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De México para el Mundo

 

Como todos los años, en los primeros días de enero se celebra la tradicional Reunión de Embajadores y Cónsules en la capital de México. Para tal fin, todos los representantes diplomáticos del país acuden a la sede de la Cancillería para actualizarse, para reunirse con su jefe directo y para escuchar el mensaje que el Presidente de la República les dirige. De manera natural durante este encuentro, se definen las líneas de política exterior que México seguirá a lo largo del año a través de sus representantes.

 Como dato curioso se debe mencionar que la reunión no tiene un carácter obligatorio para los embajadores y los cónsules de México. Cada uno puede escoger si acude o no (ello se debe mayoritariamente a que la Cancillería no cubre los gastos de traslado ni de hospedaje o viáticos para los diplomáticos). Más bien, el incentivo está en tener al alcance de la mano, en una sola reunión, a los principales jerarcas de la diplomacia de México, para los fines que cada quien estime pertinentes.

 Sin embargo, y más allá de este dato curioso, lo que resulta importante mencionar es que en este año, la reunión habrá de girar en torno al mensaje que el Presidente Peña Nieto quiere replicar a lo largo y ancho del mundo: la aprobación de las reformas. En ese sentido, la energética es una de las “joyas de la corona” que México quiere difundir a través de sus representaciones. El mensaje es muy claro: después de muchos años de intentarlo, el Gobierno del Presidente Peña Nieto consiguió aprobar la reforma para la apertura del sector energético que pondrá a México en una posición mucho más competitiva y más atractiva para los inversionistas, pero también, le dará una imagen profundamente favorable entre la comunidad internacional. Aunado a lo anterior, el mensaje lleva implícito el fondo que el el regreso del PRI a Los Pinos también resultó eficaz.

 Sin embargo, como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, si las reformas no van acompañadas de la legislación secundaria, de poco servirán. Igualmente, si el mensaje internacional del Presidente Peña – a través de sus representantes diplomáticos – no está acompañado de hechos que sustenten a los dichos durante los próximos años, tampoco servirá de mucho (y con ello nos referimos a mejorar la situación interna de la economía y la seguridad). Mientras tanto, la ocasión para hacer valer el mensaje de política exterior es altamente rentable y sumamente propicio.

 

La seguridad es uno de los temas que más sigue preocupando a los mexicanos; en las encuestas se puede leer que, junto con el tema económico (específicamente el del empleo) es uno de los asuntos que más posicionado está en la mente de los mexicanos y que más angustia cuando se pregunta la opinión del futuro cercano, tanto en términos familiares como personales. Desde hace algunas entregas se ha establecido el riesgo de que estos dos asuntos puedan complicarse en México, puesto que a la percepción de inseguridad se le puede sumar una posible recesión, dando como resultado una situación desestabilizadora para el país y para su gobierno, haciendo más difícil la gobernabilidad en el mismo. Por tanto, resulta importante detenerse un poco para analizar los posibles escenarios en cuanto a ello. De manera concreta esta entrega se refiere a la necesidad de contar con una nueva narrativa en materia de seguridad, implementada y ejecutada desde el Gobierno Federal.

La estrategia del gobierno entrante del Presidente Peña fue erradicar del discurso político el tema de la “lucha contra el crimen”, “violencia”, “inseguridad” o “narcotráfico” de reuniones oficiales, boletines de prensa o cualquier otro medio, ya fuera desde la Presidencia o en el Gabinete. El foco de los problemas (y el foco también de la estrategia del Gobierno) estuvo en temas internacionales, económicos, culturales, de desarrollo social, etc. No obstante lo anterior, pareciera que el tema de violencia e inseguridad en el país estalló en plena luz del día; para muestra un botón: la necesidad de que la marina y las fuerzas armadas militares se hagan cargo totalmente de la administración y seguridad del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán es prueba de ello.

Luego entonces, una de las conclusiones inmediatas es que la estrategia de negar que México tuviera un problema de inseguridad tampoco funcionó. El Gobierno Federal necesita urgentemente construir una nueva narrativa de este problema que ocupa la mente de muchos mexicanos. ¿Cómo explicar la violencia?, ¿cuáles son sus causas?, pero sobretodo ¿cuál es la estrategia? Esta última pregunta requerirá grandes esfuerzos, puesto que hasta ahora, el ejército y la marina han seguido los pasos y el camino de acciones de su predecesor, Felipe Calderón.

En la medida en que el Presidente Peña Nieto sepa construirse a sí mismo y a su gobierno una narrativa eficaz y eficiente en torno a este tema, entonces podrá delinear las acciones a seguir. Sería grave que se cometa el error de “poner la carreta enfrente de los caballos”, puesto que primero hay que saber el rumbo y luego emprender la marcha. El reto no es menor y cada día se vuelve una necesidad mucho más perentoria para los ciudadanos y para la opinión pública del país.

 

Los gobernadores en México son una figura profundamente interesante. Desde hace algunos años han comenzado a retomar un rol mucho más protagónico en la esfera pública y política de nuestro país, luego de que después de la revolución se convirtieron en meras “piezas de ajedrez” político, cuyos movimientos eran dictados desde la Presidencia de la República. Por supuesto, en ese entonces también la Primera Magistratura de la República fungía como una suerte de “Presidencia Imperial” como le llamó el historiador Enrique Krauze. Sin embargo, desde la presidencia de Carlos Salinas, mediante el proceso de la liberalización política del régimen mexicano, se le fueron concediendo más espacios y posiciones a los partidos políticos de oposición, hasta que en el año 2000, con el triunfo de Vicente Fox, se culminó la posibilidad de la alternancia política.

Los gobernadores de los estados de la República Mexicana – no sólo los priístas, que siempre han sido mayoría – se convirtieron entonces en el contrapeso real – junto con el Congreso de la Unión – del Presidente de la República. Por primera ocasión, los mandatarios locales gozaron de autonomía de gestión, política y comenzaron a recibir jugosas partidas presupuestales, como parte de los equilibrios del pacto federal. Inclusive, algunos politólogos compararon a los gobernadores con los antiguos “señores feudales” que mandaban por completo en su territorio determinado. Los gobernadores comenzaron a controlar a muchos más actores y espacios políticos, y organismos como la “Conferencia Nacional de Gobernadores” (CONAGO) se volvieron un ámbito de interlocución obligada.

Con el regreso del PRI al poder en el año 2012, la correlación de fuerzas con los gobernadores no cambió mucho de aquel arreglo que funcionó durante los últimos 12 años. Los mandatarios locales siguen teniendo importante influencia en algunos de los legisladores cuyo distrito o circunscripción coincide con el territorio que gobiernan; controlan una importante suma de recursos públicos y siguen representado un contrapeso para el Ejecutivo Federal, aunque sean del mismo partido. Entender los mecanismos de acción política moderna en México implica darle un lugar e importancia adecuada a la acción de los gobernadores como parte del espectro político, y se les debe considerar como piezas clave del ajedrez público mexicano. Ellos pueden impulsar o bloquear temas de acuerdo con su interés y desde hace tiempo, se han convertido también en jugadores con capacidad de veto. Para muestra basta un botón: habrá que ver el peso real que los gobernadores tendrán al momento de negociar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, cuya fecha límite es el 15 de noviembre.

Ante los desacuerdos y marchas en contra de las reformas hacendaria y educativa se pueden observar distintas actitudes tanto de las autoridades como de los ciudadanos inconformes. La inconformidad no es en sí algo negativo, puede ser incluso un motor de cambio positivo para la sociedad. El problema son más bien las actitudes que existen alrededor de la inconformidad. Por un lado, hay mucha indignación, por otro todavía hay mucha desinformación, y por otro lado mucha abulia. Lo que más me llama la atención, es que aunque México es un país que se enorgullece de haber ganado libertad de expresión, por otro lado, no existen procedimientos que garanticen que los ciudadanos puedan hacerlo sin temer por su seguridad. Ni tampoco hay procedimientos que permitan que los ciudadanos salgan a las calles sin irrumpir el orden público, lo cual en la mayoría de los casos termina convirtiéndose en un caos, ya sea por grupos no relacionados con las marchas, por personas que aprovechan la ocasión para anunciar otras cosas, intentos de quitar legitimidad a las marchas por parte de otros grupos, o simplemente por falta de información acerca del porqué de las marchas.

En otros países como en Alemania o Francia, existen protocolos para realizar marchas de todo tipo de temas, en el que los ciudadanos están obligados a notificar a las autoridades del lugar y horas en las que la marcha se llevará a cabo con dos o más días de anticipación. Esto permite que las autoridades puedan avisar a la población sobre las marchas, notificar sobre las vías que quedarán bloqueadas, proponer vías alternas y reunir equipos de seguridad que protejan a los manifestantes. Sí, leyeron bien, que protejan a los manifestantes. En Alemania todos tienen derecho a expresar su descontento acerca de las políticas públicas, incluso los neonazis. Puesto que todos son ciudadanos y a nadie se le niega el derecho de expresión.

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Pero para que una democracia funcione de esa manera es absolutamente necesario que los ciudadanos se involucren en la política, pues son ellos quienes activamente participan en la toma de decisiones. Incluso en los próximos días en Berlín se llevará a cabo una elección llamada Volksentscheid (Decisión del pueblo) en la que se votará la propuesta de hacer pública a la compañía eléctrica Vatenfall, que proveé de  electricidad a Berlín y Brandenburgo cuyas consecuencias se perciben como favorables para la región. Y los residentes de Berlín y Brandenburgo decidirán si eso sucede o no. Para tomar esta decisión, los residentes de Berlín y Brandenburgo recibieron por correo folletos informativos acerca de la propuesta, cómo se llevará a cabo, y las consecuencias de ambas decisiones, un mes antes de la elección. Al pueblo alemán le costó muchísimo llegar a esto, y todavía se requiere más. Tenemos que comprender incluso que les tomó varios años y régimenes autoritarios afianzarse como un solo pueblo.

Entonces remontémonos a su historia. En los últimos 100 años Alemania pasó de perder la primera guerra mundial, a una crisis económica brutal que los llevó a elegir a un partido que impuso un régimen autoritario. Partido que los llevó a la segunda guerra mundial en donde el país quedó prácticamente destruído y luego dividido en dos bloques (occidental y oriental). Luego durante la guerra fría se construyó el muro que separó a familias por más de 20 años por diferencias ideológicas de los gobiernos de esos dos bloques. Después de ser amenazados por sus gobiernos, los ciudadanos del lado occidental (dentro del muro) decidieron que ya era momento de poner en marcha las reformas de apertura que se estaban llevando a cabo en otros gobiernos socialistas y salieron a las calles de Leipzig a marchar en lo que llamaron Montagsdemonstrationen o “marchas de los lunes”.  Fueron amenazados de muerte por el gobierno y se les avisó que si volvían a marchar serían reprimidos por el ejército. Un par de días antes en una marcha en Berlín, muchos estudiantes habían sido golpeados, agredidos y hasta asesinados por el ejército. Nada indicaba que en Leipzig no pasaría lo mismo pues allí ni siquiera había medios de occidente que pudieran reportar sobre lo sucedido.

Entonces alrededor de 70,000 se prepararon para salir de la Nicolaikirche, se despidieron de sus familias y salieron de sus casas para marchar frente al ayuntamiento y oficinas de gobierno, estaban listos para dar la vida por su libertad. Cuando los militares los rodearon amenazándolos con sus rifles el pueblo exclamó ¡Nosotros somos el pueblo!, ¡Nosotros somos el pueblo!, ustedes están aquí para defender al pueblo, ¡Nosotros somos el pueblo! En ese momento, los militares se quedaron como congelados, no pudieron hacer nada. Ellos tenían razón. Después de marchar los ciudadanos volvieron a sus casas con una fuerza inexplicable.

“Esa fue la noche por la que nuestros padres habían esperado durante tantos años, ¡y lo logramos! salimos de ahí con una motivación increíble” (André Rotter, ciudadano de Leipzig)

Al enterarse de lo sucedido en Leipzig, el pueblo comenzó a ejercer más y más presión al gobierno para apresurar las reformas de apertura y las marchas continuaron y se hicieron cada vez más grandes. Cuatro semanas después cientos de miles de ciudadanos se dirigieron a Berlín tanto del lado occidental como del oriental, para hacer una marcha en ambos lados del muro. Esta vez gritaban “¡Nosotros somos un pueblo!”. Aunque la República Democrática Alemana (DDR) ya conversaba sobre la apertura de fronteras, era un proceso que no sería inmediato. Sin embargo y ante la presión de los ciudadanos fue Günter Schabowski, un oficial de la RDA quien en una conferencia de prensa por error anunció la apertura oficial del muro, lo cual provocó que cientos de miles de personas más se unieran a la marcha en ambos lados del muro. La gente que escuchó la entrevista en el radio simplemente se dirigió hacia el muro para estar presentes en la apertura del muro. Los oficiales fronterizos sin tener instrucciones no podían hacer nada ante las masas de gente que se acumulaba alrededor de la puerta de Brandenburgo y otros puntos del muro. La gente gritaba:

“Nos hemos vuelto a encontrar”, “Berlín volverá a ser lo que siempre fue”.

La gente pasaba por fin de un lado al otro, y el occidente recibía al oriente con champagne, flores y llenos de júbilo.

En los noventa y gracias al valor del pueblo, la gente se reunió  y contra el autoritarismo se reunificó y después de fusionar a dos economías (socialista y capitalista) hoy son líderes de la Unión Europea y el único país que sobrevivió la crisis.

Una realidad todavía distante a lo que ocurre hoy en México. Donde casi siempre nos quedamos con un mal sabor de boca al tratar de expresarnos públicamente, porque con todo y marchas y firmas, y organizaciones, etc. Realmente no somos los ciudadanos quienes determinamos las políticas. Entonces, ¿qué pasó? ¿en dónde salió mal el cálculo? Al final, siempre quedamos “a la espera” de que otros decidan, “a la espera” de que los gobernantes algún día comprendan nuestras necesidades y tomen decisiones favorables para todos. Desde este punto de vista, nos faltan procedimientos simples, claros y transparentes para hacer realmente accesibles los derechos que se nos prometen en la constitución.

Para ello se requieren muchos más ciudadanos que nos ocupemos de la política, que participemos de las decisiones, que nos informemos y facilitemos información completa para otros. Que abramos camino para que algún día, seamos los ciudadanos quienes realmente tomemos las decisiones. Para que formemos un México abierto para todos, sostenible y con una visión integradora, multicultural, con justicia social y heterogénea. Nosotros diseñamos el México del presente y del futuro.

¿Cuándo nos convertiremos nosotros en un solo pueblo?

Julia Romero

Comunicóloga y Maestra en Educación Intercultural

@Sashantia1

Ver también: //www.youtube.com/watch?v=2OjCesZRf_I

La política nacional, en ocasiones, se convierte en política de partidos. Los partidos políticos negocian y acuerdan en su interior para fijar una postura común frente a los adversarios políticos. Por tal motivo, la esfera política nacional se convierte entonces en un espacio donde se negocia y se reparten las posiciones de acuerdo a los intereses particulares de los partidos en específico, sustituyendo al interés nacional por interés de grupos.

En ese sentido, México enfrenta una coyuntura propicia para que los partidos políticos se dividan posiciones, espacios y negocien entre ellos. Diversos asuntos están en juego hoy en día: las reformas estructurales, la renovación de los consejeros electorales (o creación del Instituto Nacional de Elecciones), la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (con su respectiva ley de ingresos) y otros temas más.

Ante ello, resulta pertinente preguntarse cuál es la lógica y racionalidad detrás de las acciones políticas que se pueden leer en la prensa; saber cuál será el resultado final y la prospectiva de los asuntos que están hoy en juego, y cómo habrán de resolverse algunos temas de interés para todos. La respuesta se le puede encontrar en la lógica descrita al inicio de este texto: en la política partidista.

Cada partido político tiene su propia agenda de intereses y ésta va de acuerdo a su propia ventaja o desventaja política en el plano nacional. En concordancia con ello, los partidos utilizan sus ventajas para negociar con los demás y obtener mayores posiciones y mayores espacios para ellos y para sus cuadros políticos. Por poner un ejemplo, la negociación política de la reforma energética, quizá, sirva como moneda de cambio por consejeros electorales; o bien, la aprobación del presupuesto se utilizará como moneda de cambio por otra cosa. De esta manera, la lógica mercantilista de los partidos políticos es más que evidente cuando buscan impulsar su propia agenda. La moneda de cambio es una forma de entender la política y de interpretar sus resultados: por ende, también de preveer lo que habrá de pasar.

En la semana que comienza, un tema estará vigente dentro de la agenda bilateral de México y Estados Unidos: el reportaje publicado por el diario alemán Der Spiegel, en el que se da cuenta de cómo la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos espió el correo electrónico del Presidente Calderón. Como si haber espiado al Presidente Peña Nieto cuando fue candidato no fuera suficiente, ahora un nuevo escándalo se suma a la interminable lista de acciones ilegales que el gobierno del Presidente Barack Obama ha implementado en esta materia.

El espionaje al correo electrónico del Presidente Calderón incluyó además, a todas aquellas direcciones del dominio contenido en la Presidencia de la República, por la que entonces se pudieron inflitrar en conversaciones de alto nivel, recabando datos no solamente en cuestiones de seguridad, sino también, económicas y de política pública, todas aquellas que favorecían a las inversiones internacionales, de acuerdo con la información obtenida ilegalmente, según refiere el diario alemán.

Las consecuencias de dichas acciones estadunidenses apenas están por verse, pues esto llevará sin duda a tensar aún más las relaciones entre los gobiernos de ambos países. No obstante, México no hizo ningún tipo de reclamo enérgico, y parecía más bien que el Presidente Peña sugirió al Presidente Obama que pusiera más atención en dichos detalles. Al final del día, este episodio vuelve a abrir una vieja herida: la misma que expulsó al embajador Carlos Pascual como representante diplomático de Estados Unidos en México, y la misma que provocó que la presidenta de Brasil, Dilma Roussef cancelara una reunión bilateral con el Presidente Obama.

México tiene que actuar en consecuencia. Si la vez pasada no hizo un reclamo mucho más enérgico, ahora lo tendrá que hacer con mucha más razón. En este momento cuenta con todo el apoyo internacional; sin embargo, quizá la estrategia del Gobierno de Peña Nieto sea otra. Lo que sí queda claro es que, en este momento, el Gobierno de la República podría también encontrar un punto de unidad entre los mexicanos, algo que le daría mucha legitimidad. Ahora la necesita más que nunca, cuando el tema de seguridad y el tema económico siguen sin dar color para muchos conciudadanos que se sienten decepcionados de su gobierno.

 

En los últimos días se ha podido presenciar la manera en que los incidentes, los fenómenos de la naturaleza y los sucesos inesperados pueden ocurrir cuando menos se imaginan. Irrumpen con fuerza y desestabilizan el panorama y la ruta de un país y pueden poner en aprietos a las autoridades, como ya se ha mencionado anteriormente en pasadas entregas de este Visor Público. Cuando eso sucede entonces, se pueden acumular una serie de condiciones suficientes para alterar los escenarios previstos y crear “una tormenta perfecta”, que no es mas que la suma de factores de riesgo que – acumulados unos tras otros – realmente ponen en peligro los planes de gobierno de las autoridades.

Eso es lo que ha estado sucediendo en México. Desde hace varios meses se han estado formando y han acontecido una serie de eventos desafortunados que han logrado alterar la ruta de gobierno del Presidente Peña Nieto y de los legisladores de su bancada. Comenzando por un entorno económico adverso, significativamente por una situación a punto de convertirse en recesiva y con la propuesta de paquete económico para el año 2014 que prevee aumentar el IVA e imponerlo en colegiaturas e hipotecas y aumentar el déficit público (endeudamiento), le han seguido una serie de fenómenos tales como los huracanes “Manuel” e “Ingrid” que azotaron en las costas de México dejando una estela de daño y destrucción bastante extensa. En ese ambiente el Presidente Peña ha debido cancelar un par de giras internacionales y lidiar con la creciente oposición a su reforma económica en un entorno económico que no es favorable para el país.

A lo anterior se le deben de sumar las protestas de maestros de la CNTE que han bloqueado sistemáticamente a la Ciudad de México, la vulnerabilidad del caso de Elba Esther Gordillo, quien podría salir de la cárcel por falta de pruebas y la llegada a término del “moméntum” del “Pacto por México”, cuyo combustible se está agotando y no se vislumbra que alcance a tener fuerza para aprobar importantes reformas como la energética.

Luego entonces, cuando todos los elementos anteriores se acumulan, surgen de forma imprevisible y se agrupan para formar una “tormenta perfecta”, es entonces cuando la capacidad de reacción de un gobernante o de un presidente resulta absolutamente necesaria e imprescindible. En la medida en que las autoridades puedan construir una narrativa de gobierno y de política pública creíble para la ciudadanía, en esa medida se puede evitar la formación de la “tormenta” y se podrá sortear con eficiencia los embates de las situaciones inesperadas.

No resulta en vano que los presidentes o los gobernantes que han menospreciado estas condiciones se han vuelto rehenes de su propia situación. Hoy en día se gobierna de forma distinta y la existencia de medios de comunicación alternativos – como las redes sociales – obliga a los tomadores de decisión a estar un paso adelante y a tener un “plan B” en caso que la ruta original no salga como se espera. En estos momentos, México y su gobierno necesitan tener capacidad de reacción que atienda de forma significativa todo aquello que ha surgido en los últimos meses y logre definir una agenda de gobierno con los ajustes y adecuaciones del caso. El reto no es menor y se podría decir que – que tal como se ha adelantado antes en este espacio – el Gobierno de la República estará enfrentando su verdadera primera prueba en el casi año que lleva de haber llegado al poder.

El sistema político mexicano es un sistema presidencial. Es decir, existen una serie de reglas que lo hacen característico frente a otros sistemas políticos, tal como el parlamentario. En el presidencialismo, el Poder Ejecutivo se elige de manera independiente (en elecciones separadas) del Poder Legislativo, y ambos poderes tienen un tiempo fijo en el que ejercer dicha posición. A este sistema inventado en los Estados Unidos y exportado a la mayoría de los países de América Latina se le conoce también como sistema de “Pesos y Contrapesos”. En ese sentido, en el sistema presidencial también se puede encontrar con frecuencia que haya “gobiernos divididos”. Esto quiere decir que el partido que tiene la mayoría en el Congreso no necesariamente es quien gobierna desde la Presidencia. Por tal razón, la parálisis política – en dichas ocasiones – se hace muy evidente. La razón de lo anterior son los incentivos o desincentivos que tiene un partido para perjudicar o ayudar al otro. Como resulta imaginable, el partido que tiene capacidad de veto en el congreso (siendo o no la mayoría), casi siempre bloquea los acuerdos o las propuestas que emergen desde el Ejecutivo cuando éste pertence a otra fuerza política.

Esta ha sido la historia interminable de la política mexicana. Para muestra basta un botón: durante la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, estuvo presente el Senador Ernesto Cordero. Diversos medios dieron cuenta de cómo se invirtió la historia y los papeles y en esta ocasión el Senador Cordero increpó al Secretario de Hacienda sobre su conducta y decisiones al frente de dicha dependencia, recordando así cuando Ernesto Cordero era Secretario de Hacienda y Luis Videgaray, como Presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados lo cuestionó duramente. Es decir, los incentivos de unos se vuelven desincentivos para otros.

Lo más dramático de esta historia es que la parálisis política tiene su raíces en la ganancia inmediata de un partido o de un grupo de actores. Mientras México no logre superar las enormes diferencias y los incentivos (o desincentivos) cortoplacistas, las grandes reformas y los acuerdos sostenibles verdaderamente en el largo plazo seguirán siendo una utopía.

 

Los fenómenos naturales y los desastres son cosas que suceden intempestivamente y es profundamente complejo preverlos. Intensas labores de prevención se ponen en marcha, desde los gobiernos nacionales hasta llegar a los organismos multilaterales para tratar de adelantarse a ellos, minimizando el daño que pueden causar a miles de personas alrededor del mundo.

 

Sin embargo, los desastres naturales también han puesto en evidencia a los gobiernos y a los países. Dichos fenómenos tienen la enorme capacidad de marcar el rumbo de la agenda nacional, de sentar precedentes en términos políticos o de robustecer o destruir gobernantes y gobiernos. Por ello, siempre los fenómenos naturales han sido un termómetro efectivo que suele poner a prueba la capacidad y las habilidades de las autoridades para proteger a la ciudadanía.

 

En el caso de México, el paso de huracán “Manuel” en el Pacífico y de “Ingrid” en el Golfo de México, pusieron en evidencia muchas cosas: desde los robos de aparatos electrónicos en el puerto de Acapulco en medio de la inundación, hasta las pésimas condiciones con que la carretera que conecta el Distrito Federal con el puerto fue construida. La conocida “Autopista del Sol” resultó tener muchas más deficiencias de las que sabíamos. 

 

Parece increíble que aspectos de una obra de infraestructura construida hace muchos años salgan a relucir en este momento. Los fenómenos y desastres naturales, entonces, no solamente tienen la capacidad de evidenciar nuestra vulnerabilidad humana, sino también la política y económica. Sin embargo, ello también ha fungido como un elemento que aglutina a los mexicanos en torno a una causa y le da nuevas razones al Gobierno de la República y de los Estados para liderar una acción concertada en toda la Federación para aliviar el dolor de los damnificados. Es entonces también una oportunidad para mostrar liderazgo.

 

Por mucho que se quiera ocultar, nadie puede permanecer inmóvil frente a un desastre natural; ni los gobiernos, ni los ciudadanos, ni las empresas, ni las organizaciones, ni los partidos, etc. Los fenómenos naturales que han causado grandes desastres en las costas mexicanas son la primera gran prueba para este Gobierno Federal, pues en medio de una inminente recesión económica, con importantes reformas en puerta (como la fiscal y energética) tendrá que demostrar su liderazgo y marcar el rumbo.

El Presidente Enrique Peña Nieto no ha dejado de ser uno de los actores políticos más visibles en la última semana. Primero la presentación de su Primer Informe de Gobierno, posteriormente con el viaje a Rusia, a la ciudad de San Petersburgo para participar en la Cumbre del G20, y por último con la presentación de la “Reforma Hacendaria” (o fiscal), el titular del Ejecutivo Federal sigue colocando los temas en la agenda pública y liderando su discusión.

Si bien el entorno en el que el Presidente Peña está desenvolviéndose es complejo en términos de opinión pública, ha implementado una serie de acciones que se pueden analizar una a una, por separado. En primer lugar, hay que mencionar dos temas profundamente preocupantes para la administración federal: seguridad y economía. Los niveles de violencia en varios lados del país se han salido de control, como por ejemplo los secuestros en el Estado de México y la opinión que se tienen de ello fuera de México no es buena. En segundo lugar, México está a punto de caer en una recesión económica, con todos los efectos negativos que ello traería: reducción del empleo, aumento del déficit público, decrecimiento en la economía y en el flujo de los capitales, la calificación del país para los inversionistas, etc. Adicionalmente, el conflicto magisterial también ha ocupado las primeras planas de los diarios.

No obstante, el Gobierno de la República prácticamente no ha querido confrontarse con nadie por estos hechos y ha realizado hasta lo imposible para navegar en medio de un turbulento mar en las aguas de la política y la economía. Aunque no ha dado muchas respuestas concretas hasta el momento y los resultados obtenidos no son visibles en ninguno de estos campos, hay algo que ha hecho bien: posicionar su agenda.

El Presidente Peña ha marcado el ritmo con el que los tópicos aparecen al público y lidera la discusión de los mismos. La presentación de su reforma en materia fiscal resume todo lo anterior: no se confronta con nadie (porque no aumenta el IVA ni tampoco incluye a los alimentos o las medicinas en él), dejando una ambigüedad en el terreno impositivo, sin embargo, al presentar su reforma la tarde del domingo, posiciona el tema en las primeras planas del lunes. Es una acción nítida.

Ahora bien, se pueden aventurar dos cosas: la primera es que el “Pacto por México” que ha suplido en cierta parte la negociación en el Congreso, cada vez es un mecanismo menos viable para transitar cualquier reforma – aunque también explica lo pálida de la fiscal presentada -. El pacto está agotando su vida políticamente útil y parece tener una fecha de caducidad definida: una vez que se apruebe la reforma energética. La segunda cosa que se puede aventurar es que en los próximos meses la realidad volverá a asomar su rostro en diferentes asuntos, tal como lo ha hecho hasta ahora. En dicho momento, la administración no tendrá el bono democrático que tuvo durante su primer año, sino más bien un entorno adverso en lo general por las situaciones descritas.

La pregunta entonces es: ¿qué hará el Gobierno Federal cuando llegue ese momento?, ¿cuál será el nuevo asunto que buscará posicionar en la opinión pública?, ¿qué sigue en el plan de vuelo del Presidente Peña cuando esto pase?