brandenburgo decidirán si eso sucede o no. Para tomar esta decisión, los residentes de Berlín y Brandenburgo recibieron por correo folletos informativos acerca de la propuesta, cómo se llevará a cabo, y las consecuencias de ambas decisiones, un mes antes de la elección. Al pueblo alemán le costó muchísimo llegar a esto, y todavía se requiere más. Tenemos que comprender incluso que les tomó varios años y régimenes autoritarios afianzarse como un solo pueblo.
Entonces remontémonos a su historia. En los últimos 100 años Alemania pasó de perder la primera guerra mundial, a una crisis económica brutal que los llevó a elegir a un partido que impuso un régimen autoritario. Partido que los llevó a la segunda guerra mundial en donde el país quedó prácticamente destruído y luego dividido en dos bloques (occidental y oriental). Luego durante la guerra fría se construyó el muro que separó a familias por más de 20 años por diferencias ideológicas de los gobiernos de esos dos bloques. Después de ser amenazados por sus gobiernos, los ciudadanos del lado occidental (dentro del muro) decidieron que ya era momento de poner en marcha las reformas de apertura que se estaban llevando a cabo en otros gobiernos socialistas y salieron a las calles de Leipzig a marchar en lo que llamaron Montagsdemonstrationen o “marchas de los lunes”. Fueron amenazados de muerte por el gobierno y se les avisó que si volvían a marchar serían reprimidos por el ejército. Un par de días antes en una marcha en Berlín, muchos estudiantes habían sido golpeados, agredidos y hasta asesinados por el ejército. Nada indicaba que en Leipzig no pasaría lo mismo pues allí ni siquiera había medios de occidente que pudieran reportar sobre lo sucedido.
Entonces alrededor de 70,000 se prepararon para salir de la Nicolaikirche, se despidieron de sus familias y salieron de sus casas para marchar frente al ayuntamiento y oficinas de gobierno, estaban listos para dar la vida por su libertad. Cuando los militares los rodearon amenazándolos con sus rifles el pueblo exclamó ¡Nosotros somos el pueblo!, ¡Nosotros somos el pueblo!, ustedes están aquí para defender al pueblo, ¡Nosotros somos el pueblo! En ese momento, los militares se quedaron como congelados, no pudieron hacer nada. Ellos tenían razón. Después de marchar los ciudadanos volvieron a sus casas con una fuerza inexplicable.
“Esa fue la noche por la que nuestros padres habían esperado durante tantos años, ¡y lo logramos! salimos de ahí con una motivación increíble” (André Rotter, ciudadano de Leipzig)
Al enterarse de lo sucedido en Leipzig, el pueblo comenzó a ejercer más y más presión al gobierno para apresurar las reformas de apertura y las marchas continuaron y se hicieron cada vez más grandes. Cuatro semanas después cientos de miles de ciudadanos se dirigieron a Berlín tanto del lado occidental como del oriental, para hacer una marcha en ambos lados del muro. Esta vez gritaban “¡Nosotros somos un pueblo!”. Aunque la República Democrática Alemana (DDR) ya conversaba sobre la apertura de fronteras, era un proceso que no sería inmediato. Sin embargo y ante la presión de los ciudadanos fue Günter Schabowski, un oficial de la RDA quien en una conferencia de prensa por error anunció la apertura oficial del muro, lo cual provocó que cientos de miles de personas más se unieran a la marcha en ambos lados del muro. La gente que escuchó la entrevista en el radio simplemente se dirigió hacia el muro para estar presentes en la apertura del muro. Los oficiales fronterizos sin tener instrucciones no podían hacer nada ante las masas de gente que se acumulaba alrededor de la puerta de Brandenburgo y otros puntos del muro. La gente gritaba:
“Nos hemos vuelto a encontrar”, “Berlín volverá a ser lo que siempre fue”.
La gente pasaba por fin de un lado al otro, y el occidente recibía al oriente con champagne, flores y llenos de júbilo.
En los noventa y gracias al valor del pueblo, la gente se reunió y contra el autoritarismo se reunificó y después de fusionar a dos economías (socialista y capitalista) hoy son líderes de la Unión Europea y el único país que sobrevivió la crisis.
Una realidad todavía distante a lo que ocurre hoy en México. Donde casi siempre nos quedamos con un mal sabor de boca al tratar de expresarnos públicamente, porque con todo y marchas y firmas, y organizaciones, etc. Realmente no somos los ciudadanos quienes determinamos las políticas. Entonces, ¿qué pasó? ¿en dónde salió mal el cálculo? Al final, siempre quedamos “a la espera” de que otros decidan, “a la espera” de que los gobernantes algún día comprendan nuestras necesidades y tomen decisiones favorables para todos. Desde este punto de vista, nos faltan procedimientos simples, claros y transparentes para hacer realmente accesibles los derechos que se nos prometen en la constitución.
Para ello se requieren muchos más ciudadanos que nos ocupemos de la política, que participemos de las decisiones, que nos informemos y facilitemos información completa para otros. Que abramos camino para que algún día, seamos los ciudadanos quienes realmente tomemos las decisiones. Para que formemos un México abierto para todos, sostenible y con una visión integradora, multicultural, con justicia social y heterogénea. Nosotros diseñamos el México del presente y del futuro.
¿Cuándo nos convertiremos nosotros en un solo pueblo?
Julia Romero
Comunicóloga y Maestra en Educación Intercultural
@Sashantia1
Ver también: //www.youtube.com/watch?v=2OjCesZRf_I
La política nacional, en ocasiones, se convierte en política de partidos. Los partidos políticos negocian y acuerdan en su interior para fijar una postura común frente a los adversarios políticos. Por tal motivo, la esfera política nacional se convierte entonces en un espacio donde se negocia y se reparten las posiciones de acuerdo a los intereses particulares de los partidos en específico, sustituyendo al interés nacional por interés de grupos.
En ese sentido, México enfrenta una coyuntura propicia para que los partidos políticos se dividan posiciones, espacios y negocien entre ellos. Diversos asuntos están en juego hoy en día: las reformas estructurales, la renovación de los consejeros electorales (o creación del Instituto Nacional de Elecciones), la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (con su respectiva ley de ingresos) y otros temas más.
Ante ello, resulta pertinente preguntarse cuál es la lógica y racionalidad detrás de las acciones políticas que se pueden leer en la prensa; saber cuál será el resultado final y la prospectiva de los asuntos que están hoy en juego, y cómo habrán de resolverse algunos temas de interés para todos. La respuesta se le puede encontrar en la lógica descrita al inicio de este texto: en la política partidista.
Cada partido político tiene su propia agenda de intereses y ésta va de acuerdo a su propia ventaja o desventaja política en el plano nacional. En concordancia con ello, los partidos utilizan sus ventajas para negociar con los demás y obtener mayores posiciones y mayores espacios para ellos y para sus cuadros políticos. Por poner un ejemplo, la negociación política de la reforma energética, quizá, sirva como moneda de cambio por consejeros electorales; o bien, la aprobación del presupuesto se utilizará como moneda de cambio por otra cosa. De esta manera, la lógica mercantilista de los partidos políticos es más que evidente cuando buscan impulsar su propia agenda. La moneda de cambio es una forma de entender la política y de interpretar sus resultados: por ende, también de preveer lo que habrá de pasar.
En la semana que comienza, un tema estará vigente dentro de la agenda bilateral de México y Estados Unidos: el reportaje publicado por el diario alemán Der Spiegel, en el que se da cuenta de cómo la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos espió el correo electrónico del Presidente Calderón. Como si haber espiado al Presidente Peña Nieto cuando fue candidato no fuera suficiente, ahora un nuevo escándalo se suma a la interminable lista de acciones ilegales que el gobierno del Presidente Barack Obama ha implementado en esta materia.
El espionaje al correo electrónico del Presidente Calderón incluyó además, a todas aquellas direcciones del dominio contenido en la Presidencia de la República, por la que entonces se pudieron inflitrar en conversaciones de alto nivel, recabando datos no solamente en cuestiones de seguridad, sino también, económicas y de política pública, todas aquellas que favorecían a las inversiones internacionales, de acuerdo con la información obtenida ilegalmente, según refiere el diario alemán.
Las consecuencias de dichas acciones estadunidenses apenas están por verse, pues esto llevará sin duda a tensar aún más las relaciones entre los gobiernos de ambos países. No obstante, México no hizo ningún tipo de reclamo enérgico, y parecía más bien que el Presidente Peña sugirió al Presidente Obama que pusiera más atención en dichos detalles. Al final del día, este episodio vuelve a abrir una vieja herida: la misma que expulsó al embajador Carlos Pascual como representante diplomático de Estados Unidos en México, y la misma que provocó que la presidenta de Brasil, Dilma Roussef cancelara una reunión bilateral con el Presidente Obama.
México tiene que actuar en consecuencia. Si la vez pasada no hizo un reclamo mucho más enérgico, ahora lo tendrá que hacer con mucha más razón. En este momento cuenta con todo el apoyo internacional; sin embargo, quizá la estrategia del Gobierno de Peña Nieto sea otra. Lo que sí queda claro es que, en este momento, el Gobierno de la República podría también encontrar un punto de unidad entre los mexicanos, algo que le daría mucha legitimidad. Ahora la necesita más que nunca, cuando el tema de seguridad y el tema económico siguen sin dar color para muchos conciudadanos que se sienten decepcionados de su gobierno.